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Cámara Ambiental anula decisión de juez, que pretendía que botadero propiedad de Salume evadiera responder por daños ambientales
Tomado de La Noticia SV
El 17 de febrero del presente año se llevó a cabo audiencia de apelación ante la Cámara Ambiental, la cual tuvo como resultado que el citado Tribunal de Segunda Instancia declarase nula la resolución judicial que el exjuez ambiental interino Rafael Menéndez Contreras pronunció ilegalmente con la intención de favorecer a la Sociedad PUL, S.E.M. DE C.V., propiedad del Sr. Salume, al evitarle tener que responder sobre una demanda por daños ambientales cometidos durante los años 2017 y 2018, en los que estuvo brindado servicios de disposición final de la basura por sobre la capacidad que tenía autorizada a recibir para darle tratamiento, provocando con esto un deterioro ambiental en la zona.
De acuerdo a expedientes judiciales en que se le impuso en el pasado medidas cautelares por el juzgado ambiental, durante el periodo en que se reclama los daños ambientales, el botadero del Puerto de La Libertad, propiedad de Salume solamente contaba con permiso de funcionamiento emitido por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) para darle tratamiento a aproximadamente 45 toneladas de basura diariamente; sin embargo, la empresa de Salume suscribió contratos con alcaldías que requería disponer volúmenes superiores de basura, como las de Santa Tecla y San Salvador (fines de 2018) así como en instituciones como la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) en la cual la empresa falsamente hizo creer que contaba con el permiso suficiente para brindar el servicio, a pesar que esa conducta incurría en la sanción dispuesta en el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado no se ha inhabilitado a la empresa de Salume por el plazo de cinco años, sino que presuntamente se le ha favorecido permitiéndole que siga adquiriendo contratos con la administración pública, lo que sería un acto de corrupción e impunidad.
El abogado especialista en derecho ambiental, Edgardo Francisco Lemus, brindó algunas declaraciones a este medio, en las que manifestó que la demanda por daños ambientales fue interpuesta en el mes de diciembre de 2019 ante el juzgado ambiental de Santa Tecla, pero que desde entonces el exjuez Menéndez Contreras la ha estado bloqueando al principio con decisiones contrarias a los estándares internacionales de protección al derecho humano al medio ambiente, que ya fueron rechazadas en una ocasión por la Cámara Ambiental que le ordenó al citado juez que prosiguiera con el proceso judicial.
A pesar de la orden directa de la Cámara Ambiental, Lemus manifiesta que el Ex juez nuevamente desobedeció la resolución del tribunal superior y en su lugar rechazó la demanda sin darle oportunidad a que se desarrollara el debido proceso, donde existe abundante prueba de los daños ambientales y por los que se exige a la empresa de Salume que le responda a la comunidad con las reparaciones e indemnizaciones correspondientes.
De acuerdo al abogado ambientalista, la Cámara Ambiental corrige con base a la legalidad el intento de crear impunidad cometido por el exjuez ambiental de Santa Tecla al no convocar a las partes a audiencia y dar por cerrado el caso, ahora el tribunal superior ordena anular esa decisión y que se convoque a audiencia donde se discuta la exigencia principal que consiste en que la empresa de Salume repare los daños ambientales ocasionados.
En tal sentido, Lemus recordó que los Principios Ambientales certificados por Naciones Unidas, claramente prohíben las disposiciones o actos de carácter regresivo, que en lugar de servir para hacer efectivo el derecho humano -individual y colectivo- al medio ambiente pretendan limitarlos como intentó el exjuez ambiental que manifestaba que el citado abogado no podía hacer un reclamo de daños ambientales porque no demostraba haber sido directamente afectado.
“Acá se trata de una lucha porque se respeten los derechos humanos, en especial los del medio ambiente ante el grave deterioro que tienen los recursos naturales en el país y que se terminen los privilegios de poderosos empresarios que no les importa contaminar, afectando a comunidades vulnerables con tal de obtener más riqueza. Es por esta razón de vital importancia la resolución de la Cámara Ambiental que no deja en la impunidad el caso del botadero municipal de La Libertad y es prueba que el camino porque lleguemos a gozar de un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible es deber de todos y todas”, reafirmó Lemus.
