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Hispano que mató a su examante en Queens enfrenta cadena perpetua; aunque podría ser deportado

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Aunque se negara a declarar ante el gran jurado sobre su caso, el proceso judicial contra David Bonola avanza y podría enfrentar mínimo 25 años de prisión o hasta cadena perpetua, así como un proceso de deportación, por el asesinato de Orsolya Gaal.

La fiscal de Distrito de Queens, Melinda Katz, dijo que Bonola, de 44 años, fue acusado de homicidio tras presuntamente confesar que apuñaló a su examante de 51 años, en casa de la víctima en Forest Hills, Queens.

Bonola tuvo una audiencia con el juez el 26 de abril, donde estuvo poco más de un minuto, pero enfrenta hasta 25 años de prisión si es declarado culpable.

Al leer los cargos, la fiscal Katz describió parte de cómo ocurrió el homicidio y las consecuencias para la familia de Gaal –dos adolescentes y su viudo– por las acciones de Bonola.

“Dos niños se quedaron sin madre y un joven adolescente enfrenta el trauma adicional de estar en casa cuando ocurrió este atroz asesinato”, indicó Katz en referencia al menor de los hijos de Gaal, quien dormía en la vivienda estilo Tudor cuando su madre era asesinada en el sótano. 

La fiscal confirmó que fueron más de 50 puñaladas  las que recibió la víctima, a quien Bonola le cortó el cuello, lo cual habría provocado su muerte.

El asesinato ocurrió el 16 de abril, luego de que Gaal, de 51 años, regresara a su casa de Forest Hills alrededor de las 12:30 a.m. El acusado habría entrado a la vivienda, la cual conocía bien al haber trabajado en mantenimiento en varias ocasiones.

Ambos entablaron una discusión verbal por la relación que había terminado, pero la situación se intensificó y Bonola supuestamente cortó la garganta de la mujer y la apuñaló más de 50 veces; para deshacerse del cuerpo, el hombre utilizó una bolsa de lona de hockey que pertenecía a uno de los hijos de la víctima y metió el cuerpo de Gaal dentro, el cual arrastró a un parque cercano.

ICE revisa el caso

La oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) están involucradas en el caso de Bonola, luego de revelarse que el hombre es de origen mexicano y ha vivido en el EE.UU. como indocumentado por más de 20 años.

Bonola fue procesado el 21 de abril ante el juez del Tribunal Penal de Queens, Anthony M. Battisti, por asesinato en segundo grado, manipulación de pruebas físicas y posesión delictiva de un arma.

“El acusado apuñaló a la víctima más de 50 veces y luego intentó deshacerse del cuerpo metiéndolo en una bolsa de lona y arrastrándolo por un vecindario residencial tranquilo, dejando un rastro de sangre y una comunidad aterrorizada”, expresó Katz. “El acusado ahora está bajo custodia y tendrá que rendir cuentas por este horrible crimen”.

Bonola residía en la calle 114 en South Richmond Hill, a donde fueron captados sus presuntos familiares del inmueble. 

ICE incluso presentó una orden de detención en Queens Central Booking contra Bonola desde su arresto, lo cual significa que si sale libre en algún momento, la agencia migratoria puede retenerlo y procesarlo para deportación.

“Eso significa que no está aquí con permiso y que está sujeto a deportación”, dijo el experto legal Stuart Slotnick a CBS News.

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Reo de alta peligrosidad sale de cárcel Los Jocotes con un guardia para ir a concierto en Feria de Chiquimula

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Byron Efraín Ruiz Roque, privado de libertad catalogado de alta peligrosidad y señalado por actividades de sicariato vinculado a la banda “Los Famosos Cheguen’s Chiquimultecos”, salió del Centro de Detención Preventiva Los Jocotes, en Zacapa, el 13 de agosto de 2026. Fue captado en el Estadio Las Victorias de Chiquimula disfrutando del concierto de la banda mexicana Los Dos de Tamaulipas durante la Feria departamental, junto a un guardia penitenciario identificado extraoficialmente como Pablo (o Pablo Azurdia). También habría asistido a un desfile hípico. Fotos y videos del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales.

