Internacionales
EEUU evalúa la salud de los menores inmigrantes tras muerte de dos niños
Las autoridades de EEUU han comenzado a someter a exámenes médicos a todos los menores inmigrantes bajo su custodia después de que este martes falleciera un segundo niño guatemalteco tras haber sido detenido por cruzar irregularmente la frontera con México.
En las pruebas médicas tendrán prioridad los niños menores de 10 años, informó hoy en un comunicado la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés).
En una llamada con la prensa, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, encargado de la política migratoria y que supervisa la CBP, afirmaron que el «95 por ciento» de los menores inmigrantes en su custodia ya han pasado esos exámenes médicos, que se realizan después de una primera prueba en el momento del arresto.
Los funcionarios no precisaron en qué consisten esos exámenes y tampoco detallaron cuántos menores se encuentran bajo su custodia.
Solo en el año fiscal 2018 (de octubre de 2017 a septiembre de 2018) llegaron a EE.UU. casi 400.00 inmigrantes, de los que 50.000 eran menores que viajaban solos sin sus padres.
Por otro lado, la policía fronteriza anunció hoy que está evaluando el cuidado que presta a los menores de 10 años cuando son detenidos y en las primeras 24 horas de su custodia.
En el día de Nochebuena, un niño guatemalteco de ocho años, identificado como Felipe Gómez Alonzo, murió en un hospital del estado de Nuevo México por causas que aún se desconocen y después de haber estado bajo supervisión de la policía fronteriza durante más de una semana.
Las normas del Gobierno de EEUU fijan que los inmigrantes no deben ser detenidos durante más de 72 horas en las instalaciones de la CBP, que suelen estar destinadas para una estancia temporal y no cuentan con recursos para garantizar el bienestar de los más pequeños.
Según la información publicada hoy por la CBP, Gómez Alonzo y su padre fueron detenidos el 18 de diciembre a las 13.00 hora local (20.00 GMT) a unos 5 kilómetros de un punto oficial de entrada al país situado en el puente que une la localidad texana de El Paso (EE.UU.) y Ciudad Juárez (México).
Durante dos días estuvieron en un centro de procesamiento de la CBP; luego pasaron a las instalaciones de esa agencia en El Paso y el 23 de diciembre llegaron a Alamogordo, en Nuevo México.
Fue en Alamogordo donde, al día siguiente, un agente fronterizo observó que el niño estaba tosiendo y tenía los «ojos brillantes», por lo que fue trasladado al hospital Gerald Champion Regional.
Una vez allí, los doctores determinaron que el pequeño sufría un resfriado común; pero, luego, comprobaron que tenía una fiebre de 39,5 grados y decidieron dejarlo otros 90 minutos en observación para, después, darlo de alta con una receta médica para que tomara ibuprofeno y amoxicilina.
Sin embargo, la salud del menor empeoró: comenzó a sentir náuseas y vómitos, de forma que los agentes migratorios lo llevaron de vuelta al hospital.
Su muerte fue certificada a las 23.48 horas (06.48 hora GMT) del día 24, en Nochebuena, según detalló hoy la CBP, que en principio dijo que el menor había fallecido en Navidad.
Este es el segundo niño que muere en el mes de diciembre bajo custodia de las autoridades estadounidenses. El 8 de diciembre, la guatemalteca Jakelin Caal Maquín, de 7 años, perdió la vida en un hospital de El Paso (Texas) después de haber cruzado ilegalmente la frontera desde México junto a su padre.
El comisionado de la CBP, Kevin McAleenan, afirmó hoy que sus agentes están haciendo «docenas» de viajes al hospital cada día con niños que muestran síntomas de alguna enfermedad.
Al respecto, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional aseguraron que ha habido un incremento en el número de migrantes que llegan a EEUU con alguna dolencia y, ahora, están investigando si esas personas han contraído alguna enfermedad en los albergues donde se hospedan en México.
La titular de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, está en contacto con miembros del Gobierno mexicano y tiene previsto viajar esta semana a la frontera, detallaron los funcionarios.
El Departamento de Seguridad Nacional inició una investigación interna tras la muerte de la primera menor, pero legisladores del Caucus Hispano del Congreso y organizaciones defensoras de los derechos humanos reclaman una investigación independiente sobre las políticas migratorias del presidente, Donald Trump.
Con información de EFE
La organización criminal transnacional conocida como el Tren de Aragua, originaria de Venezuela, ha logrado establecerse en al menos 16 estados de Estados Unidos mediante una combinación de alianzas con pandillas locales y tácticas de infiltración tecnológica, según informes de Fox News y otros medios estadounidenses.
Investigaciones revelan que el grupo opera en estados como Florida, Texas, Nueva York, Illinois y Colorado, y ha aprovechado comunidades migrantes para operar con menor visibilidad. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la presencia del Tren de Aragua representa un riesgo creciente para la seguridad interna.
