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Estos son los 87 municipios con cero homicidios en El Salvador
El impacto que ha tenido el Plan Control Territorial sigue dando resultados históricos en El Salvador, pues en lo que va del 2021 no se ha registrado ni un solo homicidio en 87 municipios del país.
De acuerdo con las estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC), la presencia de policías y militares en el departamento de Chalatenango, por ejemplo, provocó que en 23 de sus 33 municipios no se registren asesinatos. Mientras que en el departamento de Morazán, en 10 de sus 26 municipios las autoridades tampoco reportaron homicidios.
En municipios que tradicionalmente han sido considerados violentos como Soyapango, San Martín y Tonacatepeque -todos forman parte del Gran San Salvador- llegaron a mantener este año hasta dos meses consecutivos sin que se registraran homicidios; según datos de la PNC la reducción fue de hasta de un 75%. Al listado se sumó Ilopango.
La estrategia de seguridad ciudadana enmarcada en el Plan Control Territorial también ha servido para llevar tranquilidad a 8 de 20 municipios del departamento de San Miguel, mientras que en La Paz en 8 de sus 22 municipios.
San Vicente, Santa Ana, La Libertad, Sonsonate y Usulután también cuentan con municipios [seis, cinco y cuatro para cada uno de los restantes] donde este año tampoco han ocurrido muertes violentas, mientras que Cuscatlán cuenta con tres municipios donde no han sucedido muertes violentas, según las cifras policiales.
El comportamiento de la criminalidad en el país durante estos diez meses de 2021 fue comentado por el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, quien aseguró que mucho tiene que ver el trabajo territorial que policías y militares realizan, sobre todo, con la implementación de la Fase 4 de la estrategia de seguridad denominada «Incursión».
El ecosistema tecnológico salvadoreño continúa expandiéndose con el lanzamiento oficial de AuthenticDoc, una plataforma de firmas digitales desarrollada sobre el protocolo descentralizado Nostr y diseñada para cumplir plenamente con la normativa nacional de firma electrónica. Su propuesta apunta a establecer un nuevo estándar de seguridad y autenticidad criptográfica en documentos y contratos, en un contexto global marcado por los desafíos de verificación que plantean la inteligencia artificial y la centralización de datos.
Fabián Vleer, cofundador de AuthenticDoc, explicó que su llegada a El Salvador hace tres años fue determinante para impulsar esta iniciativa. «He estado en el espacio tecnológico por mucho tiempo. Soy bitcoiner, entiendo la tecnología descentralizada y entiendo dónde está el mundo hoy», afirmó.
Su trayectoria incluye desarrollo de software en Australia y un profundo entendimiento de los riesgos de privacidad y manipulación presentes en plataformas centralizadas.
Roberto Funes, pandillero de la MS-13, recibió una condena de 14 años de cárcel por el delito de organizaciones terroristas.
Este sujeto operaba en distintos sectores del distrito El Rosario, municipio La Paz Centro.
La fiscalía ha logrado individualizar la participación de Funes en varios crímenes y actos terroristas, por los cuales también será condenado y se le sumarán años a esta condena recibida.
A siete años de prisión fueron condenados tres hermanos traficantes de personas, quienes por $40,000, prometieron llevar a Estados Unidos, a dos víctimas con régimen de protección.
Al finalizar la vista pública, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, emitió un fallo de responsabilidad penal para Marvin Orlando, José Daniel y Luis Antonio, los tres de apellido Dueñas Fuentes.
El juez los condenó en calidad de prófugos, ya que en la fase de instrucción los declararon rebeldes, por el delito de tráfico ilegal de personas, tras una investigación que inició por denuncia de las personas afectadas.
Además de los años de cárcel, el tribunal ordenó que deben pagar $21,600 a cada una de las víctimas en concepto de responsabilidad civil.
Las dos personas denunciantes, declararon que contactaron a los hermanos Dueñas Fuentes, uno de ellos residentes en Estados Unidos, con el fin de acordar el viaje de manera irregular hacia ese país.
En las pesquisas se detalla que las dos víctimas comenzaron el viaje el 17 de octubre de 2022 y que tras llegar a Estados Unidos, fueron deportadas hacia México en dos ocasiones.
A raíz de lo ocurrido, los imputados exigieron más dinero y las amenazaron con entregarlas a los cárteles mexicanos si no pagaban, ante esa amenaza las personas tomaron la decisión de regresarse a El Salvador por sus propios medios.
