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El Salvador reporta 15 días consecutivos a la baja en número de contagios por COVID-19
A pesar del impacto de la pandemia de coronavirus, el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, ha consolidado un sistema de Salud de calidad mientras redobla esfuerzos por controlar los casos del virus y evitar el colapso de los hospitales nacionales y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social que atienden COVID-19.
“Reparamos hospitales en medio de la emergencia. Antes (con gobiernos anteriores), de atendía a los enfermos crónicos en el suelo; ahora, en pandemia, no vemos eso porque se han mejorado las instalaciones de salud”, expresó la comisionada presidencial para Operaciones y Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos.
Reiteró que la prioridad del Gobierno del Presidente Nayib Bukele es la mejora del sistema de la red pública de salud; por lo cual una de las principales apuestas ha sido el Hospital El Salvador, con el cual suman 31 los hospitales nacionales.
Los hospitales de la red pública ahora están abastecidos de medicamentos, y cuentan con alta tecnología para la atención de pacientes, todo ello en medio de una emergencia en la que el Gobierno no han contado con el apoyo de la Asamblea Legislativa y de la Sala de lo Constitucional, y ha sido despojado de las herramientas jurídicas para enfrentar la pandemia, declaró la funcionaria.
“Son 76 iniciativas, entre acuerdos y documentos presentados a la Asamblea Legislativa, que este Gobierno estructuró para dar cobertura y protección económica, en salud, educación, e incluso en respuesta a la tormenta Amanda”, explicó Recinos.
La comisionada aseguró que el Gobierno continuará brindando al personal de Salud el equipo de protección y la tecnología necesaria para hacer frente a la pandemia, aún sin contar con el respaldo de los legisladores para su financiamiento.
Recinos recordó que desde el 16 de enero de este año el Gobierno implementó acciones tempranas para contener el avance de la pandemia en el territorio, y que los esfuerzos han permitido una baja en los casos. Hoy se cumplen 15 días consecutivos con disminución de casos de coronavirus.
Estos esfuerzos continúan de cara a la reapertura económica, ordenada por la Sala de lo Constitucional, a través de la orientación que las instituciones del Gobierno están brindando a la población que desde ayer ha tenido que salir a laborar.
En el marco de esta reactivación de la economía, lamentó que la Asamblea Legislativa no haya aprobado aún la Ley de Compensación Económica para los transportistas, quienes han sufrido el impacto de la pandemia. El Gobierno ha presentado la documentación necesaria para la aprobación de esta ley desde hace tres meses.
Destacó que, pese a ello, la mayoría de empresarios del transporte público han sacado sus unidades para brindar servicio a la población, y están cumpliendo, en un 99.5%, con los protocolos de bioseguridad: utilizan mascarilla, careta, guantes y hay dispensadores de alcohol gel disponibles para los pasajeros.
Resaltó además que los ciudadanos también están acatando las recomendaciones del Ministerio de Salud, cuidando su vida y la de sus familiares.
Información importante para todos los Miembros, Fundadores o Activos de la Sociedad de Comerciantes de Industriales Salvadoreños:
Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
