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Alcalde de Nuevas Ideas denuncia que alcaldía de Zaragoza estaría quebrada y con plazas fantasmas
Con deudas, sin camiones recolectores de basura y con decenas de plazas fantasmas, así asegura haber encontrado la alcaldía de Zaragoza el nuevo alcalde Cesar Godoy del partido Nuevas Ideas.
El nuevo edil por el partido celeste viene a sustituir a Antonio Martínez, del partido ARENA.
El nuevo edil describe el estado de su municipio como “sucio, inseguro y sin ningún atractivo turístico” que “ha sido gobernado por mucho tiempo por personas que han visto a la alcaldía como empresas familiares”.
Godoy señala que una de las primeras acciones que están realizando en una auditoría en la que ya se han encontrado irregularidades como personas trabajando que han llegado por favores políticos de los exalcaldes.
“Zaragoza es una alcaldía relativamente pequeña donde fácilmente la podrían administrar 60 personas, pero es todo lo contrario, es una alcaldía que tiene 200 empleados, una alcaldía donde se recaudan de impuestos y tributos un millón y medio de dólares al año y se gasta en empleados un millón y medio de dólares no quedando absolutamente nada para obras”.
Entre el exceso de trabajadores, asegura, no solo hay familiares del último alcalde, sino de varios.
“Es una alcaldía donde la manejaba un grupo de amigos, donde en el tiempo de Dani Rodríguez del PCN metió a sus familiares y sus amigos… luego estuvo Javier Guevara e hizo un pacto con el exalcalde no sacó a los familiares y amigos y él volvió a meter a sus familiares y amigos y luego tuvimos al alcalde de ARENA y él metió a sus familiares y amigos y pues todos iban topando la alcaldía”.
Referente a las finanzas, Godoy señala que la comuna está quebrada al punto en que la administración anterior se fue y no les pagó a los trabajadores, solo hizo los desembolsos para el alcalde y su concejo municipal.
“No se pagaban AFP, no se pagaba Seguro Social, sin internet, sin energía eléctrica, con $80 mil de deuda… la alcaldía solo cuenta con cuatro vehículos y en las plazas aparecen 20 motoristas que no sabemos para qué”.
Añadió que han encontrado unas 20 plazas fantasmas que son familiares del último alcalde, Antonio Martínez que “sí han llegado a cobrar, pero no aparecen las personas”.
“Hay jefaturas que tenían seis asistentes, hasta ocho asistentes y hay asistentes que ganan más que las jefaturas y dejaban a las personas verdaderamente necesitadas sin obras porque todo el dinero se iba en pagar empleados”.
Aparte de la auditoría se han enfocado en la recolección de los desechos sólidos ya que había zonas donde no se había hecho en tres meses.
“No tenemos siquiera camiones de basura, en un tiempo atrás se tuvo, pero ahora no. Tenían tres meses sin recoger la basura, llevamos aproximadas unas 700 toneladas de basura que hemos sacado, hay una empresa que es la del botadero que no nos quería recibir la basura porque se le deben $100 mil”.
Por el momento la comuna está alquilando camiones y está recibiendo apoyo de ciudadanos para la recolección de los desechos.
El Juzgado Octavo de Paz de San Salvador condenó a diez años de prisión, en un juicio sumario, a Elías Candelario Crespín López, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego, en perjuicio de la paz pública.
El reporte oficial detalla que, en noviembre del año pasado, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron alertados de que, sobre la 8a. Avenida Norte y 1a. Calle Oriente de San Salvador, en un microbús de la ruta 11, se transportaba un hombre con arma de fuego. Al ser intervenido, fue identificado como Elías Candelario Crespín, quien portaba un revólver calibre 38, con seis cartuchos.
Al solicitarle la documentación del arma de fuego, Elías Candelario pudo demostrar la legalidad, razón por la cual fue detenido.
La Fiscalía informó que en la vista pública se comprobó la culpabilidad del procesado a través de la prueba documental, pericial y testimonial incorporada durante la investigación sumaria.
En octubre de 2025, Pedro Héctor Rosa Cruz fue condenado a 10 años y seis meses de prisión por los delitos de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego y disparo de arma de fuego.
