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Carlos Perla asegura que su condena fue en represalia por oponerse a proyectos de expdte Flores entre ellos la dolarización
Luego de cumplir 15 años de cárcel por apropiarse de fondos públicos, el expresidente de ANDA, Carlos Perla, sostiene su inocencia e insistió que todo se trató de una trampa realizada en su contra por oponerse a algunos proyectos que realizó el expresidente Francisco Flores.
Perla, luego de firmar su suspensión de la pena dijo en las afueras del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria que a lo que principalmente se opuso fue a la dolarización.
“Me opuse a la forma no a que se hiciera, me opuse a la forma porque sabía que no se iba a poder controlar la inflación…”, expresó.
Otro caso que denunció fue los fondos de Taiwán, el exfuncionario dijo que solicitó una suma millonaria para reconstrucción de un sistema de alcantarillado destruido por los terremotos de 2001, pero nunca se le fueron entregados.
Por lo tanto, lamentó que “los verdaderos culpables nunca los enjuiciaron”.
Agregó, que los principales culpables de impulsar su condena fueron los medios de comunicación, que lo condenaron antes del juicio.
“Me disculpan, pero fueron ustedes (medios de comunicación) los que me condenaron antes que los tribunales. Tenía periodistas en Francia, en mi año de descanso después de ocho años en Gobierno, no hui como lo dijeron en su momento… ¿Qué habría pasado si hubiera quedado libre? Todos hubieran dicho que compre el sistema, que me favorecieron”, reclamó.
Además, dijo que durante el proceso judicial y estando en la cárcel tenía miedo de que Francisco Flores le mandara a hacer algo, pero que desde un principio él señaló a otros involucrados en los casos de corrupción.
Ante esto, se le preguntó que si considera que en El Salvador es difícil de combatir la corrupción, respondiendo que no es difícil y ve con buenos ojos la instalación de una CICIES en el país.
“Yo creo que la creación de una CICIES como han expresado podría ser una visión o un fenómeno que podría prestarse a resolver ese problema”, indicó.
“Hay que esperar, yo veo un horizonte bastante interesante, bastante bueno con respecto a ese tema (la corrupción). Veo una posición muy clara del presidente electo, así que hay que darle el espacio para que trabaje, para que funcione”, agregó.
Carlos Perla fue capturado el 28 de enero de 2004 por la Policía Internacional (INTERPOL) en París, Francia; cuatro año después, fue enviado a prisión (el 25 de julio de 2007) por apropiarse de fondos públicos y ser parte de asociaciones ilícitas. Estaba recluido en el penal de Apanteos, Santa Ana, aunque desde hace cuatro años se encontraba en libertad condicional.
La Fiscalía y los jueces determinaron que Perla favoreció a la empresa SETERS con contratos de licitaciones a cambio de recibir sobornos, “negocio” que le dejó ganancias de aproximadamente $8.7 millones.
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Denuncian al rector y vicerrectora de la UES por presunto nepotismo, sobornos y malversación
Una denuncia interpuesta ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) coloca bajo escrutinio a las dos principales autoridades de la Universidad de El Salvador (UES). El escrito señala al rector Juan Rosa Quintanilla Quintanilla y a la vicerrectora académica Evelyn Beatriz Farfán Mata por la presunta comisión de actos de nepotismo, soborno y malversación de fondos públicos desde el inicio de su gestión en octubre de 2023.
En su primer apartado, la denuncia solicita esclarecer una posible relación marital entre ambos funcionarios. Según el documento, serían pareja desde hace varios años y estarían casados desde aproximadamente 2023, lo de confirmarse, podría representar un conflicto de interés, debido a la relación jerárquica entre los cargos que ocupan dentro de la institución.
El escrito también menciona que dicha relación no habría sido informada oficialmente, lo que, a criterio de los denunciantes, podría afectar la imparcialidad en la toma de decisiones administrativas en la universidad.
En un segundo punto, la denuncia pide investigar posibles beneficios otorgados por la empresa Huawei, en el marco de contratos vinculados a proyectos tecnológicos en la UES. Entre los señalamientos se incluyen viajes y otros gastos que habrían sido asumidos por la compañía, por lo que se solicita determinar si estos constituyen dádivas prohibidas por la legislación vigente.
