Judicial
Abogado defensor decepcionado con actuación de la Cámara Primero de lo Penal – Magistrados Arévalo Domínguez y Martín Rogel hacen oídos sordos a las graves denuncias de fiscales que confesaron que “fueron obligados a ser testigos criteriados y a mentir” para fabricar caso “Corruptela”
El mundo jurídico salvadoreño no encuentra explicación a las últimas actuaciones de los magistrados de la Cámara Primera de lo Penal, Guillermo Arévalo Domínguez y Martín Rogel, quienes decidieron revocar las medidas sustitutivas otorgadas a varios imputados en el caso Corruptela.
Para el abogado Hernán Cortez Saravia, abogado defensor en el “Caso Corruptela”, Arévalo Domínguez y Rogel han desestimado totalmente que los “testigos criteriados” que el exfiscal Douglas Meléndez utilizó para montar dicho caso, renunciaron a la calidad de testigos y han declarado y denunciado en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) que fueron obligados a dar declaraciones falsas que sirvieran para “fabricar el caso Corruptela” bajo amenazas y exposiciones mediáticas.
No solo fueron amedrentados, según confesiones escritas de los cuatro fiscales y dos empleados administrativos, sino que sufrieron vejación por parte del equipo cercano de Meléndez, entre ellos Jorge Cortez, quien fungía como jefe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF).
“¿Cómo se explican los magistrados de la Cámara de lo Penal que habiéndose hecho públicas las declaraciones de los fiscales de que fueron obligados a mentir y fabricar denuncias solo para que el exfiscal Douglas Meléndez lograra su reelección, ahora ellos decidan no hacer caso y mucho menos investigar tal atrocidad a la que sometieron a fiscales?”, se cuestiona el licenciado Cortez.
“En lugar de investigar lo sucedido a los fiscales y empleados sometidos por el exfiscal Meléndez que sin duda son graves delitos, lejos de eso los magistrados deciden continuar con un proceso fraudulento con declaraciones fabricadas con las que se castiga inocentes”, recalcaron otros juristas salvadoreños.
Magistrado Arévalo Domínguez entre los más denunciados según la UAIP
La Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) confirma que el magistrado de la Cámara Primero de lo Penal, Guillermo Arévalo Domínguez, ocupa el lugar 98 de 326 jueces salvadoreños que más acumulan denuncias en su contra. No solo eso, el sitio web Transparencia Activa agrega que Arévalo Domínguez tiene tres expedientes abiertos desde 2010 en el Departamento de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
José Adilio Acosta García fue condenado a seis años de prisión por atacar con un corvo a su excompañera de vida en San Pablo Tacachico, La Libertad. La sentencia fue dictada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, tras comprobarse el delito de lesiones graves agravadas.
De acuerdo con la Fiscalía, en diciembre de 2023, Acosta García llegó a la vivienda de la víctima en estado de ebriedad y le exigió reanudar la relación de pareja. Al ser rechazado, la agredió con el arma blanca, provocándole lesiones en un brazo que requirieron cirugía y una incapacidad superior a 30 días.
El tribunal concluyó que las pruebas presentadas confirmaron la responsabilidad del acusado y que las lesiones impedían a la víctima realizar sus actividades cotidianas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó al exfiscal general de la República, Luis Martínez, a 10 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación, Martínez y otros implicados fabricaron procesos judiciales falsos en 2016 en contra de una víctima. Tras varias semanas de juicio, el tribunal resolvió imponer la condena con base en las pruebas presentadas por la FGR.
Además de Martínez, también fueron sentenciados Julio Adalberto Arriaza González, a cinco años de prisión por fraude procesal, y Héctor Francisco Grimaldi Membreño, a seis años por dos casos del mismo delito.