Finalmente el abogado destacó que presentará una comunicación ante el Relator de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, para que pueda brindarse un acompañamiento sobre este caso, donde está en juego que las comunidades cercanas al Botadero reciban una reparación ambiental por los daños ocasionados y que además pedirá contralorías que verifiquen si el permiso ambiental que se le otorgó en diciembre 2018 a la empresa PULSEM para disponer hasta 500 toneladas diarias cumplió con los requisitos legales o no.
Cabe recordar que el permiso ambiental al que hace referencia el abogado fue emitido con fecha 10 de diciembre de 2018 durante un fuerte cuestionamiento a la exministra del MARN, Lina Pohl, actualmente prófuga de la justicia, por permitir que el botadero recibiera más basura de la que tenía autorizado. Además, ese permiso fue firmado por delegación del Expresidente Salvador Sánchez Cerén por el (entonces) viceministro del MARN, Ángel Ibarra, a pesar que solo dos meses antes se habían realizado señalamientos de incumplimiento al citado Botadero que no estaban superados y que implicaban graves riesgos ambientales para los vecinos del lugar.
Con el fin de dinamizar la economía, respaldar el bolsillo de los salvadoreños e impulsar los negocios, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 59 votos, la creación e implementación de la Ley Quincena 25.
Dicha normativa, que consta de nueve artículos, fue propuesta por el presidente de la República, Nayib Bukele, y consiste en entregar un ingreso complementario equivalente al 50 % del salario mensual. Este beneficio se pagará entre el 15 y el 25 de enero de cada año a trabajadores del sector público y privado que ganan hasta $1,500.
De acuerdo a lo expuesto en la sesión plenaria 93, dicho monto no sustituirá el salario y no tendrá descuentos de Impuesto sobre la Renta, del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) ni AFP, tampoco podrá ser embargado.
El jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, esta medida beneficiará al 94 % de los asalariados, a las familias, a los grandes y pequeños negocios.
“El mes de enero aprieta más duro y esto es porque en diciembre se aumentan los gastos, por lo que esta medida es para arreglar un problema estructural”, aseguró el también presidente de la Comisión de Hacienda. “Con este dinero se dinamizará la economía a toda escala y de manera local”, agregó.
El Gobierno será el primero en cumplir esta ley con todos los empleados públicos, a partir de este mes.
Mientras tanto, en el sector privado, la implementación de la medida será de forma gradual. Este año, el pago será voluntario, las empresas que lo entreguen tendrán un incentivo fiscal, que consistirá en deducir el 100 % del impuesto de la renta del monto brindado.
Por otro lado, de acuerdo al artículo 3, habrá una condición especial cuando se declare terminado un contrato de trabajo con responsabilidad para el patrono o empleador o cuando la persona beneficiada sea despedida sin causa legal, antes del 25 de enero, tendrá derecho a que se le pague la compensación económica adicional.
Esta no es la primera vez que los parlamentarios le brindan gobernabilidad al presidente Bukele, pues ha habido otras medidas que han ayudado a palear dificultades económicas. Entre ellas, la aprobación de la entrega anticipada del aguinaldo para los empleados (tanto del sector público como privado) y el pago de la pensión de Navidad y aguinaldo a las personas retiradas, así como el pago de cuotas alimenticias.
Los presidentes Rodrigo Chaves Robles de Costa Rica y Nayib Bukele de El Salvador encabezaron este miércoles la ceremonia de colocación de la primera piedra del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), un megaproyecto penitenciario ubicado en San Rafael de Alajuela, dentro del complejo La Reforma.
El acto oficializa el inicio de las obras de una infraestructura de alta seguridad con capacidad para 5.100 reclusos, enmarcada en la alianza bilateral “Escudo de las Américas” para combatir el crimen organizado transnacional.