El 4 de febrero de 2025, el imputado se encontraba frente a su casa, junto a otras personas, en la lotificación El Trapiche, en el distrito de Guazapa, San Salvador. Al lugar llegó una patrulla con agentes policiales que habían recibido informes de varios disparos en la zona. Pedro Héctor, que se encontraba en estado de ebriedad, entregó el arma de la cual no tenía permiso y fue puesto en detención.
Armando Cárcamo Andrade fue condenado a 27 años de prisión por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador por el delito de homicidio agravado en perjuicio de José Dimas Flores. Asimismo, el tribunal libró la respectiva orden de captura por ser imputado rebelde.
El reporte oficial da cuenta que el hecho ocurrió en horas de la madrugada del 9 de septiembre de 2021, en el distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este. El cuerpo sin vida fue encontrado por una persona que hacía labores de limpieza, quien ingresó a la vivienda al notar que el portón se encontraba entreabierto y que el vehículo de la víctima no estaba en el lugar.
La persona continuó con sus labores y, al pasar a la habitación, observó a Dimas en una hamaca, al acercarse notó que presentaba heridas en el rostro y el cuello, además de que el cuarto estaba desordenado. Uno de los testigos declaró que la víctima había llegado tres días antes del crimen junto a su agresor y que ambos estuvieron departiendo.
Durante el juicio se demostró que la activación de las antenas del teléfono celular de la víctima fue ubicada en la residencia de Cárcamo Andrade, quien además se llevó el vehículo de la víctima hacia su vivienda, situada en el departamento de La Unión, detalló la Fiscalía.
En otro caso, el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca condenó a 30 años de prisión a Juan José Díaz Salinas, integrante de la Mara Salvatrucha por el homicidio de un agente de la PNC en septiembre de 2017.
Según la investigación fiscal, el imputado mató a la víctima en un área rural del distrito de San Pedro Masahuat, La Paz; el agente estaba de licencia y se transportaba en su bicicleta cuando Salinas y otros imputados le salieron al paso y, sin mayor discusión, comenzaron a dispararle hasta causarle la muerte en ese lugar.
Además de la pena de prisión, Cárcamo Andrade debe pagar $2,500 en concepto de responsabilidad civil.
Actualmente Díaz Salinas cumple penas de prisión, entre otros hechos, por haber asesinado a una mujer en 2017 y por participar en el asesinato de un miembro de su estructura en el 2018, acciones que también fueron cometidas en la jurisdicción del departamento de La Paz.
Industrias Plásticas S.A. de C.V. (IPSA) se incorporó como nuevo miembro del Consejo Industrial de El Salvador de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), como parte de la consolidación de una industria cada vez más unida, sólida y orientada al desarrollo de El Salvador.
La adhesión de IPSA fortalece la institucionalidad del Consejo Industrial, cuya agenda estratégica, enfoque técnico y capacidad de incidencia continúan atrayendo a empresas líderes comprometidas con la competitividad, la innovación y el crecimiento sostenible de El Salvador.
Con más de 67 años de trayectoria, IPSA es una empresa salvadoreña referente en la fabricación de empaques plásticos flexibles y soluciones de empaque para alimentos, reconocida por su enfoque en calidad, innovación y sostenibilidad. Su incorporación aporta experiencia en procesos industriales, gestión ambiental, economía circular y desarrollo de cadenas de valor, elementos clave para la consolidación de una industria moderna y responsable.
La firma de la declaración de principios del Consejo Industrial representa para IPSA un paso firme para convertir el compromiso en acción, sumando capacidades con otros actores del sector para impulsar una agenda industrial que genere inversión, empleo, competitividad y bienestar para el país.
«Con esta nueva incorporación, el Consejo Industrial reafirma su carácter multisectorial y su misión de ser una plataforma efectiva de articulación entre empresas, gremiales e instituciones, orientada a incidir en políticas públicas y a construir condiciones favorables para el desarrollo productivo de El Salvador», explicó la entidad a través de un comunicado.
Por otra parte, afirmó que El Salvador necesita una industria fuerte, unida y visionaria, por lo que IPSA se suma al esfuerzo colectivo con la convicción de contribuir activamente a un futuro más competitivo, sostenible y próspero para el país.
