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Alcalde de Nuevas Ideas denuncia que alcaldía de Zaragoza estaría quebrada y con plazas fantasmas
Con deudas, sin camiones recolectores de basura y con decenas de plazas fantasmas, así asegura haber encontrado la alcaldía de Zaragoza el nuevo alcalde Cesar Godoy del partido Nuevas Ideas.
El nuevo edil por el partido celeste viene a sustituir a Antonio Martínez, del partido ARENA.
El nuevo edil describe el estado de su municipio como “sucio, inseguro y sin ningún atractivo turístico” que “ha sido gobernado por mucho tiempo por personas que han visto a la alcaldía como empresas familiares”.
Godoy señala que una de las primeras acciones que están realizando en una auditoría en la que ya se han encontrado irregularidades como personas trabajando que han llegado por favores políticos de los exalcaldes.
“Zaragoza es una alcaldía relativamente pequeña donde fácilmente la podrían administrar 60 personas, pero es todo lo contrario, es una alcaldía que tiene 200 empleados, una alcaldía donde se recaudan de impuestos y tributos un millón y medio de dólares al año y se gasta en empleados un millón y medio de dólares no quedando absolutamente nada para obras”.
Entre el exceso de trabajadores, asegura, no solo hay familiares del último alcalde, sino de varios.
“Es una alcaldía donde la manejaba un grupo de amigos, donde en el tiempo de Dani Rodríguez del PCN metió a sus familiares y sus amigos… luego estuvo Javier Guevara e hizo un pacto con el exalcalde no sacó a los familiares y amigos y él volvió a meter a sus familiares y amigos y luego tuvimos al alcalde de ARENA y él metió a sus familiares y amigos y pues todos iban topando la alcaldía”.
Referente a las finanzas, Godoy señala que la comuna está quebrada al punto en que la administración anterior se fue y no les pagó a los trabajadores, solo hizo los desembolsos para el alcalde y su concejo municipal.
“No se pagaban AFP, no se pagaba Seguro Social, sin internet, sin energía eléctrica, con $80 mil de deuda… la alcaldía solo cuenta con cuatro vehículos y en las plazas aparecen 20 motoristas que no sabemos para qué”.
Añadió que han encontrado unas 20 plazas fantasmas que son familiares del último alcalde, Antonio Martínez que “sí han llegado a cobrar, pero no aparecen las personas”.
“Hay jefaturas que tenían seis asistentes, hasta ocho asistentes y hay asistentes que ganan más que las jefaturas y dejaban a las personas verdaderamente necesitadas sin obras porque todo el dinero se iba en pagar empleados”.
Aparte de la auditoría se han enfocado en la recolección de los desechos sólidos ya que había zonas donde no se había hecho en tres meses.
“No tenemos siquiera camiones de basura, en un tiempo atrás se tuvo, pero ahora no. Tenían tres meses sin recoger la basura, llevamos aproximadas unas 700 toneladas de basura que hemos sacado, hay una empresa que es la del botadero que no nos quería recibir la basura porque se le deben $100 mil”.
Por el momento la comuna está alquilando camiones y está recibiendo apoyo de ciudadanos para la recolección de los desechos.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
