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La Corte Suprema le dio la razón al gobierno de Trump y autorizó la detención de inmigrantes con antecedentes penales
Los extranjeros pueden ser arrestados durante tiempo sin determinado y sin derecho a fianza, aún años después del delito que figure en su registro. El tribunal, con dos magistrados elegidos por el presidente, hizo pesar su mínima ventaja conservadora, con una votación de 5 a 419 de marzo de 2019
La Corte Suprema de Estados Unidos decidió este martes a favor del gobierno del presidente Donald Trump en un caso sobre la detención de los inmigrantes con antecedentes penales, autorizando su arresto sin un límite de tiempo aún después de haber cumplido las sentencias previas.
El máximo tribunal sustentó la tesis del gobierno de que las autoridades pueden detener en cualquier momento y por un periodo indefinido a personas con este perfil por cinco votos a favor y cuatro en contra, según un documento publicado por la corte. De esta forma, el tribunal mostró una vez más su inclinación conservadora, determinada a partir del nombramiento de dos magistrados por parte del presidente.
Según el fallo, redactado por el juez Samuel Alito, se deja abierta la posibilidad de que los individuos apelen su detención. La Corte consideró que no es su trabajo determinar un tiempo límite por el cual los inmigrantes pueden permanecer detenidos luego de cumplir una sentencia.
Los abogados de organizaciones civiles argumentaban que la ley federal migratoria de 1996 autorizaba al arresto «inmediato» de los inmigrantes al salir de prisión.
Pese a que es difícil determinar la cantidad de personas que se verán afectadas por esta decisión judicial, el Gobierno estadounidense tiene a diario a unos 30.000 inmigrantes en su custodia mientras determina si deben ser deportados o no.
Tras conocerse la resolución del Supremo, varias organizaciones civiles, como la Unión de Libertades Civiles (ACLU), lamentaron que el tribunal haya optado por una «interpretación extrema» de las leyes de inmigración.
«La Corte Suprema ha respaldado la interpretación más extrema de los estatutos de detención de inmigrantes, permitiendo el encarcelamiento masivo de personas sin ninguna audiencia, simplemente porque se están defendiendo contra un cargo de deportación», apuntó la directora legal de ACLU, Cecillia Wang.
(Con información de AFP y EFE)
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la prohibición de ingreso al país para la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, en respuesta a las órdenes de captura emitidas contra la fiscal general colombiana, Luz Adriana Camargo, y el exministro de Defensa, Iván Velásquez.
“Se prohíbe su entrada por denostar gente honesta colombiana y por burlarse de la dignidad colombiana”, expresó Petro durante un consejo de ministros televisado, en el que instruyó a la canciller Laura Sarabia a emitir el acto administrativo correspondiente.
Las capturas fueron ordenadas por el fiscal Rafael Curruchiche, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Guatemala, bajo acusaciones de asociación ilícita, obstrucción de la justicia, tráfico de influencias y colusión, vinculadas al caso Odebrecht.
El fiscal guatemalteco acusa a Camargo y Velásquez, excomisionado de la CICIG —entidad respaldada por la ONU— de integrar una estructura criminal que habría favorecido a Odebrecht, ocasionando pérdidas al Estado guatemalteco por más de $400 millones.
En respuesta, el secretario general de la ONU, António Guterres, recordó que ambos funcionarios gozan de inmunidad judicial por sus funciones en la CICIG, una protección que sigue vigente incluso después de finalizado su mandato.
La medida del gobierno colombiano profundiza las tensiones diplomáticas entre ambos países en torno al legado de la lucha contra la corrupción en Centroamérica.
Autoridades penitenciarias de Honduras descubrieron un arsenal en la Penitenciaría Nacional de Támara, ubicada a unos 20 kilómetros al norte de Tegucigalpa, donde pandilleros ocultaban armamento de guerra y equipo de vigilancia.
El hallazgo se realizó en una cocina del pabellón que era ocupado por miembros de pandillas, días después de que más de 160 reclusos de las estructuras criminales Barrio 18 y Mara Salvatrucha fueran trasladados a cárceles de máxima seguridad.
Entre los objetos decomisados figuran un lanzacohetes RPG-7, dos fusiles AK-47, un fusil lanzagranadas, una pistola 9 milímetros, municiones, chalecos antibalas, gorros pasamontañas, cinco cámaras de seguridad, 40 enrutadores de internet, dinero en efectivo y drogas.
“¿Contra quién iban a pelear?”, cuestionó el coronel Ramiro Muñoz, director del Instituto Penitenciario, durante la presentación del material incautado.
Las cárceles hondureñas han sido calificadas por las propias autoridades como “bombas de tiempo”, debido al hacinamiento y su función como centros de operaciones del crimen organizado y las pandillas.
Internacionales
Brasil suspende producción en planta embotelladora de Coca-Cola por posible contaminación
El gobierno de Brasil suspendió de forma preventiva la producción y embotellamiento en una planta de la empresa Solar, segunda mayor fabricante de bebidas de Coca-Cola en el país, ubicada en el estado de Ceará (noreste), tras detectar una posible contaminación en el proceso industrial.
La medida fue anunciada por el ministro de Agricultura, Carlos Fávaro, quien detalló que unos nueve millones de litros de bebidas permanecen retenidos en la planta mientras se realizan análisis para determinar si hubo contacto del producto con un líquido utilizado en el sistema de refrigeración.
Fávaro aseguró que, pese a la suspensión, “no hay riesgo para la población”, ya que la refrigeración en dicha planta se realiza con etanol alimenticio y agua. No obstante, destacó que la decisión fue tomada con carácter preventivo para garantizar la seguridad del consumo.
La paralización fue ordenada la noche del martes, luego de identificarse una posible falla en el sistema que podría haber provocado una mezcla del refrigerante con el producto.
En un comunicado conjunto, Solar y Coca-Cola Brasil confirmaron la suspensión temporal de la producción y señalaron que están realizando exámenes rigurosos para garantizar la seguridad de sus bebidas.
Una vez concluidos los análisis, si se descarta la presencia de contaminantes, la empresa podrá reanudar sus operaciones y distribuir los productos retenidos, añadió el titular de Agricultura.
