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CAMPO PAGADO – MIDES: “Desmentimos al alcalde Muyshondt, con la resolución del Juez Ambiental que demuestra los incumplimientos de San Salvador”
La empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES) acalara a todo el pueblo salvadoreño lo siguiente:
La sociedad Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES SEM de C.V) interpuso una demanda por estafa agravada contra el tesorero de la alcaldía de San Salvador, Fernando Heriberto Portillo Linares, debido al incumplimiento de la comuna en el pago de la deuda derivada del servicio de disposición de desechos sólidos.
Según la denuncia, entre el 20 de marzo y el 20 de julio del presente año, la comuna libró a favor de la empresa, siete cheques sin fondos, que servirían para pagar una deuda por más de $1,373, 251, pero apenas honró con 100 mil dólares.
Linares ha sido denunciado ante la Fiscalía General de la República por la presunta comisión de estafa agravada, “bajo la modalidad de cometimiento por medio de cheques sin provisión de fondos”, sostiene la empresa en un escrito entregado.
La parte acusadora señala que Portillo Linares se perfila como el principal autor de los hechos defraudatorios que serían constitutivos de los delitos de estafa agravada y actos arbitrarios, cometidos el primero en perjuicio de MIDES, S.E.M. DE C.V., y el segundo en perjuicio de la Administración Pública y subsidiariamente de MIDES, S.E.M. DE C.V.
Los apoderados legales de MIDES y la alcaldía de San Salvador dirigida por Ernesto Muyshondt, en su momento llegaron a un acuerdo para solventar la deuda existente de un millón 373 mil 251 dólares, si que ello generara intereses con por medio del plan de pago que acordaron en cuatro cuotas.
Se dijo que la alcaldía entregaría un primer abono de $370 mil 472 el 20 de marzo de 2020, un segundo de $368,751 el 31 de marzo y otro de $257,898 el 17 de abril, pero, llegada la fecha, incumple su compromiso y entrega hasta el 26 de marzo un primer cheque por $370,472 que no tenía fondos.
Ante la insistencia de la empresa demandante, la comuna emite otros tres, uno por $100,000 y otros dos por $135,236.48 y $135,236.49 respectivamente, pero solo el primero tenía provisión de fondos.
Los reclamos continuaron y otros dos cheques por $135,236.48 librados a fecha 22 de mayo y 5 de junio de 2020 respectivamente, por la alcaldía de San Salvador, “no pudieron hacerse efectivos por insuficiencia de fondos”. La conducta delictiva se repitió con otros dos cheques por $135,236.48 el primero y por $135,236.49 el segundo, emitidos el 13 y el 20 de julio pasados.
“La conducta del tesorero municipal resulta más sospechosa, cuando en reiteradas ocasiones y públicamente el señor alcalde Municipal de San Salvador, Ernesto Luis Muyshondt García-Prieto ha manifestado que la AMSS nunca ha emitido cheques sin fondo a MIDES, S.E.M. DE C.V.”, señala el escrito presentado ante la FGR.
A esta situación se añade el hecho de que la alcaldía dirigida por Muyshondt ha comprometido “flujos futuros” de los ingresos municipales recolectados vía tasa de disposición de desechos sólidos, para el pago de una titularización, lo que viola la ley, sostiene la denuncia.
Afirma MIDES que el tesorero de la alcaldía de San Salvador “avala un uso indebido de la tasa municipal que fue creada única y exclusivamente para efectuar el pago del servicio de disposición final de los desechos sólidos”, desviando fondos que deberían garantizarle a los capitalinos que el dinero que pagan por el traslado de la basura al relleno sanitario no se utilice para otros fines.
La demandante afirma que la alcaldía de San Salvador ingresa una cantidad millonaria producto del cobro de tasas a los ciudadanos por disposición final y que solo entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2018 recaudó 16 millones 468 mil 648 dólares, según estableció el examen especial de la Corte de Cuentas, mientras que para ese mismo período MIDES solo facturó $1,939,353.87, quedándole a las arcas municipales casi $14.5 millones de excedente, por lo que no comprenden la aparente insolvencia financiera e incumplimiento en el pago de la disposición final de desechos sólidos.
