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REVELACIÓN: Esposa de Michael Jackson asegura que nunca tuvo relaciones con el «Rey del Pop»
A raíz del estreno del documental Leaving Neverland, en el que dos hombres denuncian los abusos que sufrieron a manos de Michael Jackson a fines de los 80, su ex mujer Debbie Rowe ahora reveló que sus hijos Prince y Paris no son del cantante.
Rowe conoció al cantante cuando trabajaba en una clínica dermatológica y por 15 años mantuvieron una sólida amistad. Se casaron en el hotel Sheraton Park de Sidney, Australia, en noviembre de 1996, cuando él tenía 38 años y ella 37, poco después que éste se divorciara de Lisa Marie Presley. Cuando contrajeron matrimonio, ella estaba embarazada de seis meses: dio a luz a su hijo Prince en febrero de 1997 y, en abril de 1998, a su segunda hija, Paris. En 1999 se divorciaron, tras tres años de casados, y él se quedó con la custodia total de los niños.
En una entrevista a The Sun, Rowe aseguró que Prince y Paris fueron fruto de un donante de esperma y que jamás mantuvo relaciones sexuales con Jackson.
«Me fecundaron. De la misma manera que yo fecundo a mis yeguas para reproducirse. Fue muy técnico», comentó al periódico inglés. De forma muy gráfica, la madre de los dos hijos mayores del cantante afirmó: «Igual como yo le meto el esperma a mis caballos. Así lo hicieron conmigo. Yo era su yegua pura sangre».
No es la primera noticia que cuestiona la paternidad biológica del cantante a lo largo de las dos últimas décadas. En 2013, un actor aseguró que había donado semen para la concepción de los chicos y que fue invitado a conocerlos en el Reino Unido.
«Michael estaba divorciado, solo y quería tener hijos. Fui yo quien le dijo: ‘Tendré tus bebés’. Le ofrecí mi vientre. Fue un regalo. Fue algo que hice para serlo feliz», contó Rowe al periódico .
El matrimonio duró hasta octubre de 1999. Tras un acuerdo fuera de tribunales, Jackson se quedó con la custodia de los niños. «Son sus hijos, los tuve por él. No habrían nacido si no hubiera sido por mi amor por él. Lo hice para que se convirtiera en padre, no para convertirme yo en madre», sostuvo.
Pocos años después, en el 2002, el autor de «Thriller» tuvo un tercer hijo al que llamó Blanket, que según él mismo contó, fue concebido con su esperma a través de un vientre de alquiler.
En declaraciones de 2003, Rowe aseguraba que ella «jamás» había hecho nada «para ganar el título de madre». «Porque Michael lo hacía todo. Yo no me esforzaba por ser madre. No cambiaba pañales, no me levantaba en mitad de la noche. Incluso si yo estaba, Michael lo hacía todo».
El reciente documental de HBO recoge los testimonios de dos hombres que afirman que, siendo niños, el músico eabusó de ellos. Wade Robson y James Safechuck, de 36 y 40 años, han calificado al cantante de «maestro de la manipulación» y consideran que logró ganarse la confianza de sus familias para después abusar de ellos «cientos y cientos de veces».
La familia Jackson amenaza con demandar a los responsables del filme, que califica de «linchamiento público». Por su parte Paris trata de defender la inocencia de su padre y le preocupa también que estos acontecimientos pueden afectar a su incipiente carrera como actriz. La joven además ha reconocido públicamente que varias veces intentó quitarse la vida.
Los salvadoreños beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) mantendrán sus protecciones migratorias mientras el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) no tome una decisión sobre el futuro del programa, según una declaración oficial difundida ayer.
“Se hará un anuncio sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador en el momento oportuno. Hasta que se haga dicho anuncio, los salvadoreños presentes en Estados Unidos bajo el TPS conservan su protección”, señala la declaración enviada por la Embajada de Estados Unidos en El Salvador.
El mismo mensaje fue incorporado a la página oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).
La protección migratoria para los salvadoreños estaba programada para expirar el 9 de septiembre de 2026. Sin embargo, mientras el DHS no anuncie una determinación, se mantiene vigente el mecanismo establecido en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
Esta disposición establece que, si no se determina que un país ha dejado de cumplir las condiciones necesarias para mantener el TPS, la designación se extiende por un período adicional de seis meses. La ley también permite una extensión de 12 o 18 meses, a discreción del secretario.
Este mecanismo ya tiene precedentes. Uno de ellos ocurrió con el TPS del Líbano, cuya designación vencía el 27 de mayo, pero, al no existir una decisión final del DHS, se extendió automáticamente por seis meses.
El TPS para El Salvador se encuentra vigente desde 2001, cuando fue otorgado después de los dos terremotos que afectaron al país. Desde entonces, la designación ha sido extendida en múltiples ocasiones.
La Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC) recordó que, al no pronunciarse el DHS, se activa automáticamente la extensión de seis meses contemplada en la INA, por lo que considera que continúan vigentes las medidas de protección migratoria y los permisos de trabajo.
“Exigimos que el Gobierno cumpla con la extensión automática de seis meses para que los neoyorquinos salvadoreños puedan vivir y trabajar sin miedo”, señaló la organización.
La última vigencia del TPS para El Salvador deriva de una extensión de 18 meses aprobada por el DHS en enero de 2025. Esta estableció el período comprendido entre el 10 de marzo de 2025 y el 9 de septiembre de 2026.
