Internacionales
Matonería y abuso de autoridad empañan año preelectoral en Guatemala
El país vecino Guatemala, se apresta a iniciar un año preelectoral y con esto, personajes de la política han iniciado una precampaña a todas luces abusiva e ilegal.
Medios locales afirman que en los últimos meses distintos personajes del congreso de diputados pretenden venderse como “un plus” utilizando medios escritos, digitales y en especial, las redes sociales.
Tales funcionarios provocan escándalos o «inventan» ataques a propios y extraños, sin escrúpulo alguno buscando vistas y likes en redes sociales, haciendo mucho más ruido que acciones, extrañamente cerca del nuevo período electoral.
Este es el caso del diputado Aldo Dávila, quien cada vez que puede «arma» escándalos contra las autoridades por una u otra razón y ha llegado a ofender compañeros de bancada, servidores públicos y hasta mujeres, las cuales, según fuentes, no son de su predilección.
Sin embargo, dichas actuaciones han acarreado problemas al diputado Dávila. Este se ha enfrentado a numerosas denuncias en su contra durante la presente legislatura, por abusos de autoridad, maltrato de agentes públicos, maltrato a la mujer y otros delitos, escudándose en su alta investidura.
El 17 de febrero de 2020, Aldo Dávila fue acusado de abuso de autoridad al intimidar y ofender a personal de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y miembros de la Policía Nacional Civil (PNC).
El 4 de septiembre de 2020 tuvo un nuevo enfrentamiento contra agentes de la PNC.
EL 13 de septiembre del año 2021 fue denunciado por abuso de autoridad por agentes de la PNC.
Ese mismo día se le acusó de referirse a un ministro de Gobierno de una forma indecorosa a través de sus redes sociales.
El 14 de febrero del año en curso la ministra de educación, Claudia Ruiz Casasola interpuso una denuncia por transgresión a los derechos de las mujeres y abuso de autoridad, luego de ser intimidada y atacada meditativamente por el susodicho diputado.
El diputado Aldo Dávila, también fue expulsado de la bancada de Winaq por desordenes, mostrar comportamiento poco ético y dejando en evidencia la falta de objetividad en su actuar.
Según fuentes, Dávila se ha dado a la tarea de engañar a sus seguidores con populismo y likes ficticios en redes sociales, pero sin realizar acciones concretas ni soluciones para el pueblo de Guatemala.
Aldo Dávila se ha convertido, según analistas, en un «matón», que aprovecha su curul para abusar del sistema y hasta atacar a las mujeres que no son de su preferencia, política.
Sin embargo, ante el oscuro historial de Dávila, abogados consultados son de la opinión que es sumamente hábil para intimidar a quienes se atreven a investigarlo o seguir la huella de sus presuntos delitos, entre ellos el juez de Primera Instancia, Guillermo Alfredo Luna, quien ante presiones desde el legislativo dictó, a pesar de la robustez de pruebas en contra del diputado, falta de mérito en un caso en el que se señalaba de abuso de autoridad, discriminación y atentado.
El caso había sido incoado por la Fiscalía de Delitos Administrativos, la que solicitó que Dávila fuera procesado, pero el juez, sin razonar su sentencia, consideró que no existía delito que perseguir y dictó la falta de mérito, a pesar que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ya le había retirado la inmunidad.
Recientemente la ministra de Educación, Claudia Ruiz Casasola, presentó una denuncia penal en contra del diputado Dávila por supuestas agresiones verbales y malos tratos, incluso solicitó una orden de alejamiento a su favor y de las viceministras de Educación.
«La denuncia es en el marco de la Ley de Femicidio. Tanto la viceministra Carmelina Espantay com su servidora hemos sido víctimas de los abusos del señor diputado», expresó Ruiz a periodistas al interponer la denuncia.
Aldo Dávila habría difamado y calumniado a la funcionaria al asegurar que esta no se excusó para acudir a una citación legislativa. «Nosotros sí nos excusamos, aquí tenemos la copia de recibido en el despacho del señor diputado», con fecha 8 de febrero, aseguró la ministra.
Ruiz es la segunda funcionaria de alto rango del gabinete del presidente Alejandro Gimmattei que denuncia a Dávila. El primero fue Felipe Aguilar, ministro de Cultura y Deportes.
El ejecutivo comunitario anunció que iniciará un procedimiento para ayudar a Google a preparar medidas acordes con su insignia normativa, la Ley de Mercados Digitales (DMA).
En virtud de la DMA, las mayores empresas tecnológicas del mundo deben abrirse a la competencia para ofrecer más opciones a los consumidores y limitar los abusos relacionados con posiciones dominantes en el mercado.
El gobierno de Donald Trump criticó duramente esta normativa, así como la regulación para la moderación de contenidos, llamada Ley de Servicios Digitales, y acusó al bloque de atacar injustamente a las empresas estadounidenses.
Bruselas cree que esta medida permitirá a los rivales «optimizar sus servicios y ofrecer a los usuarios alternativas reales a la búsqueda de Google».
Este procedimiento anunciado este martes no es una investigación formal que pueda implicar multas, ya que el ejecutivo de la UE desarrolló un plazo de seis meses.
