Nacionales
En febrero, 41 personas fueron arrestadas por robos realizados a través de redes sociales
Entre el 1 y el 28 de febrero, el trabajo conjunto entre la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) permitió la captura de 41 personas acusadas por el delito de hurto a través de medios informáticos.
Los detenidos delinquían en los departamentos de Cuscatlán, Ahuachapán, La Libertad, La Paz, Santa Ana y San Salvador. Según las investigaciones, en la mayoría de los casos se valían de las redes sociales para cometer el delito.
El pasado 28 de febrero, tras un operativo y allanamientos ejecutados en Cuscatlán, Ahuachapán, La Libertad y San Salvador se logró la captura de 15 delincuentes que utilizaban redes sociales para engañar a sus víctimas.
«En uno de los casos, utilizaron la plataforma de Facebook para anunciar una supuesta banca corporativa que ofrecía créditos, ocupaban WhatsApp para pedir documentación y realizar los trámites», indicó el fiscal del caso.
Los imputados le solicitaron a la víctima que entregara cierta cantidad de dinero para poder desembolsar el monto del supuesto crédito aprobado. La persona afectada nunca recibió el dinero del préstamo ya que todo era un farsa.
Algunos de los detenidos fueron identificados como: Jeamileth Margarita Menéndez Caishpal, Lorena del Carmen Melgar Portillo, Diana Minerva Alvarado Alemán y José Moisés López Cruz.
Los delitos que se les atribuyen son hurto por medios informáticos, estafa, lesiones graves, amenazas con agravación especial y apropiación o retención indebida.
Ese mismo día, la Policía reportó la captura de Alejandro Javier Velasquez Ayala, Cristina Pamela Pérez Ramírez y Ana Josseline Flores Aguilar, a quienes se les acusa por los delitos de hurto por medios informáticos, agrupaciones ilícitas y utilización de datos personales.
«Los delitos fueron cometidos en enero de 2025, cuando la víctima le pidió a una persona de confianza que le realizara un abono a su tarjeta de crédito; posteriormente, la víctima comenzó a recibir reportes de compras realizadas con su tarjeta de crédito», señaló la Fiscalía.
En total se realizaron 11 transacciones por $2,640. Según la investigación, en la sucursal bancaria, el cajero anotó el número de tarjeta de crédito y el código de seguridad y se realizaron las compras desde los perfiles de las dos detenidas.
Durante los registros realizados en Soyapango y San Salvador se incautaron dos teléfonos celulares, siete tarjetas de crédito, una laptop y una tablet.
En otro caso, las autoridades capturaron a 31 personas acusadas de varios delitos de hurto por medios informáticos, estafa, homicidio agravado, homicidio agravado tentado, apropiación o retención indebida, lesiones y amenazas.
Entre los imputados se encuentran 19 personas que engañaban a las víctimas para que invirtieran en una plataforma, con la cual obtendrían ganancias de hasta «tres veces su inversión», lo cual nunca sucedió. El monto de lo estafado asciende a $21,350.49.
Nacionales
Cuestionan la labor productiva de reos mientras el país transforma su infraestructura educativa
Una reciente polémica se ha generado a raíz de las declaraciones de Ingrid Escobar, militante del FMLN y autonombrada defensora de derechos humanos, quien calificó como “inconstitucional” el uso de privados de libertad para trabajos comunitarios, particularmente en labores de reconstrucción y mejora de escuelas públicas.
Escobar señaló que los reos que participan en estos programas son “obligados” a trabajar, lo cual, según su interpretación, contraviene preceptos constitucionales relacionados con los derechos humanos. Sus declaraciones han generado diversas reacciones, tanto en apoyo como en crítica, dentro del debate público nacional.
Lo que algunos sectores señalan como una violación de derechos, otros lo ven como una oportunidad de rehabilitación social para los privados de libertad, especialmente en un país donde históricamente se ha carecido de una política eficaz de reinserción penitenciaria.
Actualmente, cientos de reos en El Salvador participan en jornadas laborales en las que fabrican al menos 2,000 piezas diarias que son utilizadas para la construcción y renovación de centros escolares. Esta iniciativa forma parte de un programa gubernamental enfocado en dar una segunda oportunidad a quienes cumplen condena y, al mismo tiempo, mejorar las condiciones de infraestructura educativa en todo el país.
Los productos elaborados por los reos incluyen escritorios, ventanas, puertas, y otras estructuras metálicas que permiten avanzar en la dignificación de espacios educativos que durante décadas fueron abandonados por las autoridades.
Cabe recordar que durante los gobiernos del FMLN y de ARENA, muchas escuelas públicas fueron construidas con materiales precarios, incluyendo láminas metálicas y pisos de tierra. Esto fue duramente criticado por docentes, padres de familia y comunidades enteras que vieron limitada la calidad del proceso educativo.
Según informes oficiales, miles de estudiantes salvadoreños cursaron su educación básica en aulas improvisadas, sin ventilación adecuada, sin acceso a servicios sanitarios dignos y, en algunos casos, expuestos a condiciones de insalubridad que afectaban directamente su rendimiento académico.
La situación actual contrasta con esa realidad. El Gobierno ha priorizado la mejora de la infraestructura escolar y ha involucrado a los reos como parte activa del proceso, bajo estricta supervisión, con el objetivo de contribuir a la transformación social desde el sistema penitenciario.
Los accidentes de tránsito en El Salvador han aumentado un 6 % en lo que va de 2025, en comparación con el mismo período de 2024, según datos proporcionados por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Hasta la fecha, se reportan 8,879 accidentes, lo que representa una tendencia preocupante en la siniestralidad vial del país.
De acuerdo con el informe oficial, la principal causa de estos percances sigue siendo la distracción del conductor, responsable de al menos 2,202 accidentes. Esta situación incluye el uso del celular, manipulación de dispositivos o falta de atención a la vía mientras se conduce.
La segunda causa más común es la invasión de carril, que ha generado 1,911 accidentes, seguida por la falta de distancia reglamentaria entre vehículos, con un total de 1,225 casos.
En la cuarta posición se encuentra el irrespeto a las señales de tránsito, motivo de 1,125 siniestros viales registrados en lo que va del año.
Otras causas identificadas por el observatorio incluyen velocidad excesiva, conducción bajo efectos de alcohol o drogas, adelantamientos indebidos, maniobras en reversa, así como la inexperiencia del conductor.
Aunque en menor proporción, también se registran accidentes provocados por imprudencia del peatón, fallas mecánicas, giro incorrecto, carga mal acondicionada, mal estado del vehículo, enfermedades súbitas y hasta deslumbramiento.
El Observatorio Nacional de Seguridad Vial destaca la importancia de una conducción responsable para evitar tragedias. La institución hace un llamado a los automovilistas a respetar la normativa vial y mantener una actitud consciente y preventiva en las carreteras.
Un accidente de tránsito se registró la tarde de este jueves sobre la carretera al Boquerón, en el departamento de La Libertad.
Según los primeros reportes, el conductor de un camión perdió el control del vehículo y terminó fuera de la vía, impactando a un costado de la carretera. Hasta el momento no se han confirmado personas lesionadas.
Equipos del Viceministerio de Transporte (VMT) se desplazaron al lugar del percance para coordinar el tráfico y evitar mayores complicaciones en la circulación vehicular.
Las autoridades investigan las causas del accidente.