En la resolución el Juez Ambiental claramente expresa que se ha podido constatar que la deuda existente a favor de MIDES, por los servicios de disposición final de la basura, asciende a la suma de US $ 4,104, 458.36.
Después de la conferencia de prensa que el Alcalde Ernesto Muyshondt, brindó este día, en el Complejo Municipal Diego de Holguín, en la que manifestó que: “El Juzgado Ambiental también le negó todas las peticiones a MIDES. Eso es muesta que como Alcaldía estamos haciendo las cosas bien” la reacción del Apoderado legal de MIDES, Carlos Miranda Rubio, no se hizo esperar, quien manifestó verse en la necesidad de “desmentir las declaraciones totalmente contrarias a la realidad efectuadas por el Alcalde de San Salvador, lo que hacemos con documentación en mano, consistente en las resoluciones reciéntemente notificadas por el Juzgado Ambiental.”
El representante de MIDES, comienza por exponer el contenido de resolución judicial de fecha 16 de noviembre del presente año, pero que aparece comunicada a las partes el lunes 23 de los corrientes, en la que al contrario de lo expuesto por el Alcalde Muyshondt, se hace constar por el Juez Ambiental que de acuerdo a la documentación de respaldo aportada por cada una de las partes (esto es la Alcaldía de San Salvador y MIDES) se logró comprobar que la deuda existente a favor de MIDES, por los servicios que ya ha brindado para el manejo, tratamiento y disposición final de la basura al momento ascienden a la suma de $4,104,458.36, “ya solo con este dato ratificado judicialmente, para la compañía no es comprensible cómo el Señor Alcalde de San Salvador, tiene la capacidad moral de decir públicamente que la municipalidad está haciendo las cosas bien; cuando arrastra una deuda millonaria provocada por el mal uso que se ha hecho durante la actual administración de lo recaudado en concepto de tasa municipal que es exclusiva para el pago de disposición final de la basura y que ha cedido ilegalmente en garantía a instituciones financieras por el plazo de 15 años”
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Por este motivo, el citado profesional del derecho, se ocupa de leer algunos de los párrafos principales de la resolución emitida por el Juez Ambiental, haciendo ver que: “(…) este juzgador sí consideró jurídica y fácticamente la responsabilidad que tiene la Municipalidad de cumplir su contraprestación pecuniaria frente al servicio de disposición final de desechos sólidos que recibe de su mandante, lo que indefectiblemente está vinculado con el deber de aquélla de protección y conservación de los recursos naturales, por lo que(…) se exhortó a la municipalidad a encontrar prontamente una solución a dicha situación de morosidad debido a las consecuencias que ello provocaría en su deber de protección medioambiental.”
Y posteriormente comenta que es evidente que al Juez le quedó comprobada la grave irresponsabilidad por parte de la Alcaldía de San Salvador que al no cumplir con sus compromisos de pago por los servicios de disposición final de la basura, tiene una incidencia directa en la crisis ambiental de recolección que no obstante, el Alcalde Muyshondt se ha ocupado sistemáticamente de atribuir a terceros. Es decir todos tienen la culpa, menos la mala gestión municipal. Lo bueno es que el Juez Ambiental si tiene clara la verdad sobre el incumplimiento que es única consecuencia de las acciones irresponsables en el no pago a MIDES, que afecta la operación del Relleno Sanitario, pero el Alcalde ha preferido pagar US $300 mil para la instalación de una bandera en el Redondel Masferrer y US $500 mil para publicidad presumiblemente en función de la campaña política.
Extracto de resolución del Juzgado Ambiental de San Salvador
De fecha: 16 de noviembre de 2020.
