Internacionales
Al menos 56 muertos y 700 heridos en un terremoto en Indonesia
Un terremoto en la principal isla de Indonesia ha dejado este lunes al menos 56 muertos y 700 heridos, según el último balance ofrecido por el gobernador de la provincia de Java Occidental, Ridwan Kamil.
El seísmo de magnitud 5,6 sacudió la provincia de Java Occidental, con casi 50 millones de habitantes, la más poblada de este vasto archipiélago de 17.000 islas en el Sudeste Asiático. La ciudad más afectada y próxima al epicentro fue Cianjur, hogar de casi 170.000 personas. El temblor incluso se sintió en la capital, Yakarta, que está a más de 100 kilómetros y donde se evacuó a todos los residentes y trabajadores de los edificios más altos.
Las autoridades han explicado que se han registrado hasta 25 réplicas de un terremoto que golpeó a una profundidad de 10 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. También alertan de que el número de muertos podría aumentar en las próximas horas porque aún hay quedan muchos desaparecidos. Dwikorita Karnawati, directora de la agencia meteorológica y geofísica (BMKG), aconsejó a las personas que permanezcan al aire libre porque podrían continuar las réplicas.
«Las víctimas seguían llegando de muchas áreas. Alrededor de 700 personas resultaron heridas», declaró a la televisión local el funcionario Herman Suherman, jefe administrativo de Cianjur, una zona propensa a deslizamientos de tierra. Suherman también señaló que la electricidad se cortó, lo que interrumpió los esfuerzos de comunicación, y que los deslizamientos bloquearon los accesos a un distrito al que no pudieron entrar las brigadas de rescate.
CENTENARES DE EDIFICIOS DESTRUIDOS
Los cimientos de las casas, de muy baja calidad de fabricación, se han venido abajo en otras ocasiones con seísmos de menor intensidad. El de este lunes ha derrumbado y dañado más de 300 edificios, como un hospital o un internado, además de varios locales. Los rescatistas continúan buscando más supervivientes.
Hace apenas una semana, en la paradisíaca isla indonesia de Bali se celebró la trascendente reunión del G20, que acogió a los líderes mundiales durante un par de días. Indonesia, donde viven más de 270 millones de habitantes, es azotada con frecuencia por terremotos, erupciones volcánicas y tsunamis debido a su ubicación en el llamado «anillo de fuego», un arco de volcanes y fallas con fuerte actividad tectónica en la cuenca del Pacífico.
El país asiático tiene un historial devastador de tragedias: en 2018, un terremoto de magnitud 7,4 golpeó la isla de Sulawesi y dejó más de 2.000 muertos y más de 200.000 desplazados. El año pasado, 109 personas murieron en cuatro seísmos que se volvieron a cebar de nuevo con Sulawesi, isla famosa por sus arrecifes de coral que cada año acoge a miles de turistas que van a hacer buceo.
El peor desastre que se recuerda fue en 2004, cuando un terremoto de magnitud 9,1 frente a la isla de Sumatra, en el norte del archipiélago, desencadenó un tsunami que mató a 226.000 personas a lo largo de la costa del Océano Índico, más de la mitad de ellas en Indonesia.
Una mujer embarazada de seis meses resultó herida de bala tras un intento de asalto registrado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El hecho ocurrió en la intersección de la 6ª avenida y 8ª calle, donde sujetos armados habrían interceptado a la víctima con intenciones de robo. La mujer fue identificada como Jimena Vickers, de 31 años, quien se desempeña como visitadora médica.
De acuerdo con versiones preliminares, los atacantes abrieron fuego luego de que Vickers se opusiera al asalto. En el parabrisas del vehículo, del lado del conductor, se observaron al menos tres impactos de bala.
La víctima fue auxiliada por cuerpos de socorro y trasladada a un centro asistencial. Su estado de salud, así como el del bebé que espera, no ha sido detallado por las autoridades.
La PNC inició un operativo en el sector para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se reportan capturas.