Uno de los aspectos más alarmantes es su sofisticación tecnológica. Según Ali Hopper y Jarrod Sadulski, expertos en crimen organizado y miembros de GUARD Against Trafficking, la pandilla incorpora especialistas en tecnología de la información —algunos bajo coacción— para evadir la detección. Utilizan códigos visuales, secuencias de emojis e imágenes con símbolos ocultos para comunicarse sin ser detectados por los algoritmos de seguridad de plataformas digitales.
Además, el grupo ha establecido alianzas estratégicas con pandillas como los Bloods y los Crips, con las cuales comparte ingresos de actividades ilícitas como el tráfico de drogas, trata de personas y asesinatos por encargo. Esta colaboración les permite conocer rutas de patrullaje, zonas con menor vigilancia y políticas judiciales locales.
A nivel internacional, el Tren de Aragua ha sido identificado en países como Perú, Chile y Colombia. En marzo de 2025, el Congreso peruano lo declaró organización terrorista. En Chile y Colombia, se le vincula con delitos como secuestro, homicidio, extorsión y explotación sexual.
Frente a su avance, el sistema judicial de EE. UU. ha comenzado a responder. En mayo de 2025, una jueza federal en Pensilvania autorizó la deportación de presuntos integrantes del grupo bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. No obstante, tribunales en Texas y Colorado han bloqueado temporalmente estas medidas por presuntas violaciones al debido proceso.
De acuerdo con Insight Crime, el Tren de Aragua ha evolucionado desde su origen carcelario en Venezuela hasta convertirse en una red criminal transnacional, adaptando su estructura a cada país. Aunque la amenaza es real, analistas como los citados por The Guardian advierten que la falta de evidencia directa que vincule a sus miembros con la estructura central del grupo complica su persecución judicial en Estados Unidos.
La influencer mexicana Valeria Márquez, de 23 años, fue asesinada la tarde del martes dentro de su salón de belleza, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco, según confirmaron autoridades estatales.
La joven, conocida por compartir contenidos sobre belleza y estilo de vida en redes sociales, algunos con hasta 800,000 reproducciones, fue atacada a tiros alrededor de las 18:30 horas locales (00:30 GMT del miércoles) por un sujeto que ingresó al local y disparó directamente en su contra, informó la fiscalía estatal en un comunicado.
“La víctima es una persona con presencia activa e influencia en redes sociales”, destacó la institución, que añadió que el caso está siendo investigado bajo el protocolo de feminicidio.
Elementos de la policía municipal llegaron al establecimiento tras una llamada de emergencia y confirmaron el fallecimiento de Márquez en el lugar. Agentes del Ministerio Público permanecieron en la escena recabando pruebas y testimonios para esclarecer el crimen.
La violencia de género continúa siendo una grave preocupación en México. De acuerdo con ONU Mujeres, 7 de cada 10 mexicanas mayores de 15 años han sufrido algún tipo de agresión, y diariamente se registran en promedio 10 asesinatos de mujeres, sumando homicidios dolosos y feminicidios.
Las autoridades no han reportado hasta el momento detenidos por este hecho.
El asesinato de Luis Armando Córdova Díaz, exdiputado y exsecretario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Jalisco, se suma a una serie de ataques contra figuras políticas ocurridos recientemente en México, en medio del proceso electoral que culminará el 2 de junio.
Córdova, quien fue legislador entre 2012 y 2015, fue atacado en Zapopan, Jalisco, parte del área metropolitana de Guadalajara. Según informó la Fiscalía del Estado, ya se abrió una investigación para esclarecer el crimen. “Se revisan cámaras de videovigilancia, entrevistas y otros indicios para identificar a los agresores, quienes habrían huido a bordo de una motocicleta”, señaló la institución en un comunicado.
El PRI condenó el homicidio a través de la red social X, donde exigió justicia y alertó sobre la creciente inseguridad. “¡El pueblo no merece vivir con miedo!”, expresó el partido.
Jalisco, considerado bastión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos criminales más poderosos del país, es escenario frecuente de violencia, desapariciones y enfrentamientos armados. Zapopan, donde ocurrió el ataque, es además una de las sedes seleccionadas para el Mundial de Fútbol 2026 que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.
El homicidio de Córdova ocurre en un contexto de creciente violencia política en el país. El pasado lunes fue asesinado Esteban Alfonseca, exalcalde de Actopan, Veracruz. Un día antes, Yesenia Lara, candidata a la alcaldía de Texistepec por el partido oficialista Morena, resultó herida tras ser atacada a balazos mientras marchaba en caravana junto a simpatizantes.
Veracruz, donde se celebrarán elecciones locales el próximo 1 de junio para renovar 212 alcaldías, ha sido identificado como un territorio estratégico para el crimen organizado por su ubicación en la costa del Golfo de México.
De acuerdo con analistas, los asesinatos de candidatos y exfuncionarios suelen intensificarse en periodos electorales como una forma en que los grupos delictivos buscan controlar gobiernos locales y ejercer influencia sobre los procesos democráticos.