Finalmente, el documento expone posibles irregularidades en el uso de fondos públicos asignados a la universidad. Se señala que recursos destinados a investigación científica y fortalecimiento docente no habrían sido ejecutados conforme a lo establecido, por lo que se pide trasladar el caso a la Corte de Cuentas de la República para una auditoría especial que permita verificar el manejo de estos fondos.
Hasta el momento, las autoridades mencionadas no han emitido una postura oficial sobre los señalamientos contenidos en la denuncia.
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Avanzan en levantamiento de información para ejecutar Plan Maestro La Bretaña, en San Martín
El Ministerio de Vivienda informó que equipos técnicos y sociales, con acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizan el levantamiento de información para la elaboración del Plan Maestro La Bretaña, en el distrito de San Martín, en San Salvador Este.
De acuerdo con la titular de la institución, Michelle Sol, el proceso incluye un censo comunitario y de vivienda mediante formularios georreferenciados que permitirán recopilar datos clave para la planificación del territorio.
El levantamiento de información se desarrolla en tres niveles:
– Hogar: se evalúan condiciones de habitabilidad y el acceso a servicios básicos.
– Manzana: se analiza la infraestructura urbana, equipamientos y espacios públicos disponibles.
– Asentamiento: se revisan aspectos como conectividad, riesgos y cobertura de servicios.
Las autoridades señalaron que estos datos permitirán priorizar futuras intervenciones para fortalecer el desarrollo urbano, con un enfoque más ordenado, resiliente y sostenible para las comunidades del sector.
Además, el Sistema de Vivienda destacó que en la zona ya se han impulsado diferentes acciones, entre ellas la construcción de un proyecto de apartamentos, procesos de legalización de comunidades y la edificación de viviendas, como parte de los esfuerzos para mejorar las condiciones habitacionales de las familias.
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Sala de lo Constitucional fija criterios legales y éticos para el uso de inteligencia artificial en instituciones públicas y tribunales
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una resolución que fija criterios éticos y legales para el uso de la inteligencia artificial generativa en instituciones públicas y en el sistema judicial.
La decisión se adoptó el 13 de marzo de 2026 dentro del proceso de inconstitucionalidad 57-2025. El caso surgió después de que ciudadanos utilizaron inteligencia artificial para redactar una demanda.
Ante esa situación, el tribunal analizó el alcance del uso de esta tecnología. Además, explicó qué se entiende por inteligencia artificial, cuáles son sus tipos y cómo funciona.
Análisis de la relación entre inteligencia artificial y derechos fundamentales
Durante el proceso, la Sala revisó normas nacionales e internacionales sobre el desarrollo y uso de inteligencia artificial.
El tribunal también examinó cómo estas herramientas interactúan con los derechos fundamentales de las personas.
Según la resolución, la inteligencia artificial puede ofrecer beneficios en la gestión pública. Sin embargo, también puede generar riesgos si no existen controles adecuados.
Por ello, la Sala subrayó la necesidad de aplicar criterios éticos y jurídicos en su implementación.
Uso de inteligencia artificial en la administración pública
La resolución indicó que la inteligencia artificial puede agilizar trámites, mejorar la eficiencia institucional y apoyar la gestión pública.
No obstante, el tribunal advirtió que el uso de sistemas automatizados debe evitar riesgos como la discriminación algorítmica causada por sesgos en los sistemas.
Por esa razón, las instituciones deben aplicar controles que garanticen transparencia y respeto a los derechos ciudadanos.
Límites al uso de IA en la administración de justicia
En el ámbito judicial, la Sala señaló que toda persona tiene derecho a un juez humano y a un procurador humano.
Por lo tanto, el uso de inteligencia artificial en tribunales debe mantenerse bajo supervisión humana obligatoria.
El tribunal estableció varios principios para el uso responsable de esta tecnología. Entre ellos destacan transparencia, responsabilidad, privacidad, control humano y prevención de riesgos.
Además, incluyó criterios de igualdad, verificación, ética, buenas prácticas y adaptación constante.
Con esta resolución, la Sala busca equilibrar el avance tecnológico con las obligaciones del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos.
