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Cámara Ambiental anula decisión de juez, que pretendía que botadero propiedad de Salume evadiera responder por daños ambientales
Tomado de La Noticia SV
El 17 de febrero del presente año se llevó a cabo audiencia de apelación ante la Cámara Ambiental, la cual tuvo como resultado que el citado Tribunal de Segunda Instancia declarase nula la resolución judicial que el exjuez ambiental interino Rafael Menéndez Contreras pronunció ilegalmente con la intención de favorecer a la Sociedad PUL, S.E.M. DE C.V., propiedad del Sr. Salume, al evitarle tener que responder sobre una demanda por daños ambientales cometidos durante los años 2017 y 2018, en los que estuvo brindado servicios de disposición final de la basura por sobre la capacidad que tenía autorizada a recibir para darle tratamiento, provocando con esto un deterioro ambiental en la zona.
De acuerdo a expedientes judiciales en que se le impuso en el pasado medidas cautelares por el juzgado ambiental, durante el periodo en que se reclama los daños ambientales, el botadero del Puerto de La Libertad, propiedad de Salume solamente contaba con permiso de funcionamiento emitido por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) para darle tratamiento a aproximadamente 45 toneladas de basura diariamente; sin embargo, la empresa de Salume suscribió contratos con alcaldías que requería disponer volúmenes superiores de basura, como las de Santa Tecla y San Salvador (fines de 2018) así como en instituciones como la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) en la cual la empresa falsamente hizo creer que contaba con el permiso suficiente para brindar el servicio, a pesar que esa conducta incurría en la sanción dispuesta en el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado no se ha inhabilitado a la empresa de Salume por el plazo de cinco años, sino que presuntamente se le ha favorecido permitiéndole que siga adquiriendo contratos con la administración pública, lo que sería un acto de corrupción e impunidad.
El abogado especialista en derecho ambiental, Edgardo Francisco Lemus, brindó algunas declaraciones a este medio, en las que manifestó que la demanda por daños ambientales fue interpuesta en el mes de diciembre de 2019 ante el juzgado ambiental de Santa Tecla, pero que desde entonces el exjuez Menéndez Contreras la ha estado bloqueando al principio con decisiones contrarias a los estándares internacionales de protección al derecho humano al medio ambiente, que ya fueron rechazadas en una ocasión por la Cámara Ambiental que le ordenó al citado juez que prosiguiera con el proceso judicial.
A pesar de la orden directa de la Cámara Ambiental, Lemus manifiesta que el Ex juez nuevamente desobedeció la resolución del tribunal superior y en su lugar rechazó la demanda sin darle oportunidad a que se desarrollara el debido proceso, donde existe abundante prueba de los daños ambientales y por los que se exige a la empresa de Salume que le responda a la comunidad con las reparaciones e indemnizaciones correspondientes.
De acuerdo al abogado ambientalista, la Cámara Ambiental corrige con base a la legalidad el intento de crear impunidad cometido por el exjuez ambiental de Santa Tecla al no convocar a las partes a audiencia y dar por cerrado el caso, ahora el tribunal superior ordena anular esa decisión y que se convoque a audiencia donde se discuta la exigencia principal que consiste en que la empresa de Salume repare los daños ambientales ocasionados.
En tal sentido, Lemus recordó que los Principios Ambientales certificados por Naciones Unidas, claramente prohíben las disposiciones o actos de carácter regresivo, que en lugar de servir para hacer efectivo el derecho humano -individual y colectivo- al medio ambiente pretendan limitarlos como intentó el exjuez ambiental que manifestaba que el citado abogado no podía hacer un reclamo de daños ambientales porque no demostraba haber sido directamente afectado.
“Acá se trata de una lucha porque se respeten los derechos humanos, en especial los del medio ambiente ante el grave deterioro que tienen los recursos naturales en el país y que se terminen los privilegios de poderosos empresarios que no les importa contaminar, afectando a comunidades vulnerables con tal de obtener más riqueza. Es por esta razón de vital importancia la resolución de la Cámara Ambiental que no deja en la impunidad el caso del botadero municipal de La Libertad y es prueba que el camino porque lleguemos a gozar de un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible es deber de todos y todas”, reafirmó Lemus.
Finalmente el abogado destacó que presentará una comunicación ante el Relator de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, para que pueda brindarse un acompañamiento sobre este caso, donde está en juego que las comunidades cercanas al Botadero reciban una reparación ambiental por los daños ocasionados y que además pedirá contralorías que verifiquen si el permiso ambiental que se le otorgó en diciembre 2018 a la empresa PULSEM para disponer hasta 500 toneladas diarias cumplió con los requisitos legales o no.
Cabe recordar que el permiso ambiental al que hace referencia el abogado fue emitido con fecha 10 de diciembre de 2018 durante un fuerte cuestionamiento a la exministra del MARN, Lina Pohl, actualmente prófuga de la justicia, por permitir que el botadero recibiera más basura de la que tenía autorizado. Además, ese permiso fue firmado por delegación del Expresidente Salvador Sánchez Cerén por el (entonces) viceministro del MARN, Ángel Ibarra, a pesar que solo dos meses antes se habían realizado señalamientos de incumplimiento al citado Botadero que no estaban superados y que implicaban graves riesgos ambientales para los vecinos del lugar.
El ministro de Obras Públicas, Romeo herrera, y el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, brindaron detalles este día sobre la implementación del sistema de fotomultas que arrancará este miércoles 22 de enero a las 12:00 a.m. en la autopista a Comalapa.
