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EE.UU. veta a diputado salvadoreño de ingresar a ese país por violar derechos humanos
El departamento de Estado de Estados Unidos anunció hoy a través de un comunicado la designación pública de 17 funcionarios de gobiernos extranjeros y sus familiares inmediatos, debido a la participación de los funcionarios en graves violaciones a los derechos humanos.
Uno de ellos es el diputado salvadoreño del Partido de Concertación Nacional (PCN), José Antonio Almendáriz Rivas, por su participación en una flagrante violación de los derechos humanos, al saber, sobre la ejecución extrajudicial de la doctora Begoña García de Arandigoyen, de nacionalidad española, el 10 de septiembre de 1990 en El Salvador.
Esta acción también se aplica a los miembros de su familia inmediata.
Según la información que posee el Secretario de Estado, Mike Pompeo, el funcionario salvadoreño se suma a otros 13 salvadoreños recientemente designados bajo 7031c por su participación en graves violaciones a los derechos humanos, perpetrados por ambos lados de la brutal guerra civil en El Salvador, incluidos los cometidos por actores gubernamentales y no gubernamentales.
La sección 7031 (c) establece que en los casos en que el Secretario de Estado tenga información creíble de que funcionarios de gobiernos extranjeros han estado involucrados en una violación grave de los derechos humanos o corrupción significativa, esas personas y sus familiares inmediatos deben ser designados pública o privadamente, y no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos.
El diputado Almendáriz, quien lleva 8 períodos como diputado de la Asamblea Legislativa con el PCN, en representación de Sonsonate, señala que espera que la justicia le permita aclarar que no participó en dicha ejecución.
Un camión volcó este sábado en el occidente del país y dejó tres personas lesionadas.
El percance vial se registró en el cantón La Joya, donde el conductor de un camión perdió el control y terminó volcando sobre la vía.
Los lesionados fueron auxiliados por socorristas de Cruz Verde Salvadoreña.
Un hombre falleció tras caer en un precipicio en la zona conocida como El Cimarrón, sobre la carretera hacia el Puerto de La Libertad, informaron las autoridades.
El hallazgo del cadáver fue confirmado por equipos de emergencia que acudieron al sector luego de recibir la alerta sobre la caída en este punto de difícil acceso.
Rescatistas de la Cruz Verde Salvadoreña realizaron maniobras especializadas para recuperar el cuerpo desde el fondo del precipicio.
El caso se encuentra bajo investigación y, por el momento, se desconocen las circunstancias exactas en que ocurrieron los hechos.
Las autoridades policiales informaron sobre el esclarecimiento de un homicidio ocurrido el pasado 23 de febrero en el distrito de San Dionisio, en el departamento de Usulután Este.
La víctima es una mujer de 35 años de edad, quien ese día salió de su vivienda en el municipio de Jiquilisco con destino a la ciudad de Usulután, donde llevó a su hijo de 16 años a una consulta médica. Posteriormente, la mujer se quedó realizando trámites personales, pero ya no regresó a su hogar.
Tras recibir la notificación de su desaparición, las autoridades activaron un dispositivo de búsqueda. Durante el operativo localizaron la cartera y otras pertenencias de la víctima en un predio baldío del caserío San Mauricio, en el distrito de Tecapán.
En las primeras diligencias se intentó ubicar a José Ricardo Romero Chávez, de 37 años, con quien la víctima mantenía una relación sentimental; sin embargo, en ese momento no fue posible localizarlo.
Las investigaciones continuaron y permitieron la ubicación y captura de Cecilia Elizabeth Palacios, también de 37 años y esposa de Romero Chávez, quien confesó que, por motivos pasionales, ambos participaron en el asesinato de la mujer.
Según las autoridades, tras cometer el crimen, el hombre trasladó el cuerpo hacia una zona de difícil acceso en el distrito de San Dionisio, donde lo enterró.
Equipos policiales mantuvieron la búsqueda hasta lograr la captura de Romero Chávez. Ambos serán puestos a disposición de las autoridades judiciales para que enfrenten el proceso correspondiente.
La Policía reiteró que ningún delito quedará en la impunidad y que toda persona que cometa un crimen deberá responder ante la ley.
