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En febrero, 41 personas fueron arrestadas por robos realizados a través de redes sociales
Entre el 1 y el 28 de febrero, el trabajo conjunto entre la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) permitió la captura de 41 personas acusadas por el delito de hurto a través de medios informáticos.
Los detenidos delinquían en los departamentos de Cuscatlán, Ahuachapán, La Libertad, La Paz, Santa Ana y San Salvador. Según las investigaciones, en la mayoría de los casos se valían de las redes sociales para cometer el delito.
El pasado 28 de febrero, tras un operativo y allanamientos ejecutados en Cuscatlán, Ahuachapán, La Libertad y San Salvador se logró la captura de 15 delincuentes que utilizaban redes sociales para engañar a sus víctimas.
«En uno de los casos, utilizaron la plataforma de Facebook para anunciar una supuesta banca corporativa que ofrecía créditos, ocupaban WhatsApp para pedir documentación y realizar los trámites», indicó el fiscal del caso.
Los imputados le solicitaron a la víctima que entregara cierta cantidad de dinero para poder desembolsar el monto del supuesto crédito aprobado. La persona afectada nunca recibió el dinero del préstamo ya que todo era un farsa.
Algunos de los detenidos fueron identificados como: Jeamileth Margarita Menéndez Caishpal, Lorena del Carmen Melgar Portillo, Diana Minerva Alvarado Alemán y José Moisés López Cruz.
Los delitos que se les atribuyen son hurto por medios informáticos, estafa, lesiones graves, amenazas con agravación especial y apropiación o retención indebida.
Ese mismo día, la Policía reportó la captura de Alejandro Javier Velasquez Ayala, Cristina Pamela Pérez Ramírez y Ana Josseline Flores Aguilar, a quienes se les acusa por los delitos de hurto por medios informáticos, agrupaciones ilícitas y utilización de datos personales.
«Los delitos fueron cometidos en enero de 2025, cuando la víctima le pidió a una persona de confianza que le realizara un abono a su tarjeta de crédito; posteriormente, la víctima comenzó a recibir reportes de compras realizadas con su tarjeta de crédito», señaló la Fiscalía.
En total se realizaron 11 transacciones por $2,640. Según la investigación, en la sucursal bancaria, el cajero anotó el número de tarjeta de crédito y el código de seguridad y se realizaron las compras desde los perfiles de las dos detenidas.
Durante los registros realizados en Soyapango y San Salvador se incautaron dos teléfonos celulares, siete tarjetas de crédito, una laptop y una tablet.
En otro caso, las autoridades capturaron a 31 personas acusadas de varios delitos de hurto por medios informáticos, estafa, homicidio agravado, homicidio agravado tentado, apropiación o retención indebida, lesiones y amenazas.
Entre los imputados se encuentran 19 personas que engañaban a las víctimas para que invirtieran en una plataforma, con la cual obtendrían ganancias de hasta «tres veces su inversión», lo cual nunca sucedió. El monto de lo estafado asciende a $21,350.49.
Principal
Despliegan inspectores de la Defensoría del Consumidor en la víspera de la celebración del Día de las madres
Esta mañana, el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, encabezó un operativo de verificación en el centro comercial Metrosur de San Salvador, con el fin de validad precios y promociones de artículos alusivos al Día de la madres.
«El Día de las madres es una importante celebración y es así como nuestra institución realiza un despliegue para defender los derechos de los consumidores», comentó Salazar.
El funcionario detalló en porcentajes el comportamiento de los consumidores para esta fecha, teniendo a la base los resultados de la encuesta sobre hábitos y preferencias de consumo de los salvadoreños para esta fecha. (https://www.defensoria.gob.sv/recientes/defensoria-del-consumidor-revela-que-salvadorenos-priorizan-comidas-en-casa-por-el-dia-de-la-madre/)
«Más del 80 % de los salvadoreños manifiesta que celebrará esta fecha, un 47 % indicó que lo harán en sus casas y un 27 % en algún restaurante», indicó. Agregó que más del 30 % realizarán compras vinculadas a arreglos florales, prendas de vestir, pasteles, perfumes, entre otros productos; y un 69 % hará esta actividad en centros comerciales.
«La principal recomendación que nosotros damos a todos los consumidores es que realicen las compras debidamente informados de los términos y condiciones; además, que consulten en el caso de las compras en línea las características de los productos», amplió.
Otra recomendación es guardar los comprobantes de compra ante cualquier situación que se pueda presentar respecto a la garantía, calidad e incumplimiento de entrega de los productos.
Para mayor información, el presidente de la Defensoría comunicó que en las redes sociales de la institución se publicarán los precios de productos como pasteles y arreglos florales.