Otro de los temas que fue abordado ante el Juez Ambiental, fue el mal uso de la tasa municipal que es exclusiva para el pago de la disposición final de la basura en el Relleno Sanitario, quien en la citada resolución manifestó: “(…) Que la municipalidad de San Salvador efectivamente cobra a los contribuyenes una tasa exclusiva por disposición final de desechos sólidos, la cual no se ha utilizado para la finalidad que ha sido creada(…) cirunstancia que fue expresamente admitida en audiencia especial de fecha 23-X-2020 por el primer regidor del Concejo Municipal de San Salvador…”
Según Miranda Rubio: Esto significa que por propia confesión de un miembro del Concejo Municipal de San Salvador quedó demostrado que la municipalidad ha cometido el delito de Malversación, el que fue denunciado desde hace 18 MESES por MIDES, existiendo una total omisión por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) de información sobre el estado de la investigación, tampoco ha dado respuesta a una solicitud de pronto despacho dado el tiempo que tiene el expediente sin que se conozcan diligencias o cuándo se judicializará. Además resalta que ante la inactividad manifiesta de la FGR y la gravedad del endeudamiento adquirido por la actual administración edilicia que ha comprometido por los próximos 15 años los ingresos municipales, incluyendo de forma totalmente ilícita la tasa municipal para el servicio de disposición final de la basura, por un monto de US $145 millones de Dólares aproximadamente, MIDES optó por interponer una denuncia por delitos de corrupción ante la Comisión Internacional contra la Corrupción en El Salvador (CICIES).
Además el apoderado legal, reafirma que el interés de MIDES, en hacer estos señalamientos e interponer denuncias ante FGR, CICIES y la Corte de Cuentas de la República, no tiene motivos políticos, como pretende hacer pasar el Alcalde de San Salvador; pues MIDES únicamente está reclamando lo que son sus derechos por los servicios que ya brindó, mismo derecho que tienen todos los proveedores a los que la municipalidad capitalina y que a la fecha les adeuda grandes sumas de dinero, como ocurre con proveedores de combustible, servicios de transporte y recolección de basura y el suministro de insumos. El Alcalde Muyshondt debe centrarse en resolver todos los problemas por la mala gestión financiera y no seguir culpando a terceros por la ineficiencia en la prestación de los servicios públicos, que en el tema ambiental de la recolección de la basura es más evidente, pero no es el único.
Extracto de resolución del Juzgado Ambiental de San Salvador
De fecha: 16 de noviembre de 2020.
Al ser consultado, si el juez ambiental mantiene medidas cautelares ambientales con respecto a MIDES, el abogado Miranda Rubio, informa que “existen dos momentos sobre el proceso judicial que se sigue ante la jurisdicción ambiental, ya que las primeras medidas cautelares que fueron impuestas a MIDES, ya concluyeron y por medio de resolución de fecha 17 de noviembre del presente año el juez decidió tener por cumplida la medida cautelar impuestas en audiencia especial a mi representada. Sin embargo a la fecha el Juez prorrogó las medidas, las cuales la empresa respetuosa del Estado de Derecho, también está cumpliendo mientras no sea revocadas, esto en virtud que se han interpuesto impugnaciones por considerar que las mismas son contrarias a la legalidad y que el Juez ambiental se ha extralimitado imponiendo obligaciones a MIDES, que no tienen nigún basamento ni de hecho ni derecho, pues la Compañía no tiene directamente relación contractual con la municipalidad de San Salvador.
En cuanto a la municipalidad de San Salvador, el representante de MIDES, con resolución en mano señala que principalmente se impuso a la Alcaldía de San Salvador la obligación de brindar el equipo de descarga de las góndolas en el Relleno Sanitario, bajo su cargo y costo, por lo que en este punto queda más que comprobadas las mentiras y excusas sin fundamento efectuadas por el Alcalde Ernesto Muyshondt, que en conferencia de prensa declaró que MIDES, está obtaculizando el proceso de ingreso de las góndolas al Relleno Sanitario de Nejapa, cuando es la propia municipalidad la que tiene la obligación cautelar de realizar las descargas. No es serio que el Alcalde de la capital, culpe a terceros por la ineficiencia de los propios compromisos legales y judiciales que tiene la municipalidad.
