Internacionales
Uruguay: Interpol desarticula prostíbulo clandestino en donde más de 20 mujeres eran explotadas
El Ministerio del Interior uruguayo informó que la Interpol desarticuló un prostíbulo clandestino ubicado en el barrio Bella Vista (Montevideo), Uruguay en el que habrían sido explotadas más de 20 mujeres.
Por el caso, la Justicia imputó a dos individuos por trata de personas en modalidad de explotación sexual y tráfico de armas. Además, este jueves Fiscalía publicó su solicitud de formalización y control de detención.
La investigación “Apolo” comenzó en agosto de este año y tuvo un gran avance cuando se comprobó que una de de las dos personas ahora imputadas por el caso era el administrador de un reconocido sitio web vinculado al trabajo sexual.
Lo que habría llamado la atención de los investigadores fue que en varias publicaciones aparecía el mismo número de contacto, “siendo esto un claro indicador de que, posiblemente, las mujeres de dichas publicaciones estuviesen siendo regenteadas por terceras personas”, informó lnterior.
“Continuando con las actuaciones se logró establecer que estas mujeres que publicaban en el sitio web llevaban adelante su actividad en un prostíbulo clandestino, así como también que los investigados no solo obtenían un beneficio económico del trabajo sexual de éstas, sino también mediante la imposición de sanciones económicas por diversos causales”, expresó la cartera en un comunicado.
Fiscalía, por su parte, explicó “que cada ‘pase’ -cuando la chica se ocupa con un cliente ya sea 15 minutos, media o una hora- les reporta a ellos USD 12,5 de ganancia; mientras que las llegadas tardes, y las ausencias injustificadas les reporta entre USD 12,5 y USD 25. Las salidas a ‘ocuparse’ en hoteles fuera del apartamento, les da una ganancia de USD 12,5 por el traslado más un plus por ser el lugar fuera del apartamento”.
El modus operandi de los implicados consistía en fidelizar a las trabajadoras con el local a través de “vínculos afectivos”. De hecho, se pudo comprobar que uno de ellos tuvo un “noviazgo” con al menos tres de las víctimas, “pero quedó de manifiesto que esto solo era una forma más de control, puesto que independientemente de la relación sentimental que adujesen tener, eran implacables a la hora de mantener la prosperidad de su negocio”. Otra de las estrategias era manipular a una de las mujeres explotadas para que fuera la imagen visible del negocio y ellos quedaran en segundo plano.
Según el informe de Fiscalía, la “captación” de las mujeres se daba de distintas maneras. Otra de ellas era publicando en páginas web la oferta de trabajo: “Se establece un contacto telefónico inicial, en el cual se les explica a las mujeres, en qué consiste el trabajo que ellos denominan ‘apartamento privado’, intentando captarlas, a fin de que estas concurran a una entrevista personal con ellos”.
Sin embargo, el organismo aseguró que las publicaciones no eran claras aunque, una vez comenzado el contacto, ellos intentaban convencerlas a través de métodos persuasivos. Entre las vías de captación de personal también ofrecían cursos de fotografía. Por último, los imputados se hacían pasar por mujeres en redes y foros de sexualidad, haciéndolas creer que eran “un grupo de amigas que comparten un apartamento privado; ocultando que detrás de ello hay una organización entre ambos imputados”.
En tanto, los imputados controlaban los servicios ofrecidos mediante temporizadores para que no se excediera el tiempo estipulado con los clientes. Además, se informó que obligaban a las mujeres a trabajar aún cuando estaban en su período menstrual.
Tras el allanamiento al prostíbulo se incautaron dos revólveres, nueve municiones, un vehículo, tres celulares, dos computadoras, un disco duro, dos cámaras de fotos, tres temporizadores, lencería y dinero. En los dispositivos se encontró “una enorme cantidad de imágenes de mujeres que a lo largo del tiempo han pasado por el local”. Mientras tanto, Fiscalía investiga si alguna de ellas era menor de edad al momento de ser fotografiada.
Una mujer embarazada de seis meses resultó herida de bala tras un intento de asalto registrado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El hecho ocurrió en la intersección de la 6ª avenida y 8ª calle, donde sujetos armados habrían interceptado a la víctima con intenciones de robo. La mujer fue identificada como Jimena Vickers, de 31 años, quien se desempeña como visitadora médica.
De acuerdo con versiones preliminares, los atacantes abrieron fuego luego de que Vickers se opusiera al asalto. En el parabrisas del vehículo, del lado del conductor, se observaron al menos tres impactos de bala.
