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Alcalde de Nuevas Ideas denuncia que alcaldía de Zaragoza estaría quebrada y con plazas fantasmas
Con deudas, sin camiones recolectores de basura y con decenas de plazas fantasmas, así asegura haber encontrado la alcaldía de Zaragoza el nuevo alcalde Cesar Godoy del partido Nuevas Ideas.
El nuevo edil por el partido celeste viene a sustituir a Antonio Martínez, del partido ARENA.
El nuevo edil describe el estado de su municipio como “sucio, inseguro y sin ningún atractivo turístico” que “ha sido gobernado por mucho tiempo por personas que han visto a la alcaldía como empresas familiares”.
Godoy señala que una de las primeras acciones que están realizando en una auditoría en la que ya se han encontrado irregularidades como personas trabajando que han llegado por favores políticos de los exalcaldes.
“Zaragoza es una alcaldía relativamente pequeña donde fácilmente la podrían administrar 60 personas, pero es todo lo contrario, es una alcaldía que tiene 200 empleados, una alcaldía donde se recaudan de impuestos y tributos un millón y medio de dólares al año y se gasta en empleados un millón y medio de dólares no quedando absolutamente nada para obras”.
Entre el exceso de trabajadores, asegura, no solo hay familiares del último alcalde, sino de varios.
“Es una alcaldía donde la manejaba un grupo de amigos, donde en el tiempo de Dani Rodríguez del PCN metió a sus familiares y sus amigos… luego estuvo Javier Guevara e hizo un pacto con el exalcalde no sacó a los familiares y amigos y él volvió a meter a sus familiares y amigos y luego tuvimos al alcalde de ARENA y él metió a sus familiares y amigos y pues todos iban topando la alcaldía”.
Referente a las finanzas, Godoy señala que la comuna está quebrada al punto en que la administración anterior se fue y no les pagó a los trabajadores, solo hizo los desembolsos para el alcalde y su concejo municipal.
“No se pagaban AFP, no se pagaba Seguro Social, sin internet, sin energía eléctrica, con $80 mil de deuda… la alcaldía solo cuenta con cuatro vehículos y en las plazas aparecen 20 motoristas que no sabemos para qué”.
Añadió que han encontrado unas 20 plazas fantasmas que son familiares del último alcalde, Antonio Martínez que “sí han llegado a cobrar, pero no aparecen las personas”.
“Hay jefaturas que tenían seis asistentes, hasta ocho asistentes y hay asistentes que ganan más que las jefaturas y dejaban a las personas verdaderamente necesitadas sin obras porque todo el dinero se iba en pagar empleados”.
Aparte de la auditoría se han enfocado en la recolección de los desechos sólidos ya que había zonas donde no se había hecho en tres meses.
“No tenemos siquiera camiones de basura, en un tiempo atrás se tuvo, pero ahora no. Tenían tres meses sin recoger la basura, llevamos aproximadas unas 700 toneladas de basura que hemos sacado, hay una empresa que es la del botadero que no nos quería recibir la basura porque se le deben $100 mil”.
Por el momento la comuna está alquilando camiones y está recibiendo apoyo de ciudadanos para la recolección de los desechos.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
