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INCREÍBLE: Madre decapita a su hijo de 9 años por intentar rebautizarlo como niña
La madre, Rosana Cândido, de 27 años, y su pareja Kacyla Pessoa, de 28, apuñalaron al menos doce veces a su hijo, Rhuan Silva, de 9, mientras el pequeño dormía.
Los hechos ocurrieron el pasado 31 de mayo en Brasil, cuando la pareja acordó asesinar al menor con un cuchillo.
De acuerdo a las autoridades brasileñas, hace un año Rhuan fue sometido a una cirugía por su madre y su novia, pues pretendían rebautizarlo como una niña, vistiéndolo de mujer y dejándole el cabello largo.
Ante el rechazo del menor, las mujeres lo mantuvieron en cautiverio severo y lo asesinaron a sangre fría. Los detalles macabros acerca del asesinato y el intento de las mujeres de ocultar su crimen conmocionaron a Brasil y pusieron de reflejo la creciente violencia que se da en el ámbito familiar.
En Brasil la violencia es un drama cada vez más preocupante. Por ejemplo, el país ocupa el séptimo lugar en el mundo en femicidios, con 4,4 muertes por cada 100.000 mujeres.
La violencia en Brasil es generalizada. En el país no hay declarado ningún conflicto bélico pero se mata a más ciudadanos que en muchos países en guerra. Solo en 2017 se registraron 63.880 homicidios: es decir, 175 personas asesinadas al día a un ritmo de siete por hora. De estas muertes, 4.539 fueron de mujeres y 1.133 formaron parte de casos de violencia doméstica.
Las violaciones también subieron un 8,4%: fueron 60.018 en esos 12 meses. Todo nuevos récords históricos para el principal país latinoamericano, donde los índices de violencia no han parado de subir en los últimos tres años.
La ley brasileña de violencia doméstica data de 2006 y es considerada una de las mejores del mundo, fue apoyada por el entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva y llamada así por María da Penha, una farmacéutica que se convirtió en la voz de las mujeres que sufren abusos domésticos cuando los ataques de su esposo la dejaron parapléjica.
Sin embargo, implementar adecuadamente esta ley sigue siendo una lucha. En un informe anual de este año, Human Rights Watch señala que la policía brasileña no investiga adecuadamente miles de casos de violencia doméstica cada año y que muchos nunca son procesados.
Los analistas sostienen que el sistema judicial del país está obstruido, con más de 1.2 millones de casos de violencia doméstica pendientes a partir de diciembre de 2017. Incluso, los expertos de HRW sostienen que cuando no se controla, la violencia doméstica a menudo aumenta, teniendo como resultado lesiones graves o muertes.
Cuatro personas con «experiencia operativa» están involucradas en el doble asesinato de funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México, confirmaron la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). El ataque fue planificado, aseguraron las autoridades.
La investigación apunta a que el tirador, captado en las cámaras de videovigilancia, esperó a que los servidores públicos Ximena Guzmán y José Muñoz estuvieran juntos para cometer el delito el 20 de mayo sobre la Calzada de Tlalpan, en la alcaldía Benito Juárez.
Una vez que las víctimas abordaron el vehículo con el que se disponían a realizar su jornada laboral, el agresor se colocó de frente y disparó con un arma de fuego contra ellas. Las heridas de bala en sus cráneos y tórax les causaron la muerte de inmediato.
Ocho casquillos calibre 9 mm fueron encontrados en la zona del ataque, y de acuerdo con la Fiscalía, el arma no está vinculada a otros delitos. Con apoyo de otras tres personas, el pistolero logró darse a la fuga en una motocicleta.
Además, los involucrados cambiaron de vehículo en dos ocasiones para abandonar el perímetro de la ciudad. Los números de serie fueron alterados y tienen reporte de robo, detalló la Fiscalía. «Los indicios confirman que el ataque fue directo, ejecutado con un alto grado de planeación y experiencia operativa», destacaron.
Sin embargo, las autoridades todavía no tienen una «hipótesis concluyente sobre el móvil del crimen ni sobre posibles autores intelectuales». Por ello, se mantienen abiertas «todas las líneas de investigación», explicaron.
«Puedo asegurarles que estamos agotando todos los recursos y las líneas de investigación para que estos hechos […] no queden impunes», detalló la fiscal general, Bertha Alcalde Luján. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada si incrementará sus medidas de seguridad en actos públicos ante estos crímenes.
«No, no tenemos pensado», respondió en su conferencia matutina de ayer. La mandataria también negó que haya recibido denuncias de amenazas de algún funcionario.
De enero a abril, en la Ciudad de México hubo 316 víctimas de homicidio doloso, detalla el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Rusia anunció el viernes que canjeó 270 militares y 120 civiles capturados con Ucrania, en un intercambio acordado con Kiev en las conversaciones de Estambul la semana pasada.
«270 militares rusos y 120 civiles (…) fueron devueltos. A cambio, fueron entregados 270 prisioneros de guerra del ejército ucraniano y 120 civiles», informó el Ministerio de Defensa ruso en Telegram.
Por otra parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, confirmó el viernes que su país repatrió a 390 personas en la primera fase de un intercambio de prisioneros a gran escala con Rusia, que durará varios días.
«La primera fase del acuerdo de intercambio ‘1.000 por 1.000’ concluyó» con la repatriación de «390 personas», declaró en X. «Esperamos que el intercambio continúe el sábado y el domingo», añadió Zelenski.
Se trata de la segunda condena contra el exfuncionario en ese país, luego de que en octubre pasado fuera sentenciado a 39 años de cárcel por proteger al cártel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos, tras un juicio en el que testificaron antiguos miembros del grupo criminal.
El nuevo fallo corresponde a una demanda civil que presentó México en septiembre de 2021 contra García Luna y su esposa Linda Cristina Pereyra, a quienes acusa de conformar una «red de corrupción y lavado de dinero» que abarcó decenas de contratos públicos. Las operaciones de blanqueo se ejecutaron en Estados Unidos.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF), brazo antilavado del gobierno, dijo en un comunicado que «la sentencia equivale a tres veces la cantidad de dinero por la que el gobierno de México los demandó originalmente», conforme a la ley de Florida, donde se llevó el caso.
García Luna, de 56 años, fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno del presidente conservador Felipe Calderón (2006-2012).
El exfuncionario fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas. Vivía desde 2012 en Estados Unidos.
El gobierno mexicano ha dicho que un conglomerado empresarial familiar de García Luna obtuvo 30 contratos con varios organismos de seguridad pública, a partir de los cuales se extrajeron recursos por un monto de 745,9 millones de dólares.
En marzo de 2023, la UIF señaló que los fondos «fueron transferidos al extranjer» mediante la utilización de paraísos fiscales y la adquisición de bienes y otros activos en el estado de Florida.
