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El ISSS reporta 65 mil cotizantes menos debido la pandemia por coronavirus
El Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) ha elaborado el informe de coyuntura del mes de julio donde establece que más de 64 mil trabajadores dejaron de cotizar a la institución por la pandemia del coronavirus.
El informe inicia desde el mes de enero, pero la institución establece desde febrero para medir el impacto económico de la enfermedad ya que ese mes fue el último “relativamente normal”.
Las medidas de restricción en el país se iniciaron a mediados de marzo y con el paso de los meses el confinamiento se fue endureciendo, esto provocó la reducción del número de cotizantes.
Para el caso, al final del mes de enero el número de trabajadores que cotizaban en la institución era de 692,411; este número se redujo en febrero a 684,893, una reducción de poco más del 1%.
Con la llegada de la enfermedad y las primeras restricciones impuestas para evitarla, el número de empleados beneficiados cayó en marzo a 676,205, lo que implica una reducción de 8,688.
La reducción en abril iba a ser drástica en comparación a los otros meses ya que se contabilizaban 646,971, una caída de 29,234 trabajadores.
El desplome en mayo iba a ser el peor de todos ya que a finales del mes los trabajadores cotizantes se redujeron en 34,788 para un total general de 612,183.
Si se compara el número que se registraba en marzo (676,205), al inicio del confinamiento, con el total en mayo se obtiene que desde el inicio de la emergencia 64,022 personas dejaron de cotizar.
Con menos trabajadores, las cotizaciones también bajaron ya que el marzo estas estaban en $32,802,494, pero cayeron en mayo hasta los $26,354,623, una pérdida de $6,654,882.
“El impacto se concentra básicamente en el sector privado, ya que el sector público registra un leve incremento en el número de trabajadores y en el monto de las cotizaciones”, es una de las consideraciones que hace el ISSS en el informe.
Otro dato importante que se recoge es que al inicio del año había 33,053 patronos registrados en el ISSS, pero ese número fue bajando en los meses de febrero (31,903), marzo (31,092), abril (30,411) para finalmente caer en mayo a los 29,338.
El sector más golpeado es el de la industria manufacturera ya que dejaron de cotizar 20,221 personas y en segundo lugar el de comercio y restaurantes con 18,051 cotizantes menos.
Desde junio El Salvador inició la reapertura económica y por el momento se mantiene en la fase I ya que se ha atrasado el avance a la siguiente fase en tres ocasiones por el crecimiento exponencial de los casos de Covid-19.
“Las perspectivas por el momento, siguen siendo inciertas ya que la reapertura económica está enfrentando algunos tropiezos”, valora la institución y agrega esperanza al conocerse los avances en las vacunas contra la enfermedad.
El número de personas que dejan de cotizar es uno de los indicadores que se utilizan para medir la cantidad de personas desempleadas, en conjunto con los listados de los cotizantes de las AFP.
Por: El Salvador Times.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
