Judicial
Abogado defensor decepcionado con actuación de la Cámara Primero de lo Penal – Magistrados Arévalo Domínguez y Martín Rogel hacen oídos sordos a las graves denuncias de fiscales que confesaron que “fueron obligados a ser testigos criteriados y a mentir” para fabricar caso “Corruptela”
El mundo jurídico salvadoreño no encuentra explicación a las últimas actuaciones de los magistrados de la Cámara Primera de lo Penal, Guillermo Arévalo Domínguez y Martín Rogel, quienes decidieron revocar las medidas sustitutivas otorgadas a varios imputados en el caso Corruptela.
Para el abogado Hernán Cortez Saravia, abogado defensor en el “Caso Corruptela”, Arévalo Domínguez y Rogel han desestimado totalmente que los “testigos criteriados” que el exfiscal Douglas Meléndez utilizó para montar dicho caso, renunciaron a la calidad de testigos y han declarado y denunciado en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) que fueron obligados a dar declaraciones falsas que sirvieran para “fabricar el caso Corruptela” bajo amenazas y exposiciones mediáticas.
No solo fueron amedrentados, según confesiones escritas de los cuatro fiscales y dos empleados administrativos, sino que sufrieron vejación por parte del equipo cercano de Meléndez, entre ellos Jorge Cortez, quien fungía como jefe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF).
“¿Cómo se explican los magistrados de la Cámara de lo Penal que habiéndose hecho públicas las declaraciones de los fiscales de que fueron obligados a mentir y fabricar denuncias solo para que el exfiscal Douglas Meléndez lograra su reelección, ahora ellos decidan no hacer caso y mucho menos investigar tal atrocidad a la que sometieron a fiscales?”, se cuestiona el licenciado Cortez.
“En lugar de investigar lo sucedido a los fiscales y empleados sometidos por el exfiscal Meléndez que sin duda son graves delitos, lejos de eso los magistrados deciden continuar con un proceso fraudulento con declaraciones fabricadas con las que se castiga inocentes”, recalcaron otros juristas salvadoreños.
Magistrado Arévalo Domínguez entre los más denunciados según la UAIP
La Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) confirma que el magistrado de la Cámara Primero de lo Penal, Guillermo Arévalo Domínguez, ocupa el lugar 98 de 326 jueces salvadoreños que más acumulan denuncias en su contra. No solo eso, el sitio web Transparencia Activa agrega que Arévalo Domínguez tiene tres expedientes abiertos desde 2010 en el Departamento de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
