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El ISSS reporta 65 mil cotizantes menos debido la pandemia por coronavirus
El Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) ha elaborado el informe de coyuntura del mes de julio donde establece que más de 64 mil trabajadores dejaron de cotizar a la institución por la pandemia del coronavirus.
El informe inicia desde el mes de enero, pero la institución establece desde febrero para medir el impacto económico de la enfermedad ya que ese mes fue el último “relativamente normal”.
Las medidas de restricción en el país se iniciaron a mediados de marzo y con el paso de los meses el confinamiento se fue endureciendo, esto provocó la reducción del número de cotizantes.
Para el caso, al final del mes de enero el número de trabajadores que cotizaban en la institución era de 692,411; este número se redujo en febrero a 684,893, una reducción de poco más del 1%.
Con la llegada de la enfermedad y las primeras restricciones impuestas para evitarla, el número de empleados beneficiados cayó en marzo a 676,205, lo que implica una reducción de 8,688.
La reducción en abril iba a ser drástica en comparación a los otros meses ya que se contabilizaban 646,971, una caída de 29,234 trabajadores.
El desplome en mayo iba a ser el peor de todos ya que a finales del mes los trabajadores cotizantes se redujeron en 34,788 para un total general de 612,183.
Si se compara el número que se registraba en marzo (676,205), al inicio del confinamiento, con el total en mayo se obtiene que desde el inicio de la emergencia 64,022 personas dejaron de cotizar.
Con menos trabajadores, las cotizaciones también bajaron ya que el marzo estas estaban en $32,802,494, pero cayeron en mayo hasta los $26,354,623, una pérdida de $6,654,882.
“El impacto se concentra básicamente en el sector privado, ya que el sector público registra un leve incremento en el número de trabajadores y en el monto de las cotizaciones”, es una de las consideraciones que hace el ISSS en el informe.
Otro dato importante que se recoge es que al inicio del año había 33,053 patronos registrados en el ISSS, pero ese número fue bajando en los meses de febrero (31,903), marzo (31,092), abril (30,411) para finalmente caer en mayo a los 29,338.
El sector más golpeado es el de la industria manufacturera ya que dejaron de cotizar 20,221 personas y en segundo lugar el de comercio y restaurantes con 18,051 cotizantes menos.
Desde junio El Salvador inició la reapertura económica y por el momento se mantiene en la fase I ya que se ha atrasado el avance a la siguiente fase en tres ocasiones por el crecimiento exponencial de los casos de Covid-19.
“Las perspectivas por el momento, siguen siendo inciertas ya que la reapertura económica está enfrentando algunos tropiezos”, valora la institución y agrega esperanza al conocerse los avances en las vacunas contra la enfermedad.
El número de personas que dejan de cotizar es uno de los indicadores que se utilizan para medir la cantidad de personas desempleadas, en conjunto con los listados de los cotizantes de las AFP.
Por: El Salvador Times.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
