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Cámara Ambiental anula decisión de juez, que pretendía que botadero propiedad de Salume evadiera responder por daños ambientales
Tomado de La Noticia SV
El 17 de febrero del presente año se llevó a cabo audiencia de apelación ante la Cámara Ambiental, la cual tuvo como resultado que el citado Tribunal de Segunda Instancia declarase nula la resolución judicial que el exjuez ambiental interino Rafael Menéndez Contreras pronunció ilegalmente con la intención de favorecer a la Sociedad PUL, S.E.M. DE C.V., propiedad del Sr. Salume, al evitarle tener que responder sobre una demanda por daños ambientales cometidos durante los años 2017 y 2018, en los que estuvo brindado servicios de disposición final de la basura por sobre la capacidad que tenía autorizada a recibir para darle tratamiento, provocando con esto un deterioro ambiental en la zona.
De acuerdo a expedientes judiciales en que se le impuso en el pasado medidas cautelares por el juzgado ambiental, durante el periodo en que se reclama los daños ambientales, el botadero del Puerto de La Libertad, propiedad de Salume solamente contaba con permiso de funcionamiento emitido por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) para darle tratamiento a aproximadamente 45 toneladas de basura diariamente; sin embargo, la empresa de Salume suscribió contratos con alcaldías que requería disponer volúmenes superiores de basura, como las de Santa Tecla y San Salvador (fines de 2018) así como en instituciones como la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) en la cual la empresa falsamente hizo creer que contaba con el permiso suficiente para brindar el servicio, a pesar que esa conducta incurría en la sanción dispuesta en el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado no se ha inhabilitado a la empresa de Salume por el plazo de cinco años, sino que presuntamente se le ha favorecido permitiéndole que siga adquiriendo contratos con la administración pública, lo que sería un acto de corrupción e impunidad.
El abogado especialista en derecho ambiental, Edgardo Francisco Lemus, brindó algunas declaraciones a este medio, en las que manifestó que la demanda por daños ambientales fue interpuesta en el mes de diciembre de 2019 ante el juzgado ambiental de Santa Tecla, pero que desde entonces el exjuez Menéndez Contreras la ha estado bloqueando al principio con decisiones contrarias a los estándares internacionales de protección al derecho humano al medio ambiente, que ya fueron rechazadas en una ocasión por la Cámara Ambiental que le ordenó al citado juez que prosiguiera con el proceso judicial.
A pesar de la orden directa de la Cámara Ambiental, Lemus manifiesta que el Ex juez nuevamente desobedeció la resolución del tribunal superior y en su lugar rechazó la demanda sin darle oportunidad a que se desarrollara el debido proceso, donde existe abundante prueba de los daños ambientales y por los que se exige a la empresa de Salume que le responda a la comunidad con las reparaciones e indemnizaciones correspondientes.
De acuerdo al abogado ambientalista, la Cámara Ambiental corrige con base a la legalidad el intento de crear impunidad cometido por el exjuez ambiental de Santa Tecla al no convocar a las partes a audiencia y dar por cerrado el caso, ahora el tribunal superior ordena anular esa decisión y que se convoque a audiencia donde se discuta la exigencia principal que consiste en que la empresa de Salume repare los daños ambientales ocasionados.
En tal sentido, Lemus recordó que los Principios Ambientales certificados por Naciones Unidas, claramente prohíben las disposiciones o actos de carácter regresivo, que en lugar de servir para hacer efectivo el derecho humano -individual y colectivo- al medio ambiente pretendan limitarlos como intentó el exjuez ambiental que manifestaba que el citado abogado no podía hacer un reclamo de daños ambientales porque no demostraba haber sido directamente afectado.
“Acá se trata de una lucha porque se respeten los derechos humanos, en especial los del medio ambiente ante el grave deterioro que tienen los recursos naturales en el país y que se terminen los privilegios de poderosos empresarios que no les importa contaminar, afectando a comunidades vulnerables con tal de obtener más riqueza. Es por esta razón de vital importancia la resolución de la Cámara Ambiental que no deja en la impunidad el caso del botadero municipal de La Libertad y es prueba que el camino porque lleguemos a gozar de un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible es deber de todos y todas”, reafirmó Lemus.
