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La Justicia de Brasil ratificó que X seguirá bloqueada hasta que pague una multa de USD 1,8 millones
La Corte Suprema de Brasil ratificó este viernes el bloqueo de la red social X, propiedad de Elon Musk, al considerar que la plataforma aún debe cumplir con el pago de multas impuestas y proporcionar información adicional antes de retomar sus operaciones en el país.
La plataforma, que cuenta con cerca de 20 millones de usuarios en Brasil, permanece suspendida desde el pasado 31 de agosto por orden del magistrado Alexandre de Moraes, en el marco de una investigación sobre la diseminación de noticias falsas y delitos de odio en Internet.
El juez de la Corte Suprema negó la solicitud presentada el jueves por los representantes legales de X, quienes argumentaron haber cumplido con todas las exigencias del tribunal para levantar la suspensión.
De Moraes afirmó que la red social debe pagar una multa de 10 millones de reales (1,8 millones de dólares) impuesta tras una presunta maniobra que permitió a la plataforma eludir temporalmente el bloqueo. Además, la plataforma debe decidir si retira una serie de recursos presentados dentro de la causa.
“El retorno inmediato de sus actividades depende únicamente del pleno cumplimiento de la legislación brasileña y de la absoluta observancia de las decisiones del Poder Judicial, en respeto a la soberanía nacional”, señaló De Moraes en su fallo de este viernes.
El magistrado tomó la determinación de suspender la red social debido a varios desacatos por parte de Musk, quien se negó a eliminar un grupo de perfiles sospechosos de desinformar y promover el odio en la plataforma. Dichos perfiles estarían vinculados a blogueros y activistas de extrema derecha que atacan a las instituciones democráticas del país. Según el Supremo, estas cuentas buscaban “instituir un ambiente de total impunidad y una ‘tierra sin ley’”.
Además, el juez agregó que Rachel de Oliveira Villa Nova, representante legal de X en Brasil, también deberá pagar una multa de 300.000 reales (55.000 dólares) por el uso de un servidor que permitió eludir la suspensión durante dos días.
La plataforma restableció su actividad en Brasil el pasado miércoles, gracias a una maniobra técnica que permitió burlar el bloqueo judicial antes de volver a quedar inactiva al día siguiente, cuando acató una nueva orden de la justicia.
El bloqueo generó un fuerte enfrentamiento entre Musk y el magistrado brasileño. El dueño de X, Tesla y SpaceX calificó a De Moraes como un “dictador” y lo acusó de “violar” la Constitución de Brasil. A pesar de estas acusaciones, Musk ha comenzado a cumplir gradualmente las exigencias del Supremo Tribunal Federal.
En un comunicado difundido en su cuenta de Asuntos Gubernamentales Globales, X expresó estar “dedicado a proteger la libertad de expresión dentro de los límites de la ley” y reiteró su respeto por “la soberanía de los países” donde opera. La compañía también anunció que continuará colaborando con las autoridades para solucionar los problemas pendientes.
La suspensión de X se produjo en un contexto de creciente preocupación por el uso de plataformas digitales para propagar información falsa y ataques contra la democracia en Brasil.
Desde entonces, la red social ha acatado algunas de las decisiones del tribunal, como el nombramiento de un representante legal en el país, pero el Supremo considera que aún falta cumplir con el pago de multas y otros requisitos.
Por el momento, X seguirá bloqueada en el país sudamericano hasta que se garantice la “observancia total” de las decisiones judiciales y el pago de las sanciones impuestas, subrayó De Moraes en su fallo.
Una tumba de más de mil años de antigüedad con restos humanos y piezas de oro y cerámica fue descubierta en una región de Panamá donde arqueólogos desarrollan excavaciones desde hace dos décadas, informó este viernes a la AFP la investigadora a cargo del proyecto.
El hallazgo tuvo lugar en El Caño, en el distrito de Natá, a unos 200 kilómetros al suroeste de Ciudad de Panamá, donde científicos y arqueólogos ya han descubierto otros vestigios de culturas prehispánicas.
