Internacionales
EEUU evalúa la salud de los menores inmigrantes tras muerte de dos niños
Las autoridades de EEUU han comenzado a someter a exámenes médicos a todos los menores inmigrantes bajo su custodia después de que este martes falleciera un segundo niño guatemalteco tras haber sido detenido por cruzar irregularmente la frontera con México.
En las pruebas médicas tendrán prioridad los niños menores de 10 años, informó hoy en un comunicado la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés).
En una llamada con la prensa, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, encargado de la política migratoria y que supervisa la CBP, afirmaron que el «95 por ciento» de los menores inmigrantes en su custodia ya han pasado esos exámenes médicos, que se realizan después de una primera prueba en el momento del arresto.
Los funcionarios no precisaron en qué consisten esos exámenes y tampoco detallaron cuántos menores se encuentran bajo su custodia.
Solo en el año fiscal 2018 (de octubre de 2017 a septiembre de 2018) llegaron a EE.UU. casi 400.00 inmigrantes, de los que 50.000 eran menores que viajaban solos sin sus padres.
Por otro lado, la policía fronteriza anunció hoy que está evaluando el cuidado que presta a los menores de 10 años cuando son detenidos y en las primeras 24 horas de su custodia.
En el día de Nochebuena, un niño guatemalteco de ocho años, identificado como Felipe Gómez Alonzo, murió en un hospital del estado de Nuevo México por causas que aún se desconocen y después de haber estado bajo supervisión de la policía fronteriza durante más de una semana.
Las normas del Gobierno de EEUU fijan que los inmigrantes no deben ser detenidos durante más de 72 horas en las instalaciones de la CBP, que suelen estar destinadas para una estancia temporal y no cuentan con recursos para garantizar el bienestar de los más pequeños.
Según la información publicada hoy por la CBP, Gómez Alonzo y su padre fueron detenidos el 18 de diciembre a las 13.00 hora local (20.00 GMT) a unos 5 kilómetros de un punto oficial de entrada al país situado en el puente que une la localidad texana de El Paso (EE.UU.) y Ciudad Juárez (México).
Durante dos días estuvieron en un centro de procesamiento de la CBP; luego pasaron a las instalaciones de esa agencia en El Paso y el 23 de diciembre llegaron a Alamogordo, en Nuevo México.
Fue en Alamogordo donde, al día siguiente, un agente fronterizo observó que el niño estaba tosiendo y tenía los «ojos brillantes», por lo que fue trasladado al hospital Gerald Champion Regional.
Una vez allí, los doctores determinaron que el pequeño sufría un resfriado común; pero, luego, comprobaron que tenía una fiebre de 39,5 grados y decidieron dejarlo otros 90 minutos en observación para, después, darlo de alta con una receta médica para que tomara ibuprofeno y amoxicilina.
Sin embargo, la salud del menor empeoró: comenzó a sentir náuseas y vómitos, de forma que los agentes migratorios lo llevaron de vuelta al hospital.
Su muerte fue certificada a las 23.48 horas (06.48 hora GMT) del día 24, en Nochebuena, según detalló hoy la CBP, que en principio dijo que el menor había fallecido en Navidad.
Este es el segundo niño que muere en el mes de diciembre bajo custodia de las autoridades estadounidenses. El 8 de diciembre, la guatemalteca Jakelin Caal Maquín, de 7 años, perdió la vida en un hospital de El Paso (Texas) después de haber cruzado ilegalmente la frontera desde México junto a su padre.
El comisionado de la CBP, Kevin McAleenan, afirmó hoy que sus agentes están haciendo «docenas» de viajes al hospital cada día con niños que muestran síntomas de alguna enfermedad.
Al respecto, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional aseguraron que ha habido un incremento en el número de migrantes que llegan a EEUU con alguna dolencia y, ahora, están investigando si esas personas han contraído alguna enfermedad en los albergues donde se hospedan en México.
La titular de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, está en contacto con miembros del Gobierno mexicano y tiene previsto viajar esta semana a la frontera, detallaron los funcionarios.
El Departamento de Seguridad Nacional inició una investigación interna tras la muerte de la primera menor, pero legisladores del Caucus Hispano del Congreso y organizaciones defensoras de los derechos humanos reclaman una investigación independiente sobre las políticas migratorias del presidente, Donald Trump.
Con información de EFE
Una mujer embarazada de seis meses resultó herida de bala tras un intento de asalto registrado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El hecho ocurrió en la intersección de la 6ª avenida y 8ª calle, donde sujetos armados habrían interceptado a la víctima con intenciones de robo. La mujer fue identificada como Jimena Vickers, de 31 años, quien se desempeña como visitadora médica.
