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A casi dos meses de vigencia del decreto legislativo 90, los casos de COVID-19 se mantiene bajo control
El próximo lunes se cumplen dos meses de la entrada en vigencia del decreto legislativo 90, que forma parte de la estrategia sanitaria del Gobierno del Presidente Nayib Bukele contra el COVID-19.
Con la referida ley transitoria, la cual caduca el próximo 13 de octubre, se prohíbe la organización de fiestas patronales, conciertos, mítines y están restringidos los eventos deportivos a consideración y extensión de un permiso del Ministerio de Salud.
Los organizadores deben cumplir con una serie de requisitos, entre estos que los aficionados puedan ingresar a los escenarios al presentar la cartilla de vacunación con la doble dosis del fármaco.
Este recurso legal ha dado los resultados esperados porque ha contribuido a evitar los contagios masivos del virus.
El uso de la mascarilla se vuelve obligatorio para todos los salvadoreños y extranjeros dentro del territorio y la vacunación anti COVID-19 se eleva a la categoría de interés nacional.
El decreto ha sido una de las últimas decisiones adoptadas por el Gobierno en la lucha antipandémica, ya que no ha habido necesidad de implementar otras medidas con mayor drasticidad como las declaratorias de calamidad o regresar a las cuarentenas domiciliares nacionales, como ocurre en otros países donde el virus ha causado el desbordamiento de contagios y el colapso de los sistemas hospitalarios.
El Salvador cuenta con un fortalecido sistema hospitalario público en el que se incorpora el nuevo Hospital El Salvador, el centro especializado para pacientes COVID-19 más moderno de Latinoamérica.
El sistema tiene capacidad instalada para la atención de pacientes delicados, para lo que se cuenta con más de 2,000 camas entre cuidados intermedios y unidades de cuidados intensivos.
Todo esto confirma las decisiones acertadas del Gobierno del Presidente Bukele a favor de la salud de los salvadoreños y su desarrollo económico y social.
A 20 años de cárcel fue condenado Francis Guadalupe Cruz Aguilar, por el delito de homicidio agravado cometido el 24 de diciembre de 2013, en el distrito de El Paisnal, municipio de San Salvador Norte.
La pena se la impuso el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, La Libertad, tras revisar la prueba que la Fiscalía General de la República presentó en el juicio y con la cual demostró que el prófugo asesinó a José Eladio Franco Moreno.
En la acusación expuesta por el ministerio público, Cruz Aguilar fue parte de un grupo de siete pandilleros que interceptó a la víctima para privarla de libertad en El Paisnal.
Fue hasta el 27 de diciembre que encontraron cuerpo de Franco Moreno, desmembrado a la orilla del río Acelhuate, en la jurisdicción de ese distrito.
Para probar la participación que Cruz Aguilar tuvo en el crimen, la Fiscalía presentó al tribunal la declaración de un testigo quien presenció el hecho, su declaración fue clave para que se emitiera la condena.
El testigo dijo que el ahora condenado hizo labores de vigilancia mientras los demás miembros de la pandilla estaban asesinando a la víctima, se apostó en lugar para alertar a los criminales sobre la presencia de autoridades policiales.
Al momento del fallo el tribunal dio validez y credibilidad a la declaración del testigo quien identificó a Cruz Aguilar como parte del grupo criminal y su participación fue activa y clave para ejecutar el crimen.
Por intento de homicidio, la Policía Nacional Civil (PNC), informó que capturó a dos hombres en Aguilares y Chalatenango.
Los arrestados son: Brandon Omar Castillo Rivera quien protagonizó una pelea con Juan Carlos Zamorano Callejas, propietario del bar donde ocurrió el incidente la madrugada del domingo.
Según el informe oficial, cuando la víctima los intentó separar, lo golpearon y apuñalaron de gravedad, tras lo ocurrido huyeron, pero las autoridades luego de llegar a verificar lo ocurrido comenzaron a investigarlos para detenerlos.
Castillo Rivera fue ubicado por agentes de Inteligencia Policial en la calle principal de la colonia Reubicación 2, de Chalatenango Centro.
«Juan Carlos Zamorano Callejas, dueño del local también se dio a la fuga, pero nuestras Fuerzas Especiales lo ubicaron en Aguilares, San Salvador Norte», destacó la PNC.
Los dos capturados serán puestos a la orden de la Fiscalía General de la República para que en los próximos 15 días sean acusados en el juzgado de Paz de Aguilares, por el delito de homicidio tentado.
A siete años de cárcel fueron condenados Wilmer Munguía, Julio Guzmán, Fernando Cruz, Oswaldo Rivera y Carlos Rodezno, por el delito de privación de libertad.
La pena se las impuso el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla, al encontrarlos responsables de la desaparición de dos personas el 13 de abril de 2018, en el cantón El Triunfo, distrito de Santa Tecla, municipio de La Libertad Sur.
Según la acusación de la Fiscalía General de la República, las víctimas se encontraban comprando verduras cuando fueron interceptadas por los ahora condenados, tras amenazarlas las sometieron y obligaron a bajar de su vehículo para privarlas de libertad.
El tribunal fundamentó la condena tras valorar la prueba anexada al expediente, sobre todo la declaración de un testigo con régimen de protección, quien señaló a los imputados y dijo la participación que tuvieron en el hecho.
