Judicial
Revelan más irregularidades financieras de la administración de Mauricio Funes
En su gestión presidencial, Mauricio Funes maquilló la sustracción de millones de dólares con publicidad en medios de comunicación tradicionales, se hizo contar que a corporaciones de televisión y periódicos de circulación nacional se les pagó hasta $1.1 millones por servicios prestados, pero al momento de buscar documentación no hay evidencia que lo respalde.
Esa información fue expuesta un perito que efectuó la auditoría sobre el uso de los gastos reservados entre el 2009 y 2014, período en el cual Funes estuvo como mandatario.
El experto también mencionó que se pagó $3,178,550.08 a 12 proveedores de productos alimenticios y empresas de promoción y organización de eventos, pero la clave de ese punto de pericia radica en que todos esos eventos pagados con fondos públicos no eran de carácter institucional, sino de tipo personal y familiar.
Según el experto hubo pagos por publicidad a medios de comunicación, pero no se halló documentación que lo acredite, no localizaron por ejemplo los cheques de gerencia.
A un canal de televisión local se hizo ver que se le pagó $886,000, pero cuando a través de un juzgado se le pide al medio de comunicación la documentación del servicio prestado solo entregó facturas que no concuerdan con el monto reportado, no se identificó el origen de los fondos, ni los cheques de gerencia.
Los periódicos solo proporcionaron las órdenes de publicidad, no hubo facturas de lo que la Presidencia de la República en la gestión Funes dijo haber contratado.
Sobre un medio de comunicación vinculado a actividades de radio y producción en el Gobierno de Funes se halló documentos sobre el pago de $1.1 millones por publicidad, pero cuando se le pide la documentación al proveedor no entregó cheques de gerencia, ni facturas, pese a que en Casa Presidencial se justificó ese pago por el rubro de publicidad.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador llevó a cabo una vista pública contra Raúl Arturo Alegría Centeno, acusado de los delitos de homicidio, hurto y robo agravado, en perjuicio de más de diez víctimas.
Según la investigación fiscal, entre 2011 y 2013, Raúl Alegría se asoció con un grupo que se dedicaba a cometer robos, utilizando armas de fuego para irrumpir en establecimientos comerciales. En algunos casos, las víctimas fueron sometidas por los delincuentes.
Entre los lugares asaltados se encuentran restaurantes, tiendas de misceláneos, tiendas de juegos, bares y una institución educativa, de la cual sustrajeron máquinas tragamonedas, televisores LED, computadoras, celulares, dinero en efectivo, entre otros bienes.
Tras valorar la prueba testimonial, pericial y documental que acreditó la participación de Raúl Alegría en un homicidio, dos casos de hurto agravado y seis casos de robo agravado, el Tribunal lo condenó a 93 años de prisión y a pagar más de $8,000 en concepto de responsabilidad civil por sus delitos.
Ernesto Muyshondt, exalcalde de San Salvador, fue sentenciado a una pena de cuatro años de prisión tras ser hallado culpable de incumplir con sus obligaciones laborales.
Muyshondt era también acusado por la Fiscalía por apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias, delito por el que fue absuelto por el juez de sentencia.
En el caso de Heriberto Portillo, extesorero de la alcaldía, que estaba siendo acusado junto a Muyshondt, se impuso una condena de 4 años por retenciones de cuotas laborales.
El exalcalde fue capturado el 4 de junio de 2021 y acusado pocas horas después por la retención de cuotas. Durante su gestión entre 2018 y 2021, se le acusó de no efectuar el pago correspondiente de las cuotas laborales a los trabajadores del municipio.
El exalcalde sigue siendo procesado por el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, acusado por fraude electoral y agrupaciones ilícitas. La Fiscalía lo acusó en 2020 junto con otras personas de otorgar dádivas a las principales pandillas del país a cambio de apoyo electoral.
Judicial
50 años de cárcel para exmilitar que mató a su pareja luego que ella decidiera terminar la relación
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador llevó a cabo una vista pública contra Álvaro Antonio Rodríguez Velásquez, acusado del delito de feminicidio, ocurrido en un mercado municipal de Chalatenango.
Según la investigación, el acusado, un militar que sirvió en Irak, mantenía una relación sentimental con la víctima, Blanca Iris Rivera; sin embargo, ella decidió terminar la convivencia debido a los constantes maltratos, episodios de celos y el control que Rodríguez Velásquez ejercía sobre ella. Ante la negativa de continuar la relación, el acusado comenzó a acosarla, hostigarla y amenazarla con atentar contra su vida y la de sus familiares.
El 16 de julio de 2018, el acusado llegó al lugar de trabajo de su expareja. Testigos que lo reconocieron declararon que Álvaro Rodríguez se dirigió directamente hacia ella y le disparó, provocándole heridas en el cráneo y tórax que causaron su muerte.
Tras valorar la prueba testimonial, pericial y documental, la jueza encontró a Álvaro Antonio Rodríguez Velásquez culpable del delito de feminicidio y lo condenó a 50 años de prisión. El hombre se encuentra prófugo desde el día que cometió el feminicidio.