De acuerdo con versiones preliminares, los atacantes abrieron fuego luego de que Vickers se opusiera al asalto. En el parabrisas del vehículo, del lado del conductor, se observaron al menos tres impactos de bala.
La víctima fue auxiliada por cuerpos de socorro y trasladada a un centro asistencial. Su estado de salud, así como el del bebé que espera, no ha sido detallado por las autoridades.
La PNC inició un operativo en el sector para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se reportan capturas.
Internacionales
Crisis humanitaria en Gaza deja a niños y madres gravemente afectados por la desnutrición en medio del conflicto
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó este viernes que uno de cada cuatro niños entre seis meses y cinco años, así como mujeres embarazadas y lactantes atendidos en sus clínicas en Gaza, presenta signos de desnutrición, en lo que califican como una emergencia sanitaria y humanitaria de alto nivel.
En un comunicado, MSF acusó a las autoridades israelíes de usar deliberadamente el hambre como un arma de guerra. “Los propios pacientes y profesionales de la salud sufren de hambre”, señaló la ONG, que mantiene presencia médica en Ciudad de Gaza.
Caroline Willemen, coordinadora del proyecto de MSF en esa ciudad, aseguró que están recibiendo alrededor de 25 nuevos casos de desnutrición diariamente. Desde el 18 de mayo, los registros se han cuadruplicado y la desnutrición severa en menores de cinco años se ha triplicado.
MSF afirma que esta situación se debe a una “hambruna deliberada”, consecuencia directa del bloqueo impuesto por Israel sobre el enclave palestino. Aunque a finales de mayo se flexibilizó el cerco, las carencias de alimentos, medicinas y productos básicos persisten.
Israel, por su parte, responsabiliza a Hamas de manipular la ayuda humanitaria, acusándolo de apropiarse de suministros para revenderlos a precios desorbitados o de atacar a las personas que esperan recibir alimentos.
La ONG también denunció ataques en los centros de distribución de alimentos gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Israel y Estados Unidos. “Estas distribuciones no son ayuda humanitaria, son crímenes de guerra cometidos a plena luz del día bajo el disfraz de compasión”, afirmó Mohammed Abu Mughaisib, coordinador médico adjunto de MSF en Gaza.
La ONU ha documentado más de 1.000 muertes desde finales de mayo en puntos de ayuda humanitaria, la mayoría cerca de los centros operados por la GHF.
Ecuador cerró el primer semestre de 2025 como el más violento de los últimos 14 años, al registrar 4,557 homicidios, lo que representa un aumento del 45 % respecto al mismo periodo de 2024 y un 22 % más en comparación con los primeros seis meses de 2023, según datos del Ministerio del Interior recopilados por el medio «Primicias».
Del total de muertes violentas, el 89 % (4,069 casos) fue cometido con armas de fuego, incluyendo pistolas, escopetas, ametralladoras y fusiles, lo que evidencia el creciente poder de fuego de los grupos criminales.
Mayo se posicionó como el mes más sangriento desde que se tiene registro, con 915 homicidios, superando incluso los 831 asesinatos ocurridos en octubre de 2023. En promedio, al menos 30 personas fueron asesinadas cada día durante el primer semestre del año. En junio, aunque hubo una leve reducción, se contabilizaron 548 crímenes.
Entre enero y mayo, 70 cantones del país registraron un aumento en muertes violentas respecto al mismo periodo del año anterior. En estos territorios se concentró el 90 % de los homicidios registrados, es decir, un total de 3,578.
Frente a esta escalada de violencia, el gobierno de Daniel Noboa ha decretado estados de excepción en varias provincias —Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos—, en dos cantones de Quito y en el sistema penitenciario nacional. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para frenar la criminalidad.
El más reciente estado de excepción, declarado el 12 de abril mediante el Decreto 599, fue parcialmente aprobado ayer por la Corte Constitucional, que consideró inconstitucional aplicar la medida en todos los centros penitenciarios y en el cantón Camilo Ponce Enríquez (Azuay), al no evidenciarse hechos que justifiquen su inclusión.
Además, la Corte rechazó la suspensión del derecho a reunión, las inspecciones y requisas sin orden judicial, así como la intervención directa de las Fuerzas Armadas, al señalar que estas acciones pueden ejecutarse dentro del marco legal ordinario.
Pese a ello, se mantuvieron restricciones como la suspensión del derecho a la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la correspondencia, permitiendo a la fuerza pública realizar allanamientos y revisar mensajes dirigidos a privados de libertad.
El alto índice de homicidios refleja la profunda crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, donde el crimen organizado y las bandas armadas continúan desafiando la capacidad del Estado para contener la violencia.
