Internacionales
La Fiscalía de facto de Bolivia imputa a Evo Morales con cargos de «terrorismo» y ordena su detención
Este lunes 6 de julio, la Fiscalía General de facto de Bolivia imputó formalmente al presidente depuesto Evo Morales Ayma por los delitos de «terrorismo» y «financiamiento al terrorismo», en el marco del llamado «caso audio».
La Comisión de Fiscales Anticorrupción informó en un comunicado de prensa que se emitió la resolución de imputación formal en contra de Morales, porque «se evidenció» que el mandatario depuesto, desde su exilio en México, se coordinó con un dirigente del trópico de Cochabamba, identificado como Faustino Yucra, para bloquear el envío de alimentos a ciudades bolivianas.
Desde finales de noviembre de 2019, las autoridades bolivianas difundieron el audio de una conversación entre Morales y Yucra, en donde el presidente depuesto presuntamente daba indicaciones sobre cómo debían organizar los bloqueos en el país para protestar contra el Gobierno de la autoproclamada presidenta interina, Jeanine Áñez.
«Dividan el sindicato en cuatro o cinco grupos. Yo aguanté un mes de bloqueo (así). Te pongo un ejemplo, si mi sindicato tiene 40 afiliados, cada grupo de diez en diez, cuatro grupos, eso es para mucho tiempo», decía una voz que se atribuyó a Morales.
De acuerdo con la Fiscalía de facto, en distintas conversaciones realizadas el 12, 14 y 17 de noviembre de 2019, Morales instruyó al dirigente cocalero a «cometer actos ilícitos«.
La Fiscalía boliviana de facto señaló que, tras la «pericia en audiología» solicitada al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) del Ministerio Público de Colombia, se tuvo como resultado que «las muestras tienen una alta probabilidad de identificación de la voz del señor Evo Morales Ayma».
Con estas pruebas preliminares, la Fiscalía boliviana solicitó la detención preventiva de Morales, quien se encuentra actualmente exiliado en Argentina.
Hasta el momento, Morales no ha respondido a la imputación de la Fiscalía de facto.
«Uso abusivo de la justicia»
No obstante, el domingo 5 de julio, Morales denunció en su cuenta de Twitter el «uso abusivo de la justicia» por parte de la derecha boliviana «con el fin de inhabilitar candidatos y proscribir» a su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS).
En los últimos meses, el candidato presidencial del MAS, Luis Arce, quien es favorito en los sondeos de cara a los comicios del 6 de septiembre, denunció un plan del Gobierno de facto, dirigido por Jeanine Áñez, para impedir su participación en las próximas elecciones generales.
«Lamentamos una vez más este tipo de hechos que no nos amedrentan», señaló en Arce en su cuenta de Twitter, después de que la Gestora Pública, instancia que administra los fondos de la renta de vejez de los bolivianos, presentó una denuncia contra él por la presunta compra de un software inexistente con sobreprecio para esta entidad, cuando el también exministro de Economía era presidente de dicho directorio.
Una mujer embarazada de seis meses resultó herida de bala tras un intento de asalto registrado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El hecho ocurrió en la intersección de la 6ª avenida y 8ª calle, donde sujetos armados habrían interceptado a la víctima con intenciones de robo. La mujer fue identificada como Jimena Vickers, de 31 años, quien se desempeña como visitadora médica.
De acuerdo con versiones preliminares, los atacantes abrieron fuego luego de que Vickers se opusiera al asalto. En el parabrisas del vehículo, del lado del conductor, se observaron al menos tres impactos de bala.
La víctima fue auxiliada por cuerpos de socorro y trasladada a un centro asistencial. Su estado de salud, así como el del bebé que espera, no ha sido detallado por las autoridades.
La PNC inició un operativo en el sector para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se reportan capturas.
Internacionales
Crisis humanitaria en Gaza deja a niños y madres gravemente afectados por la desnutrición en medio del conflicto
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó este viernes que uno de cada cuatro niños entre seis meses y cinco años, así como mujeres embarazadas y lactantes atendidos en sus clínicas en Gaza, presenta signos de desnutrición, en lo que califican como una emergencia sanitaria y humanitaria de alto nivel.
