Internacionales
El tráfico y consumo de drogas se disparan en la cuna de Pablo Escobar
Hace tres décadas que el cuerpo obeso y tiroteado de Pablo Escobar quedó sobre un tejado de Medellín. El narcotráfico siguió sin él y hoy en su cuna abundan los mercados de cocaína saborizada, fármacos y alucinógenos a base de ketamina.
Las plazas o expendios de droga están a la vista. «¿Acceso fácil? Sí, del todo. En Medellín en cualquier parte se la encuentra uno. Hasta en el piso te encuentras droga», dice a la AFP Manuel Morales, un ingeniero de 32 años que se describe como un «consumidor crónico» de basuco, un derivado de la base de la coca similar al crack.
Tembloroso, Morales inhala su dosis de una pipa improvisada con un tubo de PVC. Un olor dulzón invade la soleada tarde de viernes en el Parque de San Antonio, punto de encuentro para los consumidores de la droga más barata del mercado local. Peatones y policías miran la escena.
«Estoy un poco nervioso por la sustancia, de verdad que uno se descuida y se lo lleva del todo», admite el ingeniero, quien hasta hace cuatro meses ejercía su profesión.
Ahora sus pertenencias caben en un maletín raído y, cuando no reúne entre tres o cuatro dólares para tener posada, duerme en las calles.
Su debacle comenzó en una «plaza de vicio» donde se surten los adictos, consumidores ocasionales y revendedores de las drogas en Medellín. Diez años atrás había 160 puntos de contrabando de drogas, según la policía, pero estudios independientes estiman que hoy la cifra ronda las 800 «plazas».
¿Microtráfico?
En 2013, un 3.5% de los colombianos dijeron haber tomado sustancias ilegales alguna vez. Para 2019, año del estudio más reciente, la cifra saltó a 9.7%, según la entidad estatal de estadística. Con 2,2 millones de habitantes Medellín es la ciudad con el porcentaje de consumo más alta (15,5%).
El país que más provee cocaína en el mundo enfrenta, puertas adentro, el «microtráfico», la venta al por menor de sustancias ilegales. Aunque «cuando usted habla de lo micro suena muy pequeño», matiza Luis Fernando Quijano, de la ONG Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades).
Pero en realidad -advierte- es un «tráfico de drogas interno y es un negocio que es billonario».
La alcaldía de Medellín calcula ganancias de hasta 75.000 dólares mensuales por expendio o plaza, el equivalente a unos 300 salarios mínimos.
Con el apoyo de Estados Unidos, Colombia se lanzó a la caza de las grandes bandas y cargamentos, empujando a los traficantes a organizar un mercado interno de drogas baratas y de menor calidad.
«Se generó una concentración del producto (…) que no pudo exportarse por esta política antidrogas tan fuerte», explica el toxicólogo Juan Carlos Sánchez.
El gobierno de Iván Duque asocia el microtráfico con la inseguridad urbana. Desde 2018 van más «de 2.500 personas asesinadas» por disputas entre bandas, según el general de la policía Herman Bustamante.
Pero en Medellín las cifras revelan un fenómeno paradójico. Mientras en 1992, en plena persecución a Escobar, la tasa de homicidios era de 350 por cada 100.000 habitantes, el año pasado fue de 15,5.
«Se siente mucha más paz mafiosa, que paz institucional», señala Quijano, quien denuncia un «pacto» entre el narco y algunas autoridades para que las bandas no generen mayor violencia a cambio de que puedan operar sus plazas.
«Cuando se hacen incautaciones (…) muchas veces no es producto de la inteligencia (policial), sino que son entregadas (por los narcos) para mantener la idea de que todo está funcionando bien; que la estrategia de seguridad funciona», agrega.
Sin revelar un número, el general Bustamante señala que, en efecto, «se ha detectado la participación de policías» en el negocio y ya «han sido capturados» para su judicialización. Pero «mientras tengamos consumidores (…) los delincuentes van a ver una oportunidad de negocio», enfatiza.
Bronx perpetuo
En 2018 el entonces alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, acompañó un operativo con casi mil policías para destruir con un buldócer el principal mercado de drogas del centro conocido como «El Bronx». Uniformados con fusiles desalojaron a unas 500 personas que compraban y consumían narcóticos.
Cuatro años después «El Bronx» sigue recibiendo vendedores y consumidores.
Desde 2021 el gobierno ha demolido al menos 129 casas de venta de drogas. Uno de estos operativos le costó el cargo al comandante de la Policía de la ciudad de Pereira, quien hizo pasar por «plaza» un edificio que llevaba varios meses abandonado.