El Sistema Penitenciario confirmó el incidente el 17 de agosto mediante un comunicado oficial. Presentó denuncias penales ante el Ministerio Público contra guardias y autoridades del centro por posible participación o complicidad, inició acciones administrativas y reiteró su política de “cero tolerancia” a la corrupción. Como medida inmediata, trasladó a Ruiz Roque al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, en la capital, donde permanece aislado mientras avanza la investigación.

Este caso expone graves fallas de control en el sistema carcelario guatemalteco. Fuentes periodísticas y redes lo describen como un privilegio indebido a un reo peligroso, lo que generó fuertes críticas sobre la seguridad en los centros de detención. El 19 de agosto, en respuesta al escándalo, el SP, la PNC y el Ejército realizaron una requisa masiva en Los Jocotes: decomisaron drogas, objetos punzocortantes, teléfonos, cajetillas y otros ítems ilícitos, y trasladaron al menos 11 privados de libertad a otros centros para desarticular una estructura criminal interna.

El Ministerio Público continúa las diligencias para determinar exactamente cómo se facilitó la salida y quiénes son los responsables. El caso se suma a una serie de irregularidades reportadas en las cárceles del país y mantiene abierta la discusión sobre la necesidad de reformas urgentes en el Sistema Penitenciario.

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FOTOS – VIDEOS | Desmantelan cámaras instaladas por las maras para controlar los movimientos policiales en Guatemala

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El control territorial de las maras o pandillas ha escalado a niveles impensados en Guatemala, donde fueron instaladas cámaras en postes de la vía pública para vigilar los movimientos de las fuerzas policiales.

Este miércoles fueron localizadas cámaras de vigilancia en la vía pública de la aldea Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.

Las autoridades guatemaltecas desmantelaron los dispositivos, que también eran utilizados para monitorear los movimientos de los residentes de la zona.

Los operativos de las fuerzas de seguridad y militares se desarrollan después de que en el sector fueran capturados cuatro terroristas señalados de estar vinculados con un crimen ocurrido en la ruta a San Raymundo.

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Asesinan a testigo protegido por caso de trata de personas en Roatán

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Este lunes se conoció el asesinato a balazos del abogado y exfuncionario judicial hondureño Dereck McField, ocurrido durante horas de la mañana.

El hecho de violencia se registró en plena vía pública, cuando el jurista regresaba de dejar a su hijo pequeño en la escuela, según reportó el medio hondureño HCH.

La noticia generó gran revuelo luego de que, horas más tarde, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmara que McField era testigo protegido en el caso de Angie Peña, una joven universitaria que desapareció el 1 de enero de 2022 en una isla, mientras paseaba en un jet ski. Se presume que la joven fue vendida a una red de trata de personas con fines de explotación sexual.

Días después de su desaparición, la moto, el chaleco salvavidas y otras pertenencias de Peña fueron encontrados en un cayo de Belice.

Por este caso, cuatro hombres, tres estadounidenses y un hondureño, han sido imputados y permanecen en prisión preventiva mientras el proceso se desarrolla en un juzgado.

Angie Peña lleva seis años desaparecida. Foto: Cortesía

Al inicio del proceso judicial, en 2024, las autoridades confirmaron que «Harold Green le vendió a Angie Peña a William James Murdock por una cantidad de dólares». Además, señalaron que existen «muchas pruebas (de la transacción), vaciados (transcripciones) telefónicos, videos, fotografías, testimonios», según declaró a la AFP el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.

Desde entonces, se han realizado allanamientos para localizar a Peña, pero «no se ha encontrado» y las autoridades «esperan que esté viva».

Los tres ciudadanos estadounidenses vinculados al caso viven en Honduras y tienen inversiones turísticas en Roatán.

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