Nacionales
Estos son los 87 municipios con cero homicidios en El Salvador
El impacto que ha tenido el Plan Control Territorial sigue dando resultados históricos en El Salvador, pues en lo que va del 2021 no se ha registrado ni un solo homicidio en 87 municipios del país.
De acuerdo con las estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC), la presencia de policías y militares en el departamento de Chalatenango, por ejemplo, provocó que en 23 de sus 33 municipios no se registren asesinatos. Mientras que en el departamento de Morazán, en 10 de sus 26 municipios las autoridades tampoco reportaron homicidios.
En municipios que tradicionalmente han sido considerados violentos como Soyapango, San Martín y Tonacatepeque -todos forman parte del Gran San Salvador- llegaron a mantener este año hasta dos meses consecutivos sin que se registraran homicidios; según datos de la PNC la reducción fue de hasta de un 75%. Al listado se sumó Ilopango.
La estrategia de seguridad ciudadana enmarcada en el Plan Control Territorial también ha servido para llevar tranquilidad a 8 de 20 municipios del departamento de San Miguel, mientras que en La Paz en 8 de sus 22 municipios.
San Vicente, Santa Ana, La Libertad, Sonsonate y Usulután también cuentan con municipios [seis, cinco y cuatro para cada uno de los restantes] donde este año tampoco han ocurrido muertes violentas, mientras que Cuscatlán cuenta con tres municipios donde no han sucedido muertes violentas, según las cifras policiales.
El comportamiento de la criminalidad en el país durante estos diez meses de 2021 fue comentado por el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, quien aseguró que mucho tiene que ver el trabajo territorial que policías y militares realizan, sobre todo, con la implementación de la Fase 4 de la estrategia de seguridad denominada «Incursión».
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Ebrio que portaba arma es condenado a 10 años de cárcel
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
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Acusada de hurtar más de $29,000 enfrentará vista pública
El Juzgado de Instrucción de Soyapango resolvió que Flor Marina Romero Orellana, acusada del delito de hurto en perjuicio de una empresa financiera, enfrente vista pública.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía General de la República, la mujer, quien fungía en la empresa como jefa de la agencia del distrito de Soyapango, municipio de San Salvador Este, se aprovechó de su cargo para sustraer una alta cantidad de dinero.
«Aprovechándose de su cargo, el 10 de octubre de 2025 la mujer sustrajo al menos $29,030 de la caja fuerte de la sociedad. Además, la imputada contrató un servicio de transporte, por medio de aplicación móvil, para mandarle una parte del dinero a otra persona, quién se presume es cómplice; el resto del monto total lo depositó en una cuenta de criptomonedas», mencionó el ministerio público.
La imputada fue detenida en flagrancia, luego de la denuncia de las autoridades de la empresa financiera. Posteriormente, este caso fue judicializado por el ministerio público en 2025.
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Pandillera acusada de doble homicidio en La Libertad enfrenta vista pública
Idalia Isabel Morales Mejía enfrenta un juicio en el Tribunal Quinto Contra Crimen Organizado, Juez 1, de San Salvador, por el delito de homicidio agravado en perjuicio de dos víctimas.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, la mujer es señalada de haber participado en la privación de libertad y posterior asesinato de un hombre y de una mujer, hechos que ocurrieron entre julio y octubre de 2011, en el cantón Segunda Loma de Santiago, jurisdicción de San Juan Opico, La Libertad.
«El hombre era integrante de la misma estructura criminal y fue asesinado por rencillas internas; mientras que la mujer pertenecía a otra pandilla, razón por la cual la asesinaron», según las investigaciones del ministerio público.
La investigación fiscal también establece que Morales Mejía es integrante de la clica Joya de Cerén Locos Salvatruchos de la MS-13, «tenía el rango de colaboradora dentro de la estructura y mantenía una relación sentimental con el palabrero de la clica».
Morales Mejía había huido a Estados Unidos, sin embargo, en marzo de este año fue deportada. Agentes del ICE de Washington, D.C. anunciaron el arresto de la mujer el 22 de abril.
«Entró ilegalmente en Estados Unidos en una fecha desconocida, en un lugar desconocido, sin ser inspeccionada, admitida ni puesta en libertad condicional por un funcionario de inmigración estadounidense», detallaron fuentes estadounidenses.
De acuerdo a la información proporcionada por ICE, en febrero pasado, el Grupo de Trabajo de la Alianza de Seguridad para la Captura de Fugitivos en El Salvador proporcionó información actualizada sobre la posible presencia de Morales-Mejía en el norte de Virginia.
«Tras recibir esta información, agentes del ICE en Washington, D.C. trabajaron para localizarla y arrestarla. El 12 de marzo, el ICE la arrestó en Woodbridge y le entregó una citación para comparecer ante un juez de inmigración del Departamento de Justicia», indicó ICE.
«Los medios la consideran una ‘no delincuente’ porque no tiene antecedentes penales conocidos en Estados Unidos, a pesar de que enfrenta cargos por homicidio agravado en El Salvador. ICE Washington, D.C. seguirá priorizando la seguridad pública arrestando y deportando a los extranjeros delincuentes de nuestras comunidades en Washington, D.C. y Virginia», declaró Robert Guadian, director de la oficina de campo de ICE en Washington, D.C.
La Fiscalía espera una sentencia condenatoria para la pandillera y, además, cuenta con elementos de prueba de cargo para demostrar la participación de la imputada en los hechos atribuidos.




