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Los secuestraron, golpearon y hasta violaron, al ofrecerles el «sueño americano» a 17 inmigrantes
Una llamada telefónica dejó sin aliento a un migrante en California el 4 de agosto de 2015. Al otro lado de la línea, un hombre con tono agresivo le ordenó que pagara inmediatamente un rescate de 7,000 dólares si valoraba la vida de su novia, a quien tenían secuestrada en Tijuana, México. Para que ella suplicara a gritos que les diera el dinero, los criminales le pusieron el cañón de una pistola en el estómago.
No era una broma, ni una extorsión falsa. Esta mujer identificada como R.C. había sido raptada por la misma banda de traficantes de inmigrantes que le ofreció cruzarla ilegalmente hacia Estados Unidos. La contactaron en esa ciudad fronteriza y ella aceptó. Creía que ese día la transportaban a California y hasta fingieron cruzar un ‘retén’ de la Patrulla Fronteriza, pero en realidad la llevaron a la guarida de la banda. Ahí pasó un infierno de tres días.
Antes de que el dinero que exigían para liberarla fuese depositado en una cuenta bancaria, Alberto Jiménez Bautista, alias el ‘Jefe’ y uno de los integrantes de esa organización criminal, llevó su tortura al extremo. «Mientras apuntaba a la cabeza de la víctima R.C. con una pistola, la agredió y violó sexualmente», según una acusación federal.
En total, nueve inmigrantes, hombres y mujeres, cayeron en las garras de estos delincuentes. Los mantuvieron atados de manos mientras llamaban a sus familiares y parejas en EEUU, pidiéndoles entre 5,000 y 16,000 dólares a cambio de no hacerles daño. En algunos casos exigieron sumas elevadas.
Solo por este grupo los secuestradores recibieron 99,000 dólares a través de depósitos bancarios y giros electrónicos, varios de estos realizados desde California, de acuerdo con la Fiscalía.
Las víctimas fueron amenazadas con armas para convencer a sus parientes, aunque a las mujeres les fue peor. Bautista también trató de violar a una mujer identificada como A.H. Por ella y otro familiar que estuvo también secuestrado, su hermano envió 16,000 dólares desde California el 4 de agosto de 2015 y al día siguiente, ante una nueva advertencia de que los matarían, mandó 6,000 dólares más en un giro electrónico.
Cuatro personas con «experiencia operativa» están involucradas en el doble asesinato de funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México, confirmaron la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). El ataque fue planificado, aseguraron las autoridades.
La investigación apunta a que el tirador, captado en las cámaras de videovigilancia, esperó a que los servidores públicos Ximena Guzmán y José Muñoz estuvieran juntos para cometer el delito el 20 de mayo sobre la Calzada de Tlalpan, en la alcaldía Benito Juárez.
Una vez que las víctimas abordaron el vehículo con el que se disponían a realizar su jornada laboral, el agresor se colocó de frente y disparó con un arma de fuego contra ellas. Las heridas de bala en sus cráneos y tórax les causaron la muerte de inmediato.
Ocho casquillos calibre 9 mm fueron encontrados en la zona del ataque, y de acuerdo con la Fiscalía, el arma no está vinculada a otros delitos. Con apoyo de otras tres personas, el pistolero logró darse a la fuga en una motocicleta.
Además, los involucrados cambiaron de vehículo en dos ocasiones para abandonar el perímetro de la ciudad. Los números de serie fueron alterados y tienen reporte de robo, detalló la Fiscalía. «Los indicios confirman que el ataque fue directo, ejecutado con un alto grado de planeación y experiencia operativa», destacaron.
Sin embargo, las autoridades todavía no tienen una «hipótesis concluyente sobre el móvil del crimen ni sobre posibles autores intelectuales». Por ello, se mantienen abiertas «todas las líneas de investigación», explicaron.
«Puedo asegurarles que estamos agotando todos los recursos y las líneas de investigación para que estos hechos […] no queden impunes», detalló la fiscal general, Bertha Alcalde Luján. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada si incrementará sus medidas de seguridad en actos públicos ante estos crímenes.
«No, no tenemos pensado», respondió en su conferencia matutina de ayer. La mandataria también negó que haya recibido denuncias de amenazas de algún funcionario.
De enero a abril, en la Ciudad de México hubo 316 víctimas de homicidio doloso, detalla el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Rusia anunció el viernes que canjeó 270 militares y 120 civiles capturados con Ucrania, en un intercambio acordado con Kiev en las conversaciones de Estambul la semana pasada.
«270 militares rusos y 120 civiles (…) fueron devueltos. A cambio, fueron entregados 270 prisioneros de guerra del ejército ucraniano y 120 civiles», informó el Ministerio de Defensa ruso en Telegram.
Por otra parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, confirmó el viernes que su país repatrió a 390 personas en la primera fase de un intercambio de prisioneros a gran escala con Rusia, que durará varios días.
«La primera fase del acuerdo de intercambio ‘1.000 por 1.000’ concluyó» con la repatriación de «390 personas», declaró en X. «Esperamos que el intercambio continúe el sábado y el domingo», añadió Zelenski.
Se trata de la segunda condena contra el exfuncionario en ese país, luego de que en octubre pasado fuera sentenciado a 39 años de cárcel por proteger al cártel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos, tras un juicio en el que testificaron antiguos miembros del grupo criminal.
El nuevo fallo corresponde a una demanda civil que presentó México en septiembre de 2021 contra García Luna y su esposa Linda Cristina Pereyra, a quienes acusa de conformar una «red de corrupción y lavado de dinero» que abarcó decenas de contratos públicos. Las operaciones de blanqueo se ejecutaron en Estados Unidos.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF), brazo antilavado del gobierno, dijo en un comunicado que «la sentencia equivale a tres veces la cantidad de dinero por la que el gobierno de México los demandó originalmente», conforme a la ley de Florida, donde se llevó el caso.
García Luna, de 56 años, fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno del presidente conservador Felipe Calderón (2006-2012).
El exfuncionario fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas. Vivía desde 2012 en Estados Unidos.
El gobierno mexicano ha dicho que un conglomerado empresarial familiar de García Luna obtuvo 30 contratos con varios organismos de seguridad pública, a partir de los cuales se extrajeron recursos por un monto de 745,9 millones de dólares.
En marzo de 2023, la UIF señaló que los fondos «fueron transferidos al extranjer» mediante la utilización de paraísos fiscales y la adquisición de bienes y otros activos en el estado de Florida.