Los restos óseos están rodeados de objetos de oro y vasijas de cerámica decoradas con imágenes tradicionales, lo que indica que correspondería a personas de «alto estatus», dijo a la AFP la arqueóloga Julia Mayo, quien detalló que la tumba fue construida «entre los años 800 y 1000 después de Cristo».
«La persona con el oro es la persona de mayor estatus del grupo», añadió.
El cuerpo del ocupante principal «fue vestido con dos brazaletes, dos pectorales y dos orejeras, los pectorales tienen representaciones de murciélagos y cocodrilos», detalló Mayo.
El sitio arqueológico de El Caño está relacionado con las sociedades que habitaron las provincias centrales de Panamá entre los siglos VIII y XI.
Mayo señaló que en el lugar ya se han excavado otras nueve tumbas «similares» a la anunciada este viernes.
«Han estado enterrando ahí a su gente durante 200 años», indicó la investigadora.
La tumba constituye un descubrimiento de «gran relevancia para la arqueología panameña y el estudio de las sociedades prehispánicas del istmo centroamericano», destacó el Ministerio de Cultura en un comunicado.
Según los expertos, esta excavación demuestra que para estas culturas la muerte no representaba un final, sino una transición hacia otra fase donde el estatus social continuaba teniendo relevancia.
El descubrimiento aportará nueva información sobre la organización social, el poder político, las redes de intercambio y las prácticas rituales, entre otros aspectos, apuntó el Ministerio.
El gobierno venezolano aseguró el viernes que la ley de amnistía aprobada la víspera, que puede conceder la libertad a cientos de presos políticos, es clave para «la estabilidad de la nación», pero expertos advierten que excluye a muchos detenidos.
Aunque el gobierno interino de Delcy Rodríguez otorgó libertad condicional a 448 opositores tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión estadounidense a inicios de enero, aún quedan casi 650 presos políticos encarcelados, según la oenegé Foro Penal.
Expertos dudan del alcance de esta ley, iniciativa de Rodríguez y aprobada la noche del jueves en el Parlamento por consenso: cientos de detenidos como militares implicados en actividades «terroristas» pueden quedar fuera.
«Muchos estamos conscientes de que la ley de amnistía no acobija a nuestros familiares», dijo a la AFP Hiowanka Ávila, de 39 años. Su hermano Henryberth Rivas, de 30 años, fue detenido en 2018 acusado de participar en un intento de magnicidio con drones contra Maduro. «Nos toca esperar alguna otra medida, indulto pudiera ser», lamentó a las afueras de la cárcel Rodeo I, a unos 40 km de Caracas. Varios de los detenidos allí son militares o policías, acusados de «terrorismo».
La ley «debe interpretarse como una señal de madurez y fortaleza política, al representar un paso trascendental para lograr la estabilidad de la nación», dijo el ministro de Defensa y general en jefe de la Fuerza Armada, Vladimir Padrino.
Un niño italiano que en diciembre había recibido el trasplante de un corazón con problemas falleció este sábado, en un caso que ha generado viva indignación en Italia a raíz de la presunta negligencia médica.
Domenico, de dos años, recibió un corazón que aparentemente resultó dañado durante el transporte, por haber entrado en contacto directo con hielo seco. Desde entonces, el niño se encontraba conectado a un respirador artificial en un hospital de Nápoles, en el sur de Italia.
«Se acabó. Domenico se ha ido», declaró el sábado a los medios italianos Patrizia Mercolino, al anunciar la muerte de su hijo. Además, anunció que se creará una fundación en su nombre.
El corazón del donante habría sido transportado desde Bolzano, en el norte del país, hasta Nápoles, 800 kilómetros al sur, en un contenedor inadecuado, sin un termómetro que pudiera alertar sobre la temperatura excesivamente baja.
La fiscalía local ha abierto una investigación contra seis miembros del personal médico.
Een un comunicado citado por los medios italianos, el ministro de Salud, Orazio Schillaci, apuntó que el caso «ha conmocionado a toda Italia».
El ministro había expresado previamente su preocupación por que las donaciones de órganos disminuyan a raíz de este caso. También había pedido «claridad» para garantizar la confianza en los servicios médicos del país.
