Internacionales
Abogado y abuelo robaron $2 millones a niña huérfana de 4 años
Parece una telenovela, pero sucedió en Long Island (NY), donde Rebecca Schaefer, una adolescente de 19 años, por fin halló justicia luego que un abogado se declarara culpable de haberle estafado $2 millones de dólares en complicidad con su propio abuelo, tras quedar huérfana siendo una niña, en 2005.
Vincent Trimarco Jr., quien iba a ser el acusado en el primer juicio con jurado federal en Long Island desde el cierre de marzo por coronavirus, se declaró culpable inesperadamente el martes de conspiración para cometer fraude postal y electrónico.
Los fiscales federales argumentaron que Trimarco privó a Schaefer del dinero que se le debía como parte de un acuerdo de $3 millones de dólares en 2011 del condado Suffolk, después de que su padre adolescente muriera en 2005 estando preso.
Rebecca tenía 4 años en ese entonces. Y aún no ha recibido su parte de $2 millones de dólares, a pesar de una demanda civil que está en curso, dijo su abogado.
El juicio de Trimarco estaba programado para comenzar la próxima semana frente a la jueza federal Joan Azrack. Al declararse culpable, habló de una parte del plan, comprando y ocultando la venta de un Ferrari de $150 mil dólares, pero se negó a comentar después de salir de la corte.
Uno de sus abogados, Dennis Ring, dijo que su cliente y colega había luchado por obtener el acuerdo de los $3 millones con el condado y que desconocía la existencia de la hija del fallecido.
“En respuesta a estas circunstancias imprevisibles, el señor Trimarco cometió errores”, comentó Ring después. “Hoy acepta toda la responsabilidad por ellos”.
Como parte de un acuerdo de culpabilidad a la acusación original de 19 cargos, Trimarco enfrenta de 46 a 57 meses de prisión, según las pautas de sentencia, así como una multa de más de $1 millón de dólares y una restitución que se determinará entre $1 millón y $1.5 millones.
Rebecca estaba en la sala del tribunal durante la declaración de culpabilidad, junto a su abuela, Debra Schaefer, quien la crió. “Hay algo de justicia, pero tomó demasiado tiempo para obtenerla, y podría haber tenido una vida aún mejor si hubiera obtenido el dinero al que tenía derecho”, dijo la señora.
El caso se remonta a 2005 cuando el padre de Rebecca, Scott Eriksen, entonces de 20 años, fue arrestado por un delito menor de marihuana y luego murió por supuestas heridas que sufrió en prisión.
Los abogados de la familia Eriksen dijeron que lo habían golpeado brutalmente después de que se volvió violento. El condado lo negó, pero acordó pagar $3 millones de dólares a su familia.
Trimarco y otro abogado se dividieron $1 millón de dólares en honorarios en 2011 y se suponía que los $2 millones restantes iban a ser para el heredero de Eriksen.
Trimarco y Gary Eriksen -padre del fallecido y abuelo de Rebecca-, recolectaron los $2 millones de dólares restantes, alegando que él era el heredero legítimo, según funcionarios y documentos judiciales.
Ambos gastaron gran parte del dinero del acuerdo en autos de lujo, propiedades en el condado Suffolk y una inversión en Emporium, un club nocturno en Patchogue ahora desaparecido. Luego Trimarco defraudó al abuelo Eriksen en un segundo plan, al adueñarse de los autos y otras propiedades, dijeron las autoridades.
El Gobierno de Perú reforzó las medidas del estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao para combatir la delincuencia y el crimen organizado. El Ejecutivo estableció más restricciones penales, prohibió la circulación de dos personas a bordo de una motocicleta, creó equipos para coordinar operativos y patrullajes, y aumentó la presencia policial en las calles, según el Decreto Supremo N.º 127-2025-PCM.
La norma entró en vigencia el 22 de octubre por 30 días; sin embargo, el presidente interino José Jerí anunció, el 7 de noviembre, la ampliación de las restricciones para restaurar la seguridad en las ciudades más afectadas.
«Estamos actualizando el estado de emergencia con medidas complementarias, basadas en los resultados obtenidos y en la realidad de nuestro país. Estamos corrigiendo y mejorando lo necesario», afirmó el presidente.
Con el decreto se creó el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), que es presidido por la Policía Nacional del Perú (PNP), para restablecer y mantener el orden interno con patrullajes y operativos en la vía pública. Este cuenta con el apoyo de cuatro comités y de las fuerzas de seguridad, que contribuyen con la tecnología en el monitoreo.
Su principal objetivo es reducir los índices de criminalidad y garantizar los derechos fundamentales de la población en Lima Metropolitana y Callao.
El presidente detalló que el puesto de control, con vigilancia las 24 horas los siete días de la semana, permitirá enfrentar a la delincuencia.