Internacionales
Crisis humanitaria en Gaza deja a niños y madres gravemente afectados por la desnutrición en medio del conflicto
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó este viernes que uno de cada cuatro niños entre seis meses y cinco años, así como mujeres embarazadas y lactantes atendidos en sus clínicas en Gaza, presenta signos de desnutrición, en lo que califican como una emergencia sanitaria y humanitaria de alto nivel.
En un comunicado, MSF acusó a las autoridades israelíes de usar deliberadamente el hambre como un arma de guerra. “Los propios pacientes y profesionales de la salud sufren de hambre”, señaló la ONG, que mantiene presencia médica en Ciudad de Gaza.
Caroline Willemen, coordinadora del proyecto de MSF en esa ciudad, aseguró que están recibiendo alrededor de 25 nuevos casos de desnutrición diariamente. Desde el 18 de mayo, los registros se han cuadruplicado y la desnutrición severa en menores de cinco años se ha triplicado.
MSF afirma que esta situación se debe a una “hambruna deliberada”, consecuencia directa del bloqueo impuesto por Israel sobre el enclave palestino. Aunque a finales de mayo se flexibilizó el cerco, las carencias de alimentos, medicinas y productos básicos persisten.
Israel, por su parte, responsabiliza a Hamas de manipular la ayuda humanitaria, acusándolo de apropiarse de suministros para revenderlos a precios desorbitados o de atacar a las personas que esperan recibir alimentos.
La ONG también denunció ataques en los centros de distribución de alimentos gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Israel y Estados Unidos. “Estas distribuciones no son ayuda humanitaria, son crímenes de guerra cometidos a plena luz del día bajo el disfraz de compasión”, afirmó Mohammed Abu Mughaisib, coordinador médico adjunto de MSF en Gaza.
La ONU ha documentado más de 1.000 muertes desde finales de mayo en puntos de ayuda humanitaria, la mayoría cerca de los centros operados por la GHF.
Ecuador cerró el primer semestre de 2025 como el más violento de los últimos 14 años, al registrar 4,557 homicidios, lo que representa un aumento del 45 % respecto al mismo periodo de 2024 y un 22 % más en comparación con los primeros seis meses de 2023, según datos del Ministerio del Interior recopilados por el medio «Primicias».
Del total de muertes violentas, el 89 % (4,069 casos) fue cometido con armas de fuego, incluyendo pistolas, escopetas, ametralladoras y fusiles, lo que evidencia el creciente poder de fuego de los grupos criminales.
Mayo se posicionó como el mes más sangriento desde que se tiene registro, con 915 homicidios, superando incluso los 831 asesinatos ocurridos en octubre de 2023. En promedio, al menos 30 personas fueron asesinadas cada día durante el primer semestre del año. En junio, aunque hubo una leve reducción, se contabilizaron 548 crímenes.
Entre enero y mayo, 70 cantones del país registraron un aumento en muertes violentas respecto al mismo periodo del año anterior. En estos territorios se concentró el 90 % de los homicidios registrados, es decir, un total de 3,578.
Frente a esta escalada de violencia, el gobierno de Daniel Noboa ha decretado estados de excepción en varias provincias —Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos—, en dos cantones de Quito y en el sistema penitenciario nacional. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para frenar la criminalidad.
El más reciente estado de excepción, declarado el 12 de abril mediante el Decreto 599, fue parcialmente aprobado ayer por la Corte Constitucional, que consideró inconstitucional aplicar la medida en todos los centros penitenciarios y en el cantón Camilo Ponce Enríquez (Azuay), al no evidenciarse hechos que justifiquen su inclusión.
Además, la Corte rechazó la suspensión del derecho a reunión, las inspecciones y requisas sin orden judicial, así como la intervención directa de las Fuerzas Armadas, al señalar que estas acciones pueden ejecutarse dentro del marco legal ordinario.
Pese a ello, se mantuvieron restricciones como la suspensión del derecho a la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la correspondencia, permitiendo a la fuerza pública realizar allanamientos y revisar mensajes dirigidos a privados de libertad.
El alto índice de homicidios refleja la profunda crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, donde el crimen organizado y las bandas armadas continúan desafiando la capacidad del Estado para contener la violencia.
