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Diputados acosan y amenazan a funcionarios del Gobierno
El ministro de Salud, Francisco Alabi, afirmó hoy que en reiteradas ocasiones fue amenazado por diputados opositores que integran la comisión especial de la Asamblea Legislativa para investigar el manejo de recursos durante la pandemia de Covid-19.
El funcionario cumplió con el llamado que hicieron los diputados para llegar a explicarles el detalle de todas las acciones preventivas desarrolladas para cuidar de la población.
De hecho, la doctora y diputada del partido FMLN, Rina Araujo, dijo en una de sus intervenciones que el funcionario estaba bien joven para andar firmando documentos y “que sobre todo tendría que apreciar su libertad”, a lo que Alabi le respondió que eso era una amenaza pública.
De igual forma el presidente de la Comisión de Salud, Emilio Corea, le expresó que debería de preferir estar sentado en esa comisión, que estar en el pleno unas 14 horas porque estaban con la intención de interpelarlo.
Sin embargo, algunos de los legisladores que integran la referida comisión aprovecharon para lanzar ataques políticos contra el funcionario, que tuvo que soportar y respondió cada una de las preguntas que le realizaron de forma repetitiva.
“Parecía más que una comisión, una interpelación”, expresó el ministro de Salud ante los hostigamientos de parte de los diputados.
Los legisladores llamaron a tres funcionarios del Gobierno del Presidente Nayib Bukele para que les despejaran dudas, además del ministro de Salud, llegó el ministro de Obras Públicas Romeo Rodríguez y la directora del Instituto Nacional de Salud, Xóchitl Sandoval.
Luego de la exposición que les hizo el ministro de Salud, los diputados empezaron a hacer una serie de cuestionamientos que uno a uno fue explicando con argumentos sólidos el funcionario del Gobierno.
No obstante, a las explicaciones la misión de los legisladores era clara: la de incomodar a los funcionarios con preguntas sin una base en específico, en un intento fallido por hacerlos quedar mal ante la población que siguió el caso en televisión legislativa y en redes sociales.
La Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) anunció la realización de un webinar enfocado en estrategias para financiar el crecimiento empresarial, dirigido a micro y pequeñas empresas (MYPE) interesadas en fortalecer su estructura financiera.
Bajo el lema «Crecer no es vender más. Es financiar bien el siguiente paso», la institución destacó que el objetivo es brindar herramientas prácticas para que los emprendedores puedan escalar sus negocios sin poner en riesgo su estabilidad operativa.
El tema central del seminario virtual será «Estrategias para financiar el crecimiento» y se desarrollará el jueves 5 de marzo a las 9:00 de la mañana. De acuerdo con la entidad, el crecimiento de una MYPE requiere no solo visión, sino también una estructura de capital adecuada que respalde la expansión de sus operaciones.
Las personas interesadas pueden inscribirse a través del enlace habilitado por la institución. Con este tipo de iniciativas, CONAMYPE busca fortalecer las capacidades financieras del sector y promover un desarrollo empresarial sostenible.
Por extorsión agravada, Douglas Alexander Gutiérrez, deberá pagar con 12 años de prisión, así lo resolvió el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla. Asimismo, le impuso el pago de $1,500 en concepto de responsabilidad civil y lo declaró en rebeldía, por lo que giró orden de captura inmediata en su contra.
Los hechos se remontan a noviembre de 2014, en el distrito de Aguilares, municipio de San Salvador Norte. Según el expediente judicial, dos imputados con apariencia de pandilleros interceptaron al administrador de una empresa mientras inspeccionaba un inmueble y lo amenazaron con atentar contra la vida de los empleados si la sociedad si no entregaba la suma de $10,000.
Tras la denuncia interpuesta el 8 de diciembre de 2014, las autoridades coordinaron dos entregas controladas de dinero con billetes previamente seriados. Este procedimiento permitió identificar a Gutiérrez y establecer su participación directa en el cobro del dinero exigido, elementos probatorios que resultaron determinantes para que el juzgador estableciera su responsabilidad penal. El otro implicado no forma parte de este proceso judicial.
En otro caso, José Ricardo Salvador Fuentes fue sentenciado a 10 años de prisión por extorsionar a un comerciante migueleño.
La víctima recibió una llamada telefónica, en noviembre de 2011, donde le decían que tenía que pagar quincenalmente la extorsión a la pandilla a cambio de no asesinar a su familia. Por miedo a las amenazas, el comerciante llegó a un acuerdo con los pandilleros y denunció el crimen a la Policía Nacional Civil (PNC) el 21 de noviembre del mismo año.
La PNC realizó seis entregas de dinero controladas, logrando individualizar al procesado el 23 de enero de 2012, cuando recogía la extorsión.
La directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina), Linda Amaya, informó en La Entrevista de Noticiero El Salvador que en el 100 % de los casos que han atendido por vulneración a los derechos de la niñez, han buscado la permanencia de los menores de edad en el sistema educativo.
«Durante estos tres años, el 100 % de los casos se ha buscado la restitución de sus derechos, además tienen un seguimiento porque la idea es que deje de haber deserción escolar, no solo es el tema de reincorporar a la educación, sino asegurarnos de que se mantengan dentro del sistema educativo», expresó.
De acuerdo con Amaya, trabajan de manera articulada con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt) para dar un seguimiento a los casos de los niños que han sufrido vulneraciones para garantizar su permanencia en las escuelas.
«Es un trabajo que también el Ministerio de Educación lo ha retomado con mucha fuerza y trabajar de manera articulada nos ha permitido ir asegurando seguimientos en esta población», afirmó la titular del Conapina.
Por otra parte, Amaya afirmó que los equipos de la institución han recibido actualizaciones en su formación para fortalecer sus capacidades y dotarlos de herramientas modernas para abordar óptimamente cada caso en el que la niñez salvadoreña se encuentre en riesgo.
«Los equipos del Conapina se han actualizado, hemos contado con el apoyo de organismos que nos han dado herramientas modernas y actuales para poder hacer valoraciones de carácter forense donde ya no te pregunto a ti, pero puedo observar qué es lo que jugás y cómo te expresás para ir determinando si has sido vulnerado», explicó la directora del Conapina.
Amaya recordó que la institución cuenta con 16 juntas de protección a escala nacional y con la línea telefónica gratuita 119 para que los ciudadanos den avisos o denuncien casos de maltratos o abusos a la primera infancia, niñez y adolescencia.
