Internacionales
Cancelan en el último minuto la pena de muerte a hombre que mató a su madre y hermanos
Dos reclusos condenados a muerte en Estados Unidos cuya pena se cumpliría el jueves se salvaron en el último momento, informaron las autoridades.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió un indulto para Thomas Bartlett «Bart» Whitaker, de 38 años, condenado por planear el homicidio en 2003 de su madre y su hermano, además de dejar a su padre gravemente herido.
«El señor Whitaker debe pasar el resto de su vida tras las rejas como castigo por este crimen atroz», escribió Abbott en una proclama explicando su decisión, poco antes del horario programado para la ejecución.
El gobernador también tuvo en cuenta que el padre del condenado «insiste en que sería víctima de nuevo si el estado matara a su último familiar cercano vivo».
Kent Whitaker había movido el cielo y la tierra durante años para tratar de obtener misericordia para su hijo, a quien perdonó desde su cama de hospital.
Mientras tanto, en Alabama fracasó un intento de administrar una inyección letal a otro preso en el corredor de la muerte, Doyle Hamm, lo que provocó que se detuviera la ejecución.
Un portavoz del sistema penitenciario estatal explicó que la suspensión se debió a una «excesiva precaución» porque no se podía encontrar una vena que pudiera recibir la inyección.
Hamm padece cáncer craneal y linfático terminales, y sus abogados habían argumentado que al no tener las venas adecuadas una inyección letal sería tortura.
No obstante, la Corte Suprema falló el jueves por la noche que la ejecución podría continuar.
Hamm, quien ha estado tres décadas en el corredor de la muerte, fue condenado en 1987 por el asesinato de un empleado de un motel durante un robo a mano armada.
En tanto en Florida, Eric Branch, condenado por el asesinato de una estudiante en 1993, fue ejecutado a las 19H05 del jueves (00H05 GMT del viernes), luego de que se agotaran las apelaciones de último minuto.
En la historia moderna, el récord de ejecuciones en un día se registró el 9 de diciembre de 1999, cuando Oklahoma, Indiana, Texas y Virginia ejecutaron cada uno un prisionero.
Pero el número más elevado en la historia del país fue alcanzado el 26 de diciembre de 1862 en Minnesota, cuando las autoridades federales ejecutaron por ahorcamiento a 38 miembros de la tribu indígena de los Dakota.
El Ejército mexicano desplegó 2,500 efectivos en el oeste de México como medida disuasiva tras la muerte del capo narco Nemesio «El Mencho» Oseguera el domingo en un operativo militar, informó este lunes el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla.
«Se encontraban destacamentados en Jalisco alrededor de 7.000 efectivos, entonces se va a reforzar» la presencia militar en la zona de operación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por Oseguera, dijo Trevilla en rueda de prensa.
«La intención es, más que nada, tener un efecto disuasivo», añadió el secretario de Defensa, tras cientos de bloqueos el domingo en 20 estados del país.
La Fuerza Aérea de Perú (FAP) halló 15 personas muertas este lunes tras el accidente de un helicóptero militar desaparecido el domingo en la región Arequipa, al sur del país, informó la autoridad militar.
La FAP precisó que el helicóptero realizaba labores rescate de víctimas de las inundaciones registradas en Arequipa.
«El personal de rescate ha confirmado el fallecimiento de los cuatro tripulantes (..), así como los 11 pasajeros que se encontraban a bordo», señaló la FAP.
«Tras la intensificación de las labores de búsqueda, las patrullas de fuerzas especiales y la policía han logrado localizar el helicóptero Mi-17 que perdió contacto radial la tarde de ayer», indicó la fuerza aérea en un comunicado.
El helicóptero siniestrado, un Mil Mi-17 de fabricación rusa, había despegado de la ciudad de Pisco, en la región de Ica. Los rescatistas localizaron la aeronave en la localidad de Chala, en Arequipa, a poco más de 300 kilómetros del lugar de partida.
Internacionales
Concluye proceso legal que anula la concesión de Hutchison en puertos del canal de Panamá
La justicia panameña dio por concluido el proceso legal que anuló la concesión a la compañía hongkonesa CK Hutchison Holdings para operar dos puertos en el canal, al publicar este lunes el fallo.
La Corte Suprema panameña declaró en enero «inconstitucional» el contrato que ha permitido a la empresa Panama Ports Company (PPC), filial de Hutchison, administrar desde 1997 los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico.
Sin embargo, para que la sentencia, que no admite apelación, quedara en firme aún faltaban unos trámites que han concluido este lunes con la publicación del fallo en la gaceta oficial.
El viernes, el vocero de PPC, Alejandro Kouruklis, reconoció que la publicación del fallo en la gaceta oficial supondría que «la concesión deja de existir», por lo que pidió al gobierno panameño «negociar» con la firma hongkonesa el futuro de los puertos para «evitar el caos».
Tras ese fallo judicial, que se produjo en medio de las presiones de Estados Unidos por la presencia china en el canal, el presidente panameño, José Raúl Mulino, anunció que la danesa Maersk operaría temporalmente esas terminales.
La decisión ha traído incertidumbre en los puertos, ubicados en sendas entradas de la vía interoceánica, por los que en 2025 pasó el 38 % de los contenedores que transitaron por Panamá.
«El camino que se está siguiendo puede causar un caos» porque «no va a haber un orden ni marco legal» en que puedan confiar los proveedores, trabajadores y las líneas navieras, había declarado el viernes Kouruklis al canal panameño TVN-2.
«Nuestro plan no es salir, es conversar con el Estado a ver qué solución se le puede dar a esto» y «no tomar decisiones abruptas» para que un tercero entre en las instalaciones «a tomar bienes que no le pertenecen», añadió.
Hutchison amenazó hace días a Maersk con «acciones legales» si asume la administración de las terminales sin su consentimiento y anunció que impugnará la sentencia ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC), con sede en París, por causarle «graves daños».
Pero la Corte panameña asegura que la concesión, renovada por otros 25 años en 2021 es «inconstitucional» y tenía «una inclinación desproporcionada a favor de la empresa» que perjudicaba al Estado.
El fallo también llegó en momentos donde Hutchison Holdings quiere ceder sus puertos, entre ellos los de Panamá, a un grupo de empresas liderado por la estadounidense BlackRock por 22,800 millones de dólares.
