El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, hizo un llamado a la coordinación entre las autoridades para combatir al crimen organizado, luego de la masiva operación policial realizada el martes en las favelas de Penha y Alemão, en la zona norte de Río de Janeiro, que dejó 130 muertos.

“No podemos aceptar que el crimen organizado continúe destruyendo familias, oprimiendo a los vecinos y esparciendo droga y violencia por las ciudades”, escribió Lula en la red social X.

El mandatario enfatizó la importancia de trabajar de manera coordinada para atacar la “espina dorsal” del crimen sin poner en riesgo a policías y civiles. Asimismo, recordó la reforma de la ley de seguridad presentada por su Gobierno, que busca la actuación conjunta de todas las fuerzas policiales.

La operación tenía como objetivo capturar a los principales cabecillas del Comando Vermelho, considerada una de las organizaciones criminales más antiguas y poderosas de Río de Janeiro.

El periodista Miguel Ángel Beltrán fue asesinado el 25 de octubre en el poblado Río Chico, Durango, mientras transitaba por la carretera rumbo a Mazatlán, confirmaron autoridades locales. Con este crimen, suman nueve los comunicadores asesinados en México en lo que va de 2025.

El caso ha generado condenas nacionales e internacionales. Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) reiteraron su preocupación por la violencia que enfrenta el gremio en el país, considerado uno de los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de zonas de guerra.

Los ataques contra comunicadores incluyen asesinatos, amenazas, acoso judicial, espionaje y campañas de desprestigio en redes sociales, afectando el derecho ciudadano a la información. A pesar del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, diversos colectivos señalan fallas estructurales, ya que varios periodistas han sido asesinados incluso bajo resguardo oficial.

Amnistía Internacional y otros organismos exigieron al Estado mexicano una investigación exhaustiva y la intervención de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), así como garantizar condiciones seguras para los comunicadores, especialmente en zonas con alta presencia del crimen organizado.

La Fiscalía General del Estado de Durango abrió una carpeta de investigación, mientras RSF solicitó que la FEADLE conozca el caso, al existir indicios de que el asesinato está vinculado con la labor periodística de Beltrán.

La impunidad en casos de violencia contra periodistas en México supera el 90%, según organismos internacionales, lo que genera un clima de miedo y limita la labor informativa. El asesinato de Miguel Ángel Beltrán refleja la crisis de la libertad de expresión en el país y refuerza el llamado urgente para adoptar medidas efectivas de protección y justicia.

Un juez penal de Guatemala ordenó el levantamiento de la confidencialidad en el arbitraje internacional que enfrenta a la empresa regional de telecomunicaciones Continental Towers y a la firma estadounidense TPG Peppertree, un litigio millonario que se desarrolla en Nueva York y que ha derivado en procesos penales en El Salvador, Guatemala y Perú.

La resolución, calificada como un punto de inflexión en la controversia, permite por primera vez que representantes de Continental Towers presenten públicamente su defensa y establezcan vínculos entre el arbitraje y las órdenes de captura emitidas en El Salvador contra altos ejecutivos de TPG Peppertree, acusados de fraude y extorsión.

Un fallo con implicaciones de soberanía judicial

La decisión del juez guatemalteco sostiene que ningún tribunal extranjero puede interferir o tener jurisdicción sobre procesos penales locales, reforzando así el principio de autonomía judicial frente a decisiones provenientes de cortes o arbitrajes internacionales.

Según el fallo, el arbitraje en Nueva York —impulsado por TPG Peppertree para forzar la compra de Continental Towers— no puede ser utilizado como herramienta de presión ni como excusa para obstaculizar investigaciones penales en curso en Centroamérica.

Contexto: capturas y procesos en El Salvador

La resolución coincide con la reciente orden emitida por el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador, que giró capturas internacionales contra tres ejecutivos estadounidenses de TPG Peppertree —Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri—, además de dos ciudadanos guatemaltecos.

Los acusados enfrentan cargos por fraude millonario, estafa, extorsión y agrupaciones ilícitas, en perjuicio de empresas vinculadas a Continental Towers y Terra Towers.
La Interpol ya fue notificada para proceder a su localización y captura fuera del país.

Guatemala defiende su jurisdicción penal

El juez guatemalteco enfatizó que las decisiones arbitrales extranjeras no pueden imponerse sobre las leyes nacionales. En su sentencia, explicó que la confidencialidad de los arbitrajes no es absoluta cuando el proceso puede servir para encubrir hechos de relevancia pública o posibles delitos.

Asimismo, el tribunal designó un interventor judicial para proteger los activos de Continental Towers en Guatemala mientras avanzan las investigaciones.

El Ministerio Público de Guatemala respaldó la medida y advirtió que cualquier intento de usar un arbitraje internacional para influir en causas penales nacionales podría constituir obstrucción de la justicia.

Irregularidades en el arbitraje de Nueva York

Tras levantarse la reserva, Continental Towers publicó en su sitio oficial (interventoriacontinentaltowers.com) una serie de denuncias sobre irregularidades éticas y procesales dentro del arbitraje celebrado en Estados Unidos.

Entre ellas destacan:

• Violación de la confidencialidad por parte del árbitro presidente, Marc Goldstein, quien habría divulgado fragmentos del caso en su blog personal.
• Manipulación de testimonios, señalando que Goldstein habría intervenido para modificar declaraciones de testigos.
• Filtraciones intencionadas por parte de TPG Peppertree, que habría utilizado documentos del arbitraje en procesos judiciales en El Salvador, Perú y Guatemala.
• Acceso indebido a información interna, reconocido por testigos durante las audiencias.

Continental Towers acusa a sus contrapartes de haber empleado el laudo arbitral como instrumento de coacción y extorsión, intentando influir en procesos judiciales latinoamericanos a través de decisiones privadas extranjeras.

Impacto regional y precedente jurídico

El caso Continental Towers vs. TPG Peppertree simboliza la creciente tensión entre los arbitrajes internacionales de inversión y la autonomía judicial de los Estados latinoamericanos.

Fuentes jurídicas sostienen que el fallo guatemalteco sienta un precedente al reafirmar que los laudos arbitrales no pueden estar por encima del derecho penal soberano.
“La resolución reafirma la capacidad de los Estados para proteger sus sistemas judiciales frente a injerencias externas disfrazadas de disputas comerciales”, señalaron fuentes cercanas al proceso.

Mientras tanto, las investigaciones continúan en Guatemala y El Salvador, donde las autoridades aseguran que la cooperación judicial regional será esencial para esclarecer responsabilidades y garantizar que los delitos financieros transnacionales no queden impunes.