Internacionales
Abogado y abuelo robaron $2 millones a niña huérfana de 4 años
Parece una telenovela, pero sucedió en Long Island (NY), donde Rebecca Schaefer, una adolescente de 19 años, por fin halló justicia luego que un abogado se declarara culpable de haberle estafado $2 millones de dólares en complicidad con su propio abuelo, tras quedar huérfana siendo una niña, en 2005.
Vincent Trimarco Jr., quien iba a ser el acusado en el primer juicio con jurado federal en Long Island desde el cierre de marzo por coronavirus, se declaró culpable inesperadamente el martes de conspiración para cometer fraude postal y electrónico.
Los fiscales federales argumentaron que Trimarco privó a Schaefer del dinero que se le debía como parte de un acuerdo de $3 millones de dólares en 2011 del condado Suffolk, después de que su padre adolescente muriera en 2005 estando preso.
Rebecca tenía 4 años en ese entonces. Y aún no ha recibido su parte de $2 millones de dólares, a pesar de una demanda civil que está en curso, dijo su abogado.
El juicio de Trimarco estaba programado para comenzar la próxima semana frente a la jueza federal Joan Azrack. Al declararse culpable, habló de una parte del plan, comprando y ocultando la venta de un Ferrari de $150 mil dólares, pero se negó a comentar después de salir de la corte.
Uno de sus abogados, Dennis Ring, dijo que su cliente y colega había luchado por obtener el acuerdo de los $3 millones con el condado y que desconocía la existencia de la hija del fallecido.
“En respuesta a estas circunstancias imprevisibles, el señor Trimarco cometió errores”, comentó Ring después. “Hoy acepta toda la responsabilidad por ellos”.
Como parte de un acuerdo de culpabilidad a la acusación original de 19 cargos, Trimarco enfrenta de 46 a 57 meses de prisión, según las pautas de sentencia, así como una multa de más de $1 millón de dólares y una restitución que se determinará entre $1 millón y $1.5 millones.
Rebecca estaba en la sala del tribunal durante la declaración de culpabilidad, junto a su abuela, Debra Schaefer, quien la crió. “Hay algo de justicia, pero tomó demasiado tiempo para obtenerla, y podría haber tenido una vida aún mejor si hubiera obtenido el dinero al que tenía derecho”, dijo la señora.
El caso se remonta a 2005 cuando el padre de Rebecca, Scott Eriksen, entonces de 20 años, fue arrestado por un delito menor de marihuana y luego murió por supuestas heridas que sufrió en prisión.
Los abogados de la familia Eriksen dijeron que lo habían golpeado brutalmente después de que se volvió violento. El condado lo negó, pero acordó pagar $3 millones de dólares a su familia.
Trimarco y otro abogado se dividieron $1 millón de dólares en honorarios en 2011 y se suponía que los $2 millones restantes iban a ser para el heredero de Eriksen.
Trimarco y Gary Eriksen -padre del fallecido y abuelo de Rebecca-, recolectaron los $2 millones de dólares restantes, alegando que él era el heredero legítimo, según funcionarios y documentos judiciales.
Ambos gastaron gran parte del dinero del acuerdo en autos de lujo, propiedades en el condado Suffolk y una inversión en Emporium, un club nocturno en Patchogue ahora desaparecido. Luego Trimarco defraudó al abuelo Eriksen en un segundo plan, al adueñarse de los autos y otras propiedades, dijeron las autoridades.
Internacionales
Reo de alta peligrosidad sale de cárcel Los Jocotes con un guardia para ir a concierto en Feria de Chiquimula
Byron Efraín Ruiz Roque, privado de libertad catalogado de alta peligrosidad y señalado por actividades de sicariato vinculado a la banda “Los Famosos Cheguen’s Chiquimultecos”, salió del Centro de Detención Preventiva Los Jocotes, en Zacapa, el 13 de agosto de 2026. Fue captado en el Estadio Las Victorias de Chiquimula disfrutando del concierto de la banda mexicana Los Dos de Tamaulipas durante la Feria departamental, junto a un guardia penitenciario identificado extraoficialmente como Pablo (o Pablo Azurdia). También habría asistido a un desfile hípico. Fotos y videos del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales.
