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Judicial

Revocan arresto domiciliar a exalcalde Muyshondt y ordenan prisión

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En una audiencia especial efectuada este miércoles, el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador revocó el arresto domiciliar al exalcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt en el proceso penal vinculado a la negociación con pandillas.

Al exfuncionario, quien está detenido por otros procesos, se le vencía el jueves 19 de octubre la medida del arresto domiciliar, el cual ha quedado sin efecto desde hoy y queda oficialmente en detención provisional.

El expediente en el cual hay políticos de ARENA y del FMLN acusados se basa en que a través de tres intermediarios, supuestamente negociaron con cabecillas de las pandillas votos para las elecciones presidenciales del año 2014 y los comicios legislativos y municipales del año 2015.

En febrero de 2020, la Fiscalía judicializó la causa penal en el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador, acusando de agrupaciones ilícitas y fraude electoral al exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, los exministros de Gobernación y Justicia, Arístides Valencia y Benito Lara; y los intermediarios con las pandillas, Paolo Lüers, Raúl Mijango [ya fallecido] y Wilson Alvarado.

Cuando se hizo la audiencia inicial a todos los acusados les dieron medidas alternas a la detención. Al exalcalde de San Salvador, su situación jurídica cambió el 4 de junio de 2021, en una audiencia especial se le revocó las medidas y fue enviado a cumplir arresto domiciliar, pero el 14 del mismo mes, el Juzgado Tercero de Paz lo envió a la cárcel por el delito de apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias e incumplimiento de deberes [por $275,000].

Desde que se inició el proceso la jueza que entró a conocer el expediente dijo que hay suficientes indicios de la participación de los políticos en los hechos.

La jueza cuestionó que Muyshondt, Valencia y Lara, se hayan reunido con los cabecillas de las pandillas para incidir en ellos, a que sus familias y otros pandilleros votaran a su favor a cambio de dinero.

A la Fiscalía se le han admitido audios obtenidos mediante escuchas telefónicas que un juzgado autorizó, videos donde los políticos aparecen reunidos con los cabecillas de las pandillas y la declaración de los testigos criteriados «Noé» y «Salomón» quienes han dicho que el FMLN pagó $433,000 para que votaran por Salvador Sánchez Cerén en el 2014 y que ARENA entregó $100,000, mientras que Muyshondt, pagó $69,000 a cada una de las pandillas, según han informado testigos criteriados al ministerio público.

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Judicial

Entre lágrimas, integrantes de la Barra Brava del Alianza se despiden de sus familiares tras ser llevados a prisión

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Los 13 integrantes de la Barra Brava del Alianza Fútbol Club fueron enviados a prisión tras ser procesados por los delitos de daños y desórdenes públicos.

Durante su traslado, algunos de los imputados se dirigieron a sus familiares que los esperaban afuera del Juzgado de Paz de San Juan Opico, en La Libertad. “Tranquila, mi amor, todo va a estar bien, Dios sabe lo que hace”, dijo uno de ellos mientras abordaba el vehículo policial.

Los procesados son acusados de atacar con piedras y botellas un bus que transportaba a aficionados del FAS, el pasado 25 de octubre, hecho que dejó varias personas lesionadas y daños materiales.

Bajo custodia policial y esposados, los miembros de la barra fueron trasladados a un centro penal, mientras continúa la fase de instrucción del caso.

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Judicial

14 integrantes de la Barra Brava del Alianza enfrentan audiencia por ataque a bus de aficionados del FAS

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Este martes, se desarrolla audiencia inicial en contra de 14 integrantes de la Barra Brava del Alianza Fútbol Club, acusados de realizar actos de intolerancia en la vía pública, el pasado 25 de octubre.

Los involucrados lanzaron botellas de vidrio, piedras y otros objetos a un bus que transportaba a seguidores del FAS, después de la disputa de un partido entre ambos equipos.

Este hecho dejó a varias personas lesionadas.

Todos son procesados por los siguientes delitos:

Desórdenes públicos agravados
Daños agravados
Lesiones

La audiencia se lleva a cabo ante el Juzgado de Paz de San Juan Opico, La Libertad Centro.

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Judicial

12 años de prisión para sujeto que violó a una mujer en un motel de Guazapa

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El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una condena de 12 años y seis meses de cárcel a José Melvin Rivera Ortega, tras comprobarse su responsabilidad en un caso de violación agravada continuada ocurrido en un hospedaje de Guazapa, San Salvador Norte.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador declaró culpable a José Melvin Rivera Ortega y lo condenó a 12 años y seis meses de prisión por el delito de violación agravada en la modalidad de delito continuado.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), los hechos ocurrieron el 19 de diciembre de 2024 en un hospedaje del distrito de Guazapa, municipio de San Salvador Norte, donde el imputado llevó a la víctima bajo engaños.

Una vez en el lugar, Rivera Ortega amenazó a la víctima con una navaja y la agredió sexualmente en varias ocasiones, manteniéndola retenida hasta el día siguiente. La mujer logró escapar y acudió a la Unidad de la Mujer de la Policía Nacional Civil (PNC) de Chalatenango, donde relató lo sucedido y formalizó la denuncia con apoyo de las autoridades fiscales.

Tras la valoración de las pruebas presentadas, el tribunal determinó la culpabilidad del procesado y, además de la pena de prisión, lo condenó al pago de $960 en concepto de responsabilidad civil.

En un caso similar, el pasado 30 de octubre, el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de cárcel a Alexis Hernández, quien fue declarado culpable de abuso sexual agravado contra una menor en el municipio de Santo Tomás, al sur de San Salvador.

Según la investigación, Hernández contactó a la víctima mediante redes sociales, la engañó para que se reuniera con él y la retuvo en su vivienda, donde la agredió sexualmente durante dos días. La menor denunció los hechos tras contarle a su madre lo ocurrido.

Ambos casos refuerzan los esfuerzos del sistema judicial salvadoreño por garantizar justicia para las víctimas de violencia sexual y aplicar sanciones ejemplares a los agresores.

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