Finalmente el abogado destacó que presentará una comunicación ante el Relator de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, para que pueda brindarse un acompañamiento sobre este caso, donde está en juego que las comunidades cercanas al Botadero reciban una reparación ambiental por los daños ocasionados y que además pedirá contralorías que verifiquen si el permiso ambiental que se le otorgó en diciembre 2018 a la empresa PULSEM para disponer hasta 500 toneladas diarias cumplió con los requisitos legales o no.
Cabe recordar que el permiso ambiental al que hace referencia el abogado fue emitido con fecha 10 de diciembre de 2018 durante un fuerte cuestionamiento a la exministra del MARN, Lina Pohl, actualmente prófuga de la justicia, por permitir que el botadero recibiera más basura de la que tenía autorizado. Además, ese permiso fue firmado por delegación del Expresidente Salvador Sánchez Cerén por el (entonces) viceministro del MARN, Ángel Ibarra, a pesar que solo dos meses antes se habían realizado señalamientos de incumplimiento al citado Botadero que no estaban superados y que implicaban graves riesgos ambientales para los vecinos del lugar.
La Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) dio un nuevo paso en el fortalecimiento de su marco institucional al recibir oficialmente la certificación del sistema de gestión antisoborno basada en la norma internacional ISO 37001, otorgada por AENOR Centroamérica, durante un acto institucional celebrado este martes.
La certificación ISO 37001 acredita que la CNAD cuenta con procesos formales, controles internos y una cultura organizacional orientada a la prevención, detección y gestión de riesgos relacionados con el soborno, alineados con estándares internacionales de transparencia, ética y buenas prácticas de gobernanza. Este reconocimiento adquiere especial relevancia en un contexto donde El Salvador busca consolidarse como un hub regional para los activos digitales y la innovación financiera.
Juan Carlos Reyes, presidente de la Comisión, destacó que la certificación no es un simple trámite administrativo, sino una decisión estratégica coherente con la naturaleza de la tecnología blockchain y con la visión institucional del regulador.
«Desde que asumí la presidencia de la Comisión dije que nuestro enfoque debía ser transparente, justo y el mismo para todos. Esa es precisamente la tecnología con la que trabajamos: blockchain, que es inmutable, transparente y trazable. Hoy celebramos un éxito colectivo que demuestra ese compromiso», afirmó Reyes.
El titular de la CNAD subrayó que el proceso implicó un esfuerzo integral de todo el equipo, incluyendo evaluaciones individuales, auditorías externas y la adopción rigurosa de procedimientos internos. «Todos en la Comisión tuvimos que estudiar, evaluarnos y pasar pruebas específicas sobre antisoborno. No es algo sencillo ni automático, pero lo tomamos con seriedad porque creemos en estos estándares», señaló.
Por su parte, Arnulfo Pino Figueroa, director general de AENOR Centroamérica, explicó que la certificación es el resultado de una decisión institucional de alto nivel y de un proceso técnico exigente. «Más que un acto protocolario, esto es la celebración de una decisión estratégica de cumplir con estándares internacionales como la norma ISO 37001. La CNAD se posiciona como una institución que gestiona activos digitales con responsabilidad, ética y apego a las mejores prácticas internacionales», afirmó.
Pino Figueroa detalló que el proceso de certificación se desarrolla en varias etapas, que incluyen evaluaciones de conformidad, auditorías internas y externas, análisis de riesgos y verificación de la aplicación práctica de los controles definidos. «El cumplimiento normativo no debe quedarse en el papel. La verdadera cultura antisoborno se construye cuando los procesos se aplican en el día a día y evolucionan junto con los riesgos y los contextos nacionales e internacionales», explicó.
El representante de AENOR también destacó que la certificación tiene validez internacional y está respaldada por una firma con presencia en más de 80 países, lo que refuerza su credibilidad ante actores globales. «Este certificado no solo tiene validez nacional y regional, sino también internacional, con la solidez de una marca reconocida a nivel mundial», puntualizó.
Durante el acto estuvieron presentes miembros del Consejo Directivo de la Comisión, entre ellos César Alejandro Córdova y Carlos David Aguilar, así como personal técnico y administrativo de la institución, quienes participaron activamente en el proceso de implementación del sistema de gestión antisoborno.
