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Hispano que mató a su examante en Queens enfrenta cadena perpetua; aunque podría ser deportado
Aunque se negara a declarar ante el gran jurado sobre su caso, el proceso judicial contra David Bonola avanza y podría enfrentar mínimo 25 años de prisión o hasta cadena perpetua, así como un proceso de deportación, por el asesinato de Orsolya Gaal.
La fiscal de Distrito de Queens, Melinda Katz, dijo que Bonola, de 44 años, fue acusado de homicidio tras presuntamente confesar que apuñaló a su examante de 51 años, en casa de la víctima en Forest Hills, Queens.
Bonola tuvo una audiencia con el juez el 26 de abril, donde estuvo poco más de un minuto, pero enfrenta hasta 25 años de prisión si es declarado culpable.
Al leer los cargos, la fiscal Katz describió parte de cómo ocurrió el homicidio y las consecuencias para la familia de Gaal –dos adolescentes y su viudo– por las acciones de Bonola.
“Dos niños se quedaron sin madre y un joven adolescente enfrenta el trauma adicional de estar en casa cuando ocurrió este atroz asesinato”, indicó Katz en referencia al menor de los hijos de Gaal, quien dormía en la vivienda estilo Tudor cuando su madre era asesinada en el sótano.
La fiscal confirmó que fueron más de 50 puñaladas las que recibió la víctima, a quien Bonola le cortó el cuello, lo cual habría provocado su muerte.
El asesinato ocurrió el 16 de abril, luego de que Gaal, de 51 años, regresara a su casa de Forest Hills alrededor de las 12:30 a.m. El acusado habría entrado a la vivienda, la cual conocía bien al haber trabajado en mantenimiento en varias ocasiones.
Ambos entablaron una discusión verbal por la relación que había terminado, pero la situación se intensificó y Bonola supuestamente cortó la garganta de la mujer y la apuñaló más de 50 veces; para deshacerse del cuerpo, el hombre utilizó una bolsa de lona de hockey que pertenecía a uno de los hijos de la víctima y metió el cuerpo de Gaal dentro, el cual arrastró a un parque cercano.
ICE revisa el caso
La oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) están involucradas en el caso de Bonola, luego de revelarse que el hombre es de origen mexicano y ha vivido en el EE.UU. como indocumentado por más de 20 años.
Bonola fue procesado el 21 de abril ante el juez del Tribunal Penal de Queens, Anthony M. Battisti, por asesinato en segundo grado, manipulación de pruebas físicas y posesión delictiva de un arma.
“El acusado apuñaló a la víctima más de 50 veces y luego intentó deshacerse del cuerpo metiéndolo en una bolsa de lona y arrastrándolo por un vecindario residencial tranquilo, dejando un rastro de sangre y una comunidad aterrorizada”, expresó Katz. “El acusado ahora está bajo custodia y tendrá que rendir cuentas por este horrible crimen”.
Bonola residía en la calle 114 en South Richmond Hill, a donde fueron captados sus presuntos familiares del inmueble.
ICE incluso presentó una orden de detención en Queens Central Booking contra Bonola desde su arresto, lo cual significa que si sale libre en algún momento, la agencia migratoria puede retenerlo y procesarlo para deportación.
“Eso significa que no está aquí con permiso y que está sujeto a deportación”, dijo el experto legal Stuart Slotnick a CBS News.
Internacionales
Diputados aprueban tratado entre Costa Rica y El Salvador que permitirá a los condenados cumplir sus penas en el país de origen
Un total de 37 diputados de la Asamblea Legislativa costarricense aprobaron en segundo debate el Proyecto de Ley 24.857, que ratifica un tratado bilateral entre Costa Rica y El Salvador para el cumplimiento de condenas penales en el extranjero.
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La iniciativa establece el marco legal que permitirá a personas privadas de libertad de ambas nacionalidades cumplir el resto de su sentencia en su país de origen, siempre que se cumplan una serie de requisitos previamente definidos.
El tratado tiene como principal objetivo facilitar los procesos de reinserción social de las personas condenadas, al permitirles finalizar su pena en un entorno cultural, social y familiar más cercano.
Además, el acuerdo busca fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad y justicia penal, en un contexto en el que ambos países enfrentan retos importantes relacionados con el sistema penitenciario y el hacinamiento carcelario.
Según lo aprobado, el traslado solo será posible para personas con sentencia firme y con el consentimiento expreso del condenado. Asimismo, se establece como requisito que al momento del traslado resten al menos seis meses de condena por cumplir.
El tratado excluye a quienes hayan sido condenados por delitos políticos, militares o contra la seguridad del Estado, limitando su aplicación a delitos de carácter común.
El acuerdo fue ratificado por El Salvador en octubre de 2023, mientras que en Costa Rica fue aprobado por el Plenario Legislativo en febrero de 2026, tras completar su trámite legislativo ordinario.
¿Quiénes votaron por el proyecto 24,857?
Pese a que durante la votación hubo 15 diputados ausentes, el proyecto logró reunir los 37 votos necesarios para su aprobación definitiva. El respaldo provino de seis de las siete bancadas representadas en la Asamblea Legislativa, evidenciando un amplio apoyo político, con la única excepción del Frente Amplio.