La designación había sido previamente objeto de una larga disputa judicial. En junio de 2023, el entonces secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, rescindió aquella decisión de terminación y posteriormente el DHS aprobó una nueva extensión de 18 meses para los salvadoreños.
Actualmente, el Pew Research Center estima que cerca de 170,100 salvadoreños permanecen bajo el TPS en Estados Unidos. Esta cifra no incluye a quienes ya obtuvieron la residencia permanente o se convirtieron en ciudadanos estadounidenses.
Después de 25 años, algunos grupos de beneficiarios del TPS pueden contar con otras vías para regularizar su situación migratoria, entre ellos quienes están casados con ciudadanos estadounidenses, padres de ciudadanos mayores de 21 años, hijos de ciudadanos o personas que mantienen algún otro proceso migratorio o una solicitud de asilo pendiente.
Según FWD.us, una organización estadounidense de defensa de políticas públicas, alrededor de 170,000 salvadoreños beneficiarios del TPS viven en Estados Unidos.
Los principales estados donde residen son California, con 36,000; Texas, con 28,000; Maryland, con 23,000; Nueva York, con 17,000; y Virginia, con 11,000.
FWD.us también estima que los salvadoreños bajo el TPS aportan $5,400 millones anuales a la economía estadounidense y pagan alrededor de $1,500 millones cada año en impuestos federales, estatales y locales.
En cuanto a los sectores laborales, alrededor de 36,000 salvadoreños con TPS trabajan en la construcción; 32,000, en edificios y mantenimiento de terrenos; 23,000, en transporte; 18,000, en manufactura; y 12,000, en servicios de alimentación.
La organización advierte que retirar a los beneficiarios del TPS de sus empleos podría elevar los costos para los estadounidenses. Además, estima que más de 150,000 niños ciudadanos estadounidenses dependen de las contribuciones de sus padres salvadoreños beneficiarios del TPS, lo que representa otro frente de debate sobre el futuro del programa.
El juicio por la muerte de Diego Maradona inició este martes una nueva etapa con los primeros testimonios presentados por las defensas. Dos especialistas en adicciones respaldaron un tratamiento similar al que recibió el astro argentino del fútbol, aunque aclararon que sus declaraciones se realizaron en términos generales y sin referirse directamente al caso.
La defensa del psicólogo Carlos Díaz buscó demostrar que la adicción de Maradona al alcohol y a los psicofármacos no era suficiente, por sí sola, para justificar una internación contra su voluntad.
Durante la audiencia, el sociólogo especializado en adicciones Ignacio O’Donnell sostuvo que una persona que no se encuentra consumiendo sustancias y logra mantenerse sin hacerlo no requiere necesariamente una internación.
El siguiente testigo, el psicólogo Damián Barreiro, coincidió con O’Donnell y afirmó que una persona que consume sustancias no está, por ese solo hecho, incapacitada. Según explicó, para disponer una internación contra su voluntad debe existir un riesgo inminente para la propia persona o para terceros.
Ambos especialistas señalaron que sus declaraciones eran de carácter general y que no conocían los pormenores del caso de Maradona.
El exfutbolista murió durante una internación domiciliaria cuya pertinencia y condiciones se encuentran en el centro del debate judicial. Semanas atrás, dos peritos convocados por la parte acusatoria declararon que Maradona habría tenido que ser internado de manera forzosa debido a que, según ellos, “no estaba en sus cabales”.
Maradona había sido trasladado a una casa ubicada en Tigre, al norte de Buenos Aires, después de ser operado de un hematoma subdural el 3 de noviembre de 2020.
El 25 de noviembre de ese mismo año fue encontrado muerto en su habitación. La causa del fallecimiento fue un paro cardiorrespiratorio y un edema pulmonar.
Durante el proceso, peritos convocados por la fiscalía también señalaron que Maradona debió haber permanecido internado en un hospital y que, durante las semanas previas a su muerte, presentó signos de desmejoría que debieron alertar a los profesionales responsables de su atención.
El juicio se desarrolla en un tribunal de San Isidro, cerca de Tigre, y además de Carlos Díaz tiene como acusados a otros seis profesionales de la salud.
Todos enfrentan acusaciones por homicidio con dolo eventual, figura que implica que eran conscientes de que sus acciones u omisiones podían ocasionar la muerte de Maradona. De ser declarados culpables, arriesgan hasta 25 años de prisión.
El juicio comenzó en abril y podría concluir en octubre, luego de que varias de las defensas desistieran de algunos testigos con el objetivo de agilizar el proceso.
Olga Carolina Esquité, de 43 años, y su hija Natali Nicole Esquité, de 23, fueron asesinadas mientras laboraban en su negocio de venta de ropa usada, ubicado en la colonia Santa Fe, zona 13 de la Ciudad de Guatemala.
De acuerdo con la información proporcionada, ambas mujeres perdieron la vida de forma instantánea tras ser atacadas al interior del establecimiento comercial.
Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) desplegaron un operativo de seguridad y acordonaron ampliamente la escena, a la espera de la llegada del Ministerio Público (MP) para realizar las diligencias correspondientes.
Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque. Sin embargo, las primeras hipótesis apuntan a que podría estar relacionado con una extorsión que las mujeres presuntamente se habrían negado a pagar.
En Guatemala, las estadísticas oficiales reflejan que el delito de la extorsión continúa afectando al sector comercial y al transporte en el territorio nacional.