Denuncias o irregularidades
La Defensoría del Consumidor exhorta a la población a denunciar cualquier irregularidad, incumplimiento de ofertas o promociones, así como posibles abusos en los precios. Como parte de este esfuerzo, la institución habilitó puntos de atención en centros comerciales, en los siguientes horarios y lugares: el 8 de mayo en Metrosur, San Salvador, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.; en Metrocentro, San Miguel Centro, de 10:30 a.m. a 3:30 p.m.; y en Metrocentro, Santa Ana Centro, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., donde se brindará información, asesoría y recepción de denuncias.
El Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador envió a juicio a Jannette del Carmen Villatoro de Ramírez, de 51 años, acusada del delito de falsedad ideológica.
«En agosto de 2014, la víctima intentó gestionar un crédito hipotecario sobre su vivienda y se enteró que la propiedad ya registraba dos escrituras en las que el inmueble había sido otorgado como garantía de pago», indicó el fiscal del caso.
En dichas escrituras aparecen dos personas distintas otorgando préstamos a favor de Villatoro de Ramírez, quien presuntamente habría tramitado los créditos utilizando los documentos personales de la víctima y la escritura de propiedad. Asimismo, habría acudido acompañada de un hombre que se hizo pasar por la propietaria y firmó los documentos correspondientes.
«Una pericia posterior realizada por la Fiscalía determinó que la firma plasmada en los documentos no correspondía a la propietaria. Además, aunque los documentos utilizados para los trámites eran verdaderos, contenían declaraciones contrarias a la realidad, ya que la víctima no habría estado presente durante el procedimiento», detalló el fiscal.
La Mara Salvatrucha intentó, en varios casos, desvincularse de crímenes cometidos por sus 230 clicas [células territoriales] y, para despistar a las fuerzas de seguridad, dejaba carteles sobre los cadáveres atribuyendo los hechos al grupo de exterminio La Sombra Negra.
Ese grupo clandestino, que operó en El Salvador en la década de los 90 y principios de los 2000, estuvo integrado por policías, militares y civiles. Los pandilleros quisieron hacer ver a las autoridades que ellos no tenían que ver con esos homicidios para que ningún terrorista de la estructura fuera investigado y capturado.
Toda es información fue obtenida mediante la herramienta de la intervención a las telecomunicaciones que jueces avalaron y ejercieron función jurisdiccional sobre esa técnica especializa de investigación.
Todo ese accionar y modos operandi de los gatilleros [homicidas de las pandillas] fue avalado por la cúpula de la Mara Salvatrucha integrada por 22 fundadores o ranfleros históricos que están siendo enjuiciados en la audiencia única abierta, junto a otros 464 cabecillas de los 232 programas [estructura jerárquica superior] dirigidas por corredores [cabecillas de alto rango].
Otras de las evidencias presentadas por la Fiscalía Adjunta contra el Crimen Organizado, son varios videos extraídos del teléfono celular decomisado a un corredor de programa, donde se observan torturas y ejecuciones de personas.
Con el material audiovisual se evidencia que la Mara Salvatrucha utilizó como principal método la decapitación de las víctimas, previas torturas. Tras ser decapitadas las mutilaban y enterraban en cementerios clandestinos que fueron avalados instalar en zonas rurales por los ranfleros históricos.
Además, en los audios se registran conversaciones en las que pandilleros reciben instrucciones de que las personas bajo investigación, a quienes se les daba vigilancia y seguimiento, debían ser privadas de libertad y trasladadas a «casas Destroyer»; sin embargo, se les prohibía asesinarlas sin autorización previa de la cúpula y los corredores de programa.
«Definitivamente, se ordenaba que a las personas no las mataran inmediatamente, sino que las capturaran y mantuvieran privadas de libertad mientras se daban los pases y se conseguía la autorización para poderlos matar. Por lo tanto, queda demostrado y suficientemente probado, que nadie podía matar sin la autorización de la ranfla, de los corredores de programa, ellos eran los que tenían la decisión de quien vivía y quien moría en este país», manifestó Max Muñoz, fiscal adjunto contra el crimen organizado.
En más de una semana de reproducción de audios, adquiridos mediante escuchas telefónicas, el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado tuvo acceso a 125 grabaciones donde ha quedado evidenciado la ejecución de 29,000 homicidios acumulados en más de 500 casos.
En uno de los últimos audios se escucha que los pandilleros perseguían una ambulancia en la que era trasladada una víctima a quien le habían disparado en el rostro; los terroristas buscaban a como diera lugar asegurar la muerte para no dejar testigos.
En otra grabación se escuchaban los gritos de las víctimas mientras los pandilleros se burlaban de ellas y sin piedad les asestaban múltiples disparos.
Además de los homicidios en las conversaciones captadas, uno de los pandilleros dice a un cabecilla que tiene un censo de cuánto se estaba pagando en concepto de extorsión en las colonias bajo su control, mientras que sugiere que debían aumentar la cuota, ya que la mara estaba corta de dinero.
También se escuchó como daban indicaciones a abogados para trasladar mensajes hacia los centros penales.
