Judicial
Revocan arresto domiciliar a exalcalde Muyshondt y ordenan prisión
En una audiencia especial efectuada este miércoles, el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador revocó el arresto domiciliar al exalcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt en el proceso penal vinculado a la negociación con pandillas.
Al exfuncionario, quien está detenido por otros procesos, se le vencía el jueves 19 de octubre la medida del arresto domiciliar, el cual ha quedado sin efecto desde hoy y queda oficialmente en detención provisional.
El expediente en el cual hay políticos de ARENA y del FMLN acusados se basa en que a través de tres intermediarios, supuestamente negociaron con cabecillas de las pandillas votos para las elecciones presidenciales del año 2014 y los comicios legislativos y municipales del año 2015.
En febrero de 2020, la Fiscalía judicializó la causa penal en el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador, acusando de agrupaciones ilícitas y fraude electoral al exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, los exministros de Gobernación y Justicia, Arístides Valencia y Benito Lara; y los intermediarios con las pandillas, Paolo Lüers, Raúl Mijango [ya fallecido] y Wilson Alvarado.
Cuando se hizo la audiencia inicial a todos los acusados les dieron medidas alternas a la detención. Al exalcalde de San Salvador, su situación jurídica cambió el 4 de junio de 2021, en una audiencia especial se le revocó las medidas y fue enviado a cumplir arresto domiciliar, pero el 14 del mismo mes, el Juzgado Tercero de Paz lo envió a la cárcel por el delito de apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias e incumplimiento de deberes [por $275,000].
Desde que se inició el proceso la jueza que entró a conocer el expediente dijo que hay suficientes indicios de la participación de los políticos en los hechos.
La jueza cuestionó que Muyshondt, Valencia y Lara, se hayan reunido con los cabecillas de las pandillas para incidir en ellos, a que sus familias y otros pandilleros votaran a su favor a cambio de dinero.
A la Fiscalía se le han admitido audios obtenidos mediante escuchas telefónicas que un juzgado autorizó, videos donde los políticos aparecen reunidos con los cabecillas de las pandillas y la declaración de los testigos criteriados «Noé» y «Salomón» quienes han dicho que el FMLN pagó $433,000 para que votaran por Salvador Sánchez Cerén en el 2014 y que ARENA entregó $100,000, mientras que Muyshondt, pagó $69,000 a cada una de las pandillas, según han informado testigos criteriados al ministerio público.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
