Internacionales
El tráfico y consumo de drogas se disparan en la cuna de Pablo Escobar
Hace tres décadas que el cuerpo obeso y tiroteado de Pablo Escobar quedó sobre un tejado de Medellín. El narcotráfico siguió sin él y hoy en su cuna abundan los mercados de cocaína saborizada, fármacos y alucinógenos a base de ketamina.
Las plazas o expendios de droga están a la vista. «¿Acceso fácil? Sí, del todo. En Medellín en cualquier parte se la encuentra uno. Hasta en el piso te encuentras droga», dice a la AFP Manuel Morales, un ingeniero de 32 años que se describe como un «consumidor crónico» de basuco, un derivado de la base de la coca similar al crack.
Tembloroso, Morales inhala su dosis de una pipa improvisada con un tubo de PVC. Un olor dulzón invade la soleada tarde de viernes en el Parque de San Antonio, punto de encuentro para los consumidores de la droga más barata del mercado local. Peatones y policías miran la escena.
«Estoy un poco nervioso por la sustancia, de verdad que uno se descuida y se lo lleva del todo», admite el ingeniero, quien hasta hace cuatro meses ejercía su profesión.
Ahora sus pertenencias caben en un maletín raído y, cuando no reúne entre tres o cuatro dólares para tener posada, duerme en las calles.
Su debacle comenzó en una «plaza de vicio» donde se surten los adictos, consumidores ocasionales y revendedores de las drogas en Medellín. Diez años atrás había 160 puntos de contrabando de drogas, según la policía, pero estudios independientes estiman que hoy la cifra ronda las 800 «plazas».
¿Microtráfico?
En 2013, un 3.5% de los colombianos dijeron haber tomado sustancias ilegales alguna vez. Para 2019, año del estudio más reciente, la cifra saltó a 9.7%, según la entidad estatal de estadística. Con 2,2 millones de habitantes Medellín es la ciudad con el porcentaje de consumo más alta (15,5%).
El país que más provee cocaína en el mundo enfrenta, puertas adentro, el «microtráfico», la venta al por menor de sustancias ilegales. Aunque «cuando usted habla de lo micro suena muy pequeño», matiza Luis Fernando Quijano, de la ONG Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades).
Pero en realidad -advierte- es un «tráfico de drogas interno y es un negocio que es billonario».
La alcaldía de Medellín calcula ganancias de hasta 75.000 dólares mensuales por expendio o plaza, el equivalente a unos 300 salarios mínimos.
Con el apoyo de Estados Unidos, Colombia se lanzó a la caza de las grandes bandas y cargamentos, empujando a los traficantes a organizar un mercado interno de drogas baratas y de menor calidad.
«Se generó una concentración del producto (…) que no pudo exportarse por esta política antidrogas tan fuerte», explica el toxicólogo Juan Carlos Sánchez.
El gobierno de Iván Duque asocia el microtráfico con la inseguridad urbana. Desde 2018 van más «de 2.500 personas asesinadas» por disputas entre bandas, según el general de la policía Herman Bustamante.
Pero en Medellín las cifras revelan un fenómeno paradójico. Mientras en 1992, en plena persecución a Escobar, la tasa de homicidios era de 350 por cada 100.000 habitantes, el año pasado fue de 15,5.
«Se siente mucha más paz mafiosa, que paz institucional», señala Quijano, quien denuncia un «pacto» entre el narco y algunas autoridades para que las bandas no generen mayor violencia a cambio de que puedan operar sus plazas.
«Cuando se hacen incautaciones (…) muchas veces no es producto de la inteligencia (policial), sino que son entregadas (por los narcos) para mantener la idea de que todo está funcionando bien; que la estrategia de seguridad funciona», agrega.
Sin revelar un número, el general Bustamante señala que, en efecto, «se ha detectado la participación de policías» en el negocio y ya «han sido capturados» para su judicialización. Pero «mientras tengamos consumidores (…) los delincuentes van a ver una oportunidad de negocio», enfatiza.
Bronx perpetuo
En 2018 el entonces alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, acompañó un operativo con casi mil policías para destruir con un buldócer el principal mercado de drogas del centro conocido como «El Bronx». Uniformados con fusiles desalojaron a unas 500 personas que compraban y consumían narcóticos.
Cuatro años después «El Bronx» sigue recibiendo vendedores y consumidores.
Desde 2021 el gobierno ha demolido al menos 129 casas de venta de drogas. Uno de estos operativos le costó el cargo al comandante de la Policía de la ciudad de Pereira, quien hizo pasar por «plaza» un edificio que llevaba varios meses abandonado.
Gutiérrez, entretanto, es el candidato de la derecha para las presidenciales del 29 de mayo. En sus planes está endurecer la lucha contra el «microtráfico». Su principal opositor, el izquierdista Gustavo Petro, favorito en las encuestas, trata el consumo como un problema de salud pública.
Cuando fue alcalde de Bogotá (2012-2015), instaló un puesto médico frente al «Bronx» de la capital. El programa se truncó cuando uno de los funcionarios fue asesinado por las mafias del lugar.
En Medellín, «El Bronx» opera 24 horas. Jóvenes ofertan a gritos los «blones» (cigarros de marihuana), las «rocas» (cocaína) y las «ruedas», pastillas de Clonazepam, un medicamento psiquiátrico que causa sedación y amnesia temporal. Otras plazas ofrecen éxtasis y el «tusi», la droga de moda elaborada con ketamina, mescalina y éxtasis.
Aunque vedada en algunas «plazas», en la ciudad también circula heroína de baja calidad. Cada gramo cuesta unos 2,5 dólares. La piel descolorida de Julián se tensa sobre los huesos de su cara delatando su adicción a esa sustancia. «Antes no veías gente inyectarse en la calle, jeringas tiradas. Eramos pocos y muy cuidadosos», remarca.