El Sistema Penitenciario confirmó el incidente el 17 de agosto mediante un comunicado oficial. Presentó denuncias penales ante el Ministerio Público contra guardias y autoridades del centro por posible participación o complicidad, inició acciones administrativas y reiteró su política de “cero tolerancia” a la corrupción. Como medida inmediata, trasladó a Ruiz Roque al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, en la capital, donde permanece aislado mientras avanza la investigación.
Este caso expone graves fallas de control en el sistema carcelario guatemalteco. Fuentes periodísticas y redes lo describen como un privilegio indebido a un reo peligroso, lo que generó fuertes críticas sobre la seguridad en los centros de detención. El 19 de agosto, en respuesta al escándalo, el SP, la PNC y el Ejército realizaron una requisa masiva en Los Jocotes: decomisaron drogas, objetos punzocortantes, teléfonos, cajetillas y otros ítems ilícitos, y trasladaron al menos 11 privados de libertad a otros centros para desarticular una estructura criminal interna.
El Ministerio Público continúa las diligencias para determinar exactamente cómo se facilitó la salida y quiénes son los responsables. El caso se suma a una serie de irregularidades reportadas en las cárceles del país y mantiene abierta la discusión sobre la necesidad de reformas urgentes en el Sistema Penitenciario.
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FOTOS – VIDEOS | Desmantelan cámaras instaladas por las maras para controlar los movimientos policiales en Guatemala
El control territorial de las maras o pandillas ha escalado a niveles impensados en Guatemala, donde fueron instaladas cámaras en postes de la vía pública para vigilar los movimientos de las fuerzas policiales.
Este miércoles fueron localizadas cámaras de vigilancia en la vía pública de la aldea Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.
Las autoridades guatemaltecas desmantelaron los dispositivos, que también eran utilizados para monitorear los movimientos de los residentes de la zona.
Los operativos de las fuerzas de seguridad y militares se desarrollan después de que en el sector fueran capturados cuatro terroristas señalados de estar vinculados con un crimen ocurrido en la ruta a San Raymundo.
Seguridad y tranquilidad para los guatemaltecos 🇬🇹
Unidades militares en coordinación con las fuerzas de seguridad civil realizan patrullajes a pie y a motor, puestos de control y acciones de seguridad en colonias y sectores de la aldea Ciudad Quetzal, #SanJuanSacatepéquez,… pic.twitter.com/HBQCUJ6r0B
— Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) August 19, 2026
Este lunes se conoció el asesinato a balazos del abogado y exfuncionario judicial hondureño Dereck McField, ocurrido durante horas de la mañana.
El hecho de violencia se registró en plena vía pública, cuando el jurista regresaba de dejar a su hijo pequeño en la escuela, según reportó el medio hondureño HCH.
La noticia generó gran revuelo luego de que, horas más tarde, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmara que McField era testigo protegido en el caso de Angie Peña, una joven universitaria que desapareció el 1 de enero de 2022 en una isla, mientras paseaba en un jet ski. Se presume que la joven fue vendida a una red de trata de personas con fines de explotación sexual.
Días después de su desaparición, la moto, el chaleco salvavidas y otras pertenencias de Peña fueron encontrados en un cayo de Belice.
Por este caso, cuatro hombres, tres estadounidenses y un hondureño, han sido imputados y permanecen en prisión preventiva mientras el proceso se desarrolla en un juzgado.
Angie Peña lleva seis años desaparecida. Foto: Cortesía
Al inicio del proceso judicial, en 2024, las autoridades confirmaron que «Harold Green le vendió a Angie Peña a William James Murdock por una cantidad de dólares». Además, señalaron que existen «muchas pruebas (de la transacción), vaciados (transcripciones) telefónicos, videos, fotografías, testimonios», según declaró a la AFP el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.
Desde entonces, se han realizado allanamientos para localizar a Peña, pero «no se ha encontrado» y las autoridades «esperan que esté viva».
Los tres ciudadanos estadounidenses vinculados al caso viven en Honduras y tienen inversiones turísticas en Roatán.