Pero si Bruselas no está satisfecha con los esfuerzos de Google, puede concluir posteriormente que la empresa no está cumpliendo con sus normativas.
Cualquier infracción de la DMA puede acarrear multas de hasta el 10% de la facturación global total de una empresa.
«Queremos ayudar a Google explicándole con más detalle cómo debe cumplir con sus obligaciones de interoperabilidad y de intercambio de datos de búsqueda en línea en virtud de la Ley de Mercados Digitales», afirmó en un comunicado la responsable de Competencia de la UE, la española Teresa Ribera.
Google se defendió, insistiendo en que Android está concebido como un sistema abierto.
«Ya estamos concediendo licencias de datos de búsqueda a nuestros competidores en virtud de la DMA», afirmó Clare Kelly, asesora jurídica sénior de Google en materia de competencia, en un comunicado.
«Sin embargo, nos preocupa que nuevas normas, que a menudo se basan en las quejas de los competidores más que en los intereses de los consumidores, puedan comprometer la privacidad, la seguridad y la innovación de los usuarios».
Google ya se enfrenta a una multa en virtud de la DMA por favorecer sus propios servicios en una investigación iniciada en marzo de 2024.
El gigante también ha sido objeto de otra investigación de la DMA desde noviembre por sospechas de que ha relegado a los medios de comunicación en los resultados de búsqueda.
El escrutinio no termina con la DMA. Google también enfrenta otros casos relacionados con las normas de competencia del bloque.
Al menos más de 20 personas han muerto en Estados Unidos a causa de una intensa tormenta invernal que ha provocado nevadas históricas, temperaturas extremas y graves afectaciones en amplias zonas del país, informaron autoridades y medios locales.
De acuerdo con registros nacionales, la tormenta dejó acumulaciones superiores a los 30 centímetros de nieve a lo largo de una franja de aproximadamente 2,100 kilómetros, que se extiende desde el estado de Arkansas hasta Nueva Inglaterra. En algunas áreas del noreste, los espesores de nieve superaron incluso los 50 centímetros.
Las muertes reportadas están relacionadas principalmente con accidentes de tránsito en carreteras cubiertas de hielo, casos de hipotermia, incidentes durante la limpieza de nieve y fallas en el suministro eléctrico. Cientos de miles de personas quedaron sin energía eléctrica, especialmente en estados del sur y centro del país, donde este tipo de fenómenos no es habitual.
El impacto de la tormenta también se reflejó en la cancelación de miles de vuelos, el cierre de escuelas y la interrupción de servicios públicos. Las autoridades emitieron alertas por frío extremo, con sensaciones térmicas que en algunas zonas descendieron por debajo de los -30 grados Celsius.
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las bajas temperaturas podrían mantenerse durante varios días más y no descartó la posibilidad de nuevas tormentas invernales, por lo que instó a la población a extremar precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informada a través de los canales oficiales.
Internacionales
Colombia bloquea señal de celulares en cárceles tras denuncia de El Salvador por red de estafas
El Gobierno de Colombia anunció este lunes el bloqueo inmediato de la señal de telefonía celular en al menos tres cárceles del país, tras denuncias de El Salvador sobre redes de extorsión telefónica que operan desde prisiones colombianas y que afectan a ciudadanos en Centroamérica.
El ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga, informó que la medida se aplicará en los centros penitenciarios de Cómbita, en el departamento de Boyacá; Valledupar, en el norte del país, y La Dorada, en el centro-occidente, como parte de una ofensiva contra la extorsión desde prisión.
«No hay tregua. No tenemos tiempo para seguir evaluando métricas ni excusas técnicas. Hay que bloquear la señal y punto», afirmó el funcionario durante un acto oficial en una cárcel de Bogotá, según declaraciones recogidas por medios locales y agencias internacionales.
Las medidas fueron anunciadas luego de que autoridades de El Salvador, incluido su ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, denunciaron el sábado que una red criminal realiza llamadas extorsivas desde la cárcel de Cómbita, utilizando tecnología que simula secuestros, y que afecta a víctimas en varios países de la región.
El Gobierno salvadoreño señaló que la identificación del origen de las llamadas se realizó con apoyo de tecnología del Gobierno de Estados Unidos, lo que permitió ubicar los dispositivos en ese centro penitenciario de máxima seguridad, situado a unos 158 kilómetros de Bogotá.
Idárraga advirtió que la extorsión desde cárceles se ha «naturalizado» en Colombia y calificó de inaceptable que este delito traspase fronteras. «No podemos permitir que este flagelo se expanda a Centroamérica», sostuvo, al tiempo que anunció investigaciones y contactos con autoridades salvadoreñas para verificar la información y establecer responsabilidades.
En Colombia, el uso y tenencia de teléfonos celulares e internet por parte de los reclusos está prohibido por ley, pero las autoridades reconocen que el ingreso ilegal de dispositivos es recurrente, en un sistema penitenciario afectado por problemas estructurales como hacinamiento y corrupción.
Según el Ministerio de Justicia de Colombia, el control tecnológico en los centros de reclusión es una de las principales herramientas para combatir las redes de extorsión , aunque la aplicación del bloqueo de señales ha sido irregular y una parte significativa de las denuncias por este delito continúa originándose en las cárceles de ese país, según las autoridades colombianas.
