Judicial
Daniel Alemán, No llegó a tribunal porque está pidiendo asilo fuera del país
Daniel Alemán, quien llevó a juicio a dos policías por presuntamente haberle puesto droga, pide asilo fuera del país
La Fiscalía, quien se mostró esquiva a los medios aclaró que la familia de Alemán, ha pedido no brindar declaración sobre su paradero.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador realizó la mañana de este jueves una nueva audiencia contra los agentes policiales Reynaldo Pacheco y Marvin Arbaiza, acusados de fraude procesal en perjuicio de Daniel Alemán Avilés.
Durante la etapa de los incidentes, la representación fiscal señaló al juez que la víctima no había podido comparecer al juicio ya que se encuentra realizando trámites migratorios y que se le “hacía imposible” regresar al país.
Él es testigo clave del proceso y ante su ausencia se presentará a otro testigo que ayudará a dosificar el proceso en contra de los dos agentes policiales.
“Hay un elenco probatorio que se admitió para esta vista pública y eso es lo que va a desfilar”, señaló la fiscal, quien no quiso brindar mayores detalles.
Alemán fue capturado el 10 de enero de 2017 en una cancha de fútbol rápido de la residencial Altavista, en donde —según sus captores— portaba una bolsa de droga colgada de la cintura. El proceso judicial se reabrió después de que la Fiscalía General de la República (FGR) presentara una revocatoria del fallo emitido por Tribunal 1° de Sentencia de San Salvador, que los dejó absueltos del delito de fraude procesal cometido contra Alemán.
Fue hasta en mayo de 2018 que la Cámara 1° de lo Penal anuló el fallo y ordenó repetir el proceso.
Ante las acusaciones, ambos agentes se han declarado inocentes de los delitos y piden, a través de sus abogados, un nuevo fallo a su favor.
En otro caso, Alemán fue procesado por presuntamente haber cobrado una extorsión; sin embargo, el juez del Quinto de Sentencia de San Salvador lo absolvió de este delito.
Nota tomada de El Salvador Times
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