Cuando cae la noche se encuentra con su proveedor entre la multitud en un parque. La transación dura segundos. Necesita inyectarse cuatro veces al día para estar «aliviado».
En otra «plaza», el ingeniero Morales acaba sus últimos pipazos de basuco ante la mirada despreocupada de dos policías en moto.
Un cliente que engañó a una prostituta con una falsa prueba de pago fue condenado en Bélgica por violación, decisión que la corte de Amberes consideró el jueves sin precedentes.
Bélgica es uno de los países europeos donde el trabajo sexual está reglamentado, y Amberes figura entre las ciudades que reivindica proteger a las personas que declaran esta actividad, en su gran mayoría mujeres.
No es excepcional que trabajadores sexuales acudan a la justicia cuando no son pagados por sus clientes, según una portavoz de la corte de apelaciones de Amberes contactada por AFP.
Pero es la primera vez que un rechazo de pago o «una astucia» como mostrar un falso justificativo de pago es considerado en un proceso como falta de consentimiento en la relación sexual, y por lo tanto violación, agregó la portavoz.
Según la corte, el código penal belga estipula que «hay violación cuando hubo penetración sexual a una persona que no consintió».
Por lo tanto «no hay consentimiento si el acto sexual se realizó con engaño u otro comportamiento castigable», señaló.
En su decisión, la corte de apelaciones consideró que el hombre engañó deliberadamente a su víctima al simular que efectuaba un pago a través de su aplicación bancaria.
Ocurrió seis veces con ella, cuando el cliente le mostró para engañarla la pantalla del teléfono donde aparecía una transacción no firmada o una correspondiente a un pago anterior que, si funcionó, indicó la corte.
El hombre, búlgaro de unos 30 años de edad, dijo que actuó bajo los efectos de la cocaína, según la portavoz.
Fue condenado a tres años de cárcel en suspenso y tiene la obligación de hacer una psicoterapia y someterse a controles regulares que prueben que ya no consume droga.
Un grupo de 89 cristianos secuestrados desde mediados de enero tras un ataque de bandas armadas contra tres iglesias en Nigeria fue liberado este jueves.
Los fieles, vestidos con camisetas naranjas, llegaron en un autobús escoltado por las fuerzas de seguridad y fueron acogidos por el gobernador del estado de Kaduna, Uba Sani.
La autoridad de este estado del norte de Nigeria afirmó que en total 183 personas fueron secuestradas, 11 lograron escapar y 83 regresaron hace unos días.
El secuestro masivo tuvo lugar el 18 de enero durante un ataque contra iglesias durante la misa dominical en una zona remota del estado de Kaduna.
Las circunstancias de la liberación no fueron reveladas. El pago de rescates es ilegal en Nigeria, pero hay sospechas de que el gobierno recurre habitualmente a esta práctica.
La semana pasada, un líder tradicional informó que la mitad de los secuestrados en realidad lograron huir durante el ataque y se escondieron en otras aldeas.
El país más poblado de África experimentó un resurgimiento de los secuestros masivos desde noviembre. Estados Unidos acusó al país de ser incapaz de frenar esta violencia.
El presidente estadounidense Donald Trump acusó a finales de 2025 a los grupos armados nigerianos de perseguir a los cristianos, a quienes describió como víctimas de «genocidio». A finales de diciembre Estados Unidos lanzó ataques en el estado de Sokoto, en el noroeste, contra objetivos del grupo yihadista Estado Islámico.
La ola de secuestros de finales del año pasado llevó al presidente nigeriano, Bola Tinubu, a declarar el estado de emergencia de seguridad nacional y a lanzar una campaña de reclutamiento de soldados y policías para combatir la inseguridad.
Internacionales
Cuba «dispuesta a un diálogo» con EE. UU. pero «sin presiones», dice presidente Díaz-Canel
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó este jueves que su país está dispuesto a dialogar con Estados Unidos sobre cualquier tema, pero «sin presiones», en momentos en que Washington multiplica sus amenazas contra la isla.
«Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos, a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar», pero «sin presiones» ni «precondicionamientos», dijo Díaz-Canel en comparecencia en cadena de radio y televisión.
Ese diálogo tendrá que darse desde «una posición de iguales, en una posición de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a nuestra autodeterminación» y sin «injerencia en nuestros asuntos internos», agregó.
Desde el ataque del 3 de enero en Venezuela, con el que depuso al presidente Nicolás Maduro, principal aliado de Cuba, y tomó el control del sector petrolero venezolano, Donald Trump ha multiplicado sus amenazas contra la isla.
Además de cortar el suministro de petróleo venezolano y el dinero de Caracas hacia la isla, Trump firmó el jueves un decreto que contempla la imposición de aranceles a aquellos países que vendan crudo a La Habana, bajo el argumento de que la isla supone una «amenaza excepcional» para su país.
El lunes, el magnate republicano aseguró que México, que suministra petróleo a Cuba desde 2023, dejaría de hacerlo.
Díaz-Canel destacó que las medidas anunciadas por el «gobierno imperial», que pretende asfixiar la economía de la isla, han llevado al país a «enfrentar un desabastecimiento agudo de combustible».
Trump también ha instado a La Habana a «alcanzar un acuerdo» o enfrentar consecuencias no especificadas, e insiste en que ha iniciado conversaciones con altas autoridades de la isla y que estima que culminarían en un acuerdo.
«No existe un diálogo específicamente en estos momentos, pero sí ha habido intercambio de mensajes», dijo el lunes a la AFP el vicecanciller cubano, Carlos Fernández de Cossío.
