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Hispano que mató a su examante en Queens enfrenta cadena perpetua; aunque podría ser deportado
Aunque se negara a declarar ante el gran jurado sobre su caso, el proceso judicial contra David Bonola avanza y podría enfrentar mínimo 25 años de prisión o hasta cadena perpetua, así como un proceso de deportación, por el asesinato de Orsolya Gaal.
La fiscal de Distrito de Queens, Melinda Katz, dijo que Bonola, de 44 años, fue acusado de homicidio tras presuntamente confesar que apuñaló a su examante de 51 años, en casa de la víctima en Forest Hills, Queens.
Bonola tuvo una audiencia con el juez el 26 de abril, donde estuvo poco más de un minuto, pero enfrenta hasta 25 años de prisión si es declarado culpable.
Al leer los cargos, la fiscal Katz describió parte de cómo ocurrió el homicidio y las consecuencias para la familia de Gaal –dos adolescentes y su viudo– por las acciones de Bonola.
“Dos niños se quedaron sin madre y un joven adolescente enfrenta el trauma adicional de estar en casa cuando ocurrió este atroz asesinato”, indicó Katz en referencia al menor de los hijos de Gaal, quien dormía en la vivienda estilo Tudor cuando su madre era asesinada en el sótano.
La fiscal confirmó que fueron más de 50 puñaladas las que recibió la víctima, a quien Bonola le cortó el cuello, lo cual habría provocado su muerte.
El asesinato ocurrió el 16 de abril, luego de que Gaal, de 51 años, regresara a su casa de Forest Hills alrededor de las 12:30 a.m. El acusado habría entrado a la vivienda, la cual conocía bien al haber trabajado en mantenimiento en varias ocasiones.
Ambos entablaron una discusión verbal por la relación que había terminado, pero la situación se intensificó y Bonola supuestamente cortó la garganta de la mujer y la apuñaló más de 50 veces; para deshacerse del cuerpo, el hombre utilizó una bolsa de lona de hockey que pertenecía a uno de los hijos de la víctima y metió el cuerpo de Gaal dentro, el cual arrastró a un parque cercano.
ICE revisa el caso
La oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) están involucradas en el caso de Bonola, luego de revelarse que el hombre es de origen mexicano y ha vivido en el EE.UU. como indocumentado por más de 20 años.
Bonola fue procesado el 21 de abril ante el juez del Tribunal Penal de Queens, Anthony M. Battisti, por asesinato en segundo grado, manipulación de pruebas físicas y posesión delictiva de un arma.
“El acusado apuñaló a la víctima más de 50 veces y luego intentó deshacerse del cuerpo metiéndolo en una bolsa de lona y arrastrándolo por un vecindario residencial tranquilo, dejando un rastro de sangre y una comunidad aterrorizada”, expresó Katz. “El acusado ahora está bajo custodia y tendrá que rendir cuentas por este horrible crimen”.
Bonola residía en la calle 114 en South Richmond Hill, a donde fueron captados sus presuntos familiares del inmueble.
ICE incluso presentó una orden de detención en Queens Central Booking contra Bonola desde su arresto, lo cual significa que si sale libre en algún momento, la agencia migratoria puede retenerlo y procesarlo para deportación.
“Eso significa que no está aquí con permiso y que está sujeto a deportación”, dijo el experto legal Stuart Slotnick a CBS News.
Internacionales
Gobierno de El Salvador despliega atención integral y entrega ayuda humanitaria a familias afectadas en Cali
Esta tarde, la misión humanitaria enviada por el presidente Nayib Bukele avanzó en la preparación y armado de paquetes de primera necesidad en el centro logístico del albergue Unidad Deportiva Panamericana, en Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia, para asistir a la población afectada por el terremoto de magnitud 7.4.
Como parte de la agenda operativa en el terreno, la delegación salvadoreña se movilizó hacia el Refugio Coliseo de Hockey —ubicado dentro del mismo complejo— para ejecutar una jornada de asistencia integral a decenas de damnificados, entre ellos adultos y menores de edad. La intervención combinó apoyo sanitario, entrega de insumos esenciales y acompañamiento psicosocial.
Durante la actividad, el personal salvadoreño acondicionó un espacio recreativo adaptado para la niñez, donde se desarrollaron dinámicas grupales, juegos de integración, piñatas y la distribución de refrigerios, ofreciendo un entorno seguro de convivencia y contención emocional para los niños.
Posteriormente, el contingente realizó la entrega directa de los suministros, distribuyendo paquetes de alimentos no perecederos, medicamentos esenciales y enseres domésticos, incluidos mosquiteros y extensiones eléctricas para mejorar las condiciones del refugio.
