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En febrero, 41 personas fueron arrestadas por robos realizados a través de redes sociales
Entre el 1 y el 28 de febrero, el trabajo conjunto entre la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) permitió la captura de 41 personas acusadas por el delito de hurto a través de medios informáticos.
Los detenidos delinquían en los departamentos de Cuscatlán, Ahuachapán, La Libertad, La Paz, Santa Ana y San Salvador. Según las investigaciones, en la mayoría de los casos se valían de las redes sociales para cometer el delito.
El pasado 28 de febrero, tras un operativo y allanamientos ejecutados en Cuscatlán, Ahuachapán, La Libertad y San Salvador se logró la captura de 15 delincuentes que utilizaban redes sociales para engañar a sus víctimas.
«En uno de los casos, utilizaron la plataforma de Facebook para anunciar una supuesta banca corporativa que ofrecía créditos, ocupaban WhatsApp para pedir documentación y realizar los trámites», indicó el fiscal del caso.
Los imputados le solicitaron a la víctima que entregara cierta cantidad de dinero para poder desembolsar el monto del supuesto crédito aprobado. La persona afectada nunca recibió el dinero del préstamo ya que todo era un farsa.
Algunos de los detenidos fueron identificados como: Jeamileth Margarita Menéndez Caishpal, Lorena del Carmen Melgar Portillo, Diana Minerva Alvarado Alemán y José Moisés López Cruz.
Los delitos que se les atribuyen son hurto por medios informáticos, estafa, lesiones graves, amenazas con agravación especial y apropiación o retención indebida.
Ese mismo día, la Policía reportó la captura de Alejandro Javier Velasquez Ayala, Cristina Pamela Pérez Ramírez y Ana Josseline Flores Aguilar, a quienes se les acusa por los delitos de hurto por medios informáticos, agrupaciones ilícitas y utilización de datos personales.
«Los delitos fueron cometidos en enero de 2025, cuando la víctima le pidió a una persona de confianza que le realizara un abono a su tarjeta de crédito; posteriormente, la víctima comenzó a recibir reportes de compras realizadas con su tarjeta de crédito», señaló la Fiscalía.
En total se realizaron 11 transacciones por $2,640. Según la investigación, en la sucursal bancaria, el cajero anotó el número de tarjeta de crédito y el código de seguridad y se realizaron las compras desde los perfiles de las dos detenidas.
Durante los registros realizados en Soyapango y San Salvador se incautaron dos teléfonos celulares, siete tarjetas de crédito, una laptop y una tablet.
En otro caso, las autoridades capturaron a 31 personas acusadas de varios delitos de hurto por medios informáticos, estafa, homicidio agravado, homicidio agravado tentado, apropiación o retención indebida, lesiones y amenazas.
Entre los imputados se encuentran 19 personas que engañaban a las víctimas para que invirtieran en una plataforma, con la cual obtendrían ganancias de hasta «tres veces su inversión», lo cual nunca sucedió. El monto de lo estafado asciende a $21,350.49.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
El Juzgado Especializado Primero de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador envió a juicio al imputado William Alexander Reyes Guerra, de 25 años, quien es acusado de feminicidio agravado en grado de tentativa.
De acuerdo a la investigación fiscal, en octubre de 2025, residentes de la urbanización Ciudad Futura del Distrito de Cuscatancingo alertaron a la Policía Nacional Civil de una escena de violencia. Cuando llegaron al lugar encontraron a la víctima inconsciente y con sangrado en la cabeza, producto de un golpe con un ladrillo que le propinó Reyes Guerra.
Las autoridades encontraron al imputado afuera de la vivienda, mientras la mujer aún no recuperaba el conocimiento. Al ser señalado como el culpable, la Policía capturó a Reyes Guerra, durante el periodo de flagrancia.
Según la investigación fiscal, el detenido tiene antecedentes de violencia psicológica, emocional y física. Además, considerando que la víctima es una persona adulta mayor, el Juzgado ordenó la apertura a juicio y ratificó la medida cautelar de detención provisional contra el agresor debido a la gravedad del delito atribuido.