Gutiérrez, entretanto, es el candidato de la derecha para las presidenciales del 29 de mayo. En sus planes está endurecer la lucha contra el «microtráfico». Su principal opositor, el izquierdista Gustavo Petro, favorito en las encuestas, trata el consumo como un problema de salud pública.
Cuando fue alcalde de Bogotá (2012-2015), instaló un puesto médico frente al «Bronx» de la capital. El programa se truncó cuando uno de los funcionarios fue asesinado por las mafias del lugar.
En Medellín, «El Bronx» opera 24 horas. Jóvenes ofertan a gritos los «blones» (cigarros de marihuana), las «rocas» (cocaína) y las «ruedas», pastillas de Clonazepam, un medicamento psiquiátrico que causa sedación y amnesia temporal. Otras plazas ofrecen éxtasis y el «tusi», la droga de moda elaborada con ketamina, mescalina y éxtasis.
Aunque vedada en algunas «plazas», en la ciudad también circula heroína de baja calidad. Cada gramo cuesta unos 2,5 dólares. La piel descolorida de Julián se tensa sobre los huesos de su cara delatando su adicción a esa sustancia. «Antes no veías gente inyectarse en la calle, jeringas tiradas. Eramos pocos y muy cuidadosos», remarca.
Cuando cae la noche se encuentra con su proveedor entre la multitud en un parque. La transación dura segundos. Necesita inyectarse cuatro veces al día para estar «aliviado».
En otra «plaza», el ingeniero Morales acaba sus últimos pipazos de basuco ante la mirada despreocupada de dos policías en moto.
Momentos de desesperación y angustia vivió una familia hondureña al saber que el dinero que, por todo el año mantenía como ahorros dentro de su vivienda, los ratones se lo echaron a perder.
La idea era recolectar la mayor cantidad de dinero posible para que en fin de año se utilizara para comprar ropa y comida para la familia.
En las imágenes que circulan en redes sociales no muestra exactamente la cantidad de billetes destruidos, entre estos de denominación de 5, 10, 20, 50, 100, 200 y de 500 lempiras.
«Se cancela la compra de estrenos, ahorramos para los ratones», fue el mensaje que colocó en el video, acompañado del audio viral de «mis ahorros, mi dinero».
«Corrí a ver los 100 pesos que tengo debajo del colchón, pero gracias a Dios están intactos»; «Eso pasa por andar ahorrando, yo por eso lo ahorro en la panza» y «Que tragedia, si dan ganas de llorar. La ilusión de haber ahorrado alguito», son algunos mensajes que se leen en redes sociales.
Dos jóvenes que habían sido reportados como desaparecidos desde el fin de semana fueron encontrados sin vida este lunes en una zona rural del municipio de San Juan, Intibucá, confirmaron autoridades locales y familiares.
Los cuerpos fueron localizados tras días de intensa búsqueda por parte de familiares, vecinos y agentes de búsqueda comunitaria, quienes habían perdido contacto con las víctimas desde la mañana del sábado 20 de diciembre.
Las víctimas fueron identificadas por sus allegados como Erick Bonilla y Fidel Gómez, ambos originarios de la zona, quienes no regresaron a sus hogares durante el fin de semana, lo que generó gran preocupación en la comunidad.
Hasta el momento, las autoridades mantienen abierta la investigación.
El Gobierno de Bolivia confirmó este miércoles la detección de los dos primeros casos de influenza A H3N2, variante K, en el país, lo que activó de inmediato los protocolos de aislamiento, vigilancia epidemiológica y búsqueda activa de contagios, en un contexto regional marcado por el aumento de la circulación del virus.
La viceministra de Salud, Roxana Salamanca, informó a la prensa que los pacientes, un hombre de 52 años y una niña de seis, se encuentran estables y reciben atención ambulatoria.
La confirmación de estos casos ocurre en el marco de una alerta epidemiológica nacional declarada de forma preventiva por el Gobierno boliviano el pasado miércoles, con el objetivo de anticiparse a un eventual incremento de contagios y evitar la saturación del sistema sanitario.
La ministra de Salud y Deporte, Tatiana Flores, señaló que la medida responde a una estrategia de «gestión de riesgo proactiva», orientada a fortalecer la detección temprana y la capacidad de respuesta inmediata.
De acuerdo con la ministra, la variante K no es más letal que otras formas de influenza, aunque presenta una mayor capacidad de transmisión, lo que obliga a extremar las medidas de prevención.
