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Jucio contra Benito Lara y familiares por enriquecimiento ilícito
La Cámara Primera de lo Civil de San Salvador, ha comenzado este miércoles la audiencia probatoria [última del juicio civil] en contra de Benito Lara, en su calidad de exdiputado del FMLN y exministro de Justicia y Seguridad en el gobierno de Mauricio Funes, por enriquecimiento ilícito que la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la República le atribuye.
La demanda civil también es promovida contra su esposa, Ana Emilia Zelaya de Lara y su hija Ileana Briseida Lara Campos, quienes son señalados de enriquecerse ilícitamente con un monto de $201,874.31.
«Va a desfilar toda la prueba que se propuso en la audiencia preparatoria, siempre se mantienen las pretensiones que ya quedaron fijadas», dijo una de las fiscales del caso.
Según el ministerio público, Benito Lara en su calidad de diputado propietario de la Asamblea Legislativa, en el período del 1 de mayo de 2009 al 30 de abril de 2012, no justificó ingresos por $33,989.73, ese monto fue descubierto mediante 14 irregularidades en concepto de depósitos bancarios.
En las investigaciones se estudió el segundo período como diputado entre el 1 de mayo de 2012 al 30 de mayo de 2014, ante la Sección de Probidad no desvaneció dos irregularidades por la cantidad de $16,900 en concepto de adquisición de vehículos y tuvo un resultado negativo entre los ingresos y los gastos de $53,751.11.
Fungiendo como ministro de Justicia y Seguridad del 1 de junio de 2014 al 20 de enero de 2016, le detectaron una irregularidad consistente en resultado negativo entre los ingresos y gastos por una cantidad de $26,930.83; por lo que según la Fiscalía se enriqueció ilícitamente con un monto de de $131,571.67.
En el caso de Ana Emilia Zelaya de Lara, Fiscalía la acusa de no justificar dos irregularidades entre el 1 de mayo de 2009 al 30 de abril de 2012, en concepto de depósitos bancarios efectuados en efectivo en cuenta de ahorro y adquisición de vehículo, por la cantidad de $2,000.
Y a Ileana Briseida Lara Campos, la Fiscalía dice que no justificó dos irregularidades respecto a adquisición de dos vehículos por la cantidad de $68,302.64, en el período entre el 1 de mayo de 2012 al 30 de mayo de 2014, en el que su padre se desempeñó como diputado y se desconoce la procedencia de esos fondos.
Internacionales
Motines en cárceles de Guatemala buscan traslado de líder del Barrio 18: «No voy a ceder a esos chantajes», afirma ministro
El ministro de Gobernación de Guatemala, Marco Antonio Villeda, afirmó que los motines registrados de forma simultánea en varios centros penitenciarios del país responden a un intento de presión para trasladar a un líder del Barrio 18 y recuperar privilegios que le fueron retirados.
Según explicó el funcionario, el objetivo del motín coordinado sería beneficiar a Aldo Dupié Ochoa Mejía, alias «el Lobo», recluido en la cárcel de máxima seguridad Renovación I, en Escuintla.
Villeda señaló que Ochoa Mejía había solicitado anteriormente una serie de comodidades dentro del penal, entre ellas la instalación de aire acondicionado, el ingreso de una cama y la autorización para recibir comida de determinados restaurantes, entre otros.
«Este gobierno, esta administración del Ministerio de Gobernación no va a pactar con ningún grupo terrorista, no voy a ceder a esos chantajes y no voy a regresarles los privilegios», enfatizó el funcionario en una conferencia de prensa.
Villeda advirtió además que, de ser necesario, se hará uso de la fuerza del Estado para retomar el control de los centros penitenciarios. «Si es necesario utilizar la fuerza del Estado para retomar el control de estos centros lo vamos a hacer», afirmó.
Las autoridades señalaron que ya se han desplegado fuerzas de la policía y del ejército para crear anillos de seguridad, para proteger a los civiles y evitar que haya fuga de los privados de libertad.
Las declaraciones del ministro se dieron luego de que durante la mañana de este sábado se registrara un motín en la cárcel Renovación I, el cual provocó un incendio visible desde el exterior.
De manera simultánea, se reportaron disturbios en la cárcel Fraijanes II y en el sector 11 del Centro Preventivo para Hombres de la zona 18.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que nueve pandilleros de la MS-13 recibieran penas de hasta 90 años de prisión por delitos cometidos en diferentes zonas de los distritos de Huizúcar y Zaragoza, en el departamento de La Libertad.
El ministerio público informó que los pandilleros Juan Manuel Chávez Aguilar y Danilo Amílcar Araujo Estrada, fueron condenados a 90 años de cárcel, mientras que Alexander Armando Granados Vásquez y William Alfredo Hernández Martínez recibieron penas de 60 años de prisión.
La FGR procesó a los pandilleros por asesinatos cometidos contra un trabajador y de un comerciante. Además, los acusó de la privación de libertad y el homicidio agravado de dos hermanos.
En su cuenta en X la institución recordó que los dos hermanos se dirigían hacia su trabajo cuando los pandilleros, utilizando armas de fuego, le salieron al encuentro para llevárselos a la fuerza hacia un lugar desolado en donde les quitaron la vida.
El informe oficial indica además que otros pandilleros recibieron penas carcelarias que van desde los 30 a los 20 años de prisión. Todos pertenecen a las clicas Teclas Locos Salvatruchos, San Antonio Locos Salvatruchos y Nejapas Locos Salvatruchos de la MS-13.
Las condenas fueron impuestas por el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador.
Por otra parte, la Fiscalía informó que Alexander Joel Torres Moreno, alias el Sangriento (prófugo) y Rigoberto Vladimir Velásquez Amaya, fueron condenados a 40 años de prisión por el homicidio agravado de dos hermanos.
El crimen ocurrió el 11 de junio de 2014 en el sector conocido como La Quebrada, de la colonia Santa María, del distrito de La Unión. Según la acusación fiscal, Velásquez Amaya se comunicó con una de las víctimas y le pidió que llegara al lugar para hablar, pero era una trampa para asesinarlos.
La FGR logró además, que José Mariano Martínez Calderón sea condenado a 40 años de prisión por los delitos de violación en menor o incapaz continuada y extorsión agravada.
El Ministerio de Salud (Minsal) recibió la certificación del Sistema de Gestión Antisoborno bajo la norma internacional ISO 37001, luego de un riguroso proceso de capacitación e innovación.
Esta certificación es otorgada por la Asociación Española de Normalización y Certificación (Aenor), a través de su director para Centroamérica, Arnulfo Pino Figueroa.
La norma es un estándar internacional que especifica los requisitos y proporciona directrices para establecer, implementar, mantener, revisar y mejorar un sistema de gestión antisoborno, orientado a fomentar una cultura de integridad, transparencia y cumplimiento en las instituciones públicas.
Esto ha llevado al Minsal a establecer procedimientos y controles, con el objetivo de prevenir y mitigar riesgos, así como actuar de manera oportuna frente a posibles actos de soborno dentro de la institución.
