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En febrero, 41 personas fueron arrestadas por robos realizados a través de redes sociales
Entre el 1 y el 28 de febrero, el trabajo conjunto entre la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) permitió la captura de 41 personas acusadas por el delito de hurto a través de medios informáticos.
Los detenidos delinquían en los departamentos de Cuscatlán, Ahuachapán, La Libertad, La Paz, Santa Ana y San Salvador. Según las investigaciones, en la mayoría de los casos se valían de las redes sociales para cometer el delito.
El pasado 28 de febrero, tras un operativo y allanamientos ejecutados en Cuscatlán, Ahuachapán, La Libertad y San Salvador se logró la captura de 15 delincuentes que utilizaban redes sociales para engañar a sus víctimas.
«En uno de los casos, utilizaron la plataforma de Facebook para anunciar una supuesta banca corporativa que ofrecía créditos, ocupaban WhatsApp para pedir documentación y realizar los trámites», indicó el fiscal del caso.
Los imputados le solicitaron a la víctima que entregara cierta cantidad de dinero para poder desembolsar el monto del supuesto crédito aprobado. La persona afectada nunca recibió el dinero del préstamo ya que todo era un farsa.
Algunos de los detenidos fueron identificados como: Jeamileth Margarita Menéndez Caishpal, Lorena del Carmen Melgar Portillo, Diana Minerva Alvarado Alemán y José Moisés López Cruz.
Los delitos que se les atribuyen son hurto por medios informáticos, estafa, lesiones graves, amenazas con agravación especial y apropiación o retención indebida.
Ese mismo día, la Policía reportó la captura de Alejandro Javier Velasquez Ayala, Cristina Pamela Pérez Ramírez y Ana Josseline Flores Aguilar, a quienes se les acusa por los delitos de hurto por medios informáticos, agrupaciones ilícitas y utilización de datos personales.
«Los delitos fueron cometidos en enero de 2025, cuando la víctima le pidió a una persona de confianza que le realizara un abono a su tarjeta de crédito; posteriormente, la víctima comenzó a recibir reportes de compras realizadas con su tarjeta de crédito», señaló la Fiscalía.
En total se realizaron 11 transacciones por $2,640. Según la investigación, en la sucursal bancaria, el cajero anotó el número de tarjeta de crédito y el código de seguridad y se realizaron las compras desde los perfiles de las dos detenidas.
Durante los registros realizados en Soyapango y San Salvador se incautaron dos teléfonos celulares, siete tarjetas de crédito, una laptop y una tablet.
En otro caso, las autoridades capturaron a 31 personas acusadas de varios delitos de hurto por medios informáticos, estafa, homicidio agravado, homicidio agravado tentado, apropiación o retención indebida, lesiones y amenazas.
Entre los imputados se encuentran 19 personas que engañaban a las víctimas para que invirtieran en una plataforma, con la cual obtendrían ganancias de hasta «tres veces su inversión», lo cual nunca sucedió. El monto de lo estafado asciende a $21,350.49.
Con una inversión de 3 millones de dólares, 82 familias que habitaban en zonas de alto riesgo recibieron las llaves de su nuevo hogar gracias al Programa de Reasentamiento que lidera el Ministerio de Vivienda.
«Este proyecto ha costado $3 millones, los fondos incluyen urbanización, materiales para viviendas y todo para que la comunidad tenga condiciones dignas y seguras», dijo la ministra de Vivienda, Michelle Sol.
Las casas forman parte del Proyecto Habitacional 10 de Mayo, ubicado en la comunidad 10 de Mayo, en el cantón Llano de La Laguna, distrito de Ahuachapán, Ahuachapán Centro.
El proyecto incluye obras de urbanización, así como los servicios básicos. Las viviendas cuentan con dos dormitorios, comedor, cocina, sala y baño.
«Este proyecto es parte del Programa de Reasentamiento, con el que buscamos proteger a miles de salvadoreños que, históricamente, han vivido en zonas de alto riesgo. Con esta iniciativa, a escala nacional, se han invertido y ejecutado $56 millones», añadió Sol.
Las familias beneficiadas formaron parte del proceso de construcción bajo la modalidad de ayuda mutua.
«Damos gracias a Dios por esta oportunidad y por recibir nuestras llaves. Son muchos sentimientos encontrados porque es el patrimonio de nuestros hijos. Fuimos trabajando todos de la mano; soy madre soltera, estoy muy feliz y agradecida con el presidente Nayib Bukele», expresó Ruth Serrano, beneficiada con el proyecto habitacional.
Recientemente, el Gobierno de El Salvador, mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores, realizó el acto de certificación de electricistas de 4. ° categoría de 25 salvadoreños retornados.
El evento fue presidido por la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Patricia Nathaly Godínez, quien remarcó que con este tipo de apuestas generan oportunidades de fortalecimiento de capacidades e inclusión, enfocadas en la reintegración económica y social de las personas migrantes retornadas.
