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“El banco no ha tenido un sustento legal para decir que no puede pagar ese dinero y simplemente se han hecho los desentendidos para el no pago”, Antonio Salaverría
La institución financiera está obligada a pagar 49 millones 314 mil 303 dólares con 55 centavos en indemnización al empresario cafetalero José Antonio Salaverría, pero en lugar de cumplir esta obligación quieren buscar un arbitraje internacional donde entra en conflicto El Salvador.
Ante este hecho, usuarios en redes sociales expresaron: “Armando Arias, apoderado legal de HSBC, es quien quiere demandar al estado de El Salvador por el caso Antonio Salvarria, el cual le deben de cancelar lo adeudado por resolución de la Sala de lo constitucional”.
Recientemente la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró improcedente la demanda de amparo que el bufete Sáenz y Asociados interpuso para tratar de revertir el fallo del pago de $49.3 millones que el banco Davivienda debe hacer a José Antonio Salaverría, tras un viejo litigio que sigue el cafetalero con esa institución financiera y que ahora llega a su fin.
Cabe mencionar, que el Juzgado Primero de lo Mercantil ha ordenado que Davivienda antes HSBC pague esa cantidad de dinero a Salaverría en concepto de indemnización, por daños y perjuicios ocasionados al embargarle de forma arbitraria beneficios de café y otras propiedades, por un supuesto incumplimiento de pago por parte del empresario.
Ante esto, José Antonio Salaverría explicó en su oportunidad que el banco de forma arbitraria inició un proceso ejecutivo en contra de sus propiedades y que con el cese de los préstamos que tenía, inició con el embargo de propiedades, entre ellas beneficios de café.
“De manera ilegal el banco inició los embargos sin tener sustentos legales y sin tener mora. Ellos incumplieron todo lo que se ha venido ventilando en este proceso, como también, los convenios que se habían pactado con el banco en su debido momento, por ese motivo se presentaron tres demandas en el 2009 y que llegaron a su fin” detalló Salaverría.
“El banco no ha tenido un sustento legal para decir que no puede pagar ese dinero y simplemente se han hecho los desentendidos para el no pago”, puntualizó.
“Nos quebraron totalmente”
“Había suscrito un convenio con HSBC hoy Davivienda y luego me embargaron indebidamente. Ellos tenían un pagaré por 160 mil dólares y lo llenaron como quisieron a fin de provocar un incumplimiento. Nosotros tratamos de pagar al día siguiente todo el dinero que exigían, pero se opusieron a ello y nos quebraron totalmente”, afirmó el cafetalero.
“Nosotros dábamos empleos a unas cinco mil familias y al menos teníamos 1,260 productores de café, entre ellos había tres presidentes de bancos y seis directores porque confiaban en nosotros”, indicó el cafetalero que ahora pide justicia y que se le pague los más de 49 millones de dólares.
Por varios años el banco Davivienda trató de dilatar el caso y de utilizar todo tipo de argucias para evitar hacer ese desembolso.
Un aparatoso accidente de tránsito se registró este jueves en el distrito de San Miguel, cuando un microbús que circulaba a excesiva velocidad se estrelló contra el muro perimetral de una vivienda en la zona de Chirilagua.
El siniestro fue captado por la cámara de seguridad de la propiedad afectada, y en las imágenes se observa cómo el vehículo se aproxima a gran velocidad antes de impactar violentamente contra la estructura.
Según testigos, el microbús trasladaba a varios maestros que se dirigían hacia el centro escolar donde laboran. Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales, pero las autoridades investigan las causas del accidente y si hubo personas lesionadas.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El modelo penitenciario impulsado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, está siendo adoptado por países como Perú, Costa Rica, Ecuador y Honduras, tanto en la administración de cárceles como en la construcción de nuevas instalaciones de alta seguridad, inspiradas en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
En Ecuador, la cárcel El Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena, está en proceso de construcción y se espera que esté lista a finales de 2025. Esta prisión, diseñada al estilo de las megaprisiones salvadoreñas, tendrá capacidad para entre 700 y 800 internos de alta peligrosidad, según informó el Diario El Mercurio.
En Perú, la presidenta Dina Boluarte y el ex primer ministro Alberto Otárola manifestaron en marzo de 2024 su interés por replicar este modelo, y recientemente el alcalde de Lima solicitó asesoría técnica a El Salvador para construir una cárcel similar, en respuesta al aumento de la inseguridad.
Costa Rica también anunció la construcción de una megacárcel con capacidad para 5,000 reos, contando con la cooperación técnica salvadoreña, según declaró el ministro de Justicia Gerald Campos.
En Honduras, el gobierno de Roxana Castro implementa módulos de máxima seguridad en el Centro Penitenciario Nacional de Támara, siguiendo el modelo del Cecot.
Expertos en administración pública y seguridad destacan que este modelo ha transformado las cárceles salvadoreñas, con orden, disciplina, tecnología avanzada y programas innovadores como el Plan Cero Ocio, convirtiéndolo en un referente regional para el control efectivo y la rehabilitación en el sistema penitenciario.
