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El Salvador exportó $37 millones en energía eléctrica hasta septiembre
El Salvador comenzó a inyectar energía a cientos de hogares centroamericanos desde enero de este año. De acuerdo a datos del Banco Central de Reserva (BCR), entre enero y septiembre de 2022, El Salvador ha exportado $37 millones en energía eléctrica en la región.
Según los datos de la institución financiera, en el período en mención, Guatemala se ha convertido en el principal comprador de energía con $28.7 millones, le sigue Panamá con $7.7 millones. Además, el excedente de la energía salvadoreña también fue exportado a Costa Rica, Honduras y Nicaragua.
El titular del BCR, Douglas Rodríguez, destacó que El Salvador ha logrado exportar energía eléctrica gracias al excedente de la generación, lo que a su vez garantiza la autosuficiencia.
«Somos autosuficiente no sólo para cubrir la demanda del país, sino que ahora hasta nos alcanza para exportar. De enero a septiembre de 2022 se han exportado $37 millones en energía eléctrica producida en el país, el año pasado solo se había exportado $1 millón», dijo.
Las estadísticas compartidas por Rodríguez indican que solo en este año, la comercialización de energía eléctrica en la región ha incrementado 3,377 %, «una cantidad alta que explica porque somos exportadores de energía en la región», reiteró.
De acuerdo con datos del BCR, el sector energético reportó un crecimiento de 15.3 % en el segundo trimestre de 2022 y forma parte de 15 de las 19 actividades económicas que conforman el Producto Interno Bruto (PIB) de El Salvador, y que reportaron crecimiento en este período interanual.
«El Salvador jamás había sido capaz de generar energía para satisfacer la demanda propia, ha diversificado la matriz energética, y ya no solo dependemos de centrales hidroeléctricas, ahora dependemos de geotermia, eólica, fotovoltaica, gas natural y eso nos está colocando como un país dinámico, en desarrollo y con un ambiente económico favorable», destacó Rodríguez.
Por su parte, el presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), Daniel Álvarez, dijo recientemente que la energía de El Salvador es más barata, y ahondó que, en la actualidad, la administración del presidente Nayib Bukele les apuesta a las fuentes renovables para garantizar la generación de energía a largo plazo.
«(Antes) no había interés en desarrollar energías renovables más limpias. Hoy ya no es así, retomamos estos recursos que ya existen en el país. Es momento de venir y producir con esa energía limpia», indicó.
Nueva inversión en renovable
El titular de CEL informó en la Reunión de Alto Nivel de la Alianza Geotérmica Global, celebrada el mes pasado en el país, que el Gobierno invertirá $620 millones para ampliar la capacidad de generación geotérmica.
Entre los proyectos que anunció el funcionario en esa ocasión se encuentran la construcción de la Planta Geotérmica Chinameca y la Planta Geotérmica San Vicente, que juntas generarán en la primera fase 30 megavatios (MW); sin embargo, en su segunda fase se prevé que alcancen los 50 MW de energía.
Asimismo, la CEL inaugurará en diciembre la Central Hidroeléctrica 3 de febrero abastecerá de energía a 200,000 hogares salvadoreños y generará 67 megavatios.
También, el Gobierno trabaja en desarrollar un proyecto eólico en Metapán, con el fin de incrementar más la generación renovable del país.
«Somos autosuficiente no sólo para cubrir la demanda del país, sino que ahora hasta nos alcanza para exportar. De enero a septiembre de 2022 se han exportado $37 millones en energía eléctrica producida en el país, el año pasado solo se había exportado $1 millón», Douglas Rodríguez, presidente del BCR.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
