Internacionales
En Ecuador retiran 700 cadáveres de personas que murieron en sus casas por coronavirus
El gobierno de Ecuador informó el domingo que logró retirar al menos 700 cuerpos de personas que fallecieron en las últimas semanas en sus casas en Guayaquil, epicentro del coronavirus en el país y donde los sistemas hospitalario y funerario se desbordaron por la pandemia.
“La cantidad que nosotros hemos recogido, con la fuerza de tarea en viviendas, superó las 700 personas” fallecidas, dijo Jorge Wated, quien lidera un equipo de policías y militares creado por el Ejecutivo ante el caos desatado en Guayaquil por la covid-19, que ralentizó el traslado de cuerpos.
Wated no precisó las causas de esas muertes ocurridas durante la emergencia sanitaria por la pandemia, que en Ecuador deja 7.500 casos, incluidos 333 fallecidos, desde que fuera declarada la presencia del virus el 29 de febrero.
La provincia costera de Guayas concentra un 72% de los infectados. Y en su capital, Guayaquil, hay alrededor de 4.000 enfermos, de acuerdo con el gobierno nacional.
La fuerza de militares y policías empezó hace tres semanas a retirar cadáveres de casas tras fallas en el “sistema mortuorio” del puerto guayaquileño, que provocaron demoras en el servicio forense y las funerarias en medio del toque de queda de 15 horas diarias que rige en el país.
Ante la situación, los guayaquileños difundieron por redes sociales videos de cuerpos abandonados en las calles y mensajes de auxilio de familiares para enterrar a sus muertos.
El gobierno ecuatoriano también asumió la tarea de sepultar cuerpos ante la imposibilidad de sus familiares de hacerlo por diversos motivos, entre ellos económicos.
Desde Guayaquil, en una rueda de prensa virtual, Wated señaló que los restos de 600 personas plenamente identificadas han sido sepultados en dos cementerios de la ciudad.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, hizo un llamado a la coordinación entre las autoridades para combatir al crimen organizado, luego de la masiva operación policial realizada el martes en las favelas de Penha y Alemão, en la zona norte de Río de Janeiro, que dejó 130 muertos.
“No podemos aceptar que el crimen organizado continúe destruyendo familias, oprimiendo a los vecinos y esparciendo droga y violencia por las ciudades”, escribió Lula en la red social X.
El mandatario enfatizó la importancia de trabajar de manera coordinada para atacar la “espina dorsal” del crimen sin poner en riesgo a policías y civiles. Asimismo, recordó la reforma de la ley de seguridad presentada por su Gobierno, que busca la actuación conjunta de todas las fuerzas policiales.
La operación tenía como objetivo capturar a los principales cabecillas del Comando Vermelho, considerada una de las organizaciones criminales más antiguas y poderosas de Río de Janeiro.
El paso del huracán Melissa por Jamaica ha causado estragos, dejando miles de viviendas sin techo y carreteras intransitables, además de afectar el suministro eléctrico de aproximadamente 500 mil hogares.
Hugh Grant, presidente y director ejecutivo de la Jamaica Public Service (JPS), informó que los municipios más afectados son Saint Elizabeth, Manchester, Hanover y Saint James, donde cerca del 75 % de los clientes permanecen sin electricidad.
El jefe de la Policía, Kevin Blake, indicó que varios sectores quedaron inundados y muchas calles bloqueadas tras la caída de árboles y postes eléctricos a causa de los fuertes vientos.
Hasta el momento, las autoridades reportan más de 40 personas fallecidas en distintos países del Caribe como consecuencia del fenómeno meteorológico.
El periodista Miguel Ángel Beltrán fue asesinado el 25 de octubre en el poblado Río Chico, Durango, mientras transitaba por la carretera rumbo a Mazatlán, confirmaron autoridades locales. Con este crimen, suman nueve los comunicadores asesinados en México en lo que va de 2025.
El caso ha generado condenas nacionales e internacionales. Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) reiteraron su preocupación por la violencia que enfrenta el gremio en el país, considerado uno de los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de zonas de guerra.
Los ataques contra comunicadores incluyen asesinatos, amenazas, acoso judicial, espionaje y campañas de desprestigio en redes sociales, afectando el derecho ciudadano a la información. A pesar del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, diversos colectivos señalan fallas estructurales, ya que varios periodistas han sido asesinados incluso bajo resguardo oficial.
Amnistía Internacional y otros organismos exigieron al Estado mexicano una investigación exhaustiva y la intervención de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), así como garantizar condiciones seguras para los comunicadores, especialmente en zonas con alta presencia del crimen organizado.
La Fiscalía General del Estado de Durango abrió una carpeta de investigación, mientras RSF solicitó que la FEADLE conozca el caso, al existir indicios de que el asesinato está vinculado con la labor periodística de Beltrán.
La impunidad en casos de violencia contra periodistas en México supera el 90%, según organismos internacionales, lo que genera un clima de miedo y limita la labor informativa. El asesinato de Miguel Ángel Beltrán refleja la crisis de la libertad de expresión en el país y refuerza el llamado urgente para adoptar medidas efectivas de protección y justicia.
