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Pervertido ató y abusó de una niña dentro de un auto
José Carabantes Pineda fue sentenciado a 23 años de prisión tras declararse culpable de atar y agredir sexualmente a una niña en un estacionamiento comercial en Long Island (NY).
Según la investigación y la declaración de culpabilidad del acusado, el 20 de marzo de 2021 Carabantes Pineda (37) llevó a la víctima de 10 años al estacionamiento de la tienda “Big Lots” en Riverhead, condado Suffolk, la ató con cinta adhesiva y la agredió sexualmente en el parte trasera de una minivan. La niña gritó y golpeó las ventanas del vehículo con la esperanza de que alguien la ayudara mientras intentaba quitarse de encima al acusado.
Un buen samaritano la escuchó y golpeó las ventanas fuertemente polarizadas y empañadas. Inmediatamente llamó al 911 y proporcionó información sobre el vehículo al Departamento de Policía de Riverhead. Mientras el conductor arrancó y él comenzó a seguirlo.
Carabantes condujo de regreso a su casa, puso a la víctima en un vehículo diferente y la entrenó para que le dijera a la policía que estaba gritando porque acababan de golpear un auto, en caso de que la interrogaran. Al regresar a su domicilio minutos después, el imputado fue detenido.
Investigaciones posteriores revelaron que había estado abusando sexualmente de la niña durante los meses previos al asalto, agregó News 12. Carabantes se declaró culpable el pasado 24 de febrero. No está claro su vínculo con la menor para poder aproximársela en varias ocasiones.
Además de cumplir 23 años de prisión, la jueza Karen M. Wilutis también ordenó a Carabantes 20 años de supervisión posterior a la liberación.
“La valentía de esta joven víctima para luchar contra su abusador, la rápida reacción de un buen samaritano y la rápida respuesta del Departamento de Policía de Riverhead son la razón por la que este depredador fue detenido”, dijo en un comunicado el fiscal de distrito, Raymond A. Tierney. “El hecho de que haya personas que se aprovechan de niños inocentes como éste es simplemente incomprensible”.
En un caso similar, el mes pasado Elmer Martínez se declaró culpable de abusar sexualmente y amenazar a una niña durante seis años en Long Island (NY).
En febrero otros dos hispanos fueron acusados en casos separados de abuso sexual de menores de edad en Nueva York y uno de ellos se declaró culpable.
También ese mes Justin Dixon, presunto miembro de la pandilla Crips, fue acusado de promover la prostitución de mujeres, incluida una niña de 14 años, a las que obligada a vivir desnudas en una casa en Staten Island (NYC) y atenderlo como sus sirvientes, según una acusación federal.
Esta semana tres proxenetas y tres empleados de un hotel en El Bronx (NYC) fueron acusados como sospechosos de dirigir una red de prostitución que victimizó a al menos siete menores de edad.
Cuatro personas con «experiencia operativa» están involucradas en el doble asesinato de funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México, confirmaron la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). El ataque fue planificado, aseguraron las autoridades.
La investigación apunta a que el tirador, captado en las cámaras de videovigilancia, esperó a que los servidores públicos Ximena Guzmán y José Muñoz estuvieran juntos para cometer el delito el 20 de mayo sobre la Calzada de Tlalpan, en la alcaldía Benito Juárez.
Una vez que las víctimas abordaron el vehículo con el que se disponían a realizar su jornada laboral, el agresor se colocó de frente y disparó con un arma de fuego contra ellas. Las heridas de bala en sus cráneos y tórax les causaron la muerte de inmediato.
Ocho casquillos calibre 9 mm fueron encontrados en la zona del ataque, y de acuerdo con la Fiscalía, el arma no está vinculada a otros delitos. Con apoyo de otras tres personas, el pistolero logró darse a la fuga en una motocicleta.
Además, los involucrados cambiaron de vehículo en dos ocasiones para abandonar el perímetro de la ciudad. Los números de serie fueron alterados y tienen reporte de robo, detalló la Fiscalía. «Los indicios confirman que el ataque fue directo, ejecutado con un alto grado de planeación y experiencia operativa», destacaron.
Sin embargo, las autoridades todavía no tienen una «hipótesis concluyente sobre el móvil del crimen ni sobre posibles autores intelectuales». Por ello, se mantienen abiertas «todas las líneas de investigación», explicaron.
«Puedo asegurarles que estamos agotando todos los recursos y las líneas de investigación para que estos hechos […] no queden impunes», detalló la fiscal general, Bertha Alcalde Luján. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada si incrementará sus medidas de seguridad en actos públicos ante estos crímenes.
«No, no tenemos pensado», respondió en su conferencia matutina de ayer. La mandataria también negó que haya recibido denuncias de amenazas de algún funcionario.
De enero a abril, en la Ciudad de México hubo 316 víctimas de homicidio doloso, detalla el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Rusia anunció el viernes que canjeó 270 militares y 120 civiles capturados con Ucrania, en un intercambio acordado con Kiev en las conversaciones de Estambul la semana pasada.
«270 militares rusos y 120 civiles (…) fueron devueltos. A cambio, fueron entregados 270 prisioneros de guerra del ejército ucraniano y 120 civiles», informó el Ministerio de Defensa ruso en Telegram.
Por otra parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, confirmó el viernes que su país repatrió a 390 personas en la primera fase de un intercambio de prisioneros a gran escala con Rusia, que durará varios días.
«La primera fase del acuerdo de intercambio ‘1.000 por 1.000’ concluyó» con la repatriación de «390 personas», declaró en X. «Esperamos que el intercambio continúe el sábado y el domingo», añadió Zelenski.
Se trata de la segunda condena contra el exfuncionario en ese país, luego de que en octubre pasado fuera sentenciado a 39 años de cárcel por proteger al cártel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos, tras un juicio en el que testificaron antiguos miembros del grupo criminal.
El nuevo fallo corresponde a una demanda civil que presentó México en septiembre de 2021 contra García Luna y su esposa Linda Cristina Pereyra, a quienes acusa de conformar una «red de corrupción y lavado de dinero» que abarcó decenas de contratos públicos. Las operaciones de blanqueo se ejecutaron en Estados Unidos.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF), brazo antilavado del gobierno, dijo en un comunicado que «la sentencia equivale a tres veces la cantidad de dinero por la que el gobierno de México los demandó originalmente», conforme a la ley de Florida, donde se llevó el caso.
García Luna, de 56 años, fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno del presidente conservador Felipe Calderón (2006-2012).
El exfuncionario fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas. Vivía desde 2012 en Estados Unidos.
El gobierno mexicano ha dicho que un conglomerado empresarial familiar de García Luna obtuvo 30 contratos con varios organismos de seguridad pública, a partir de los cuales se extrajeron recursos por un monto de 745,9 millones de dólares.
En marzo de 2023, la UIF señaló que los fondos «fueron transferidos al extranjer» mediante la utilización de paraísos fiscales y la adquisición de bienes y otros activos en el estado de Florida.
