Internacionales
Tres policías demandan a Donald Trump tras el asalto al Capitolio en 2021
Tres policías demandaron este martes al expresidente estadounidense Donald Trump por su papel durante el asalto por parte de sus seguidores al Capitolio en Washington, el 6 de enero de 2021, en el que murieron cinco personas y cerca de 140 agentes resultaron heridos.
Con estas ya son diez las acciones en contra de Trump después de que dos agentes denunciaran al exgobernante republicano en marzo y siete más en agosto del año pasado.
Este martes, Marcus J. Moore, de la Policía del Capitolio, interpuso una acción ante un tribunal del Distrito de Columbia bajo la Ley Ku Kux Klan de 1871.
Esa ley se aprobó 15 años después del fin de la guerra civil de Estados Unidos (1861-1865) para proteger tanto a los afroamericanos liberados de la esclavitud como a los legisladores del Congreso de la violencia de grupos supremacistas blancos como el Ku Klux Klan (KKK).
Dicha ley prohíbe que se intimide a los funcionarios federales para impedir que cumplan con su labor.
Moore, con diez años en la institución y quien ayudó a evacuar a los legisladores durante el asalto, alega que quedó traumatizado por los hechos de violencia ocurridos ese día y que desde entonces sufre de tinnitus, así como de otras secuelas emocionales.
Busca una indemnización por $75.000 dólares con su demanda, en la que cuenta con el respaldo de la firma Patrick Malone & Associates y de la organización sin fines de lucro Protect Democracry.
“Nuestro cliente sufrió heridas físicas y sicológicas como resultado de los insurrectos incitados por el expresidente a interrumpir la transferencia pacífica del poder”, señaló Patrick Malone, abogado del oficial, en un comunicado citado por el diario The Hill.
También Bobby Tabron y DeDivine K. Carter, de la Policía Metropolitana -fuerza que brindó apoyo a la Policía del Capitolio para contener a los manifestantes-, entablaron una demanda por haber sufrido agresiones físicas durante la violenta incursión.
Los oficiales acusan a Trump de asalto y agresión, complicidad en el asalto y la agresión, violación del estatuto de seguridad pública del Distrito de Columbia, entre otros, por lo que piden una indemnización de $75,000 dólares y el pago de otros gastos.
Como parte de los acuerdos de cooperación y de la lucha conjunta contra el crimen organizado transnacional, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), mediante la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, ha requerido al gobierno de Guatemala registrar y documentar los tatuajes que posean los reclusos.
Dicha medida busca cotejar información que pueda ligar a los detenidos con grupos criminales que operan en diversos países, con el fin de facilitar las investigaciones.
La medida está siendo implementada por el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala y el Sistema Penitenciario (SP). Las autoridades continuamente realizan operativos sorpresa en diferentes centros penales.
En el marco de la aprobación de la Ley Antipandillas en Guatemala, en noviembre pasado, se comenzó a implementar el registro biométrico de los reclusos; el cual consiste en censar huellas dactilares, rasgos faciales, escaneo de iris, y recientemente la documentación de tatuajes, ya que a través de estos es posible descifrar la pertenencia a maras, pandillas u otros grupos delictivos que operen de manera coordinada en diversas naciones.
«Los tatuajes representan un elemento clave de identificación, ya que muchos están vinculados a estructuras criminales específicas o contienen símbolos únicos que facilitan la verificación de antecedentes a nivel internacional y la vinculación con esas organizaciones», aseguró una fuente interna del Sistema Penitenciario al medio guatemalteco Prensa Libre.
Tanto el ministro de Gobernación y la Embajada de Estados Unidos en dicho país «destacaron la importancia de continuar con la cooperación y el trabajo articulado para fortalecer la gobernanza democrática e impulsar iniciativas de interés. Esto, con el objetivo de contrarrestar y enfrentar las amenazas de seguridad», aseguró la cartera de Estado en X.
El presidente de Honduras, Nasry Asfura, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, dialogarán sobre comercio, migración y seguridad durante el encuentro que sostendrán este sábado en Florida, informó el viernes el mandatario centroamericano.
