Judicial
Daniel Alemán, No llegó a tribunal porque está pidiendo asilo fuera del país
Daniel Alemán, quien llevó a juicio a dos policías por presuntamente haberle puesto droga, pide asilo fuera del país
La Fiscalía, quien se mostró esquiva a los medios aclaró que la familia de Alemán, ha pedido no brindar declaración sobre su paradero.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador realizó la mañana de este jueves una nueva audiencia contra los agentes policiales Reynaldo Pacheco y Marvin Arbaiza, acusados de fraude procesal en perjuicio de Daniel Alemán Avilés.
Durante la etapa de los incidentes, la representación fiscal señaló al juez que la víctima no había podido comparecer al juicio ya que se encuentra realizando trámites migratorios y que se le “hacía imposible” regresar al país.
Él es testigo clave del proceso y ante su ausencia se presentará a otro testigo que ayudará a dosificar el proceso en contra de los dos agentes policiales.
“Hay un elenco probatorio que se admitió para esta vista pública y eso es lo que va a desfilar”, señaló la fiscal, quien no quiso brindar mayores detalles.
Alemán fue capturado el 10 de enero de 2017 en una cancha de fútbol rápido de la residencial Altavista, en donde —según sus captores— portaba una bolsa de droga colgada de la cintura. El proceso judicial se reabrió después de que la Fiscalía General de la República (FGR) presentara una revocatoria del fallo emitido por Tribunal 1° de Sentencia de San Salvador, que los dejó absueltos del delito de fraude procesal cometido contra Alemán.
Fue hasta en mayo de 2018 que la Cámara 1° de lo Penal anuló el fallo y ordenó repetir el proceso.
Ante las acusaciones, ambos agentes se han declarado inocentes de los delitos y piden, a través de sus abogados, un nuevo fallo a su favor.
En otro caso, Alemán fue procesado por presuntamente haber cobrado una extorsión; sin embargo, el juez del Quinto de Sentencia de San Salvador lo absolvió de este delito.
Nota tomada de El Salvador Times
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
