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Defensa supervisa la llegada de 2.5 toneladas de droga incautada a 460 millas náuticas de Acajutla
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro señaló este martes que El Salvador es por hoy un referente del narcotráfico a nivel internacional, ya que hasta la fecha se ha logrado incautar más de $150 millones en cocaína.
La última incautación, que es la más grande en la gestión del presidente Nayib Bukele, es de aproximadamente 2.5 toneladas, efectuada a 852 kilómetros de la costa salvadoreña y que podría ascender a los $67 millones, se concretó el pasado 19 de noviembre.
El ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy explicó que localizaron 135 bultos, cada uno con 20 paquetes, “Hay tres mexicanos, dos colombianos y cuatro ecuatorianos detenidos”, expresó.
Las autoridades de Seguridad explicaron que la operación duró 11 días, la incautación se realizó a 460 millas náuticas al suroeste de Acajutla.
“Los esfuerzos en conjunto entre las instituciones que componen el Gabinete de Seguridad permitieron la ubicación, el 19 de noviembre, de las tres embarcaciones”, agregó Villatoro.
El fiscal general, Rodolfo Delgado aseguró que en las próximas 72 horas “vamos a remitir toda la evidencia incautada y a los 9 detenidos ante los tribunales y presentaremos el requerimiento por tráfico ilícito”.
Merino Monroy explicó que, tras la incautación de este cargamento en la zona costera del país, se está llegando a 7.4 toneladas de droga incautadas, equivalentes a $165.7 millones.
Las estadísticas de la Defensa Nacional dan cuenta que solo en los primeros diez meses de este 2021 fueron decomisados más de 4,600 kilogramos de cocaína equivalente a $97 millones. De acuerdo con las autoridades del gabinete de Seguridad el impacto de estas incautaciones se ven reflejados en la reducción de otros delitos como homicidio, robo y desapariciones.
El Gabinete de Seguridad registra que en dos años se ha capturado a 86 extranjeros por tráfico ilícito de drogas, solo en lo que va del año la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada de El Salvador han detenido 32 personas provenientes de ochos países de la región.
El titular de la Defensa expresó que la efectividad de la Fuerza Armada para combatir el narcotráfico y efectuar importantes decomisos de droga le ha significado a la institución obtener la vicepresidencia del grupo de expertos sobre Narcotráfico Marítimo para el periodo 2021-2022.
Lo anterior forma parte de los reconocimientos que la institución castrense recibe por su incansable trabajo para combatir delitos relacionados con la narcoactividad que se han realizado durante la actual gestión del presidente Nayib Bukele.
“El aporte que la Fuerza Armada Salvadoreña le da a la sociedad norteamericana, en el combate al narcotráfico es significativo, (Se evita que toneladas de droga lleguen a Estados Unidos”, agregó Merino Monroy.
$1.4 millones en productos de contrabando
El jefe militar añadió que su institución también realiza operativos en tierra en apoyo al Plan Control Territorial (PCT) y mantiene presencia en los más de 190 pasos no habilitados, detalló que en lo que va del 2021 han incautado diversos productos valuados en más de $1.4 millones.
“La Fuerza Armada mantiene un despliegue permanente en los pasos fronterizos no habilitados en los cuales también se ha realizado incautaciones de diversos tipos de mercadería e incluso dinero”, destacó.
El ministro detalla que en esos pasos ciegos han decomisado marihuana, lácteos, dinero en efectivo, ganado, cigarrillos, municiones, entre otros.
En cuanto a las relaciones que el país mantiene con los Estados Unidos aseguró que son buenas, “Nuestro Gobierno tiene un interés real de integrarse a los organismos que luchan contra el narcotráfico, Hay una buena relación con Estados Unidos”, enfatizó.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
