Judicial
Señalan a Juan Pablo Durán de haber sobornado para otorgar préstamos
Una de las líneas de investigación contra el expresidente del Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal), Juan Pablo Durán Escobar, detalla que habría sobornado para facilitar el otorgamiento de préstamo a un empresario del transporte, informó ayer el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
Ante el cuestionamiento al funcionario, en la entrevista televisiva de Frente a Frente, sobre si Durán estaba vinculado con un caso de otorgamiento de crédito a un empresario de autobuses, Villatoro respondió que «ese es uno de los casos, quita un «crédito chatarra» a otra institución financiera y se lo trae ese crédito a Bandesal donde hay dinero de salvadoreños, que precisamente era para promover el desarrollo».
Sobre cuáles eran los beneficios que recibía Durán ante estos procedimientos, Villatoro detalló que «todas esas son parte de las investigaciones que realiza la Fiscalía, pero con solo el hecho que haya puesto no solo el delito de actos arbitrarios sino de cohecho impropio, hay dinero de por medio», afirmó.
Durán fue capturado el pasado 30 de septiembre en el Aeropuerto Internacional El Salvador y se le acusa de los delitos de actos arbitrarios y de cohecho impropio (dar o pedir sobornos).
«Cuando se le informa que ya no sería presidente de BANDESAL a raíz de unas anormalidades, que se comunican a la Fiscalía, él sale de BANDESALL con una investigación abierta, se van detectando otra cantidad de anormalidades y eso al final es lo que da pie para la Fiscalía para emitir esa orden administrativa de captura», dijo Villatoro.
Durán, separado de su cargo en marzo de 2022. El pasado sábado tras su captura, el presidente de la República, Nayib Bukele dijo: «En marzo pasado, destituí a Juan Pablo Durán como resultado de una investigación interna que se realizó en Bandesal, sin embargo, en lugar de engavetarla como hacían antes, se la entregamos a la Fiscalía para que ellos redujeran responsabilidades».
El mandatario reiteró su compromiso de cero impunida al tiempo que advirtió a actuales y anteriores funcionarios que todo el peso de la ley les caerá si participan de actos de corrupción.
El pasado 30 de septiembre, tras la captura de Durán, Bukele posteó: «A los funcionarios actuales y anteriores, les recuerdo: El que haya tocado o toque el dinero del pueblo salvadoreño, le espera la cárcel… Y si usted tocó dinero del pueblo, y aún no lo han arrestado, siéntese a esperar su turno».
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
