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Fiscalía colombiana allana oficinas centrales de Avianca por presunto soborno trasnacional
La Fiscalía General de Colombia allanó el pasado miércoles las oficinas de Avianca Holdings en Bogotá, en el marco de la investigación por el delito de soborno trasnacional originada en información pública, que había sido reportado por la aerolínea ante autoridades norteamericanas.
Las autoridades aseguraron que “desde esta mañana (ayer) la Fiscalía inició una diligencia de inspección en las oficinas de la empresa con el objetivo de tener datos relacionados con un caso de expedición irregular de tiquetes en Centroamérica”.
“La Fiscalía, dentro de su proceso de diligencia, con el fin de tener acceso a un computador que estaban necesitando, ordenó la incautación con registro de allanamiento para que se le entregara ese equipo, que tiene información comercial delicada y sensible”, puntualizó una fuente.
Esta versión fue corroborada por el ente judicial, que informó que el equipo en cuestión contiene “información detallada sobre este asunto”, y su inspección fue ordenada por una fiscal adscrita de la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras, en tanto se trata de un material probatorio.
“Como quiera que en la sede de esta compañía no se entregaron todos los equipos solicitados, la Fiscalía General de la Nación ordenó diligencia de allanamiento, que se cumple hoy miércoles 12 de febrero. Una vez finalizada contará, de acuerdo con lo previsto normativamente, con el control de legalidad posterior respectivo”, aseguró la entidad.
La investigación
En su reporte de Estados Financieros Consolidados, en el tercer trimestre de 2019 divulgados en la Superintendencia Financiera de Colombia, Avianca Holdings indicó que a través de sus procesos internos descubrió una práctica comercial en la que miembros de su alta gerencia y junta directiva habrían proporcionado “boletos de avión gratuitos y con descuento y ascensos a clase ejecutiva a empleados del Gobierno en ciertos países”.
Y agregaron que luego de esto se inició una investigación al interior de la compañía y se contrató “a un abogado externo y a una firma de investigación forense para determinar si esta práctica puede haber violado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos (”FCPA”) u otras leyes anticorrupción de ese u otros países”
“El 13 de agosto de 2019, Avianca Holdings divulgó voluntariamente esta investigación tanto al Departamento de Justicia de EE. UU. como a la SEC, y está cooperando con ambas agencias. En la misma fecha, Avianca Holdings divulgó voluntariamente esta investigación a la Superintendencia Financiera de Colombia a través del Registro Nacional de Valores y Emisores”, puntualiza el documento difundido.
Tres personas fueron detenidas por su presunta responsabilidad en el secuestro y asesinato de un niño de cinco años, en un caso que ha conmocionado a la opinión pública por la crueldad del crimen y el motivo que lo originó: una deuda de apenas 1,000 pesos (unos 54 dólares).
Según informó la Fiscalía del Estado de México, el menor fue raptado el pasado 28 de julio en el municipio de La Paz, luego de que su madre informara a dos mujeres que no podía pagar un préstamo. En represalia, las agresoras secuestraron al niño con la amenaza de no devolverlo hasta que la deuda fuera saldada.
Días después, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida del menor escondido en una vivienda vinculada a los presuntos responsables. La Fiscalía no ha revelado aún la causa de muerte, pero confirmó que las dos mujeres y un hombre fueron encarcelados en un penal estatal, acusados de delitos relacionados con la desaparición de personas.
El caso ocurre en medio de una creciente ola de extorsiones en México. Apenas en julio, el gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, anunció una estrategia nacional contra este delito, luego de reconocer que los esfuerzos anteriores no han logrado frenar su impacto.
La ofensiva se intensificó tras casos como el de una maestra jubilada, asesinada en el estado de Veracruz luego de ser extorsionada y aparecer en un video amarrada y rodeada por hombres armados.
La violencia vinculada a préstamos informales y redes de agiotistas ha afectado tanto a pequeños comerciantes como a ciudadanos comunes. En el Estado de México, las autoridades han desarticulado recientemente al menos dos bandas de extorsionadores.
El asesinato del niño ha reavivado el debate sobre la urgencia de medidas más efectivas para proteger a la población, especialmente a los sectores más vulnerables.
El gobierno del presidente Donald Trump anunció este jueves el aumento de la recompensa por información que conduzca al arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro, pasando de $25 a $50 millones. Así lo informó la fiscal general Pam Bondi a través de la red social X.
“Hoy, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado anuncian una recompensa de $50 millones por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro”, escribió Bondi.
Estados Unidos acusa al mandatario venezolano de narcotráfico, corrupción y vínculos con redes criminales transnacionales, como el Tren de Aragua, declarado organización terrorista global por Washington.
La administración del demócrata Joe Biden ya había elevado la recompensa a $25 millones. Tanto Biden como Trump han respaldado al opositor Edmundo González Urrutia, a quien reconocen como “presidente legítimo” tras las cuestionadas elecciones de 2024 en Venezuela.
Pese a las tensiones, la Casa Blanca ha sostenido contactos con altos funcionarios venezolanos para lograr acuerdos humanitarios. En julio, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció la liberación de 10 ciudadanos estadounidenses que estaban detenidos en Venezuela, como parte de un pacto negociado con apoyo de El Salvador.
Estados Unidos y Venezuela no mantienen relaciones diplomáticas desde 2019, cuando la administración Trump reconoció a Juan Guaidó como presidente interino y aplicó sanciones económicas en un intento fallido por propiciar la salida de Maduro. Ese gobierno interino fue disuelto por la propia oposición venezolana en enero de 2023.
La fiscalía de Aix-en-Provence informó este viernes la detención de dos personas acusadas de liderar una red criminal que reclutaba a jóvenes latinoamericanas bajo falsas promesas laborales, para luego obligarlas a prostituirse en varias ciudades del sureste de Francia.
Durante un operativo, agentes franceses capturaron a un hombre y una mujer e incautaron más de 200,000 euros, de los cuales 194,000 estaban en efectivo. Según las autoridades, los implicados operaban en localidades como Aix-en-Provence, Cannes y Menton.
Las víctimas, al menos 14 mujeres reclutadas durante los últimos dos años, afirmaron haber sido contactadas en sus países de origen a través de redes sociales encriptadas, donde se les ofrecía trabajo como “damas de compañía”. Sin embargo, al llegar al aeropuerto de Niza eran trasladadas directamente a apartamentos donde debían prostituirse hasta 16 horas al día.
Los testimonios revelan que las mujeres eran despojadas de sus documentos y ganancias, además de tener restringida su movilidad.
Ambos detenidos enfrentarán cargos por proxenetismo agravado, secuestro arbitrario, trata de seres humanos y lavado de dinero, y deberán comparecer ante un juez en las próximas horas.
