Judicial
Abogado defensor decepcionado con actuación de la Cámara Primero de lo Penal – Magistrados Arévalo Domínguez y Martín Rogel hacen oídos sordos a las graves denuncias de fiscales que confesaron que “fueron obligados a ser testigos criteriados y a mentir” para fabricar caso “Corruptela”
El mundo jurídico salvadoreño no encuentra explicación a las últimas actuaciones de los magistrados de la Cámara Primera de lo Penal, Guillermo Arévalo Domínguez y Martín Rogel, quienes decidieron revocar las medidas sustitutivas otorgadas a varios imputados en el caso Corruptela.
Para el abogado Hernán Cortez Saravia, abogado defensor en el “Caso Corruptela”, Arévalo Domínguez y Rogel han desestimado totalmente que los “testigos criteriados” que el exfiscal Douglas Meléndez utilizó para montar dicho caso, renunciaron a la calidad de testigos y han declarado y denunciado en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) que fueron obligados a dar declaraciones falsas que sirvieran para “fabricar el caso Corruptela” bajo amenazas y exposiciones mediáticas.
No solo fueron amedrentados, según confesiones escritas de los cuatro fiscales y dos empleados administrativos, sino que sufrieron vejación por parte del equipo cercano de Meléndez, entre ellos Jorge Cortez, quien fungía como jefe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF).
“¿Cómo se explican los magistrados de la Cámara de lo Penal que habiéndose hecho públicas las declaraciones de los fiscales de que fueron obligados a mentir y fabricar denuncias solo para que el exfiscal Douglas Meléndez lograra su reelección, ahora ellos decidan no hacer caso y mucho menos investigar tal atrocidad a la que sometieron a fiscales?”, se cuestiona el licenciado Cortez.
“En lugar de investigar lo sucedido a los fiscales y empleados sometidos por el exfiscal Meléndez que sin duda son graves delitos, lejos de eso los magistrados deciden continuar con un proceso fraudulento con declaraciones fabricadas con las que se castiga inocentes”, recalcaron otros juristas salvadoreños.
Magistrado Arévalo Domínguez entre los más denunciados según la UAIP
La Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) confirma que el magistrado de la Cámara Primero de lo Penal, Guillermo Arévalo Domínguez, ocupa el lugar 98 de 326 jueces salvadoreños que más acumulan denuncias en su contra. No solo eso, el sitio web Transparencia Activa agrega que Arévalo Domínguez tiene tres expedientes abiertos desde 2010 en el Departamento de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
