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Estrategia anti-COVID-19 se mantiene fortalecida, El Salvador no registra letalidades en cinco meses y medio
Junio se convirtió en el quinto mes consecutivo en 2023 sin muertes por COVID-19 desde que el país entró en emergencia por la pandemia el 11 de marzo de 2020, como resultado de las acciones y la estrategia del Gobierno por contener la enfermedad.
Al 16 de julio del presente año, el país completó 194 días sin muertes por COVID-19 que se desglosan: enero 28, febrero 28, marzo 31, abril 30, mayo 31, junio 30 y julio 16 días, según registros del Ministerio de Salud (MINSAL).
Incluyendo los 180 días sin letalidad del 2021, El Salvador al 16 de julio sumó 374 días sin fallecidos desde el 31 de marzo de 2020 en que se oficializó la primer muerte por el virus SARS-CoV-2 en el país.
El primer caso de COVID que cambió la historia de los salvadoreños fue confirmado el 18 de marzo de 2020, un hombre que entró al país violando los controles sanitarios a través de un punto ciego en la zona de Metapán en el occidental departamento de Santa Ana.
13 días después, el país lamentaba el primer deceso por la pandemia: una mujer mayor de 60 años, que había llegado desde Estados Unidos y entró en «estado crítico», se refirió en su momento, el Presidente Nayib Bukele.
Pero el Gobierno no se limitó a lamentar las muertes por una enfermedad desconocida, al contrario, ya había tomado medidas estratégicas que redujeran la mortalidad, lo que ha significado que años después, El Salvador se convirtiera en referente de prevención de contagio y con menos muertes por COVID-19.
«Las decisiones oportunas, que se tomaron con anticipación, para la respuesta al COVID19 dieron sus resultados y han sido reconocidas a nivel internacional. Nos permitieron reducir el número de letalidades, tener los medicamentos necesarios y garantizar el acceso a la vacunación, con una excelente cobertura de la población», afirmó el ministro de Salud, Francisco Alabi.
Entre las acciones que redujeron la mortalidad por el virus SARS-CoV-2 está el Plan Nacional de Vacunación que del 17 de febrero de 2021 a la fecha ha permitido vacunar a más de 11.3 millones entre nacionales y extranjeros; medida que aún permanece activa en la red pública.
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Avanzan en levantamiento de información para ejecutar Plan Maestro La Bretaña, en San Martín
El Ministerio de Vivienda informó que equipos técnicos y sociales, con acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizan el levantamiento de información para la elaboración del Plan Maestro La Bretaña, en el distrito de San Martín, en San Salvador Este.
De acuerdo con la titular de la institución, Michelle Sol, el proceso incluye un censo comunitario y de vivienda mediante formularios georreferenciados que permitirán recopilar datos clave para la planificación del territorio.
El levantamiento de información se desarrolla en tres niveles:
– Hogar: se evalúan condiciones de habitabilidad y el acceso a servicios básicos.
– Manzana: se analiza la infraestructura urbana, equipamientos y espacios públicos disponibles.
– Asentamiento: se revisan aspectos como conectividad, riesgos y cobertura de servicios.
Las autoridades señalaron que estos datos permitirán priorizar futuras intervenciones para fortalecer el desarrollo urbano, con un enfoque más ordenado, resiliente y sostenible para las comunidades del sector.
Además, el Sistema de Vivienda destacó que en la zona ya se han impulsado diferentes acciones, entre ellas la construcción de un proyecto de apartamentos, procesos de legalización de comunidades y la edificación de viviendas, como parte de los esfuerzos para mejorar las condiciones habitacionales de las familias.
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Sala de lo Constitucional fija criterios legales y éticos para el uso de inteligencia artificial en instituciones públicas y tribunales
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una resolución que fija criterios éticos y legales para el uso de la inteligencia artificial generativa en instituciones públicas y en el sistema judicial.
La decisión se adoptó el 13 de marzo de 2026 dentro del proceso de inconstitucionalidad 57-2025. El caso surgió después de que ciudadanos utilizaron inteligencia artificial para redactar una demanda.
Ante esa situación, el tribunal analizó el alcance del uso de esta tecnología. Además, explicó qué se entiende por inteligencia artificial, cuáles son sus tipos y cómo funciona.
Análisis de la relación entre inteligencia artificial y derechos fundamentales
Durante el proceso, la Sala revisó normas nacionales e internacionales sobre el desarrollo y uso de inteligencia artificial.
El tribunal también examinó cómo estas herramientas interactúan con los derechos fundamentales de las personas.
Según la resolución, la inteligencia artificial puede ofrecer beneficios en la gestión pública. Sin embargo, también puede generar riesgos si no existen controles adecuados.
Por ello, la Sala subrayó la necesidad de aplicar criterios éticos y jurídicos en su implementación.
Uso de inteligencia artificial en la administración pública
La resolución indicó que la inteligencia artificial puede agilizar trámites, mejorar la eficiencia institucional y apoyar la gestión pública.
No obstante, el tribunal advirtió que el uso de sistemas automatizados debe evitar riesgos como la discriminación algorítmica causada por sesgos en los sistemas.
Por esa razón, las instituciones deben aplicar controles que garanticen transparencia y respeto a los derechos ciudadanos.
Límites al uso de IA en la administración de justicia
En el ámbito judicial, la Sala señaló que toda persona tiene derecho a un juez humano y a un procurador humano.
Por lo tanto, el uso de inteligencia artificial en tribunales debe mantenerse bajo supervisión humana obligatoria.
El tribunal estableció varios principios para el uso responsable de esta tecnología. Entre ellos destacan transparencia, responsabilidad, privacidad, control humano y prevención de riesgos.
Además, incluyó criterios de igualdad, verificación, ética, buenas prácticas y adaptación constante.
Con esta resolución, la Sala busca equilibrar el avance tecnológico con las obligaciones del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos.
La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, no ha tardado en expresarse de las nuevas reformas aprobada en la Asamblea Legislativa en la que se permite cadena perpetua a pandilleros, asesinos y violadores.
Ortiz reiteró que el aumento de años a una condena no da justicia a las víctimas.
Además cree que está reforma puede traer «problemas» para las personas que son procesadas por tres delitos mencionados anteriormente.
Claudia Ortiz fue la única que votó en contra de la reforma al artículo 27 para condenar a cadena perpetua a pandilleros, violadores y asesinos.