En declaraciones posteriores, Reyes enfatizó que la certificación tendrá un impacto directo en la confianza del mercado y en la relación con las empresas que buscan operar bajo el marco regulatorio salvadoreño. «Este sello envía un mensaje claro: la Comisión es transparente, no se presta a sobornos y aplica procesos rigurosos e iguales para todos. Es una garantía para quienes quieren invertir y desarrollar proyectos serios en El Salvador», afirmó.
Asimismo, adelantó que la certificación será incorporada como un elemento relevante dentro del marco regulatorio y de los procesos de evaluación de los solicitantes. «Esperamos que las empresas entiendan que aquí se trabaja con reglas claras y estándares internacionales. La transparencia no es negociable», concluyó.
Con esta certificación, la CNAD refuerza su papel como un regulador joven pero técnicamente sólido, alineado con las mejores prácticas globales y comprometido con la construcción de un ecosistema de activos digitales basado en la confianza, la integridad y la transparencia institucional.
La primera infancia salvadoreña inicio el lunes su año escolar 2026 con el nuevo Currículo Nacional de Primera Infancia «una nueva forma de enseñar para una nueva forma de aprender», impulsado por la primera dama de la República, Gabriela de Bukele.
El lunes, la primera dama destacó en las redes sociales el inicio del año escolar para la primera infancia del sector educativo público y afirmó que los alumnos comenzarán esta etapa escolar con las herramientas materiales y pedagógicas necesarias para su desarrollo integral.
«Estamos listos para que el aprendizaje se viva y se convierta en una experiencia significativa para cada niño. Este nuevo año escolar comienza con una nueva forma de aprender, paquetes escolares completos, escuelas renovadas, tablets, computadoras y maestros que los esperan con entusiasmo», aseguró la primera dama de la República.
Desde el lunes pasado, la primera infancia del país cuenta con el nuevo currículo nacional que está basado en experiencias de aprendizaje y que sustituye el enfoque tradicional centrado únicamente en contenidos y reconoce que el aprendizaje ocurre cuando los niños viven, sienten y comparten.
«En este nuevo El Salvador nos estamos asegurando de que cada niño tenga más oportunidades para alcanzar su máximo potencial de desarrollo», indicó la primera dama.
El Despacho de la Primera Dama explicó que el nuevo modelo pedagógico que se aplica desde el lunes en los centros escolares del país está centrado en cuatro pilares fundamentales:
El juego, como lenguaje natural de la niñez y motor del aprendizaje; la participación, que reconoce a los niños como protagonistas de sudesarrollo: el aprendizaje activo, que integra cuerpo, emoción y exploración; y la calidad de las interacciones, entendidas como vínculos cálidos, respetuosos y significativos que favorecen el desarrollo integral y el aprendizaje.
Este nuevo currículo no se trata solo de la creación de un documento, sino de acciones y nuevas formas de enseñar y experimentar en las aulas, afirmó el Despacho de la Primera Dama.
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CIEX El Salvador supera 375 mil trámites en línea en 2025 y refuerza digitalización del comercio exterior
El Centro de Trámites de Importaciones y Exportaciones (CIEX El Salvador), administrado por el Banco Central de Reserva (BCR), autorizó en 2025 más de 165,300 exportaciones y más de 209,700 importaciones en línea, cifras que reflejan el crecimiento del comercio exterior y el avance en la digitalización de los procesos, según datos institucionales difundidos por la entidad.
CIEX funciona como la ventanilla única de comercio exterior del país, encargada de centralizar, agilizar y simplificar los trámites para operaciones de importación y exportación mediante la gestión de permisos, certificados, documentos aduaneros y pagos electrónicos en coordinación con distintas instituciones del Estado.
El sistema forma parte de la estrategia nacional de facilitación comercial, apoyada en el uso de plataformas electrónicas interconectadas que permiten la tramitación digital de autorizaciones sanitarias, certificados y documentos de transporte, contribuyendo a reducir tiempos y costos para el sector productivo.
De acuerdo con reportes económicos recientes, el dinamismo del comercio exterior también se refleja en el volumen de operaciones autorizadas, como el registro de más de 14 mil exportaciones en un solo mes de 2025, noviembre, lo que evidencia una actividad comercial sostenida y en expansión en el país.
