Internacionales
Tres policías demandan a Donald Trump tras el asalto al Capitolio en 2021
Tres policías demandaron este martes al expresidente estadounidense Donald Trump por su papel durante el asalto por parte de sus seguidores al Capitolio en Washington, el 6 de enero de 2021, en el que murieron cinco personas y cerca de 140 agentes resultaron heridos.
Con estas ya son diez las acciones en contra de Trump después de que dos agentes denunciaran al exgobernante republicano en marzo y siete más en agosto del año pasado.
Este martes, Marcus J. Moore, de la Policía del Capitolio, interpuso una acción ante un tribunal del Distrito de Columbia bajo la Ley Ku Kux Klan de 1871.
Esa ley se aprobó 15 años después del fin de la guerra civil de Estados Unidos (1861-1865) para proteger tanto a los afroamericanos liberados de la esclavitud como a los legisladores del Congreso de la violencia de grupos supremacistas blancos como el Ku Klux Klan (KKK).
Dicha ley prohíbe que se intimide a los funcionarios federales para impedir que cumplan con su labor.
Moore, con diez años en la institución y quien ayudó a evacuar a los legisladores durante el asalto, alega que quedó traumatizado por los hechos de violencia ocurridos ese día y que desde entonces sufre de tinnitus, así como de otras secuelas emocionales.
Busca una indemnización por $75.000 dólares con su demanda, en la que cuenta con el respaldo de la firma Patrick Malone & Associates y de la organización sin fines de lucro Protect Democracry.
“Nuestro cliente sufrió heridas físicas y sicológicas como resultado de los insurrectos incitados por el expresidente a interrumpir la transferencia pacífica del poder”, señaló Patrick Malone, abogado del oficial, en un comunicado citado por el diario The Hill.
También Bobby Tabron y DeDivine K. Carter, de la Policía Metropolitana -fuerza que brindó apoyo a la Policía del Capitolio para contener a los manifestantes-, entablaron una demanda por haber sufrido agresiones físicas durante la violenta incursión.
Los oficiales acusan a Trump de asalto y agresión, complicidad en el asalto y la agresión, violación del estatuto de seguridad pública del Distrito de Columbia, entre otros, por lo que piden una indemnización de $75,000 dólares y el pago de otros gastos.
Dos policías murieron y un tercero resultó herido el martes durante un tiroteo en una propiedad rural en Porepunkah, localidad ubicada entre Melbourne y Canberra, Australia, informaron las autoridades.
El comisario de Policía de Victoria, Mike Bush, señaló que el sospechoso continúa prófugo, está fuertemente armado y representa un peligro para la comunidad. “Se enfrentaron al atacante y fueron asesinados a sangre fría”, declaró Bush.
Las víctimas fueron identificadas como un detective de 59 años y un agente de 35. El oficial herido fue sometido a cirugía y su estado de salud no representa riesgo de vida.
El tiroteo ocurrió cuando diez policías ingresaron a la propiedad rural para ejecutar una orden de búsqueda. Según las autoridades, el atacante logró escapar entre los arbustos, dejando atrás a su esposa y dos hijos.
Se recomendó a la población de Porepunkah permanecer en sus hogares hasta nuevo aviso, mientras la policía intensifica la búsqueda del sospechoso. “Nuestra prioridad es arrestarlo para que responda por sus acciones y garantizar la seguridad de la comunidad”, añadió Bush.
Internacionales
Motín en cárcel juvenil de Guatemala deja empleados como rehenes por traslado de líderes de pandillas
Internos del Centro Especializado de Reinserción Juvenil en la capital de Guatemala tomaron este lunes como rehenes a tres empleados del centro, en un nuevo motín atribuido a represalias por el traslado de líderes de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha a la cárcel de máxima seguridad Renovación I.
El gobierno reubicó el 30 de julio a 10 cabecillas de estas pandillas, quienes permanecen aislados y sin acceso a teléfonos celulares. Desde entonces se han registrado motines en cinco cárceles del país, en los que se han tomado guardias como rehenes, aunque fueron liberados sin incidentes mayores; en agosto, un vigilante murió durante una revuelta en la cárcel El Boquerón.
El presidente Bernardo Arévalo confirmó la toma de rehenes y aseguró que la Secretaría de Bienestar Social y el Ministerio de Gobernación trabajan para resolver la situación. “Los motines han surgido a partir de la decisión de poner en aislamiento a los cabecillas de las dos principales pandillas del país”, indicó el mandatario.
Las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha se disputan el control de territorios en Guatemala, donde extorsionan a comerciantes, transportistas y ciudadanos, y también operan en Honduras. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele ha encarcelado a decenas de miles de presuntos pandilleros desde 2022 bajo un régimen de excepción, criticado por organizaciones de derechos humanos.
Internacionales
“Mayo” Zambada se declara culpable de narcotráfico en EE. UU. y enfrenta cadena perpetua
Ismael “Mayo” Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa, se declaró este lunes culpable de narcotráfico ante un tribunal federal de Nueva York, decisión que le permitirá evitar un juicio pero que podría condenarlo a pasar el resto de su vida en prisión.
Zambada, de 75 años, aceptó los cargos de empresa criminal continuada y conspiración para lavar dinero, cometer asesinatos, secuestros y traficar drogas. Durante la audiencia, reconoció haber enviado más de 1,500 toneladas de cocaína a Estados Unidos, así como haber pagado sobornos a autoridades mexicanas.
El narcotraficante deberá pagar además una multa de 15,000 millones de dólares. La sentencia fue fijada para el 13 de enero de 2026, y el juez Brian Cogan adelantó que el principal cargo en su contra es castigado con cadena perpetua.
En su declaración, Zambada pidió perdón a las víctimas de la violencia generada por el cártel y llamó a la población de Sinaloa a mantener la calma y evitar la violencia en medio de la disputa con los herederos de Joaquín “Chapo” Guzmán.
La fiscalía estadounidense descartó solicitar la pena de muerte en su caso. Por su parte, la defensa aclaró que no existe ningún acuerdo de cooperación con el gobierno de Estados Unidos.
La resolución judicial marca el cierre de una de las últimas grandes persecuciones contra los líderes históricos del cártel de Sinaloa, tras la condena a cadena perpetua del “Chapo” Guzmán en 2018.
