Internacionales
El tráfico y consumo de drogas se disparan en la cuna de Pablo Escobar
Hace tres décadas que el cuerpo obeso y tiroteado de Pablo Escobar quedó sobre un tejado de Medellín. El narcotráfico siguió sin él y hoy en su cuna abundan los mercados de cocaína saborizada, fármacos y alucinógenos a base de ketamina.
Las plazas o expendios de droga están a la vista. «¿Acceso fácil? Sí, del todo. En Medellín en cualquier parte se la encuentra uno. Hasta en el piso te encuentras droga», dice a la AFP Manuel Morales, un ingeniero de 32 años que se describe como un «consumidor crónico» de basuco, un derivado de la base de la coca similar al crack.
Tembloroso, Morales inhala su dosis de una pipa improvisada con un tubo de PVC. Un olor dulzón invade la soleada tarde de viernes en el Parque de San Antonio, punto de encuentro para los consumidores de la droga más barata del mercado local. Peatones y policías miran la escena.
«Estoy un poco nervioso por la sustancia, de verdad que uno se descuida y se lo lleva del todo», admite el ingeniero, quien hasta hace cuatro meses ejercía su profesión.
Ahora sus pertenencias caben en un maletín raído y, cuando no reúne entre tres o cuatro dólares para tener posada, duerme en las calles.
Su debacle comenzó en una «plaza de vicio» donde se surten los adictos, consumidores ocasionales y revendedores de las drogas en Medellín. Diez años atrás había 160 puntos de contrabando de drogas, según la policía, pero estudios independientes estiman que hoy la cifra ronda las 800 «plazas».
¿Microtráfico?
En 2013, un 3.5% de los colombianos dijeron haber tomado sustancias ilegales alguna vez. Para 2019, año del estudio más reciente, la cifra saltó a 9.7%, según la entidad estatal de estadística. Con 2,2 millones de habitantes Medellín es la ciudad con el porcentaje de consumo más alta (15,5%).
El país que más provee cocaína en el mundo enfrenta, puertas adentro, el «microtráfico», la venta al por menor de sustancias ilegales. Aunque «cuando usted habla de lo micro suena muy pequeño», matiza Luis Fernando Quijano, de la ONG Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades).
Pero en realidad -advierte- es un «tráfico de drogas interno y es un negocio que es billonario».
La alcaldía de Medellín calcula ganancias de hasta 75.000 dólares mensuales por expendio o plaza, el equivalente a unos 300 salarios mínimos.
Con el apoyo de Estados Unidos, Colombia se lanzó a la caza de las grandes bandas y cargamentos, empujando a los traficantes a organizar un mercado interno de drogas baratas y de menor calidad.
«Se generó una concentración del producto (…) que no pudo exportarse por esta política antidrogas tan fuerte», explica el toxicólogo Juan Carlos Sánchez.
El gobierno de Iván Duque asocia el microtráfico con la inseguridad urbana. Desde 2018 van más «de 2.500 personas asesinadas» por disputas entre bandas, según el general de la policía Herman Bustamante.
Pero en Medellín las cifras revelan un fenómeno paradójico. Mientras en 1992, en plena persecución a Escobar, la tasa de homicidios era de 350 por cada 100.000 habitantes, el año pasado fue de 15,5.
«Se siente mucha más paz mafiosa, que paz institucional», señala Quijano, quien denuncia un «pacto» entre el narco y algunas autoridades para que las bandas no generen mayor violencia a cambio de que puedan operar sus plazas.
«Cuando se hacen incautaciones (…) muchas veces no es producto de la inteligencia (policial), sino que son entregadas (por los narcos) para mantener la idea de que todo está funcionando bien; que la estrategia de seguridad funciona», agrega.
Sin revelar un número, el general Bustamante señala que, en efecto, «se ha detectado la participación de policías» en el negocio y ya «han sido capturados» para su judicialización. Pero «mientras tengamos consumidores (…) los delincuentes van a ver una oportunidad de negocio», enfatiza.
Bronx perpetuo
En 2018 el entonces alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, acompañó un operativo con casi mil policías para destruir con un buldócer el principal mercado de drogas del centro conocido como «El Bronx». Uniformados con fusiles desalojaron a unas 500 personas que compraban y consumían narcóticos.
Cuatro años después «El Bronx» sigue recibiendo vendedores y consumidores.
Desde 2021 el gobierno ha demolido al menos 129 casas de venta de drogas. Uno de estos operativos le costó el cargo al comandante de la Policía de la ciudad de Pereira, quien hizo pasar por «plaza» un edificio que llevaba varios meses abandonado.
Gutiérrez, entretanto, es el candidato de la derecha para las presidenciales del 29 de mayo. En sus planes está endurecer la lucha contra el «microtráfico». Su principal opositor, el izquierdista Gustavo Petro, favorito en las encuestas, trata el consumo como un problema de salud pública.
Cuando fue alcalde de Bogotá (2012-2015), instaló un puesto médico frente al «Bronx» de la capital. El programa se truncó cuando uno de los funcionarios fue asesinado por las mafias del lugar.
En Medellín, «El Bronx» opera 24 horas. Jóvenes ofertan a gritos los «blones» (cigarros de marihuana), las «rocas» (cocaína) y las «ruedas», pastillas de Clonazepam, un medicamento psiquiátrico que causa sedación y amnesia temporal. Otras plazas ofrecen éxtasis y el «tusi», la droga de moda elaborada con ketamina, mescalina y éxtasis.