Fiscalía alerta sobre homicidios y extorsiones
Perú atraviesa una de sus peores crisis por el crimen organizado.
El lunes, el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público (Fiscalía) reportó que entre enero y la primera semana de noviembre de 2025 se registraron 56 homicidios de choferes y 30 mil extorsiones fueron denunciadas, en Lima Metropolitana y el Callao.
El estudio reveló que la mayoría de víctimas fueron atacadas por sicarios en motocicleta, una manera cada vez más frecuente para cometer los crímenes contra los transportistas en las zonas urbanas. Al menos ocho de cada 10 ataques se producen bajo esta modalidad, compartió la fiscalía.
Ante este contexto, el Ejecutivo ya había prohibido desde el viernes el tránsito de dos personas en una motocicleta. «Se encuentra prohibido el uso de cualquier elemento o accesorio adicional al casco que impida o limite la identificación del conductor», aclara en el decreto.
El documento señala también que habrá «intervención e internamiento de vehículos en los depósitos autorizados si exhiben documentación adulterada y/o placas ilegibles, deterioradas, adulteradas, dañadas, laminadas o con objetos que no permitan la identificación correcta del vehículo».
Más control en las prisiones
En cuanto a las cárceles, habrá apagones eléctricos en las celdas, desmontaje y destrucción de antenas de telecomunicación ilícitas, y operativos permanentes de incautación de tarjetas SIM (chips) telefónicos, armas blancas, y demás artículos prohibidos.
Las autoridades agregaron el monitoreo aéreo con drones donde están los establecimientos penitenciarios y zonas aledañas, y se permitió el traslado a otras cárceles a los reos que pongan en riesgo la seguridad de las prisiones o atenten contra la integridad de los guardias penitenciarios.
RECOMPENSAS
Intensificarán la difusión del sistema de recompensas para realizar capturas mediante la información que compartan los ciudadanos y que permita identificar y capturar personas
de la lista de los más buscados, integrantes de organizaciones criminales, extorsionadores y sicarios.
El número de muertos por el paso de dos poderosos tifones que azotaron recientemente Filipinas aumentó a 259, mientras millones de personas han sido desplazadas, informaron hoy miércoles las autoridades.
El Consejo Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres (Ndrrmc, por sus siglas en inglés) señaló que el tifón Fung-wong, que tocó tierra el domingo como supertifón antes de debilitarse al cruzar el norte-centro de Luzón, dejó al menos 27 muertos y dos desaparecidos.
En un informe separado, el organismo indicó que el tifón Kalmaegi, que impactó el 4 de noviembre, provocó graves inundaciones y deslizamientos de tierra en el centro del país, causando 232 muertes, 112 desaparecidos y más de 500 heridos.
La mayoría de las víctimas se registraron en la provincia de Cebú, que aún se recupera del terremoto de magnitud 6,9 ocurrido el 30 de septiembre, agregó el Ndrrmc.
Ambos fenómenos desplazaron a millones de residentes y provocaron una destrucción generalizada de viviendas, cultivos e infraestructura clave, incluidas carreteras y puentes, según el organismo.
Fung-wong fue el ciclón tropical número 21 que golpea Filipinas este año, superando el promedio anual de 20 tormentas del país.
Al menos 37 personas murieron y otras 24 resultaron heridas este miércoles cuando un autobús cayó a un abismo tras chocar con una camioneta en Arequipa, en el sur de Perú, según autoridades.
El autobús de dos pisos con más de 60 pasajeros, de la empresa Llamosas, chocó de frente con una camioneta pick up en una curva, en la vía Panamericana Sur que conecta con Chile.
«Tenemos una cifra de 37 fallecidos (…) además de 24 heridos», dijo a la AFP Walther Oporto, gerente regional de Salud de Arequipa.
Sin embargo, la cifra de muertos puede aumentar porque hay heridos graves, añadió por vía telefónica.
La gran cantidad de siniestros en Perú se asocia principalmente al exceso de velocidad, la embriaguez, entre otras imprudencias, además de la exigente topografía del país.
El autobús accidentado el miércoles había partido la noche del martes de la localidad de Chala, en provincia de Caravelí, con destino a Arequipa, la segunda ciudad de Perú.
Tras chocar en el km 780 de la carretera, rodó por un abismo de 200 metros y fue a parar a la orilla de un río, según reportes de prensa que citan a los bomberos.
El portavoz de bomberos Jack Páez indicó que el rescate de los heridos fue muy difícil debido al terreno rocoso.
«Es muy lamentable este accidente que enluta a muchas familias. Hay personas mayores y niños» entre los heridos, declaró al canal de televisión TV Perú.
La empresa de transporte Llamosas informó que «el conductor del bus falleció».
Un sacerdote llegó al lugar y oró junto a los cuerpos, puestos en fila a la orilla del río, según imágenes enviadas por la fiscalía.
