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Alcalde de Nuevas Ideas denuncia que alcaldía de Zaragoza estaría quebrada y con plazas fantasmas
Con deudas, sin camiones recolectores de basura y con decenas de plazas fantasmas, así asegura haber encontrado la alcaldía de Zaragoza el nuevo alcalde Cesar Godoy del partido Nuevas Ideas.
El nuevo edil por el partido celeste viene a sustituir a Antonio Martínez, del partido ARENA.
El nuevo edil describe el estado de su municipio como “sucio, inseguro y sin ningún atractivo turístico” que “ha sido gobernado por mucho tiempo por personas que han visto a la alcaldía como empresas familiares”.
Godoy señala que una de las primeras acciones que están realizando en una auditoría en la que ya se han encontrado irregularidades como personas trabajando que han llegado por favores políticos de los exalcaldes.
“Zaragoza es una alcaldía relativamente pequeña donde fácilmente la podrían administrar 60 personas, pero es todo lo contrario, es una alcaldía que tiene 200 empleados, una alcaldía donde se recaudan de impuestos y tributos un millón y medio de dólares al año y se gasta en empleados un millón y medio de dólares no quedando absolutamente nada para obras”.
Entre el exceso de trabajadores, asegura, no solo hay familiares del último alcalde, sino de varios.
“Es una alcaldía donde la manejaba un grupo de amigos, donde en el tiempo de Dani Rodríguez del PCN metió a sus familiares y sus amigos… luego estuvo Javier Guevara e hizo un pacto con el exalcalde no sacó a los familiares y amigos y él volvió a meter a sus familiares y amigos y luego tuvimos al alcalde de ARENA y él metió a sus familiares y amigos y pues todos iban topando la alcaldía”.
Referente a las finanzas, Godoy señala que la comuna está quebrada al punto en que la administración anterior se fue y no les pagó a los trabajadores, solo hizo los desembolsos para el alcalde y su concejo municipal.
“No se pagaban AFP, no se pagaba Seguro Social, sin internet, sin energía eléctrica, con $80 mil de deuda… la alcaldía solo cuenta con cuatro vehículos y en las plazas aparecen 20 motoristas que no sabemos para qué”.
Añadió que han encontrado unas 20 plazas fantasmas que son familiares del último alcalde, Antonio Martínez que “sí han llegado a cobrar, pero no aparecen las personas”.
“Hay jefaturas que tenían seis asistentes, hasta ocho asistentes y hay asistentes que ganan más que las jefaturas y dejaban a las personas verdaderamente necesitadas sin obras porque todo el dinero se iba en pagar empleados”.
Aparte de la auditoría se han enfocado en la recolección de los desechos sólidos ya que había zonas donde no se había hecho en tres meses.
“No tenemos siquiera camiones de basura, en un tiempo atrás se tuvo, pero ahora no. Tenían tres meses sin recoger la basura, llevamos aproximadas unas 700 toneladas de basura que hemos sacado, hay una empresa que es la del botadero que no nos quería recibir la basura porque se le deben $100 mil”.
Por el momento la comuna está alquilando camiones y está recibiendo apoyo de ciudadanos para la recolección de los desechos.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
