Internacionales
Xi Jinping, reelegido por tercera vez como presidente de China
Xi Jinping obtuvo el viernes un histórico tercer mandato como presidente de China tras una votación formal del órgano legislativo del país, que ratifica su condición de líder más poderoso en décadas.
El resultado de la votación de los diputados, anunciado poco antes de las 11H00 (03H00 GMT), fue inapelable: 2.952 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención.
No era un resultado inesperado dado que el parlamento está en la práctica subyugado al Partido Comunista (PCCh), que en octubre ya lo reeligió por otros cinco años como secretario general y jefe del ejército, los dos cargos de más poder en el país.
Único candidato al cargo, el dirigente de 69 años recibió un nuevo mandato como jefe de Estado, cargo que ostenta desde 2013.
Los últimos meses fueron complicados para Xi, con grandes manifestaciones a finales de noviembre contra su política de «covid cero» y una ola de muertes tras el abandono de esta estrategia en diciembre.
Estas cuestiones sensibles se esquivaron durante la sesión anual del Parlamento, un evento cuidadosamente coreografiado en el que Li Qiang, aliado de Xi, deberá reemplazar como primer ministro a Li Keqiang.
La Asamblea Popular Nacional (APN) reunida en Pekín también debe elegir formalmente un nuevo vicepresidente que sustituya a Wang Qishan.
Los diputados se concentraron en estas jornadas en un proyecto de reforma institucional que pretende reforzar al Ministerio de Ciencia y Tecnología y las capacidades de China en el sector digital.
Xi estableció como prioritario desarrollar estos sectores en busca de una autosuficiencia de China ante lo que Pekín contempla como una política «de contención» de Occidente para entrabar su desarrollo.
La sesión anual de la APN fue también la ocasión de anunciar un objetivo de crecimiento modesto de «alrededor del 5%» en 2023 y un aumento del presupuesto militar.
La reelección formal de Xi como jefe de Estado encumbra e notable ascenso político de un responsable político antaño poco conocido para el gran público, que se ha convertido en el dirigente chino más poderoso en décadas.
Autor de una biografía sobre el presidente, el escritor y periodista suizo Adrian Geiges estima que Xi «realmente tiene una visión de China».
«Quiere que China se convierta en el país más poderoso del mundo», dijo a la AFP.
Durante décadas, la República Popular de China, escaldada por el caos político y el culto a la personalidad durante el reinado de su dirigente y fundador Mao Zedong (1949-1976), promovió un sistema de gobierno más colegial en las altas esferas del poder.
En virtud de este modelo, los predecesores de Xi (Jiang Zemin y Hu Jintao) dejaron la presidencia tras diez años en el cargo.
Pero Xi puso fin a esta regla al abolir en 2018 el límite constitucional de dos mandatos presidenciales, mientras alimentaba un incipiente culto a su personalidad.
Xi Jinpin se convertirá así en el dirigente con más años en el poder en la historia reciente del gigante asiático.
Bien entrado en la setentena cuando termine su tercer mandato, podría incluso aspirar a otro lustro como presidente si ningún sucesor creíble emerge en este tiempo.
Pero la segunda economía mundial se encuentra con numerosos desafíos por delante: ralentización del crecimiento, caída de la natalidad, dificultades en el sector inmobiliario o una imagen internacional lastrada.
Las relaciones con Estados Unidos se encuentran en su momento más bajo en décadas, con múltiples contenciosos que van desde el estatus de Taiwán al trato de la minoría musulmana uigur o la rivalidad tecnológica.
Xi denunció esta semana la «política de contención, cerco y represión contra China» aplicada por los «países occidentales encabezados por Estados Unidos» que «ha traído severos desafíos sin precedentes para el desarrollo» del país
Internacionales
¿Quién es el acusado del mayor robo de joyas en EE.UU. que quedó en libertad tras ser deportado a Ecuador?
Un hombre acusado de participar en lo que las autoridades calificaron como el mayor robo de joyas en la historia de Estados Unidos, con un botín estimado en USD 100 millones, quedó en libertad luego de ser deportado a Ecuador, una decisión que dejó en suspenso el proceso judicial en su contra.
Se trata de Jeson Nelon Prescilla Flores, uno de los siete sospechosos señalados por el asalto a un camión blindado de la empresa Brinks ocurrido en julio de 2022.
De acuerdo con la acusación, el vehículo transportaba oro, diamantes, piedras preciosas y relojes de lujo cuando fue interceptado a plena luz del día.
La banda habría seguido el camión durante más de 480 kilómetros, desde el norte de California hasta una parada al norte de Los Ángeles, antes de ejecutar el robo.
Según reportó el diario Los Angeles Times, la mayor parte de la mercancía robada aún no ha sido recuperada.
Sin embargo, Prescilla Flores fue liberado bajo fianza en agosto y poco después quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En un giro inesperado, el imputado optó por la deportación a finales de diciembre, mientras aún estaba detenido por ICE, lo que paralizó en la práctica el caso penal.
En una moción presentada el 15 de enero, la defensa sostuvo que “el Gobierno decidió renunciar a la persecución penal” al permitir la expulsión del acusado del país.
No obstante, los fiscales aseguran que no fueron informados de la deportación mientras el proceso seguía abierto y argumentaron que el caso no debería extinguirse simplemente porque el acusado haya salido del territorio estadounidense.