El CACCO, que demandará una inversión aproximada de ₡21.000 millones (alrededor de 35-40 millones de dólares), consta de cinco módulos con estrictos protocolos de contención y busca aislar a líderes de bandas criminales, sicarios, extraditables y reos de alta peligrosidad, al tiempo que alivia el hacinamiento en el sistema penitenciario costarricense. Las autoridades estiman que la construcción tomará unos 200 días, con finalización prevista para finales de 2026.
Durante la conferencia de prensa conjunta y el acto simbólico, ambos mandatarios enfatizaron que esta no es solo una ampliación de infraestructura, sino un cambio de paradigma en la lucha contra estructuras criminales que operan en la región. Bukele, en su intervención, reiteró los riesgos de dejar crecer la inseguridad: “Cuando la inseguridad avanza, se cae el trabajo, se complica la educación y se frena la economía. La gente deja de salir, los negocios cierran temprano, la inversión se va y el turismo desaparece”.
El presidente salvadoreño recordó la experiencia de su país antes del control de las pandillas, donde estas ejercían un “gobierno paralelo” mediante extorsiones, asesinatos y violaciones sistemáticas.
“Cuando la delincuencia se toma el país —cosa que aún no pasa en Costa Rica—, la criminalidad llega a ser un gobierno paralelo. El país tiene dos gobiernos: el oficial, elegido por el pueblo, y el gobierno paralelo, que es la dictadura de las pandillas, de los criminales y de los narcos”, declaró.Bukele destacó el impacto del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, donde se eliminaron privilegios como el uso de celulares y computadoras para dirigir operaciones desde prisión: “Nuestras cárceles se habían convertido en universidades del crimen. Había criminales con privilegios, metían prostitutas y subían videos a YouTube de sus fiestas.
En 2014 y 2015, ellos grababan y subían sus videos a redes sociales”.Chaves, por su lado, agradeció la asesoría técnica de El Salvador, que incluyó diseños, estudios y protocolos de seguridad, permitiendo ahorros millonarios: “El señor presidente Nayib Bukele nos ha dado la crónica de una dictadura del crimen organizado. Solo los tontos no aprenden de una mente ajena. Además, el presidente Bukele está aquí porque este proyecto se ha beneficiado con millones de colones que hubiéramos tenido que invertir en diseños y en estudios para su construcción; pero El Salvador, una vez más, colaboró con Costa Rica como lo ha hecho en otras ocasiones”.
El proyecto ganó impulso tras la visita de Bukele a La Reforma en noviembre de 2024 y la gira de Chaves al CECOT en diciembre de 2025. Esta es la cuarta reunión de alto nivel entre ambos líderes, consolidando una relación estrecha centrada en la cooperación regional. La alianza “Escudo de las Américas”, firmada en diciembre de 2025 en Coatepeque (El Salvador), impulsa el intercambio de información y experiencias para enfrentar narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y lavado de dinero, con invitación abierta a otros países.
El evento, que incluyó movimientos de tierra ya en marcha, se da en plena campaña electoral costarricense (a 15 días de las elecciones nacionales), lo que ha generado debate sobre el timing político. Sin embargo, ambos gobiernos lo presentan como un mensaje inequívoco de unidad y determinación: la seguridad ciudadana es el pilar para la prosperidad económica, social y turística de la región centroamericana.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla impuso una condena de diez años de cárcel a Raúl de Jesús Guardado Ramos, tras encontrarlo culpable del delito de robo agravado. Los hechos por los que fue sentenciado ocurrieron en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.
Según la relación circunstanciada de los hechos, el incidente ocurrió el 19 de mayo de 2024, cuando la víctima esperaba transporte público.
En ese momento, fue interceptada por Guardado Ramos, quien la persuadió para que abordara su vehículo. Posteriormente, la condujo a un lugar aislado, donde cometió el robo. Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó que el condenado cancele $60 en concepto de responsabilidad civil a favor de la víctima.