Asfura, quien asumió el poder el pasado 27 de enero, recibió durante la campaña el firme apoyo de Trump. El mandatario estadounidense amenazó con cortar la ayuda al empobrecido país si el empresario conservador no resultaba electo en las presidenciales.
A las puertas de la votación, Trump también indultó al exmandatario conservador y copartidario de Asfura, Juan Orlando Hernández, quien cumplía una pena de 45 años de cárcel por narcotráfico.
«Estamos en toda la disposición para empezar de inmediato las pláticas», dijo Asfura antes de viajar este viernes a Florida en vuelo comercial para reunirse con Trump en su lujoso complejo de Mar-a-Lago.
En la agenda figuran temas como los aranceles que impuso Trump a las exportaciones hondureñas, como parte de su política proteccionista, según el mandatario, que evocó recientes acuerdos comerciales alcanzados por Guatemala y El Salvador con Washington.
Estados Unidos es el destino del 60% de las exportaciones de Honduras, uno de los países más empobrecidos y golpeados por la violencia del crimen organizado de Latinoamérica.
También estará sobre la mesa el asunto migratorio, y en particular la aspiración de Asfura de que Trump restablezca un estatuto especial que protegía a miles de hondureños de la deportación.
Asfura recordó que más de dos millones de hondureños residen en Estados Unidos y sus remesas representan 27% del Producto Interno Bruto del país.
El mandatario busca además atraer inversiones estadounidenses, y puso como ejemplo proyectos recientes de empresas como Cargill, Martori, Farm y OPC.
En medio del pulso entre Estados Unidos y China, Asfura ha dicho que evaluará retomar los vínculos con Taiwán.
Honduras entabló relaciones con China en 2023 bajo el anterior gobierno de la izquierdista Xiomara Castro.
Internacionales
Matan en México un narco implicado en el asesinato del futbolista colombiano Andrés Escobar
Un narcotraficante vinculado con la muerte a tiros del futbolista colombiano Andrés Escobar, quien marcó un autogol en el Mundial de 1994, fue asesinado en México, informó este viernes el presidente Gustavo Petro.
El nombre de Santiago Gallón Henao apareció en la investigación por la muerte del central de la selección Colombia, baleado en Medellín días después de marcar un gol en contra ante Estados Unidos durante un partido de la fase de grupos del torneo celebrado en ese país.
El crimen sacudió al mundo del fútbol ya Colombia, que vivía una de sus épocas más violentas por la violencia del narcotráfico tras la muerte dos años atrás a manos de uniformados de Pablo Escobar, que no tenía parentesco con el deportista.
Versiones indican que Santiago Gallón Henao y su hermano Pedro David increparon e insultaron a Andrés Escobar en una discoteca la noche del homicidio, el 2 de julio de 1994, apenas 10 días después del autogol.
El chófer de los hermanos, Humberto Muñoz, admitió haber disparado al futbolista de 27 años, supuestamente para defender a sus jefes en una situación de peligro. Fue condenado a 43 años de cárcel en 1995 y recobró la libertad en 2005 al recibir una rebaja de condena.
Petro aseguró en la red X este viernes que Santiago Gallón fue asesinado el jueves en México y lo señaló como autor del crimen contra el defensor, que en aquel momento jugaba para Atlético Nacional.
Ese asesinato «acabó con la imagen internacional del país», sostuvo el mandatario izquierdista.
Una fuente de la fiscalía de Toluca aseguró a la AFP que Santiago Gallón fue asesinado a balazos en un restaurante de Huixquilucan, municipio del Estado de México.
Según testimonios de familiares, «se dedicaba a la ganadería y se iba a reunir con ganaderos» en el lugar donde ocurrió el crimen, agregó el responsable, que pidió anonimato.
Santiago y Pedro David Gallón fueron investigados por encubrimiento y pasaron 15 meses en prisión sin llegar a ser juzgados.
Los hermanos fueron incluidos en 2015 en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por narcotráfico al ser designados como miembros de La Oficina de Envigado, una organización criminal heredera del Cartel de Medellín de Pablo Escobar.
José Guillermo Gallón Henao, otro de sus hermanos, fue extraditado a Estados Unidos en 2011, acusado de tener negocios con el capo mexicano Joaquín «El Chapo» Guzmán.
