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Almacenes Prado devolverá $730,000 a miles de clientes por cobros indebidos
Ricardo Salazar, presidente de la Defensoría del consumidor, comunicó sobre la resolución a las quejas de miles de ciudadanos, por lo que dicho ente regulador ordenó a la sociedad GMG Servicios El Salvador, propietaria de Almacenes Prado y El Gallo más Gallo, devolver más de $730 mil a clientes que fueron cobrados en intereses excesivos.
La defensoría señala a la empresa de transgresiones a la Ley de Protección al Consumidor (LPC) y la Ley Contra la Usura.
Salazar, subrayó que en una auditoría financiera practicada a 42,276 créditos que las empresas hicieron a los clientes detectaron estas irregularidades.
La primera situación es que le cobraron intereses superiores a los permitidos a 20,618 personas por un monto de $725,470; el segundo caso es que utilizaban un método para el cálculo de los intereses contrario a lo que establece la LPC con el que cobraron $10,413 de manera ilegal.
El resto de lo detectado es que introdujeron cláusulas abusivas en los contratos, remitieron información inexacta al Banco Central de Reserva (BCR) y no remitieron información crediticia a la misma entidad.
“A juicio del Tribunal Sancionador, dichas conductas encajan en múltiples incumplimientos e infracciones, de conformidad con los artículos 17 literales b), d), f) e i); 12 y 18, literal c), en relación con el Art. 44, literal e) de la LPC; así como las establecidas en los artículos 6, 7 y 12 de la Ley Contra la Usura”, publicó la Defensoría, en un comunicado oficial.
Es por lo anterior que el Tribunal Sancionador ordenó a la sociedad GMG Servicios El Salvador reintegrar $735, 884 a favor de 21,096 clientes.
A la sociedad se le ha dado un plazo de 10 días a partir del 29 de enero, fecha del escrito por parte del Tribunal, para el pago de la multa en el Ministerio de Hacienda y en caso de que no cumpla será la Fiscalía General de la República (FGR) la que intervenga.
“La Defensoría del Consumidor reitera que no permitirá la vulneración de derechos de los consumidores, persiguiendo las prácticas ilegales con todos los recursos que le permite el marco jurídico vigente”, añade la institución.
El accidente ocurrió en el kilómetro 79 ½ de dicha vía, cuando el conductor de un camión que transportaba trabajadores de una hacienda perdió el control del vehículo y volcó a un costado de la carretera.
Producto del accidente, una persona falleció en el lugar, mientras que otras 14 resultaron lesionadas. De estas, tres fueron trasladadas a un centro hospitalario para recibir atención médica.
El conductor fue identificado como Ángel Moya Serrano, quien será remitido por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, según informó la Policía Nacional Civil.
De acuerdo con la inspección policial, la causa del accidente fue la velocidad inadecuada, lo que habría provocado la pérdida de control del vehículo.
Las autoridades indicaron que, tras atender la emergencia y realizar las inspecciones correspondientes, el paso vehicular en la zona ya fue habilitado.
El Gobierno continúa beneficiando a cientos de familias salvadoreñas con una vivienda propia. Durante la gestión del presidente Nayib Bukele, se han invertido $56 millones a través del Programa de Reasentamientos impulsado por el Ministerio de Vivienda, en coordinación con las instituciones del Sistema de Vivienda.
La ministra de Vivienda, Michelle Sol, afirmó que el programa brinda un espacio seguro, accesible y de calidad, sobre todo a las familias que vivían en zonas de peligro como ríos, quebradas, taludes o cárcavas y que en cada temporada lluviosa tenían que ser albergadas.
«Este esfuerzo [la entrega de viviendas] forma parte del Programa de Reasentamientos, que ya alcanza una inversión de $56 millones, beneficiando a familias en condición de riesgo, vulnerabilidad o afectadas por fenómenos naturales», destacó Sol.
Asimismo, en fechas anteriores, Sol ha mencionado que cuando llegaron al Gobierno encontraron un déficit habitacional elevado, familias que vivían en zonas de alto riesgo y a eso a lo que le han estado apostado durante toda la administración Bukele.
Es importante destacar que, a través de las diferentes modalidades de intervención, el Ministerio de Vivienda brinda una solución habitacional adecuada e integral, procurando el arraigo, el tejido social, redes de apoyo y las mejores condiciones de vida de las familias, garantizando servicios urbanos y escrituras de propiedad.
También, como parte del programa, la ministra informó recientemente que los equipos sociales del Sistema de Vivienda han concluido el censo de las familias de las comunidades de alto riesgo Río Mar y Chilama 1 y 2, a quienes se les ha presentado un proyecto habitacional para su reubicación.
Recientemente, Michelle Sol entregó viviendas a 16 familias de la Lotificación La Aguja, en La Libertad Costa, en el marco de este programa. La inversión social por cada vivienda fue de $35,000, sumando un total de $560,000.
Las viviendas constan de dos habitaciones, sala, comedor, cocina, lavatrastos de acero inoxidable, baño completo, pila, ventanas tipo francesa, puerta balcón y cuentan con los servicios básicos de agua potable y energía eléctrica.
En Soyapango, la Policía Nacional Civil (PNC), confirmó la captura de José Luis Obando Vásquez, de 38 años, quien ingreso a un local para hurtar 47 teléfonos celulares y otros dispositivos por un monto de $25,000.
Según el informe policial el saqueador se ocultó en un establecimiento contiguo al local y por la noche abrió un agujero para ingresar a la tienda de donde sustrajo los celulares.
Tras cometer el hurto se desplazó por el techo hasta llegar al baño de un restaurante donde permaneció escondido a esperar que abrieran y salir con los aparatos.
La Policía recibió la denuncia de lo hurtado y tras una búsqueda en la zona, equipos de investigadores lo ubicaron y le decomisaron 47 dispositivos.
«Además se encontraron 23 celulares y una tableta en varias partes del establecimiento donde se ocultó. El valor de lo incautado es de aproximadamente $25,000. Será remitido por el delito de hurto», publico la PNC.
El detenido será puesto a la orden de la Fiscalía General de la República para que en los próximos 15 días sea acusado ante un juzgado de paz de ese distrito y enfrente la primera audiencia por el delito de hurto.
El delito de hurto es sancionado con prisión de dos a cinco años si el valor de lo sustraído sobrepasa los $20 y si al momento de acusar la Fiscalía inicia la causa como hurto agravado la pena a imponer es de cinco a ocho años de cárcel.