Romeo Herrera reiteró que en dicha autopista el límite de velocidad máxima será de 110 kilómetros por hora para vehículos particulares, y hasta 80 km/h para vehículos del transporte de carga. Además, indicó que la carretera ya se encuentra señalizada en diferentes tramos con el límite máximo de velocidad al que se debe transitar.
El ministro del MOP explicó que los vehículos de carga debido a las dimensiones y la cantidad de mercancías con las que viajan deben tener una velocidad mucho más reducida que los vehículos particulares.
«Hay algunos tramos de la autopista a Comalapa que la hemos señalizado con un máximo de 90 km/h porque tenemos la Terminal del Sur de San Marcos, por ejemplo, donde hay mucho bus y microbús, alto tráfico peatonal que hace difícil ir a 110 km/h», dijo herrera
Por su parte, Nelson Reyes también explico que en dicha carretera se contará con el sistema de pesaje dinámico, un mecanismo que permitirá a las autoridades identificar el pesaje del transporte de carga al transitar por la vía, pero también, verificarán si dichos vehículos circulan en el carril derecho de la carretera.
«Reiteramos que en autopista Comalapa vamos a identificar con el sistema de fotomulta las infracciones por excesiva velocidad, uso de carril indebido en el caso de transporte de carga, así como la circulación del transporte de carga en horarios no permitidos», señaló Reyes.
La autopista a Comalapa será la segunda carretera de El Salvador donde se implementará el sistema de fotomultas, una medida que busca reducir el índice de accidentes viales por diferentes causas. La primer vía con este sistema inteligente fue el bulevar Monseñor Romero, donde arrancó en funcionamiento el pasado 9 de enero.
El Ministerio de Salud de Nicaragua confirmó en la noche de este martes el fallecimiento de Carlos Mauricio Funes Cartagena, expresidente de El Salvador, quien tenía 65 años y se encontraba asilado en el país desde 2016. Funes había huido de su nación natal tras ser acusado de múltiples delitos de corrupción.
Funes fue el primer presidente de El Salvador perteneciente al partido de izquierda FMLN, ocupando el cargo desde 2009 hasta 2014. Aunque la causa exacta de su muerte aún no ha sido divulgada, se había informado en las últimas horas que su estado de salud era crítico.
Un comunicado del gobierno nicaragüense, emitido en la tarde del martes, había indicado que el expresidente se encontraba en una situación de salud «delicada», aunque no se proporcionaron detalles específicos sobre su condición.
Un fugitivo de la justicia salvadoreña
El exmandatario se vio envuelto en severos problemas legales tras ser acusado de malversar 351 millones de dólares, entre otros cargos de corrupción, lo que lo llevó a buscar asilo en Nicaragua a mediados de 2016. En 2019, el gobierno de Daniel Ortega le otorgó la nacionalidad nicaragüense.
Funes enfrentaba cinco procesos penales en su país, incluyendo la acusación de malversación de fondos. En mayo de 2023, fue condenado en ausencia a 14 años de prisión por su vinculación con agrupaciones ilícitas y por incumplimiento de deberes, en relación con un acuerdo de tregua con pandillas. Posteriormente, en junio de 2024, fue condenado también en ausencia a ocho años de prisión por lavado de dinero y activos, tras ser hallado culpable de favorecer a una empresa guatemalteca en la adjudicación de la construcción de un puente.
El ex presidente salvadoreño Mauricio Funes Cartagena, actualmente refugiado en Nicaragua, se encuentra en un estado de salud crítico, según un comunicado del Ministerio de Salud nicaragüense emitido este martes. Funes, de 65 años, ha estado recibiendo atención médica en el país centroamericano desde 2016, cuando el régimen de Daniel Ortega le concedió la nacionalidad nicaragüense, lo que le ha permitido eludir su extradición a El Salvador.
Funes es objeto de múltiples procesos judiciales por corrupción, enfrentando graves acusaciones relacionadas con su mandato presidencial entre 2009 y 2014. En 2024, fue condenado a ocho años de prisión por recibir una avióneta como soborno en el marco de un proyecto de infraestructura. Además, ha sido señalado por su papel en la controvertida «Tregua con pandillas» que tuvo lugar entre 2011 y 2013, donde se le acusa de negociar con grupos criminales a cambio de beneficios políticos. También ha sido condenado por evasión fiscal por un monto superior a 85 mil dólares.
La Fiscalía General de la República de El Salvador ha iniciado diversos procesos judiciales en su contra, incluyendo su implicación en el caso «Saqueo Público», donde se le atribuye el lavado de más de 351 millones de dólares provenientes de fondos públicos. Asimismo, enfrenta órdenes de captura por presuntos sobornos al ex fiscal general Luis Martínez y por malversación de fondos en la construcción de la presa El Chaparral. A pesar de las condenas y las investigaciones en curso, Funes continúa protegido por el gobierno de Ortega.
El comunicado sobre su salud, autorizado por su familia, señala que su condición es «de extrema gravedad», aunque no se especifican los detalles de su enfermedad. A pesar de su inactividad en redes sociales desde el 7 de enero, Funes sigue siendo una figura activa en medios y plataformas afines al régimen que lo resguarda.
Este caso pone de manifiesto la protección que el gobierno de Ortega ha extendido a Funes y a otros ex funcionarios de su administración, como el ex presidente Salvador Sánchez Cerén, quien también se encuentra refugiado en Nicaragua afrontando cargos similares en El Salvador.
