Internacionales
Decretan 10 años de prisión para pedófilo que se filmó mientras abusaba de una niña y compartió el video en una red social
La Justicia del Reino Unido ha condenado a 10 años de cárcel a un hombre de 25 años tras declararlo culpable de cometer actos de pedofilia, filmarse y compartir las imágenes en la plataforma Kik, informaron medios locales.
Según la investigación, que comenzó en octubre del año pasado, Lewis Tupper invitaba a otras personas a comentar sus videos, entre los que había uno en el que participaba de un acto sexual con una niña, cuya edad no trascendió. Por eso, el fiscal Soheil Khan afirmó que los participantes de esas conversaciones tenían un «profundo interés» en el abuso de menores.
Al ser detenido, el hombre, oriundo de la ciudad inglesa de Wakefield, admitió el delito. «Levanto las manos, lo hice, sé que está mal», comentó en ese entonces. Además, la Policía halló ropa que coincidía con la que había utilizado en el video compartido en la aplicación.
Pese a las evidencias, Tupper declaró en la primera audiencia que no tenía interés sexual por los niños, argumentando que había sido chantajeado. Sin embargo, su alegato fue descartado por la Justicia, ya que no presentó ninguna evidencia al respecto.
Más adelante, durante una segunda cita en la corte, el individuo reconoció el abuso y el hecho de haberlo comentado en internet. Finalmente, admitió un cargo por violación, dos por producir imágenes indecentes y otros dos por distribuirlas.
El abogado del acusado, Richard Reed, expresó que su cliente aceptó que había cometido un «error catastrófico», que tenía remordimiento y estaba arrepentido. «Entiende que se trata de delitos que la mayoría de la población considera completamente abominables», agregó el legista y mencionó que incluso su familia estaba «absolutamente disgustada» por su comportamiento.
El fallo judicial
No obstante, los argumentos presentados por la defensa de Tupper no impidieron que el juez Simon Batiste decidiera sentenciarlo a 10 años de cárcel, más cinco de libertad vigilada. Asimismo, el magistrado calificó los hechos como «el abuso más enfermizo que se puede imaginar».
Tras descartar la posibilidad de un chantaje, el juez sostuvo que Tupper estaba «bastante claro» que actuó de manera «voluntaria» y que parecía hacerlo «con gran placer». «Lo estaba haciendo porque lo disfrutaba», concluyó.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador realizó hoy domingo un simulacro a nivel nacional en el que se probó de manera total el sistema informático y logístico de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales programada para el próximo 13 de abril, informó el organismo.
El CNE indicó en un comunicado que el proceso se desarrolló de manera simultánea en las 24 delegaciones electorales provinciales y en el exterior, al poner a prueba todos los aspectos técnicos y operativos del proceso electoral, así como el funcionamiento de las Juntas Receptoras del Voto.
Durante el ejercicio se evaluó también el Sistema de Procesamiento y Transmisión de Resultados, además de ponerse en práctica la aplicación de un plan de riesgos y contingencias ante la actual temporada invernal en el país.
La presidenta del CNE, Diana Atamaint, inauguró la mañana de este domingo el simulacro nacional en la Delegación Provincial Electoral de Pichincha, cuya capital es Quito, en un acto que contó con la presencia de delegados de organizaciones políticas y observadores internacionales.
«A siete días de realizar la jornada de votación estamos cumpliendo hoy con un nuevo hito democrático, al ejecutar el simulacro nacional en cada provincia del país y también en el exterior», dijo la funcionaria electoral.
Añadió que el simulacro es una muestra de que Ecuador se prepara con rigor, con planificación y con transparencia para que el día de la elección no haya algún margen de error.
«Cada voto cuenta y cada voto, como siempre lo hemos hecho, será absolutamente respetado para que sea el soberano el que se pronuncie», apuntó.
Atamaint indicó que el CNE junto con otras entidades estatales monitorea el impacto de las fuertes lluvias que afectan a varias provincias para decidir eventuales cambios de recintos de votación.
Indicó, además, que hasta ahora 14 de las 24 provincias del país ya han recibido las papeletas de votación y el material electoral para los comicios venideros.
Poco más de 13,7 millones de ecuatorianos, dentro y fuera del país podrán elegir el 13 de abril al nuevo mandatario entre los candidatos presidenciales Luisa González, afín al izquierdista expresidente Rafael Correa (2007-2017), y el actual presidente y candidato a la reelección, el empresario Daniel Noboa.