En el caso del Partido Liberación Nacional (PLN), 14 diputados votaron a favor, uno lo hizo en contra y tres se ausentaron. El Partido Progreso Social Democrático (PPSD) aportó ocho votos afirmativos, con un legislador ausente. Por su parte, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) registró seis votos a favor y dos ausencias.
La bancada de Nueva República apoyó el proyecto con tres votos afirmativos, mientras que otros tres diputados estuvieron ausentes. En contraste, el Frente Amplio se manifestó en contra de la iniciativa, con tres votos negativos y tres ausencias. Finalmente, el Partido Liberal Progresista registró un voto a favor y una ausencia.
En cuanto a los diputados independientes, cinco votaron a favor del tratado, uno en contra y dos estuvieron ausentes. La distribución de los votos reflejó un consenso mayoritario en torno a la cooperación internacional en materia penitenciaria, aunque también dejó en evidencia diferencias ideológicas sobre el alcance y las implicaciones del acuerdo.
En Costa Rica, la entidad responsable de velar por el cumplimiento del tratado será la Dirección de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz. Esta institución tendrá a su cargo la coordinación de los traslados, la verificación de los requisitos legales y el seguimiento de las personas condenadas que sean repatriadas o enviadas al extranjero.
En el caso de El Salvador, la responsabilidad recaerá en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, específicamente en la Dirección General de Centros Penales. Para que el traslado de una persona condenada pueda concretarse, será indispensable el consentimiento de ambos Estados, así como el cumplimiento estricto de los procedimientos administrativos y de seguridad establecidos en el tratado.
Uno de los compromisos clave dentro del mecanismo de traslado de personas privadas de libertad es el intercambio oportuno y transparente de información entre las autoridades de ambos países. El trámite podrá ser solicitado tanto por los Estados como por los propios reos, sus familiares o representantes legales, aunque la decisión final siempre quedará en manos de las autoridades competentes.
El acuerdo también establece que los países definirán de manera conjunta los mecanismos de seguridad que se utilizarán durante los traslados.
Además, se garantiza que los condenados no podrán ser juzgados nuevamente por el mismo delito y que deberán respetarse los plazos y condiciones de la sentencia original. En los casos en que el reo padezca una enfermedad crónica o degenerativa, las autoridades deberán agilizar el análisis y resolución de las solicitudes de traslado.
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La fiscalía francesa cita a declarar a Elon Musk en el marco de una investigación sobre X
La fiscalía de París indicó este martes que citó a declarar en abril al propietario de la plataforma X, Elon Musk, y a su ex directora general Linda Yaccarino, en el marco de una investigación sobre esta red social.
«Se han enviado citaciones para audiciones voluntarias el 20 de abril de 2026, en París, al señor Elon Musk y a la señora Linda Yaccarino», señaló el ministerio público en un comunicado.
La justicia francesa abrió una investigación en 2025 a raíz de denuncias de diputados sobre el presunto sesgo en los algoritmos de X, que podría haber alterado su funcionamiento.
Las pesquisas se ampliaron a otros delitos como complicidad en la difusión de imágenes de pornografía infantil, y al rol de Grok, su IA, en la difusión de contenidos negacionistas e imágenes falsas de carácter sexual.
Esta citación a declarar debe «permitirles exponer su posición sobre los hechos y, en su caso, las medidas para cumplir [con la legislación] previstas», apuntó la fiscal de París, Laure Beccuau.
La fiscalía también anunció el allanamiento este martes de los locales en Francia de la plataforma X y el llamado a declarar de sus trabajadores, en calidad de testigos, entre el 20 y el 24 de abril de 2026.
A diferencia de la investigación sobre la plataforma australiana Kick, la justicia optó por llamar a declarar voluntariamente a Musk y Yaccarino con un «enfoque constructivo», según el comunicado.
A finales de enero, la justicia emitió órdenes de detención contra tres gerentes de Kick, en el marco de la investigación por la muerte en directo del «streamer» Jean Pormanove, al no presentarse a las primeras citaciones.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó el domingo que su país ha exportado, por primera vez en su historia, un primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo (GLP).
A través de la aplicación Telegram, Rodríguez se manifestó orgullosa de compartir el momento en que zarpó desde Venezuela el buque Chrysopigi Lady, sin especificar el destino, con el primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo.
«Junto a la clase trabajadora marcamos este hito histórico al exportar la primera molécula de gas del país, un logro para el bienestar del pueblo venezolano», manifestó Rodríguez.
La histórica exportación forma parte de una serie de esfuerzos del Gobierno venezolano por incrementar su producción energética, en medio de restricciones internacionales.
El pasado 16 de enero y sin especificar detalles del negocio, la presidenta encargada anunció que Venezuela había firmado un contrato internacional de comercialización de GLP. Rodríguez integró ayer en su gabinete a la hija del poderoso ministro de Interior de Venezuela, en un nuevo cambio ministerial al cumplirse casi un mes de la captura de Nicolás Maduro.
Daniella Cabello -sancionada por Estados Unidos- fue designada ministra de Turismo. Es hija del ministro Diosdado Cabello, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de 25 millones de dólares por su captura.
Rodríguez asumió la presidencia tras el derrocamiento de Maduro en una incursión militar de Estados Unidos, que incluyó bombardeos a Caracas y varias regiones vecinas.
Al frente de la presidencia, ha cambiado varios ministros y a altos cargos militares.
Daniella Cabello asumirá la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional, publicó la presidenta interina en Telegram.
