Internacionales
El tráfico y consumo de drogas se disparan en la cuna de Pablo Escobar
Hace tres décadas que el cuerpo obeso y tiroteado de Pablo Escobar quedó sobre un tejado de Medellín. El narcotráfico siguió sin él y hoy en su cuna abundan los mercados de cocaína saborizada, fármacos y alucinógenos a base de ketamina.
Las plazas o expendios de droga están a la vista. «¿Acceso fácil? Sí, del todo. En Medellín en cualquier parte se la encuentra uno. Hasta en el piso te encuentras droga», dice a la AFP Manuel Morales, un ingeniero de 32 años que se describe como un «consumidor crónico» de basuco, un derivado de la base de la coca similar al crack.
Tembloroso, Morales inhala su dosis de una pipa improvisada con un tubo de PVC. Un olor dulzón invade la soleada tarde de viernes en el Parque de San Antonio, punto de encuentro para los consumidores de la droga más barata del mercado local. Peatones y policías miran la escena.
«Estoy un poco nervioso por la sustancia, de verdad que uno se descuida y se lo lleva del todo», admite el ingeniero, quien hasta hace cuatro meses ejercía su profesión.
Ahora sus pertenencias caben en un maletín raído y, cuando no reúne entre tres o cuatro dólares para tener posada, duerme en las calles.
Su debacle comenzó en una «plaza de vicio» donde se surten los adictos, consumidores ocasionales y revendedores de las drogas en Medellín. Diez años atrás había 160 puntos de contrabando de drogas, según la policía, pero estudios independientes estiman que hoy la cifra ronda las 800 «plazas».
¿Microtráfico?
En 2013, un 3.5% de los colombianos dijeron haber tomado sustancias ilegales alguna vez. Para 2019, año del estudio más reciente, la cifra saltó a 9.7%, según la entidad estatal de estadística. Con 2,2 millones de habitantes Medellín es la ciudad con el porcentaje de consumo más alta (15,5%).
El país que más provee cocaína en el mundo enfrenta, puertas adentro, el «microtráfico», la venta al por menor de sustancias ilegales. Aunque «cuando usted habla de lo micro suena muy pequeño», matiza Luis Fernando Quijano, de la ONG Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades).
Pero en realidad -advierte- es un «tráfico de drogas interno y es un negocio que es billonario».
La alcaldía de Medellín calcula ganancias de hasta 75.000 dólares mensuales por expendio o plaza, el equivalente a unos 300 salarios mínimos.
Con el apoyo de Estados Unidos, Colombia se lanzó a la caza de las grandes bandas y cargamentos, empujando a los traficantes a organizar un mercado interno de drogas baratas y de menor calidad.
«Se generó una concentración del producto (…) que no pudo exportarse por esta política antidrogas tan fuerte», explica el toxicólogo Juan Carlos Sánchez.
El gobierno de Iván Duque asocia el microtráfico con la inseguridad urbana. Desde 2018 van más «de 2.500 personas asesinadas» por disputas entre bandas, según el general de la policía Herman Bustamante.
Pero en Medellín las cifras revelan un fenómeno paradójico. Mientras en 1992, en plena persecución a Escobar, la tasa de homicidios era de 350 por cada 100.000 habitantes, el año pasado fue de 15,5.
«Se siente mucha más paz mafiosa, que paz institucional», señala Quijano, quien denuncia un «pacto» entre el narco y algunas autoridades para que las bandas no generen mayor violencia a cambio de que puedan operar sus plazas.
«Cuando se hacen incautaciones (…) muchas veces no es producto de la inteligencia (policial), sino que son entregadas (por los narcos) para mantener la idea de que todo está funcionando bien; que la estrategia de seguridad funciona», agrega.
Sin revelar un número, el general Bustamante señala que, en efecto, «se ha detectado la participación de policías» en el negocio y ya «han sido capturados» para su judicialización. Pero «mientras tengamos consumidores (…) los delincuentes van a ver una oportunidad de negocio», enfatiza.
Bronx perpetuo
En 2018 el entonces alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, acompañó un operativo con casi mil policías para destruir con un buldócer el principal mercado de drogas del centro conocido como «El Bronx». Uniformados con fusiles desalojaron a unas 500 personas que compraban y consumían narcóticos.
Cuatro años después «El Bronx» sigue recibiendo vendedores y consumidores.
Desde 2021 el gobierno ha demolido al menos 129 casas de venta de drogas. Uno de estos operativos le costó el cargo al comandante de la Policía de la ciudad de Pereira, quien hizo pasar por «plaza» un edificio que llevaba varios meses abandonado.
Gutiérrez, entretanto, es el candidato de la derecha para las presidenciales del 29 de mayo. En sus planes está endurecer la lucha contra el «microtráfico». Su principal opositor, el izquierdista Gustavo Petro, favorito en las encuestas, trata el consumo como un problema de salud pública.
Cuando fue alcalde de Bogotá (2012-2015), instaló un puesto médico frente al «Bronx» de la capital. El programa se truncó cuando uno de los funcionarios fue asesinado por las mafias del lugar.
En Medellín, «El Bronx» opera 24 horas. Jóvenes ofertan a gritos los «blones» (cigarros de marihuana), las «rocas» (cocaína) y las «ruedas», pastillas de Clonazepam, un medicamento psiquiátrico que causa sedación y amnesia temporal. Otras plazas ofrecen éxtasis y el «tusi», la droga de moda elaborada con ketamina, mescalina y éxtasis.