El balotaje se avizora reñido, después de una primera vuelta ajustada efectuada el 9 de febrero pasado, en la que Noboa obtuvo el 44,17 por ciento de los votos y superó por estrecho margen (16.746 votos) a González, quien alcanzó el 44 por ciento.
La campaña electoral que inició el 23 de marzo pasado terminará el próximo 10 de abril, luego de lo cual regirá un silencio electoral para meditar el voto.
La cifra de muertes a causa del terremoto de Myanmar llegó a 3.564 hasta este domingo por la noche, reportó el Equipo de Información del Consejo de Administración Estatal de Myanmar.
Además, se confirmó que, hasta este mismo día, otras 5.012 personas resultaron heridas y 210 siguen desaparecidas debido al terremoto.
Las autoridades locales, así como organizaciones de rescate locales e internacionales informaron que han brindado atención a 653 personas atrapadas en edificios tras el terremoto y recuperaron 682 cuerpos de entre los escombros.
La temporada escolar comenzó hace un mes, pero solo ahora los padres pueden llevar a sus hijos a este colegio de Lima atacado con explosivos por negarse a pagar una extorsión. En la entrada, en vez de profesores, vigilan militares con fusiles.
El crimen organizado extendió su chantaje al sistema privado de educación y afecta a miles de estudiantes, tras ensañarse los últimos tres años con comerciantes y transportistas principalmente.
Su poder de intimidación desafía al impopular Gobierno de Dina Boluarte, que echó mano del Ejército para tratar de contener la ola de extorsiones en las calles de Lima.
«Hasta la fecha tenemos […] 500 colegios extorsionados» a escala nacional, señala a la AFP Giannina Miranda, presidenta del Colectivo Educar con Libertad, que representa a los colegios amenazados en Perú.
De ese total, 325 se vieron forzados a cerrar por tiempo indefinido y pasar a la virtualidad, precisó.
Las bandas han impuesto el miedo y el silencio en los ambientes escolares, según constatan docentes y padres de estudiantes que hablaron bajo reserva.
«Es prácticamente como una pandemia, pero con armas», afirma un padre de 40 años tras acompañar a su hijo de 13 al colegio San Vicente, en el distrito de Comas, en el norte de Lima.
A las afueras un grupo de cinco militares y policías vigilan el ingreso de los alumnos.
MIEDO
En la primera semana de marzo la institución que recibe a 1,200 estudiantes fue atacada con un explosivo. La detonación no causó víctimas, pero sí daños en la puerta principal y obligó a iniciar clase de manera virtual.
Previamente, por un mensaje de WhatsApp, desconocidos habían pedido a las directivas 100,000 soles (unos $27,000) para no atacar.
Después del atentado llegó un video todavía más intimidante, cuyo contenido fue compartido por el padre de un alumno del colegio San Vicente bajo anonimato. «Ya te exploté tu colegio y aún sin darme solución», se lee en un cartel con siete balas encima rodeado de fusiles y pistolas que aparece en la grabación.
El aviso concluye con una advertencia de muerte contra un vigilante, un profesor o un «padre de familia dentro o fuera del colegio».
Estos centros escolares pasaron a ser blanco de las bandas locales o internacionales, que cobran a cambio de no matar o destruir.
Las amenazas inundan los celulares de directivos y profesores. Unas 17,000 instituciones y 2.5 millones de estudiantes forman parte de la red privada.
Ante «tanto miedo y tensión», familias están considerando no enviar más a sus hijos a la escuela, sostiene una jubilada de 70 años.
COSTO POLÍTICO
El auge del crimen organizado empujó a la presidenta Boluarte a declarar el estado de emergencia por un mes en Lima, la capital peruana de 10 millones de habitantes.
El decreto entró en vigor el 18 de marzo. Amparada en esa figura, la mandataria sacó a los militares de los cuarteles para que apoyen a la Policía en la lucha contra la extorsión y el sicariato.
Pese a los esfuerzos de las autoridades por presentar resultados, la extorsión se instaló prácticamente en la actividad diaria de millones de peruanos.
«¿Cómo explicarle a mi hijo lo que está pasando? Tener yo que enseñarle que cuando regrese al colegio, si escucha un disparo o si escucha una explosión», se resguarde debajo de su pupitre, se pregunta una secretaria de 30 años.
Desde hace 20 días, su pequeño de seis años recibe clases virtuales después de que el colegio Pitágoras, en el norte de Lima, suspendió sus actividades también por extorsión.
Según la Policía, en 2024 recibió 19,443 denuncias por este delito frente a las 22,294 del año anterior. Sin embargo, según la propia autoridad, muchos no denuncian por miedo.