Para el desarrollo de esta jornada, un contingente multidisciplinario de cerca de una treintena de especialistas salvadoreños operó con el respaldo de unidades de transporte pesado y de pasajeros, garantizando el traslado de los insumos y el despliegue efectivo del personal en el área de emergencia.
El plazo de 72 horas considerado decisivo para encontrar sobrevivientes tras el mortífero terremoto que sacudió Colombia llega a su fin este jueves, mientras cerca de 500 personas continúan desaparecidas y podrían encontrarse bajo edificios derrumbados.
El sismo, de magnitud 7,4, ocurrió el lunes y es considerado el más potente registrado en este siglo en Colombia. Hasta el momento, deja 265 muertos y unos 3.500 heridos.
En Cali, Pereira y otras ciudades del oeste del país, los equipos de rescate trabajan sin cesar. A las 07:34 locales (12:34 GMT) se cumplen las primeras 72 horas desde el terremoto, momento a partir del cual disminuyen considerablemente las probabilidades de encontrar sobrevivientes.
Valeria Cardona, una estudiante de 26 años, busca a dos de sus primos en Cali. «Tenemos sospechas de su localización, pero no hay pruebas de vida», explicó. «La esperanza es lo último que se pierde, pero estamos angustiados de una noticia que no queremos», añadió.
A Cali llegó un grupo de los Topos, los reconocidos rescatistas mexicanos que se encontraban en la vecina Venezuela, donde un doble sismo causó más de 6.000 fallecidos el 24 de junio.
«Todos venimos de Venezuela, de La Guaira. Ahora estos 41 días que estuvimos trabajando ahí nos hicieron más fuertes, porque superamos el hambre, el dolor, la desvelada», dijo Héctor Méndez, de 80 años y presidente de Topos Aztecas.
«No se sientan víctimas. Esto no es un horario de oficina ni de taller. Esta es la vida real, donde sale la mejor parte del espíritu. Son cosas de la naturaleza que pasan», agregó.
Atención a damnificados
El terremoto tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el Chocó, una de las regiones más pobres de Colombia.
Quibdó, la capital del departamento, fue la zona más afectada, con un saldo de 14 fallecidos. Sin embargo, la fase de búsqueda y rescate ya concluyó allí, informó la gobernadora Nubia Córdoba, quien anunció que ahora se concentrarán «en la fase de respuesta enfocada en la atención a los damnificados».
«Ya no buscamos a nadie bajo los escombros por la misericordia de Dios. Esta familia a la que buscábamos se encuentra con nosotros y ya está recibiendo la atención requerida», declaró la gobernadora.
El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió tres días antes del sismo, decretó la «emergencia económica», una medida que le permite crear impuestos y modificar el presupuesto sin pasar por el Congreso, pese a su consigna de no crear más tributos.
También anunció la creación de un fondo con ayudas internacionales para atender a las víctimas del sismo.
«Esta crisis (…) nos agarra en un momento difícil, en medio de una crisis fiscal», declaró De la Espriella.
Según cifras oficiales, más de 11.000 viviendas han quedado destruidas y miles de familias se encuentran sin hogar.
Tres estados de Estados Unidos tienen previsto ejecutar a presos este jueves, en un contexto de incremento del uso de la pena capital durante la presidencia de Donald Trump.
La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados del país, mientras que otros tres —California, Oregón y Pensilvania— mantienen moratorias vigentes.
Según la organización Death Penalty Information Center, la última vez que se programaron tres ejecuciones para el mismo día fue en 2010.
Trump ha buscado ampliar el uso de la pena de muerte «para los crímenes más viles», mientras que el Departamento de Justicia propuso en abril ampliar los métodos de ejecución para incluir pelotones de fusilamiento, gas y electrocución.
En Tennessee está prevista la ejecución de Anthony Darrell Dugard Hines, de 66 años, sentenciado por asesinar a una mujer en 1985, según medios locales.
En Oklahoma será ejecutado Carlos Cuesta-Rodríguez, de 70 años, condenado por un asesinato cometido en 2003.
Por su parte, Alabama tiene previsto ejecutar a Jeremy Williams, de 42 años, sentenciado por violar y matar a una niña de cinco años.
Durante 2025 se realizaron 47 ejecuciones en Estados Unidos, la cifra más alta desde 2009, cuando fueron ejecutadas 52 personas.
Florida registró el mayor número de ejecuciones en 2025, con 19, seguida por Alabama, Carolina del Sur y Texas, con cinco cada uno.
De las ejecuciones realizadas el año pasado, 39 fueron mediante inyección letal. Otras tres se llevaron a cabo por pelotón de fusilamiento y cinco mediante hipoxia de nitrógeno, un método que consiste en bombear gas nitrógeno a una máscara facial y provoca la asfixia del preso.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció el uso del gas nitrógeno como un método cruel e inhumano de castigo capital.