Por último, el juez ambiental ha conferido un plazo de CINCO días para que la Alcaldía de San Salvador, presente una propuesta para solventar la deuda existente con MIDES, la que de acuerdo a Miranda Rubio “esperamos que sea una propuesta seria e inmediata, porque el Alcalde Muyshondt no puede seguir buscando resolver la gran crisis financiera de la municipalidad ofreciendo “parches” a sus proveedores. Como hace con MIDES, a quien si bien es cierto le hizo un abono de $270 mil Dólares la semana recién pasada, fue ante la evidencia que se trataba de cheques sin fondos librados por los que ya hay una denuncia por Estafa y Actos Arbitrarios.
Extracto de resolución del Juzgado Ambiental de San Salvador
De fecha: 16 de noviembre de 2020.
LA ADMINISTRACIÓN
ACLARACIÓN: LAS OPINIONES Y CONCEPTOS VERTIDOS EN ESTE CAMPO PAGADO SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE QUIEN LOS EMITE Y NO REPRESENTAN LA LÍNEA EDITORIAL DE ESTE MEDIO DE COMUNICACIÓN.
Las autoridades del Instituto de Bienestar Animal llegaron a la vivienda de la propietaria de la perrita de nombre “Enanita” quien fue víctima por un conductor quién la atropelló.
El hecho se registró en el centro de Santa Ana y quedó captado por medio de las cámaras de videovigilancia.
Sin embargo, el conductor al escuchar los lamentos de dolor de la perrita, se bajo inmediatamente para brindarle asistencia médica y fue el mismo conductor quién llamó al IBA para reportar lo que había ocurrido.
Los equipos del IBA llegaron hasta el sector para brindar la asistencia médica a la canina, quién ya se encuentra fuera de peligro y ya se encuentra con sus dueños.
Por esta acción, el conductor se libró de ser capturado y que se le tipificara el delito de maltrato animal.
Cabe destacar que, en esta ocasión, el accidente no pasó a más, pero es importante generar conciencia al momento de conducir para proteger la vida de los animales.
Principal
Inicia reconstrucción del centro escolar Cristóbal Colón para beneficiar a más de 1,200 alumnos en Nahulingo
Con el objetivo de fortalecer la educación en El Salvador, este fin de semana comenzó la reconstrucción del centro escolar Cristóbal Colón en el distrito de Nahulingo, en Sonsonate Centro, para beneficiar a más de 1,200 estudiantes.
Este proyecto, ejecutado por la Dirección de Obras Municipales forma parte del Programa de Mejora de la Calidad y Cobertura Educativa: nacer, crecer y aprender, liderado por la Primera Dama, Gabriela de Bukele y financiado con un préstamo del BID.
La obra consta de siete nuevos módulos, cinco de ellos con dos niveles que albergarán 39 espacios en total; seis de esas aulas serán para alumnos de educación inicial y parvularia, mientras 24 aulas más para alumnos de primer ciclo a bachillerato, el resto se distribuirán en laboratorios y oficinas administrativas.
También tendrá salón de usos múltiples, enfermería, cocina, comedor, bodega para alimentos, módulos sanitarios conectados a una cisterna con equipo de bombeo, iluminación LED, Internet gratis y certificación EDGE garantizando una construcción sostenible y eficiente.
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La DOM ejecuta además en Nahulingo la remodelación del centro recreativo El Manguito y a nivel departamental otros 35 proyectos como nueve centros escolares, tres ya entregados en Acajutla y Nahuizalco; la revitalización de los centros históricos de Juayúa y Salcoatitán, una plaza mercado en Cuisnahuat y una plaza turística en Santa Isabel Ishuatán, entre otros.
