El 11 de marzo del año pasado el Presidente de la República, Nayib Bukele, anunció la suspensión de las clases a escala nacional como una de las primeras acciones para cuidar la vida de los salvadoreños ante el avance de la pandemia. La normalidad, así como se conocía, estaba por cambiar.

Ha transcurrido un año y los salvadoreños se han adaptado a una nueva normalidad, las atrevidas decisiones del Presidente para salvaguardar la vida de la población fueron cuestionadas y atacadas por detractores y de la oposición política, pero al final el tiempo le dio la razón al mandatario porque fueron un acierto y dieron excelentes resultados.

Si el Presidente no hubiera tenido la valentía de implementar la estrategia sanitaria de prevención como lo hizo, la historia sería muy distinta porque el COVID-19 se extendía como pólvora encendida por el mundo causando miles y, ahora, millones de muertes.

En otros países los gobiernos tuvieron el acompañamiento del resto de los poderes del Estado, mientras en El Salvador, el Ejecutivo tuvo que enfrentar una oposición férrea por parte de la Asamblea Legislativa y el poder Judicial.

El Gobierno fue despojado de todas las herramientas legales para poder luchar con mayor fuerza contra el virus y proteger a la población, prácticamente se le hizo frente con acciones amparadas únicamente en el Código de Salud.

En medio de las limitantes legales para funcionar se hizo todo lo posible por proteger a la mayoría de la población y se ha logrado, hasta esta fecha, porque se mantienen los indicadores más bajos en la región en cuanto al número de contagios y letalidades.

La estrategia sanitaria implementada por el Gobierno en cuanto a la prevención y el abordaje de la pandemia fue la adecuada y ahora El Salvador goza del reconocimiento de la comunidad internacional.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha destacado el manejo sanitario de la pandemia que hace el país y la cita como ejemplo para otras naciones.

Este ha sido el resultado de un Gobierno que trabaja articuladamente entre las instituciones públicas. El esfuerzo de miles de colaboradores de las distintas carteras suma para lograr un objetivo: Proteger la vida de los salvadoreños.