La víctima fue auxiliada por cuerpos de socorro y trasladada a un centro asistencial. Su estado de salud, así como el del bebé que espera, no ha sido detallado por las autoridades.
La PNC inició un operativo en el sector para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se reportan capturas.
Internacionales
Crisis humanitaria en Gaza deja a niños y madres gravemente afectados por la desnutrición en medio del conflicto
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó este viernes que uno de cada cuatro niños entre seis meses y cinco años, así como mujeres embarazadas y lactantes atendidos en sus clínicas en Gaza, presenta signos de desnutrición, en lo que califican como una emergencia sanitaria y humanitaria de alto nivel.
En un comunicado, MSF acusó a las autoridades israelíes de usar deliberadamente el hambre como un arma de guerra. “Los propios pacientes y profesionales de la salud sufren de hambre”, señaló la ONG, que mantiene presencia médica en Ciudad de Gaza.
Caroline Willemen, coordinadora del proyecto de MSF en esa ciudad, aseguró que están recibiendo alrededor de 25 nuevos casos de desnutrición diariamente. Desde el 18 de mayo, los registros se han cuadruplicado y la desnutrición severa en menores de cinco años se ha triplicado.
MSF afirma que esta situación se debe a una “hambruna deliberada”, consecuencia directa del bloqueo impuesto por Israel sobre el enclave palestino. Aunque a finales de mayo se flexibilizó el cerco, las carencias de alimentos, medicinas y productos básicos persisten.
Israel, por su parte, responsabiliza a Hamas de manipular la ayuda humanitaria, acusándolo de apropiarse de suministros para revenderlos a precios desorbitados o de atacar a las personas que esperan recibir alimentos.
La ONG también denunció ataques en los centros de distribución de alimentos gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Israel y Estados Unidos. “Estas distribuciones no son ayuda humanitaria, son crímenes de guerra cometidos a plena luz del día bajo el disfraz de compasión”, afirmó Mohammed Abu Mughaisib, coordinador médico adjunto de MSF en Gaza.
La ONU ha documentado más de 1.000 muertes desde finales de mayo en puntos de ayuda humanitaria, la mayoría cerca de los centros operados por la GHF.
Ecuador cerró el primer semestre de 2025 como el más violento de los últimos 14 años, al registrar 4,557 homicidios, lo que representa un aumento del 45 % respecto al mismo periodo de 2024 y un 22 % más en comparación con los primeros seis meses de 2023, según datos del Ministerio del Interior recopilados por el medio «Primicias».
Del total de muertes violentas, el 89 % (4,069 casos) fue cometido con armas de fuego, incluyendo pistolas, escopetas, ametralladoras y fusiles, lo que evidencia el creciente poder de fuego de los grupos criminales.
Mayo se posicionó como el mes más sangriento desde que se tiene registro, con 915 homicidios, superando incluso los 831 asesinatos ocurridos en octubre de 2023. En promedio, al menos 30 personas fueron asesinadas cada día durante el primer semestre del año. En junio, aunque hubo una leve reducción, se contabilizaron 548 crímenes.
Entre enero y mayo, 70 cantones del país registraron un aumento en muertes violentas respecto al mismo periodo del año anterior. En estos territorios se concentró el 90 % de los homicidios registrados, es decir, un total de 3,578.
Frente a esta escalada de violencia, el gobierno de Daniel Noboa ha decretado estados de excepción en varias provincias —Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos—, en dos cantones de Quito y en el sistema penitenciario nacional. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para frenar la criminalidad.
El más reciente estado de excepción, declarado el 12 de abril mediante el Decreto 599, fue parcialmente aprobado ayer por la Corte Constitucional, que consideró inconstitucional aplicar la medida en todos los centros penitenciarios y en el cantón Camilo Ponce Enríquez (Azuay), al no evidenciarse hechos que justifiquen su inclusión.
Además, la Corte rechazó la suspensión del derecho a reunión, las inspecciones y requisas sin orden judicial, así como la intervención directa de las Fuerzas Armadas, al señalar que estas acciones pueden ejecutarse dentro del marco legal ordinario.
Pese a ello, se mantuvieron restricciones como la suspensión del derecho a la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la correspondencia, permitiendo a la fuerza pública realizar allanamientos y revisar mensajes dirigidos a privados de libertad.
El alto índice de homicidios refleja la profunda crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, donde el crimen organizado y las bandas armadas continúan desafiando la capacidad del Estado para contener la violencia.
