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El ISSS reporta 65 mil cotizantes menos debido la pandemia por coronavirus
El Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) ha elaborado el informe de coyuntura del mes de julio donde establece que más de 64 mil trabajadores dejaron de cotizar a la institución por la pandemia del coronavirus.
El informe inicia desde el mes de enero, pero la institución establece desde febrero para medir el impacto económico de la enfermedad ya que ese mes fue el último “relativamente normal”.
Las medidas de restricción en el país se iniciaron a mediados de marzo y con el paso de los meses el confinamiento se fue endureciendo, esto provocó la reducción del número de cotizantes.
Para el caso, al final del mes de enero el número de trabajadores que cotizaban en la institución era de 692,411; este número se redujo en febrero a 684,893, una reducción de poco más del 1%.
Con la llegada de la enfermedad y las primeras restricciones impuestas para evitarla, el número de empleados beneficiados cayó en marzo a 676,205, lo que implica una reducción de 8,688.
La reducción en abril iba a ser drástica en comparación a los otros meses ya que se contabilizaban 646,971, una caída de 29,234 trabajadores.
El desplome en mayo iba a ser el peor de todos ya que a finales del mes los trabajadores cotizantes se redujeron en 34,788 para un total general de 612,183.
Si se compara el número que se registraba en marzo (676,205), al inicio del confinamiento, con el total en mayo se obtiene que desde el inicio de la emergencia 64,022 personas dejaron de cotizar.
Con menos trabajadores, las cotizaciones también bajaron ya que el marzo estas estaban en $32,802,494, pero cayeron en mayo hasta los $26,354,623, una pérdida de $6,654,882.
“El impacto se concentra básicamente en el sector privado, ya que el sector público registra un leve incremento en el número de trabajadores y en el monto de las cotizaciones”, es una de las consideraciones que hace el ISSS en el informe.
Otro dato importante que se recoge es que al inicio del año había 33,053 patronos registrados en el ISSS, pero ese número fue bajando en los meses de febrero (31,903), marzo (31,092), abril (30,411) para finalmente caer en mayo a los 29,338.
El sector más golpeado es el de la industria manufacturera ya que dejaron de cotizar 20,221 personas y en segundo lugar el de comercio y restaurantes con 18,051 cotizantes menos.
Desde junio El Salvador inició la reapertura económica y por el momento se mantiene en la fase I ya que se ha atrasado el avance a la siguiente fase en tres ocasiones por el crecimiento exponencial de los casos de Covid-19.
“Las perspectivas por el momento, siguen siendo inciertas ya que la reapertura económica está enfrentando algunos tropiezos”, valora la institución y agrega esperanza al conocerse los avances en las vacunas contra la enfermedad.
El número de personas que dejan de cotizar es uno de los indicadores que se utilizan para medir la cantidad de personas desempleadas, en conjunto con los listados de los cotizantes de las AFP.
Por: El Salvador Times.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
