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A casi dos meses de vigencia del decreto legislativo 90, los casos de COVID-19 se mantiene bajo control
El próximo lunes se cumplen dos meses de la entrada en vigencia del decreto legislativo 90, que forma parte de la estrategia sanitaria del Gobierno del Presidente Nayib Bukele contra el COVID-19.
Con la referida ley transitoria, la cual caduca el próximo 13 de octubre, se prohíbe la organización de fiestas patronales, conciertos, mítines y están restringidos los eventos deportivos a consideración y extensión de un permiso del Ministerio de Salud.
Los organizadores deben cumplir con una serie de requisitos, entre estos que los aficionados puedan ingresar a los escenarios al presentar la cartilla de vacunación con la doble dosis del fármaco.
Este recurso legal ha dado los resultados esperados porque ha contribuido a evitar los contagios masivos del virus.
El uso de la mascarilla se vuelve obligatorio para todos los salvadoreños y extranjeros dentro del territorio y la vacunación anti COVID-19 se eleva a la categoría de interés nacional.
El decreto ha sido una de las últimas decisiones adoptadas por el Gobierno en la lucha antipandémica, ya que no ha habido necesidad de implementar otras medidas con mayor drasticidad como las declaratorias de calamidad o regresar a las cuarentenas domiciliares nacionales, como ocurre en otros países donde el virus ha causado el desbordamiento de contagios y el colapso de los sistemas hospitalarios.
El Salvador cuenta con un fortalecido sistema hospitalario público en el que se incorpora el nuevo Hospital El Salvador, el centro especializado para pacientes COVID-19 más moderno de Latinoamérica.
El sistema tiene capacidad instalada para la atención de pacientes delicados, para lo que se cuenta con más de 2,000 camas entre cuidados intermedios y unidades de cuidados intensivos.
Todo esto confirma las decisiones acertadas del Gobierno del Presidente Bukele a favor de la salud de los salvadoreños y su desarrollo económico y social.
El Salvador ha afianzado su posición entre los países con mayor poder blando en el Índice Global de Poder Blando 2026, elaborado por Brand Finance, una consultora internacional especializada en valoración y estrategia de marcas.
El Índice Global de Poder Blando 2026 (Global Soft Power Index) es un estudio elaborado por la firma inglesa para medir la percepción de los países, a partir de una evaluación de sus atractivos en áreas como turismo, comercio, cultura, gobernanza y relaciones exteriores, entre otros.
Según el informe, el país ha ido escalando posiciones en los últimos años. En ese sentido, para 2026, la tendencia sigue siendo satisfactoria y El Salvador logró subir seis escalones más para ocupar la casilla 76 del registro, que considera la opinión de más de 150,000 encuestados en 100 destinos del mundo.
Además, detalla que este dato toma mayor realce al observar desde el posicionamiento regional, pues nuestro país se ubica en el Top 10 de naciones en América Latina, indica un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Es importante resaltar que el año pasado el país también mostró un repunte histórico al subir 32 puestos, saltando a la posición 82 entre los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas que son tomadas en cuenta en dicho ranking.
«Los avances y las transformaciones positivas que viene experimentando El Salvador en los últimos años impulsan la imagen y la influencia del país a escala global», destaca Cancillería.
Asimismo, resalta que las políticas y acciones de Gobierno del presidente Nayib Bukele han hecho del país el lugar más seguro del hemisferio, lo que ha derivado en grandes oportunidades para el crecimiento económico, así como para el desarrollo y bienestar social.
«Estos esfuerzos no pasan desapercibidos en el ámbito internacional, donde se reconoce y toma nota del liderazgo y la influencia de El Salvador. En la publicación se destaca que los avances logrados en seguridad, gobernanza, desarrollo económico, así como el crecimiento turístico han sido decisivos para la formación de una nueva narrativa de país, lo que ha llevado a que sigan subiendo escalones en el Índice», agrega la cartera de Estado.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre al menos tres accidentes de tránsito registrados en diferentes zonas del país, los cuales dejaron como saldo dos personas fallecidas y una más con lesiones de gravedad.
El primer hecho ocurrió en el Paseo General Escalón y la 75 avenida Sur, en el sector de las Fuentes Beethoven, San Salvador, donde un motociclista perdió la vida tras impactar contra la parte trasera de un autobús de la ruta 52 que se encontraba detenido en un semáforo. Las autoridades orientaron el paso vehicular en un solo carril mientras se realizaban las inspecciones correspondientes y ampliaban las indagaciones sobre lo sucedido.
En un segundo incidente, un peatón falleció luego de ser atropellado en el kilómetro 98 de la carretera Litoral, en el sentido de Sonsonate hacia la frontera La Hachadura, en el distrito de Jujutla, Ahuachapán Sur. De manera preliminar, la PNC indicó que el hecho se habría originado por distracción del conductor, quien fue detenido por el delito de homicidio culposo. El tránsito en la zona ya fue habilitado.
El tercer accidente se registró en el cantón San Francisco Abajo, distrito de San Pedro Perulapán, Cuscatlán Norte, donde un autobús de la ruta 635 presentó fallas en el sistema de frenos e impactó contra una vivienda. En el lugar, una joven de 17 años que se encontraba al interior del inmueble resultó con lesiones graves y fue trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica especializada.
La PNC reiteró el llamado a conductores y peatones a respetar las normas de tránsito y mantener la precaución en las vías, con el objetivo de reducir los accidentes y preservar vidas.
La Fiscalía General de la República (FGR) condenó a 15 años de prisión a tres pandilleros del Barrio 18, quienes se encuentran acusados de extorsionar a un comerciante en Apopa.
De acuerdo con información fiscal, estos sujetos llegaron al negocio de la víctima para exigirle el pago de la denominada renta, la cual tenía que pagar mensualmente y le amenazaron con atentar contra su vida o la de su familia, si no cumplía con los pagos. A través de las amenazas, la víctima los denunció y las autoridades lograron capturarlos.
Los condenados fueron identificados como Dennis Nehemías Carrillo Mejía, Manuel Antonio Acosta Mercado, y César Enrique Rivera Rivas, quienes son también procesados por otros delitos cuyas condenas se sumarán a la obtenida por este hecho.
