Hace menos de tres años, el 6 de mayo de 2023, que el monarca británico Carlos III fue coronado, en el inicio de un reinado marcado por una serie de pruebas y crisis que culminaron el jueves con el arresto de su hermano Andrés.

«Ya sea por su hijo menor Enrique, su mala salud, la de Catalina o los problemas con Andrés, Carlos III ha tenido que enfrentarse a una sucesión de dificultades y crisis» desde que es rey, resume Ed Owens, comentarista y analista especializado en la familia real británica, en una entrevista a AFP.

Carlos III ascendió al trono en septiembre de 2022, tras la muerte de su madre, la reina Isabel II, que reinó durante 70 años y era adorada por los británicos, siendo coronado el 6 de mayo de 2023.

Pero cuatro meses antes, las cosas empezaron a torcerse para el monarca, que tiene 77 años.

Su hijo Enrique publicó en enero de 2023 sus explosivas memorias, Spare («En la sombra»), en las que multiplica los ataques contra la familia real.

Enrique, que se marchó en 2020 a California con su esposa Meghan, fue acusado de empañar la institución con fines mercantiles.

Carlos III anunció en febrero de 2024 que estaba luchando contra un cáncer, sin precisar su naturaleza.

Unas semanas después, la popular princesa Catalina, esposa del heredero a la corona, Guillermo, reveló que ella también padecía cáncer.

Aunque Catalina anunció después que su cáncer está en remisión y el propio Carlos III informó en diciembre una reducción de su tratamiento, la enfermedad sigue presente.

Pero la mayor tormenta vino desde Estados Unidos y los vínculos de su hermano Andrés con el financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein.

No era algo nuevo, ya que, en 2011, la prensa había publicado una fotografía de Andrés tomando por la cintura a Virginia Giuffre, la principal acusadora de Epstein.

Y las informaciones comprometedoras para Andrés, sobre su relación con Epstein, se han multiplicado en los últimos meses.

En octubre pasado, Carlos III esperaba haber alejado la tormenta retirando todos sus títulos nobiliarios a Andrés.

Pero la publicación de nuevos documentos por parte del Departamento de Justicia estadounidense a finales de enero, sobre los lazos de Andrés con Epstein, volvió a perjudicar al expríncipe.

Andrés fue arrestado y permaneció varias horas bajo custodia policial el jueves, bajo la sospecha de haber transmitido información confidencial a Epstein, cuando era enviado especial de Reino Unido para el Comercio Internacional entre 2001 y 2011.

Carlos III afirmó ese día que «la justicia debe seguir su curso», subrayando su «más profunda preocupación».

Los expertos reales comparan la situación actual de la monarquía con las graves crisis que atravesó la institución en el siglo XX. En 1936, con la abdicación del rey Eduardo VIII, o en 1997, con la muerte de la princesa Diana, exesposa de Carlos.

En ambos casos, la familia real necesitó «más de una década para estabilizar la institución y recuperar el afecto y la lealtad del gran público», explica Ed Owens.

Para Pauline Maclaran, profesora en la universidad Royal Holloway y también especialista en la familia real, el rey heredó un expediente que Isabel II había dejado sin resolver respecto a Andrés.

«La reina lo protegía, así que parte de lo que vemos hoy se debe a que Andrés ya no tiene ninguna protección», señala Maclaran.

Para Ed Owens, Carlos debería haberse ocupado de «esa bomba sin explotar» desde el comienzo de su reinado.

«Este episodio podría causar un perjuicio considerable a la institución monárquica, dañar su autoridad moral», añade.

La monarquía atraviesa «un período bastante inestable», pero «era algo que podía ocurrir tras la muerte de la reina», quien había proporcionado «una gran sensación de continuidad», explica Pauline Maclaran.

Para la profesora, Carlos y el heredero Guillermo deben trabajar para «restablecer la confianza del público, que se ha visto sacudida».

«Guillermo ha afirmado que va a cambiar las cosas, que será un rey más moderno, a imagen de otras monarquías europeas. Ahora debe insistir realmente en ello», concluye Maclaran.

Una tumba de más de mil años de antigüedad con restos humanos y piezas de oro y cerámica fue descubierta en una región de Panamá donde arqueólogos desarrollan excavaciones desde hace dos décadas, informó este viernes a la AFP la investigadora a cargo del proyecto.

El hallazgo tuvo lugar en El Caño, en el distrito de Natá, a unos 200 kilómetros al suroeste de Ciudad de Panamá, donde científicos y arqueólogos ya han descubierto otros vestigios de culturas prehispánicas.

Los restos óseos están rodeados de objetos de oro y vasijas de cerámica decoradas con imágenes tradicionales, lo que indica que correspondería a personas de «alto estatus», dijo a la AFP la arqueóloga Julia Mayo, quien detalló que la tumba fue construida «entre los años 800 y 1000 después de Cristo».

«La persona con el oro es la persona de mayor estatus del grupo», añadió.

El cuerpo del ocupante principal «fue vestido con dos brazaletes, dos pectorales y dos orejeras, los pectorales tienen representaciones de murciélagos y cocodrilos», detalló Mayo.

El sitio arqueológico de El Caño está relacionado con las sociedades que habitaron las provincias centrales de Panamá entre los siglos VIII y XI.

Mayo señaló que en el lugar ya se han excavado otras nueve tumbas «similares» a la anunciada este viernes.

«Han estado enterrando ahí a su gente durante 200 años», indicó la investigadora.

La tumba constituye un descubrimiento de «gran relevancia para la arqueología panameña y el estudio de las sociedades prehispánicas del istmo centroamericano», destacó el Ministerio de Cultura en un comunicado.

Según los expertos, esta excavación demuestra que para estas culturas la muerte no representaba un final, sino una transición hacia otra fase donde el estatus social continuaba teniendo relevancia.

El descubrimiento aportará nueva información sobre la organización social, el poder político, las redes de intercambio y las prácticas rituales, entre otros aspectos, apuntó el Ministerio.

El gobierno venezolano aseguró el viernes que la ley de amnistía aprobada la víspera, que puede conceder la libertad a cientos de presos políticos, es clave para «la estabilidad de la nación», pero expertos advierten que excluye a muchos detenidos.

Aunque el gobierno interino de Delcy Rodríguez otorgó libertad condicional a 448 opositores tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión estadounidense a inicios de enero, aún quedan casi 650 presos políticos encarcelados, según la oenegé Foro Penal.

Expertos dudan del alcance de esta ley, iniciativa de Rodríguez y aprobada la noche del jueves en el Parlamento por consenso: cientos de detenidos como militares implicados en actividades «terroristas» pueden quedar fuera.

«Muchos estamos conscientes de que la ley de amnistía no acobija a nuestros familiares», dijo a la AFP Hiowanka Ávila, de 39 años. Su hermano Henryberth Rivas, de 30 años, fue detenido en 2018 acusado de participar en un intento de magnicidio con drones contra Maduro. «Nos toca esperar alguna otra medida, indulto pudiera ser», lamentó a las afueras de la cárcel Rodeo I, a unos 40 km de Caracas. Varios de los detenidos allí son militares o policías, acusados de «terrorismo».

La ley «debe interpretarse como una señal de madurez y fortaleza política, al representar un paso trascendental para lograr la estabilidad de la nación», dijo el ministro de Defensa y general en jefe de la Fuerza Armada, Vladimir Padrino.