Los joyeros afectados expresaron su indignación. “Cuando un acusado en un importante caso federal de robo abandona el país antes del juicio, las víctimas se quedan sin respuestas, sin un veredicto y sin cierre”, afirmó Jerry Kroll, abogado de algunas de las empresas joyeras, citado por el Los Angeles Times.
“Para nuestros clientes —joyeros que perdieron el trabajo de toda su vida— este desenlace deja al descubierto una falla del sistema que merece transparencia. Tienen derecho a respuestas claras sobre cómo ocurrió esto y sobre si existen salvaguardas para evitar que vuelva a suceder”, agregó.
Prescilla Flores, quien se había declarado no culpable, se enfrentaba a hasta 15 años de prisión por conspiración. Por su parte, las autoridades indicaron que podría volver a ser acusado si regresa a Estados Unidos.
Mientras tanto, la coordinación entre agencias federales quedó bajo cuestionamiento y el paradero de gran parte del botín continúa siendo un misterio.
Internacionales
Hallados todos los cadáveres de los 10 pasajeros de avioneta accidentada en Indonesia
Los equipos de rescate completaron este viernes el hallazgo de los restos mortales de los 10 pasajeros que iban en una avioneta que se estrelló contra una montaña en Indonesia el fin de semana, informó un funcionario local.
El avión turbohélice de Indonesian Air Transport, fletado por el Ministerio de Pesca indonesio, transportaba a siete tripulantes y tres funcionarios cuando perdió contacto con el control de tráfico aéreo el sábado.
A principios de esta semana se recuperaron ocho cadáveres, mientras los equipos de rescate peinaban las empinadas laderas de la montaña, con sus esfuerzos dificultados por el difícil terreno y las malas condiciones meteorológicas.
Los cuerpos de las dos personas que seguían desaparecidas fueron encontrados este viernes y serán recuperados, informó el responsable local de rescate, Andi Sultan.
La caja negra del avión fue localizada el miércoles y podría arrojar luz sobre las causas del accidente, ocurrido poco antes de que el avión aterrizara en la ciudad de Makassar, según la agencia local de búsqueda y rescate.
Los restos del avión, incluyendo el fuselaje, partes de la cola y las ventanas, fueron encontrados el domingo cerca de la cima de la montaña.
Indonesia, un extenso archipiélago en el sudeste asiático, depende del transporte aéreo para comunicar sus islas.
El país tiene un mal balance en materia de seguridad aérea. El pasado septiembre, un helicóptero con seis pasajeros y dos tripulantes se estrelló poco después de despegar de Borneo Meridional, sin supervivientes.
Menos de dos semanas después, cuatro personas murieron al estrellarse otro helicóptero en el distrito de Ilaga, en la isla de Papúa.
Un grupo de defensa de derechos humanos radicado en Estados Unidos anunció este viernes que pudo confirmar que más de 5,000 personas murieron durante las recientes protestas en Irán, y que en su gran mayoría se trata de civiles abatidos por las fuerzas de seguridad.
Oenegés que monitorean el balance dejado por la represión de las mayores manifestaciones organizadas en Irán en años indicaron que su labor se había visto entorpecida por el corte de internet impuesto por las autoridades desde el 8 de enero, y advirtieron que el saldo real probablemente sea mucho más elevado.
La organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, anunció este viernes que había confirmado la muerte de 5.002 personas, incluidas 4,714 manifestantes, 42 menores de edad, 207 miembros de las fuerzas de seguridad y 39 transeúntes.
Sin embargo, el grupo agregó que todavía está investigando otros 9,787 posibles decesos.
Al menos 26.852 personas fueron detenidas, según la misma organización, cuyo balance supera al único que han dado hasta la fecha las autoridades iraníes, de 3,117 muertos.
El organismo que comunicó ese balance el miércoles es la fundación iraní de mártires y veteranos, que distingue entre «mártires» —miembros de las fuerzas de seguridad o transeúntes inocentes— y «alborotadores» respaldados por Estados Unidos. De las 3.117 personas muertas, según la fundación, 2,427 eran «mártires».
Al divulgar su propio balance, HRANA señaló que las autoridades iraníes «intentaron apuntalar el relato oficial del gobierno respecto a las matanzas».
Otra oenegé, Iran Human Rights (IHR), radicada en Noruega, afirmó haber documentado la muerte de al menos 3.428 manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad, pero advirtió que el saldo final podría rondar los 25.000 decesos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con nuevas acciones militares contra Teherán en respuesta a la represión, advirtiendo en particular sobre consecuencias en caso de ejecución de manifestantes.
La Casa Blanca indicó el 15 de enero que «800 ejecuciones que estaban programadas y debían realizarse» el 14 de enero «fueron suspendidas» tras las presiones de Washington.
Sin embargo, el fiscal general de Irán, Mohamad Movahedi, calificó esa afirmación de «completamente falsa».
«El irracional y arrogante presidente estadounidense (…) afirmó que impidió la ejecución de 800 personas en Irán. Esa afirmación es completamente falsa: no existe tal cifra, ni el poder judicial ha tomado una decisión en ese sentido», declaró, citado por el sitio web del poder judicial Mizan.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó el viernes a las autoridades iraníes a poner fin a su «represión brutal», en particular «a los juicios sumarios y a las penas desproporcionadas».