Aunque vedada en algunas «plazas», en la ciudad también circula heroína de baja calidad. Cada gramo cuesta unos 2,5 dólares. La piel descolorida de Julián se tensa sobre los huesos de su cara delatando su adicción a esa sustancia. «Antes no veías gente inyectarse en la calle, jeringas tiradas. Eramos pocos y muy cuidadosos», remarca.
Cuando cae la noche se encuentra con su proveedor entre la multitud en un parque. La transación dura segundos. Necesita inyectarse cuatro veces al día para estar «aliviado».
En otra «plaza», el ingeniero Morales acaba sus últimos pipazos de basuco ante la mirada despreocupada de dos policías en moto.
Una tumba de más de mil años de antigüedad con restos humanos y piezas de oro y cerámica fue descubierta en una región de Panamá donde arqueólogos desarrollan excavaciones desde hace dos décadas, informó este viernes a la AFP la investigadora a cargo del proyecto.
El hallazgo tuvo lugar en El Caño, en el distrito de Natá, a unos 200 kilómetros al suroeste de Ciudad de Panamá, donde científicos y arqueólogos ya han descubierto otros vestigios de culturas prehispánicas.
Los restos óseos están rodeados de objetos de oro y vasijas de cerámica decoradas con imágenes tradicionales, lo que indica que correspondería a personas de «alto estatus», dijo a la AFP la arqueóloga Julia Mayo, quien detalló que la tumba fue construida «entre los años 800 y 1000 después de Cristo».
«La persona con el oro es la persona de mayor estatus del grupo», añadió.
El cuerpo del ocupante principal «fue vestido con dos brazaletes, dos pectorales y dos orejeras, los pectorales tienen representaciones de murciélagos y cocodrilos», detalló Mayo.
El sitio arqueológico de El Caño está relacionado con las sociedades que habitaron las provincias centrales de Panamá entre los siglos VIII y XI.
Mayo señaló que en el lugar ya se han excavado otras nueve tumbas «similares» a la anunciada este viernes.
«Han estado enterrando ahí a su gente durante 200 años», indicó la investigadora.
La tumba constituye un descubrimiento de «gran relevancia para la arqueología panameña y el estudio de las sociedades prehispánicas del istmo centroamericano», destacó el Ministerio de Cultura en un comunicado.
Según los expertos, esta excavación demuestra que para estas culturas la muerte no representaba un final, sino una transición hacia otra fase donde el estatus social continuaba teniendo relevancia.
El descubrimiento aportará nueva información sobre la organización social, el poder político, las redes de intercambio y las prácticas rituales, entre otros aspectos, apuntó el Ministerio.
El gobierno venezolano aseguró el viernes que la ley de amnistía aprobada la víspera, que puede conceder la libertad a cientos de presos políticos, es clave para «la estabilidad de la nación», pero expertos advierten que excluye a muchos detenidos.
Aunque el gobierno interino de Delcy Rodríguez otorgó libertad condicional a 448 opositores tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión estadounidense a inicios de enero, aún quedan casi 650 presos políticos encarcelados, según la oenegé Foro Penal.
Expertos dudan del alcance de esta ley, iniciativa de Rodríguez y aprobada la noche del jueves en el Parlamento por consenso: cientos de detenidos como militares implicados en actividades «terroristas» pueden quedar fuera.
«Muchos estamos conscientes de que la ley de amnistía no acobija a nuestros familiares», dijo a la AFP Hiowanka Ávila, de 39 años. Su hermano Henryberth Rivas, de 30 años, fue detenido en 2018 acusado de participar en un intento de magnicidio con drones contra Maduro. «Nos toca esperar alguna otra medida, indulto pudiera ser», lamentó a las afueras de la cárcel Rodeo I, a unos 40 km de Caracas. Varios de los detenidos allí son militares o policías, acusados de «terrorismo».
La ley «debe interpretarse como una señal de madurez y fortaleza política, al representar un paso trascendental para lograr la estabilidad de la nación», dijo el ministro de Defensa y general en jefe de la Fuerza Armada, Vladimir Padrino.
Un niño italiano que en diciembre había recibido el trasplante de un corazón con problemas falleció este sábado, en un caso que ha generado viva indignación en Italia a raíz de la presunta negligencia médica.
Domenico, de dos años, recibió un corazón que aparentemente resultó dañado durante el transporte, por haber entrado en contacto directo con hielo seco. Desde entonces, el niño se encontraba conectado a un respirador artificial en un hospital de Nápoles, en el sur de Italia.
«Se acabó. Domenico se ha ido», declaró el sábado a los medios italianos Patrizia Mercolino, al anunciar la muerte de su hijo. Además, anunció que se creará una fundación en su nombre.
El corazón del donante habría sido transportado desde Bolzano, en el norte del país, hasta Nápoles, 800 kilómetros al sur, en un contenedor inadecuado, sin un termómetro que pudiera alertar sobre la temperatura excesivamente baja.
La fiscalía local ha abierto una investigación contra seis miembros del personal médico.
Een un comunicado citado por los medios italianos, el ministro de Salud, Orazio Schillaci, apuntó que el caso «ha conmocionado a toda Italia».
El ministro había expresado previamente su preocupación por que las donaciones de órganos disminuyan a raíz de este caso. También había pedido «claridad» para garantizar la confianza en los servicios médicos del país.
