Judicial
Seis extranjeros condenados por traficar 1,374 kilos de cocaína
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a seis extranjeros por traficar en alta mar 1,374 kilos de cocaína valuados en $34,350 000.
Los narcotraficantes fueron interceptados por un equipo de la Fuerza de Tarea Naval Tridente (FTNT) el 31 de julio del año 2021 transportando la droga en dos lanchas.
Fiscales de la Unidad Especializada de Delitos de Narcotráfico probaron en la vista pública que Marcos Antonio Jardín Ramos, Ludwin Martínez Hernández, Ángel Ramírez Hernández, de nacionalidad mexicana; Jimmy David Espinal Quimi, Wilmer Javier Lazo Mejillón, ambos ecuatorianos y al colombiano Walter Ocampo Orozco, cometieron el delito de tráfico ilícito internacional.
Cuando fueron capturados les decomisaron una embarcación de origen mexicano, con 70 bultos que contienen droga, 26 bidones con combustible, dos motores de 200 caballos de fuerza, cuatro aparatos GPS, dos radios, dos teléfonos satelitales, un celular, una boya y dinero en efectivo; además se informó que una segunda lancha fue hundida por los imputados.
Esta causa penal fue comenzada por la Fiscalía en el Juzgado de Paz de San Luis La Herradura, La Paz, y durante todo el proceso el ministerio público sostuvo que los seis extranjeros fueron interceptados a 490 millas náuticas al sur de Punta Remedios, Acajutla, Sonsonate, con el cargamento de cocaína.
Los seis imputados junto al decomiso fueron trasladados por la Fuerza Naval a la Capitanía del Puerto La Concordia, ubicada en la Costa del Sol, del municipio de San Luis La Herradura, La Paz.
En la vista pública la Fiscalía presentó a la jueza el testimonio de los agentes captores y personal de seguridad que participó en el procedimiento. También una pericia consistente en la prueba de campo que expertos antidroga hicieron para confirmar que lo decomisado era cocaína, también álbumes con fotografía y actas sobre las detenciones.
Óscar José Amaya Guevara fue condenado a 10 años de prisión por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal e irresponsable de arma de fuego, informó la Fiscalía General de la República (FGR). La sentencia fue impuesta en un proceso sumario por el Juzgado de Paz del Puerto de La Libertad.
Según la acusación fiscal, Amaya Guevara fue detenido el pasado 8 de mayo de 2025 mientras ingería bebidas alcohólicas en un restaurante del Puerto de La Libertad. La Policía Nacional Civil (PNC) recibió una alerta sobre su comportamiento, ya que manipulaba un arma de fuego en evidente estado de ebriedad.
Al realizarle una prueba antidoping, el resultado arrojó 162 grados de alcohol. Además, no presentó documentos que acreditaran la portación legal del arma ni la matrícula correspondiente.
Durante la audiencia, el tribunal consideró suficientes las pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas por la FGR para dictar la condena.
Amaya Guevara ya tenía antecedentes. En noviembre de 2023 fue detenido por amenazar con arma de fuego a trabajadores en un lugar público y por atentar contra conductores y un motociclista en la carretera al Puerto de La Libertad. En ese caso, fue procesado por homicidio tentado y disparo de arma de fuego, y se le decomisaron un arma, municiones y un vehículo.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una acusación formal contra Julio Alonso Revelo Martínez y José Guillermo Arce Marín, señalados de traficar 114 kilogramos de cocaína. El proceso fue judicializado en el Juzgado de Paz del Puerto de La Libertad, donde la FGR solicitó la detención provisional mientras avanza el proceso penal.
Según la acusación fiscal, ambos imputados, residentes en San Luis La Herradura (La Paz), transportaban la droga oculta en una hielera acondicionada con un compartimiento secreto. La embarcación fue interceptada el pasado 18 de junio a tres millas y media náuticas de la playa Toluca, en aguas territoriales del departamento de La Libertad.
El operativo fue ejecutado por el Grupo Especial Antinarcóticos, en coordinación con la División Antinarcóticos y la División de la Policía Costera de la PNC.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó a través de redes sociales que los detenidos forman parte de una estructura de narcotráfico regional. «Salieron de Nicaragua y pretendían llevar la droga a Guatemala, pero su operación fue truncada gracias al trabajo coordinado entre nuestra Policía Costera y la División Antinarcóticos», publicó.
Durante la inspección de la embarcación se localizaron paquetes que, tras pruebas de campo, dieron positivo a cocaína. El cargamento fue valorado en aproximadamente $2.8 millones.
El fiscal del caso confirmó que se ha solicitado la instrucción formal con imposición de medidas cautelares de detención provisional.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
