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Un español indemniza a su víctima de agresión sexual y se libra de la cárcel
Los hechos ocurrieron la tarde del 14 de mayo de 2019, cuando un sexagenario a cargo de una finca en Murcia pasó a buscar en un automóvil a la temporera paraguaya, identificada solo como Covadonga, que trabajaba recolectando albaricoques en esa finca, de acuerdo con el fallo de la Audiencia Provincial de Murcia, fechado el 3 de mayo pasado.
Cuando llegaron a otra finca, la mujer dijo que quería irse, pero el hombre – identificado como Celso – se puso agresivo, la golpeó, le dijo que era «una puta» y «la introdujo en la parte trasera de la furgoneta», señaló la sentencia, que fue hecha pública por el diario El País.
Allí, primero la violó «vaginalmente» y luego la obligó a practicarle una felación. Al terminar, el agresor la amenazó, afirmando que si contaba lo sucedido tanto ella como sus «paisanos» perderían el trabajo, narró el escrito.
La mujer, que sufrió diversas lesiones, no se amedrentó y denunció al agresor que estuvo preso preventivamente durante seis meses.
Según el Código Penal español, una violación con agravante de violencia «particularmente degradante» o si existe «una relación de superioridad» con la víctima acarrea una pena de doce a quince años de prisión.
Pero según el fallo, la acusación y la defensa llegaron a un acuerdo mediante el cual el hombre reconoció los hechos y recibió una sentencia reducida por las atenuantes de confesión y de «reparación del daño», ya que había indemnizado anteriormente a la mujer con 6.000 euros (6.110 dólares)
El hombre fue condenado a dos años de prisión, pero como suele ocurrir en España con penas de dos años o menos, al no tener antecedentes penales, quedó suspendida y no irá a la cárcel. Tendrá, no obstante, que participar en un «programa formativo de educación sexual».
Además, tiene prohibido acercarse o comunicarse con la víctima por siete años.
Un acuerdo similar se alcanzó en el caso de dos policías que violaron a una joven en 2018 en Estepona (Andalucía, sur), que evitaron la cárcel a cambio de una indemnización de 80.000 euros a la víctima y un curso de educación sexual, aparte de su expulsión del cuerpo policial, según informó El País.
El gobierno español del socialista Pedro Sánchez impulsa un endurecimiento de la legislación contra la violación, principalmente para establecer la obligación del consentimiento explícito, una medida que abanderó después del sonado caso de «La Manada», la violación grupal de cinco hombres a una joven de 18 años en Pamplona (norte) en 2016.
Durante la mañana del domingo recién pasado, un trágico accidente tuvo lugar en la comunidad de Nizanda, Oaxa, México, cuando el Tren Interoceánico que transportaba a 250 personas se descarriló, dejando devastación a su paso.
Como resultado del accidente vial, al menos 13 personas perdieron la vida, 98 más heridos, y 36 personas hospitalizadas, entre ellas 5 de gravedad.
A pesar que las autoridades declararon que fue un accidente simple, diversas opiniones surgen al respecto, ya que desde su construcción en 2023 diversos expertos señalaron la baja calidad de los materiales y el mal estado de las vías.
Luego de las constantes e intensas lluvias registradas el fin de semana en Sudáfrica, se reortó el colapso del techo del centro comercial Northgate, en Randburg, Johannesburgo, destruyendo parte del inmueble con la inundación.
Este accidente provocó severos daños materiales en el inmueble, pero hasta el momento, no se reportan personas lesionadas o fallecidos, ya que el hecho ocurrió en horas de la noche.
Las personas que se encontraban aún en el establecimiento mostraron su pánico mediante gritos y muestras de preocupación ante lo que sus ojos presenciaban.
Por su parte, las autoridades evaluaban la seguridad de la estructura y el alcance de las afecciones en la zona afectada del centro comercial.
La Comunidad Chino Panameña exigió una investigación formal y la reconstrucción del Parque Mirador de Las Américas tras su desmantelamiento, ocurrido la noche del 27 de diciembre de 2025 en el distrito de Arraiján.
El hecho, atribuido a la alcaldía local, ha generado una ola de rechazo por la ausencia de notificación, consulta pública y diálogo previo con las organizaciones representativas del colectivo.
Según denunciaron, la intervención se realizó sin cumplir principios básicos de transparencia, legalidad y participación ciudadana, lo que impidió preservar elementos patrimoniales y resguardar el valor simbólico del espacio.
Para la comunidad, la decisión constituye una actuación arbitraria y carente de sensibilidad intercultural, incompatible con una gestión responsable del patrimonio conmemorativo.
El parque fue concebido como un lugar de memoria colectiva para honrar a los primeros inmigrantes chinos que contribuyeron de manera decisiva al desarrollo del país, particularmente en obras emblemáticas como el Ferrocarril de Panamá y el Canal de Panamá.
La obra fue impulsada y financiada con el esfuerzo directo de ciudadanos de la comunidad china panameña, en el marco de los 150 años de presencia de esta colectividad en Panamá, como símbolo de integración entre la herencia cultural china y la identidad nacional.
Desde junio de 2024, representantes comunitarios sostuvieron gestiones ante la alcaldía de Arraiján para abordar la situación del parque, sin obtener respuestas concretas, afirmó Alex Gao, presidente de la Asociación China de Panamá.
“Solicitamos una investigación sobre el procedimiento y la posibilidad de reconstruir el parque en su ubicación original”, reiteró.
La comunidad hizo un llamado a las autoridades nacionales y locales para respetar la memoria histórica, garantizar procesos participativos y asegurar que decisiones sobre espacios conmemorativos se adopten con diálogo, criterios técnicos y respeto cultural, evitando precedentes que vulneren la dignidad colectiva de las comunidades que forman parte del país.