Aunque vedada en algunas «plazas», en la ciudad también circula heroína de baja calidad. Cada gramo cuesta unos 2,5 dólares. La piel descolorida de Julián se tensa sobre los huesos de su cara delatando su adicción a esa sustancia. «Antes no veías gente inyectarse en la calle, jeringas tiradas. Eramos pocos y muy cuidadosos», remarca.
Cuando cae la noche se encuentra con su proveedor entre la multitud en un parque. La transación dura segundos. Necesita inyectarse cuatro veces al día para estar «aliviado».
En otra «plaza», el ingeniero Morales acaba sus últimos pipazos de basuco ante la mirada despreocupada de dos policías en moto.
El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este sábado un cese al fuego «total e inmediato» entre India y Pakistán, tras una serie de enfrentamientos entre estas dos potencias nucleares en la zona fronteriza de Cachemira, con más de 60 civiles muertos en ambos países.
«Tras una larga noche de diálogos mediados por Estados Unidos, tengo el agrado de anunciar que India y Pakistán acordaron un cese al fuego total e inmediato», escribió el mandatario en su red Truth Social. «Felicitaciones a ambos países por usar el sentido común y una gran inteligencia», agregó.
Poco después el ministro de Relaciones Exteriores pakistaní, Ishaq Dar, anunció «un cese el fuego con efecto inmediato», en un mensaje en la red social X.
Pero una fuente gubernamental india aseguró que el acuerdo se negoció directamente con entre India y Pakistán y que ambos países no prevén discutir otros temas además del cese de hostilidades.
En un comunicado, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, afirmó que el pacto se logró tras extensas negociaciones en las que participó él, el vicepresidente estadounidense JD Vance, los primeros ministros Narendra Modi, de India, y Shehbaz Sharif, de Pakistán, y otros altos funcionarios.
«Me complace anunciar que los gobiernos de India y Pakistán acordaron un cese al fuego inmediato e iniciar conversaciones sobre un amplio conjunto de temas en un lugar neutral», indicó Rubio en la red X.
«Elogiamos a los primeros ministros Modi y Sharig por su sabiduría, prudencia y habilidad política al escoger el camino de la paz», agregó.
El anuncio se realizó después de una peligrosa escalada del conflicto, con un contraataque pakistaní en India este sábado, en represalia al bombardeo con misiles a tres de sus bases áreas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes una orden ejecutiva que oficializa el lanzamiento de un nuevo programa de autodeportación.
La medida busca incentivar a los migrantes indocumentados a abandonar el país voluntariamente, ofreciéndoles vuelos gratuitos a sus países de origen y un bono económico de mil dólares por salida confirmada.
“Estamos facilitando al máximo la salida de los inmigrantes indocumentados. Cualquier persona en situación irregular puede presentarse en un aeropuerto y obtener un vuelo gratuito para salir de nuestro país”, declaró el mandatario en un video difundido en redes sociales. La orden prohíbe el retorno a territorio estadounidense y contempla consecuencias severas para quienes decidan permanecer ilegalmente.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aclaró que estos migrantes también serán excluidos temporalmente de procesos de detención y deportación mientras se preparan para salir del país.
Trump aseguró que las nuevas medidas buscan proteger los recursos del país. Las autoridades migratorias recalcaron que, de no acogerse al programa, los migrantes enfrentarán sanciones que van desde la prisión hasta la confiscación total de bienes y salarios.
Enfrentamientos entre facciones del Cártel de Sinaloa generan un alto costo humano, con menores como principales víctimas.
Un intenso enfrentamiento en el noroeste de México ha desatado una ola de violencia que afecta principalmente a los habitantes de Sinaloa. El conflicto, que se intensificó tras la captura de Ismael «El Mayo» Zambada en Estados Unidos, ha dejado un saldo de al menos 1,200 muertos y 1,400 desaparecidos, según las autoridades locales.
Zambada, quien asegura haber sido secuestrado y transportado en un avión privado por un hijo de su antiguo socio, Joaquín «El Chapo» Guzmán, también recluido en una prisión estadounidense, ha desencadenado una serie de violentos enfrentamientos entre las facciones del Cártel de Sinaloa que buscan el control de la organización criminal.
Óscar Loza, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa, informó a la agencia AFP que entre las víctimas fatales se encuentran 39 menores de edad. Además, otros 97 niños han desaparecido en medio de la disputa, según datos de la Fiscalía regional.
El incidente más reciente ocurrió el pasado lunes, cuando dos niñas de 7 y 12 años perdieron la vida al quedar atrapadas en un tiroteo entre miembros de la Guardia Nacional, la Fiscalía y un grupo armado. El enfrentamiento tuvo lugar en el municipio de Badiraguato, conocido como la cuna de «El Chapo» Guzmán y otros capos del cártel.
En el mismo tiroteo resultó herido un niño de 12 años, así como sus padres y otros dos familiares.
Loza, al referirse a la tragedia, expresó: «¿Cuándo se va a reponer la ciudadanía de una herida tan profunda y dolorosa como esta? Nunca. Siempre estarán presentes, no los números, sino esas sonrisas que se apagaron», en un claro llamado a la reflexión sobre el impacto irreparable que está teniendo la violencia en la región.
El conflicto en Sinaloa ha tenido un efecto devastador no solo en el plano humano, sino también en la economía y la vida cotidiana de la capital, Culiacán, y otras poblaciones del estado. La lucha por el poder entre los herederos de «El Chapo» Guzmán y la facción de «El Mayo» Zambada continúa dejando cicatrices profundas en la sociedad sinaloense.
