Judicial
Abogado defensor decepcionado con actuación de la Cámara Primero de lo Penal – Magistrados Arévalo Domínguez y Martín Rogel hacen oídos sordos a las graves denuncias de fiscales que confesaron que “fueron obligados a ser testigos criteriados y a mentir” para fabricar caso “Corruptela”
El mundo jurídico salvadoreño no encuentra explicación a las últimas actuaciones de los magistrados de la Cámara Primera de lo Penal, Guillermo Arévalo Domínguez y Martín Rogel, quienes decidieron revocar las medidas sustitutivas otorgadas a varios imputados en el caso Corruptela.
Para el abogado Hernán Cortez Saravia, abogado defensor en el “Caso Corruptela”, Arévalo Domínguez y Rogel han desestimado totalmente que los “testigos criteriados” que el exfiscal Douglas Meléndez utilizó para montar dicho caso, renunciaron a la calidad de testigos y han declarado y denunciado en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) que fueron obligados a dar declaraciones falsas que sirvieran para “fabricar el caso Corruptela” bajo amenazas y exposiciones mediáticas.
No solo fueron amedrentados, según confesiones escritas de los cuatro fiscales y dos empleados administrativos, sino que sufrieron vejación por parte del equipo cercano de Meléndez, entre ellos Jorge Cortez, quien fungía como jefe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF).
“¿Cómo se explican los magistrados de la Cámara de lo Penal que habiéndose hecho públicas las declaraciones de los fiscales de que fueron obligados a mentir y fabricar denuncias solo para que el exfiscal Douglas Meléndez lograra su reelección, ahora ellos decidan no hacer caso y mucho menos investigar tal atrocidad a la que sometieron a fiscales?”, se cuestiona el licenciado Cortez.
“En lugar de investigar lo sucedido a los fiscales y empleados sometidos por el exfiscal Meléndez que sin duda son graves delitos, lejos de eso los magistrados deciden continuar con un proceso fraudulento con declaraciones fabricadas con las que se castiga inocentes”, recalcaron otros juristas salvadoreños.
Magistrado Arévalo Domínguez entre los más denunciados según la UAIP
La Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) confirma que el magistrado de la Cámara Primero de lo Penal, Guillermo Arévalo Domínguez, ocupa el lugar 98 de 326 jueces salvadoreños que más acumulan denuncias en su contra. No solo eso, el sitio web Transparencia Activa agrega que Arévalo Domínguez tiene tres expedientes abiertos desde 2010 en el Departamento de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
