Judicial
Revelan más irregularidades financieras de la administración de Mauricio Funes
En su gestión presidencial, Mauricio Funes maquilló la sustracción de millones de dólares con publicidad en medios de comunicación tradicionales, se hizo contar que a corporaciones de televisión y periódicos de circulación nacional se les pagó hasta $1.1 millones por servicios prestados, pero al momento de buscar documentación no hay evidencia que lo respalde.
Esa información fue expuesta un perito que efectuó la auditoría sobre el uso de los gastos reservados entre el 2009 y 2014, período en el cual Funes estuvo como mandatario.
El experto también mencionó que se pagó $3,178,550.08 a 12 proveedores de productos alimenticios y empresas de promoción y organización de eventos, pero la clave de ese punto de pericia radica en que todos esos eventos pagados con fondos públicos no eran de carácter institucional, sino de tipo personal y familiar.
Según el experto hubo pagos por publicidad a medios de comunicación, pero no se halló documentación que lo acredite, no localizaron por ejemplo los cheques de gerencia.
A un canal de televisión local se hizo ver que se le pagó $886,000, pero cuando a través de un juzgado se le pide al medio de comunicación la documentación del servicio prestado solo entregó facturas que no concuerdan con el monto reportado, no se identificó el origen de los fondos, ni los cheques de gerencia.
Los periódicos solo proporcionaron las órdenes de publicidad, no hubo facturas de lo que la Presidencia de la República en la gestión Funes dijo haber contratado.
Sobre un medio de comunicación vinculado a actividades de radio y producción en el Gobierno de Funes se halló documentos sobre el pago de $1.1 millones por publicidad, pero cuando se le pide la documentación al proveedor no entregó cheques de gerencia, ni facturas, pese a que en Casa Presidencial se justificó ese pago por el rubro de publicidad.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado ordenó que siete limpiaparabrisas y cobradores informales de parqueo permanezcan en prisión preventiva, tras ser acusados de los delitos de coacción y agrupaciones ilícitas.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados operaban en distintos semáforos de la capital, donde presuntamente intimidaban a conductores mediante señas alusivas a estructuras criminales. La FGR señaló que exigían dinero u objetos de valor a cambio de no causar daños a los vehículos o atentar contra sus ocupantes.
Los sospechosos fueron capturados entre el 8 y el 10 de mayo en las inmediaciones de la 25ª Avenida Norte y la Alameda Juan Pablo II, en San Salvador. Las autoridades explicaron que la investigación se desarrolló con técnicas especializadas y el apoyo de inteligencia policial.
Los detenidos fueron identificados como Julio César Aldana, Luis Alonso Ramos Molina, Maycol Javier Haslan Pavón, Kevin Alexander Navarro Méndez, José Miguel Arteaga Melgar, Ariel Francisco Montes Hernández y Héctor René Renderos Navarro.
Un informe de análisis criminal elaborado por la Policía Nacional Civil (PNC) reveló el modo de operar del grupo, cuya estructura —según las autoridades— buscaba evadir la detección policial mientras cometía los delitos.
Durante la audiencia, la jueza consideró que existen suficientes elementos indiciarios para mantener detenidos a los imputados mientras continúa la investigación.
La FGR dispone ahora de un plazo de cuatro meses para ampliar el proceso y presentar pruebas adicionales que serán evaluadas en la audiencia preliminar.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró 23 años de prisión para José Remberto Ávalos por violación en menor o incapaz continuada y privación de libertad de una niña de 11 años.
De acuerdo a las investigaciones de la FGR, Ávalos cometió los abusos, el 2 de septiembre de 2020 en el cantón El Matazano, del distrito de Comasagua, en La Libertad Sur.
El sujeto, mediante engaños, persuadió a la niña para que llegara a su vivienda con la intención de recuperar el teléfono perdido de su abuela.
Al llegar al lugar, el procesado la privó de libertad y la obligó a entrar a casa donde la violó varias veces.
Posteriormente, la víctima fue amenazada por el imputado para que no escapara; sin embargo logró huir y le contó a su familia sobre los abusos sufridos.
Los familiares al enterarse interpusieron la denuncia en contra del sujeto, quien fue detenido por orden fiscal.
Gracias a los elementos de prueba, documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla se logró establecer la participación del imputado en los abusos.
Además de la condena de cárcel, el sujeto deberá pagar $400 en concepto de responsabilidad civil.
