Judicial
DETENIDOS – Exigían $5000 de extorsión mediante una carta para no asesinar a la víctima
El marero José Simón Murillo Guzmán alias “Chumpe Seco”, de 19 años, fue enviado a cumplir 10 años en prisión luego de ser encontrado responsable de exigir dinero a una persona a cambio de no atentar contra su vida, hecho ocurrido el 19 de febrero de 2018, en la ciudad de Chalatenango.
Según información fiscal, el marero fue detenido en flagrancia por agentes de la PNC, el 19 de febrero de 2018, a quien le decomisaron una motocicleta, tres teléfonos celulares y un paquete que simulaba ser el dinero producto de la exigencia.
En la relación de los hechos consta que la víctima clave “Ricardo”, encuentra en su casa de habitación, un papel anónimo donde le exigen entregue $5,000, caso contrario atentarán contra su vida o la de un familiar; dejando un número telefónico al cual le dicen que llame.
El mismo día la víctima informó al Centro de Denuncias Telefónicas de la División Antiextorsiones de la PNC en San Salvador, interponiendo la denuncia el 15 de febrero de 2018, en DIN de Chalatenango.
A consecuencia de ello agentes investigadores toman la negociación con los malhechores y acuerdan la entrega de $500 únicamente, para el 19 de febrero, en la cuidad de Chalatenango; para ello se montó dispositivo policial, logrando la detención en flagrancia del imputado.
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Acusados de estafar con paquetes turísticos seguirán en prisión mientras avanza investigación
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que David Antonio Rugamas Leiva, Juan Carlos Henríquez López, Lised Cristina Posada Cuadros, Gregorio Andrés García Echeverry, Jonathan David Torres Builes y Natalia Paniagüa Jaramillo se mantengan en prisión mientras sigue la investigación en su contra por el delito de estafa.
A los imputados se les acusa de promover paquetes vacacionales a través de una falsa agencia de viajes, Trópico Travel. En este nuevo proceso se han registrado las denuncias de 51 víctimas
De acuerdo a la investigación y testimonios de las víctimas, los imputados vendían membresías turísticas con un amplio portafolio de beneficios, logrando que les pagaran con tarjetas de crédito, pero cuando las víctimas querían hacer uso de lo que habían adquirido, no pudieron.
El monto que se reclama en calidad de responsabilidad civil a favor de las víctimas es de $77,042.00 dólares.
La primera audiencia en contra de los imputados se realizó en el Juzgado Primero de Paz de San Salvador, el caso pasa a la etapa de instrucción.
El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador decretó, en audiencia inicial, la detención provisional en contra de Gerardo Quijada Orellana, mejor conocido como “Mr. Miyagui”, por el delito de estafa en perjuicio de una víctima.
De acuerdo con las investigaciones, en abril de 2024, la víctima decidió llevar su vehículo al taller “GQ Racing”, propiedad de Quijada, para realizar una reparación.
Tras hacerle un scáner, le dijeron que la reparación por el cambio de árbol de llaves y cárter tendría un costo de $1,000, a lo que la víctima accedió y canceló.
El día de la entrega del vehículo, la víctima reportó el mismo fallo mecánico, razón por la que volvió a llevar el vehículo al taller, donde Quijada Orellana asumió el costo de la supuesta reparación por problemas en la bomba de gasolina. La víctima pidió que le entregaran la pieza dañada, pero el ahora procesado se negó.
El problema en el vehículo continúo, la víctima decidió llevar su vehículo a otro taller donde le diagnosticaron que el problema era con la caja de velocidades, con un costo de $1,200.
La víctima intentó contactar a Gerardo Quijada Orellana para que asumiera los costos, pero nunca le respondió
A 26 años de prisión fue condenada Flor Arely Molina tras ser hallada culpable de arrebatarle la vida a un pequeño de solo dos años y medio de edad, informó la Fiscalía General de la República (FGR), la tarde del viernes.
La FGR explicó que el menor perdió la vida tras ser golpeado. “Este lamentable hecho ocurrió en noviembre de 2023, en Santa Tecla, La Libertad”, añadieron autoridades.
Según el reporte, Molina era la cuidadora o niñera del menor, y fue valiéndose de esa situación que sucedieron los hechos.
Tras el desfile de pruebas el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla impuso la sentencia ante la contundencia de las mismas. Por su parte, la Fiscalía dijo sentirse satisfecha con la condena.