En un comunicado, MSF acusó a las autoridades israelíes de usar deliberadamente el hambre como un arma de guerra. “Los propios pacientes y profesionales de la salud sufren de hambre”, señaló la ONG, que mantiene presencia médica en Ciudad de Gaza.
Caroline Willemen, coordinadora del proyecto de MSF en esa ciudad, aseguró que están recibiendo alrededor de 25 nuevos casos de desnutrición diariamente. Desde el 18 de mayo, los registros se han cuadruplicado y la desnutrición severa en menores de cinco años se ha triplicado.
MSF afirma que esta situación se debe a una “hambruna deliberada”, consecuencia directa del bloqueo impuesto por Israel sobre el enclave palestino. Aunque a finales de mayo se flexibilizó el cerco, las carencias de alimentos, medicinas y productos básicos persisten.
Israel, por su parte, responsabiliza a Hamas de manipular la ayuda humanitaria, acusándolo de apropiarse de suministros para revenderlos a precios desorbitados o de atacar a las personas que esperan recibir alimentos.
La ONG también denunció ataques en los centros de distribución de alimentos gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Israel y Estados Unidos. “Estas distribuciones no son ayuda humanitaria, son crímenes de guerra cometidos a plena luz del día bajo el disfraz de compasión”, afirmó Mohammed Abu Mughaisib, coordinador médico adjunto de MSF en Gaza.
La ONU ha documentado más de 1.000 muertes desde finales de mayo en puntos de ayuda humanitaria, la mayoría cerca de los centros operados por la GHF.
Ecuador cerró el primer semestre de 2025 como el más violento de los últimos 14 años, al registrar 4,557 homicidios, lo que representa un aumento del 45 % respecto al mismo periodo de 2024 y un 22 % más en comparación con los primeros seis meses de 2023, según datos del Ministerio del Interior recopilados por el medio «Primicias».
Del total de muertes violentas, el 89 % (4,069 casos) fue cometido con armas de fuego, incluyendo pistolas, escopetas, ametralladoras y fusiles, lo que evidencia el creciente poder de fuego de los grupos criminales.
Mayo se posicionó como el mes más sangriento desde que se tiene registro, con 915 homicidios, superando incluso los 831 asesinatos ocurridos en octubre de 2023. En promedio, al menos 30 personas fueron asesinadas cada día durante el primer semestre del año. En junio, aunque hubo una leve reducción, se contabilizaron 548 crímenes.
Entre enero y mayo, 70 cantones del país registraron un aumento en muertes violentas respecto al mismo periodo del año anterior. En estos territorios se concentró el 90 % de los homicidios registrados, es decir, un total de 3,578.
Frente a esta escalada de violencia, el gobierno de Daniel Noboa ha decretado estados de excepción en varias provincias —Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos—, en dos cantones de Quito y en el sistema penitenciario nacional. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para frenar la criminalidad.
El más reciente estado de excepción, declarado el 12 de abril mediante el Decreto 599, fue parcialmente aprobado ayer por la Corte Constitucional, que consideró inconstitucional aplicar la medida en todos los centros penitenciarios y en el cantón Camilo Ponce Enríquez (Azuay), al no evidenciarse hechos que justifiquen su inclusión.
Además, la Corte rechazó la suspensión del derecho a reunión, las inspecciones y requisas sin orden judicial, así como la intervención directa de las Fuerzas Armadas, al señalar que estas acciones pueden ejecutarse dentro del marco legal ordinario.
Pese a ello, se mantuvieron restricciones como la suspensión del derecho a la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la correspondencia, permitiendo a la fuerza pública realizar allanamientos y revisar mensajes dirigidos a privados de libertad.
El alto índice de homicidios refleja la profunda crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, donde el crimen organizado y las bandas armadas continúan desafiando la capacidad del Estado para contener la violencia.
