Internacionales
Abogado y abuelo robaron $2 millones a niña huérfana de 4 años
Parece una telenovela, pero sucedió en Long Island (NY), donde Rebecca Schaefer, una adolescente de 19 años, por fin halló justicia luego que un abogado se declarara culpable de haberle estafado $2 millones de dólares en complicidad con su propio abuelo, tras quedar huérfana siendo una niña, en 2005.
Vincent Trimarco Jr., quien iba a ser el acusado en el primer juicio con jurado federal en Long Island desde el cierre de marzo por coronavirus, se declaró culpable inesperadamente el martes de conspiración para cometer fraude postal y electrónico.
Los fiscales federales argumentaron que Trimarco privó a Schaefer del dinero que se le debía como parte de un acuerdo de $3 millones de dólares en 2011 del condado Suffolk, después de que su padre adolescente muriera en 2005 estando preso.
Rebecca tenía 4 años en ese entonces. Y aún no ha recibido su parte de $2 millones de dólares, a pesar de una demanda civil que está en curso, dijo su abogado.
El juicio de Trimarco estaba programado para comenzar la próxima semana frente a la jueza federal Joan Azrack. Al declararse culpable, habló de una parte del plan, comprando y ocultando la venta de un Ferrari de $150 mil dólares, pero se negó a comentar después de salir de la corte.
Uno de sus abogados, Dennis Ring, dijo que su cliente y colega había luchado por obtener el acuerdo de los $3 millones con el condado y que desconocía la existencia de la hija del fallecido.
“En respuesta a estas circunstancias imprevisibles, el señor Trimarco cometió errores”, comentó Ring después. “Hoy acepta toda la responsabilidad por ellos”.
Como parte de un acuerdo de culpabilidad a la acusación original de 19 cargos, Trimarco enfrenta de 46 a 57 meses de prisión, según las pautas de sentencia, así como una multa de más de $1 millón de dólares y una restitución que se determinará entre $1 millón y $1.5 millones.
Rebecca estaba en la sala del tribunal durante la declaración de culpabilidad, junto a su abuela, Debra Schaefer, quien la crió. “Hay algo de justicia, pero tomó demasiado tiempo para obtenerla, y podría haber tenido una vida aún mejor si hubiera obtenido el dinero al que tenía derecho”, dijo la señora.
El caso se remonta a 2005 cuando el padre de Rebecca, Scott Eriksen, entonces de 20 años, fue arrestado por un delito menor de marihuana y luego murió por supuestas heridas que sufrió en prisión.
Los abogados de la familia Eriksen dijeron que lo habían golpeado brutalmente después de que se volvió violento. El condado lo negó, pero acordó pagar $3 millones de dólares a su familia.
Trimarco y otro abogado se dividieron $1 millón de dólares en honorarios en 2011 y se suponía que los $2 millones restantes iban a ser para el heredero de Eriksen.
Trimarco y Gary Eriksen -padre del fallecido y abuelo de Rebecca-, recolectaron los $2 millones de dólares restantes, alegando que él era el heredero legítimo, según funcionarios y documentos judiciales.
Ambos gastaron gran parte del dinero del acuerdo en autos de lujo, propiedades en el condado Suffolk y una inversión en Emporium, un club nocturno en Patchogue ahora desaparecido. Luego Trimarco defraudó al abuelo Eriksen en un segundo plan, al adueñarse de los autos y otras propiedades, dijeron las autoridades.
Internacionales
Diputados aprueban tratado entre Costa Rica y El Salvador que permitirá a los condenados cumplir sus penas en el país de origen
Un total de 37 diputados de la Asamblea Legislativa costarricense aprobaron en segundo debate el Proyecto de Ley 24.857, que ratifica un tratado bilateral entre Costa Rica y El Salvador para el cumplimiento de condenas penales en el extranjero.
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La iniciativa establece el marco legal que permitirá a personas privadas de libertad de ambas nacionalidades cumplir el resto de su sentencia en su país de origen, siempre que se cumplan una serie de requisitos previamente definidos.
El tratado tiene como principal objetivo facilitar los procesos de reinserción social de las personas condenadas, al permitirles finalizar su pena en un entorno cultural, social y familiar más cercano.
Además, el acuerdo busca fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad y justicia penal, en un contexto en el que ambos países enfrentan retos importantes relacionados con el sistema penitenciario y el hacinamiento carcelario.
Según lo aprobado, el traslado solo será posible para personas con sentencia firme y con el consentimiento expreso del condenado. Asimismo, se establece como requisito que al momento del traslado resten al menos seis meses de condena por cumplir.
El tratado excluye a quienes hayan sido condenados por delitos políticos, militares o contra la seguridad del Estado, limitando su aplicación a delitos de carácter común.
El acuerdo fue ratificado por El Salvador en octubre de 2023, mientras que en Costa Rica fue aprobado por el Plenario Legislativo en febrero de 2026, tras completar su trámite legislativo ordinario.
¿Quiénes votaron por el proyecto 24,857?
Pese a que durante la votación hubo 15 diputados ausentes, el proyecto logró reunir los 37 votos necesarios para su aprobación definitiva. El respaldo provino de seis de las siete bancadas representadas en la Asamblea Legislativa, evidenciando un amplio apoyo político, con la única excepción del Frente Amplio.