La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Patricia Nathaly Godínez, entrega su certificado a uno de los salvadoreños retornados beneficiados con dicho programa. Foto: Cancillería de El Salvador
Este tipo de proyecto se encuentra enmarcado en el Plan Nacional de Reintegración para Personas Retornadas, que impulsa el Gobierno del presidente Nayib Bukele, informó Cancillería en su sitio web.
«Desde el “Proyecto para la protección a población en movilidad”, impulsado por la Cancillería, se cuenta con una visión centrada en los derechos humanos, la inclusión y el desarrollo sostenible. Por ello, la reintegración económica de las personas retornadas requiere trabajo articulado entre instituciones públicas, cooperación internacional, academia y gobiernos locales», aseguró Godínez.
Parte de los capacitados en electricidad. Foto: Cancillería de El Salvador
Asimismo, subrayó que, además de las competencias técnicas, se fortalecieron habilidades blandas en cada uno de los participantes (como el desarrollo integral, la confianza y la resiliencia).
En tanto, la jefa de misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en El Salvador, Ana Medeiros, recordó que la reintegración no ocurre de manera inmediata ni depende de una sola institución, sino que requiere articulación interinstitucional, acompañamiento continuo y oportunidades que permitan a las personas fortalecer sus capacidades y construir nuevas perspectivas para su desarrollo laboral.
La jefa de misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en El Salvador, Ana Medeiros. Foto: Cancillería de El Salvador
A su vez, Medeiros, señaló que los participantes fueron beneficiados con jornadas de atención psicosocial, con las que se pretende reforzar capacidades profesionales, sociales y personales.
La Universidad Don Bosco estuvo a cargo de capacitar y certificar a los participantes, aseguró la cancillería.
América Latina y el Caribe encadenaron en 2025 desastres climáticos y olas de calor sofocaron a sus poblaciones, pero la región es incapaz de contabilizar las muertes causadas por esas temperaturas extremas, alertó un informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).
El documento «El estado del clima en América Latina y el Caribe 2025», presentado este lunes en Brasilia, registra un año de récords en casi todos los frentes.
Lluvias torrenciales, con inundaciones y deslizamientos de tierra, golpearon varios países como Perú, Ecuador, Brasil, Colombia y Venezuela.
El huracán Melissa devastó Jamaica, con pérdidas de más del 40 % de su PIB.
El 85 % del territorio mexicano fue golpeado por una sequía, mientras los glaciares andinos, de cuya agua dependen unas 90 millones de personas, aceleraron su deshielo.
El informe destaca las recurrentes e intensas olas de calor que asolaron gran parte de América del Norte, Central y del Sur, con temperaturas por encima de los 45 ºC en varios puntos.
El documento apunta que el calor extremo implica «una carga creciente para la salud pública».
Pero la mayoría de los países no publica de forma sistemática datos sobre los fallecimientos por calor, y los impactos suelen deducirse a partir del análisis del exceso de mortalidad.
El organismo calcula que en América Latina mueren alrededor de 13,000 personas al año por causas atribuibles al calor, según un promedio de 17 países entre 2012 y 2021. Pero advierte que esa cifra es, casi con certeza, una subestimación.
«A medida que se intensifiquen los episodios de calor extremo, la mortalidad evitable solo se podrá reducir si se redobla la cooperación entre las esferas del clima y la salud», alerta la OMM.
Existe «una necesidad imperiosa de integrar las alertas meteorológicas tempranas con los sistemas de activación de la salud pública», señala la OMM en un comunicado.
Brasil ilustra tanto la magnitud del problema como sus límites. El Instituto Nacional de Meteorología del país registró siete olas de calor a lo largo de 2025.
En febrero, Rio de Janeiro alcanzó 44 ºC y Sao Paulo batió en diciembre su récord histórico con 37.2 ºC en 64 años de mediciones.
Las escuelas retrasaron su regreso a clases, hubo gente que buscó alivio en playas y en los «refugios climáticos» habilitados por las autoridades municipales.
Pero las muertes directamente atribuidas al calor en ese período siguen siendo, en gran parte, invisibles en las estadísticas oficiales.
La secretaria general de la OMM, la argentina Celeste Saulo, dijo que el informe «es un llamado a la acción».
«Nos insta a fortalecer las observaciones, invertir en servicios, subsanar las deficiencias en los sistemas de alerta temprana y garantizar que la información climática llegue a quienes más la necesitan», afirmó la funcionaria en un comunicado.
El Plan de Acción en Salud de Belém, aprobado en la COP30 de la ONU en noviembre, establece una hoja de ruta para adaptar los sistemas de salud a la crisis climática, recuerda la OMM, que llama en su informe a aplicarla.
