Judicial
Señalan a Juan Pablo Durán de haber sobornado para otorgar préstamos
Una de las líneas de investigación contra el expresidente del Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal), Juan Pablo Durán Escobar, detalla que habría sobornado para facilitar el otorgamiento de préstamo a un empresario del transporte, informó ayer el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
Ante el cuestionamiento al funcionario, en la entrevista televisiva de Frente a Frente, sobre si Durán estaba vinculado con un caso de otorgamiento de crédito a un empresario de autobuses, Villatoro respondió que «ese es uno de los casos, quita un «crédito chatarra» a otra institución financiera y se lo trae ese crédito a Bandesal donde hay dinero de salvadoreños, que precisamente era para promover el desarrollo».
Sobre cuáles eran los beneficios que recibía Durán ante estos procedimientos, Villatoro detalló que «todas esas son parte de las investigaciones que realiza la Fiscalía, pero con solo el hecho que haya puesto no solo el delito de actos arbitrarios sino de cohecho impropio, hay dinero de por medio», afirmó.
Durán fue capturado el pasado 30 de septiembre en el Aeropuerto Internacional El Salvador y se le acusa de los delitos de actos arbitrarios y de cohecho impropio (dar o pedir sobornos).
«Cuando se le informa que ya no sería presidente de BANDESAL a raíz de unas anormalidades, que se comunican a la Fiscalía, él sale de BANDESALL con una investigación abierta, se van detectando otra cantidad de anormalidades y eso al final es lo que da pie para la Fiscalía para emitir esa orden administrativa de captura», dijo Villatoro.
Durán, separado de su cargo en marzo de 2022. El pasado sábado tras su captura, el presidente de la República, Nayib Bukele dijo: «En marzo pasado, destituí a Juan Pablo Durán como resultado de una investigación interna que se realizó en Bandesal, sin embargo, en lugar de engavetarla como hacían antes, se la entregamos a la Fiscalía para que ellos redujeran responsabilidades».
El mandatario reiteró su compromiso de cero impunida al tiempo que advirtió a actuales y anteriores funcionarios que todo el peso de la ley les caerá si participan de actos de corrupción.
El pasado 30 de septiembre, tras la captura de Durán, Bukele posteó: «A los funcionarios actuales y anteriores, les recuerdo: El que haya tocado o toque el dinero del pueblo salvadoreño, le espera la cárcel… Y si usted tocó dinero del pueblo, y aún no lo han arrestado, siéntese a esperar su turno».
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