En el caso del Partido Liberación Nacional (PLN), 14 diputados votaron a favor, uno lo hizo en contra y tres se ausentaron. El Partido Progreso Social Democrático (PPSD) aportó ocho votos afirmativos, con un legislador ausente. Por su parte, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) registró seis votos a favor y dos ausencias.
La bancada de Nueva República apoyó el proyecto con tres votos afirmativos, mientras que otros tres diputados estuvieron ausentes. En contraste, el Frente Amplio se manifestó en contra de la iniciativa, con tres votos negativos y tres ausencias. Finalmente, el Partido Liberal Progresista registró un voto a favor y una ausencia.
En cuanto a los diputados independientes, cinco votaron a favor del tratado, uno en contra y dos estuvieron ausentes. La distribución de los votos reflejó un consenso mayoritario en torno a la cooperación internacional en materia penitenciaria, aunque también dejó en evidencia diferencias ideológicas sobre el alcance y las implicaciones del acuerdo.
En Costa Rica, la entidad responsable de velar por el cumplimiento del tratado será la Dirección de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz. Esta institución tendrá a su cargo la coordinación de los traslados, la verificación de los requisitos legales y el seguimiento de las personas condenadas que sean repatriadas o enviadas al extranjero.
En el caso de El Salvador, la responsabilidad recaerá en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, específicamente en la Dirección General de Centros Penales. Para que el traslado de una persona condenada pueda concretarse, será indispensable el consentimiento de ambos Estados, así como el cumplimiento estricto de los procedimientos administrativos y de seguridad establecidos en el tratado.
Uno de los compromisos clave dentro del mecanismo de traslado de personas privadas de libertad es el intercambio oportuno y transparente de información entre las autoridades de ambos países. El trámite podrá ser solicitado tanto por los Estados como por los propios reos, sus familiares o representantes legales, aunque la decisión final siempre quedará en manos de las autoridades competentes.
El acuerdo también establece que los países definirán de manera conjunta los mecanismos de seguridad que se utilizarán durante los traslados.
Además, se garantiza que los condenados no podrán ser juzgados nuevamente por el mismo delito y que deberán respetarse los plazos y condiciones de la sentencia original. En los casos en que el reo padezca una enfermedad crónica o degenerativa, las autoridades deberán agilizar el análisis y resolución de las solicitudes de traslado.
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La fiscalía francesa cita a declarar a Elon Musk en el marco de una investigación sobre X
La fiscalía de París indicó este martes que citó a declarar en abril al propietario de la plataforma X, Elon Musk, y a su ex directora general Linda Yaccarino, en el marco de una investigación sobre esta red social.
«Se han enviado citaciones para audiciones voluntarias el 20 de abril de 2026, en París, al señor Elon Musk y a la señora Linda Yaccarino», señaló el ministerio público en un comunicado.
La justicia francesa abrió una investigación en 2025 a raíz de denuncias de diputados sobre el presunto sesgo en los algoritmos de X, que podría haber alterado su funcionamiento.
Las pesquisas se ampliaron a otros delitos como complicidad en la difusión de imágenes de pornografía infantil, y al rol de Grok, su IA, en la difusión de contenidos negacionistas e imágenes falsas de carácter sexual.
Esta citación a declarar debe «permitirles exponer su posición sobre los hechos y, en su caso, las medidas para cumplir [con la legislación] previstas», apuntó la fiscal de París, Laure Beccuau.
La fiscalía también anunció el allanamiento este martes de los locales en Francia de la plataforma X y el llamado a declarar de sus trabajadores, en calidad de testigos, entre el 20 y el 24 de abril de 2026.
A diferencia de la investigación sobre la plataforma australiana Kick, la justicia optó por llamar a declarar voluntariamente a Musk y Yaccarino con un «enfoque constructivo», según el comunicado.
A finales de enero, la justicia emitió órdenes de detención contra tres gerentes de Kick, en el marco de la investigación por la muerte en directo del «streamer» Jean Pormanove, al no presentarse a las primeras citaciones.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó el domingo que su país ha exportado, por primera vez en su historia, un primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo (GLP).
A través de la aplicación Telegram, Rodríguez se manifestó orgullosa de compartir el momento en que zarpó desde Venezuela el buque Chrysopigi Lady, sin especificar el destino, con el primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo.
«Junto a la clase trabajadora marcamos este hito histórico al exportar la primera molécula de gas del país, un logro para el bienestar del pueblo venezolano», manifestó Rodríguez.
La histórica exportación forma parte de una serie de esfuerzos del Gobierno venezolano por incrementar su producción energética, en medio de restricciones internacionales.
El pasado 16 de enero y sin especificar detalles del negocio, la presidenta encargada anunció que Venezuela había firmado un contrato internacional de comercialización de GLP. Rodríguez integró ayer en su gabinete a la hija del poderoso ministro de Interior de Venezuela, en un nuevo cambio ministerial al cumplirse casi un mes de la captura de Nicolás Maduro.
Daniella Cabello -sancionada por Estados Unidos- fue designada ministra de Turismo. Es hija del ministro Diosdado Cabello, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de 25 millones de dólares por su captura.
Rodríguez asumió la presidencia tras el derrocamiento de Maduro en una incursión militar de Estados Unidos, que incluyó bombardeos a Caracas y varias regiones vecinas.
Al frente de la presidencia, ha cambiado varios ministros y a altos cargos militares.
Daniella Cabello asumirá la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional, publicó la presidenta interina en Telegram.