Principal
Asamblea aprueba ley que busca proteger derechos de los depositantes ante entidades en problemas
Con la finalidad de proteger la estabilidad del sistema bancario del país, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 56 votos, la creación de la Ley para la Estabilidad del Sistema Financiero y Garantía de Depósitos.
Los parlamentarios indicaron que el objetivo de esta normativa es regular la preparación y ejecución de los procesos de recuperación y resolución de entidades financieras y brindar las facultades necesarias a la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) como autoridad de resolución.
Además de la firmeza del sistema bancario, se contará con la continuidad de los servicios financieros esenciales y los derechos de los depositantes de entidades en problemas.
Ante esta normativa, que consta de 121 artículos, se creará confianza entre los depositantes, debido a que sabrán que su dinero estará seguro y creará una mayor competencia sobre las tasas de interés hacia los usuarios, argumentaron diputados oficialistas.
De acuerdo a lo plasmado en el artículo 2, el reglamento será aplicable a las siguientes entidades:
Bancos regulados por la Ley de Bancos, excepto el Banco de Fomento Agropecuario (BFA).
Sociedades de ahorro y crédito reguladas por la Ley de Sociedades de Ahorro y Crédito.
Bancos cooperativos regulados por la Ley de Bancos Cooperativos.
También a las asociaciones cooperativas que se encuentre en proceso de adecuación gradual de conformidad.
Un comité coordinador para monitorear riesgos sistémicos
Según lo expuesto en la plenaria, con dicha ley se creará un Comité de Estabilidad Financiera, que coordinará a las organizaciones ante cualquier evento de crisis en las instituciones del sistema financiero del país. Además, tendrá la obligación de monitorear la evolución de los riesgos de este sistema monetario.
Dicho comité estará integrado por los titulares del Banco Central de Reserva (BCR), de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), del Ministerio de Hacienda y del Instituto de Garantía de Depósitos (IGD).
Entre las facultades de dicho comité, según lo establece el artículo 6 de la ley, está el monitoreo de riesgos del sistema financiero; coordinar las diferentes actividades entre sus miembros para poder enfrentar de forma consistente potenciales crisis; emitir recomendaciones que considere necesarias para mitigar riesgos que pudiera afectar el sistema financiero; y emitir los instrumentos administrativos necesarios para su funcionamiento; entre otros.
Plan de recuperación, de resolución y evaluación de entidades
El Comité de Estabilidad Financiera tendrá actualizado un plan de recuperación, en el que contemplará las medidas y acciones que adoptará la entidad con el fin de restablecer su posición financiera en el caso que se produjera un deterioro de la misma.
Ese plan deberá ser aprobado por el Órgano de Administración de cada entidad y deberá de ser remitido a la Superintendencia del Sistema Financiero, en un plazo de 10 días.
Los procesos de recuperación de las entidades financieras o procesos de resolución para procurar la salida ordenada de una entidad del sistema financiero son para minimizar el impacto en la estabilidad financiera.
Por “resolución” se entenderá –de acuerdo a la regulación- por el proceso por medio del cual se ejecutan las medidas necesarias para que una entidad pueda salir del sistema financiero de forma ordenada o, si fuera el caso, facilitar la continuidad de sus funciones esenciales.
Es por eso que la ley establecerá que las entidades financieras deberán elaborar y actualizar un plan de recuperación.
Es así que el BCR tendría la potestad de conceder créditos o financiamiento a instituciones bancarias, bancos cooperativos, sociedades de ahorro y crédito para atender retiros de depósitos en caso de haber un deterioro en la estructura de liquidez de una o más instituciones o para prevenir iliquidez del sistema.
En cuanto a los objetivos de la resolución, la SSF es la máxima autoridad para esto de conformidad a las disposiciones de la ley y esto servirá para proteger los depósitos del público, para mantener la continuidad de los servicios financieros esenciales y procurar la estabilidad del sistema financiero.
