Internacionales
Guatemala votará por un nuevo presidente
Los guatemaltecos acudirán a las urnas el 25 de junio para elegir un nuevo presidente, mientras los observadores regionales advierten sobre una espiral descendente de cleptocracia y un debilitamiento del Estado de derecho en la nación más poblada de Centroamérica.
La socialdemócrata Sandra Torres, la derechista Zury Ríos y el centroderechista Edmont Mulet encabezan el grupo de más de 20 aspirantes a presidente en las elecciones generales.
La postulación de otros candidatos fue bloqueada, incluida la líder indígena de izquierda Thelma Cabrera y, más recientemente, el excandidato principal Carlos Pineda, lo que generó acusaciones de intromisión política contra el tribunal electoral del país.
“Una cosa que podemos decir sobre Guatemala en este momento es que este Tribunal Supremo Electoral tiene un patrón muy sospechoso de sacar a cualquier candidato que apoye públicamente la lucha contra la corrupción”, le dijo a CNN Will Freeman, becario de estudios sobre América Latina en el Consejo de Relaciones Exteriores.
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Uno de los candidatos expulsados, el derechista Roberto Arzú, criticó abiertamente al presidente Alejandro Giammattei. La candidata sancionada, Cabrera, criticó abiertamente la corrupción en la política guatemalteca.
Pineda se postuló como un extraño en la estructura de poder arraigada de Guatemala, compartiendo con frecuencia su posición antisistema en TikTok. Tras su descalificación, concluyó en Twitter: “Ganó la corrupción, perdió Guatemala”.
La Corte Constitucional dijo en un comunicado a CNN que se adhiere a la ley y actúa con “debida diligencia, imparcialidad, objetividad e independencia”. CNN también se comunicó con el Tribunal Supremo Electoral para hacer comentarios.
No es la primera vez que el tribunal electoral de Guatemala descarta aspirantes a la presidencia, pero el ciclo de este año ocurrió en un espacio cívico que se reduce rápidamente.
“La razón por la que se siente muy importante este año es porque hemos visto una verdadera reacción en Guatemala en los últimos años contra un movimiento para combatir la corrupción”, dijo a CNN Caren Cissis, experta en Centroamérica y editora en jefe de Americas Society /Consejo de las Américas.
Grupos de derechos señalan que la corrupción y la impunidad se aceleraron en el país después de que el expresidente Jimmy Morales disolviera una comisión anticorrupción respaldada por las Naciones Unidas en 2019.
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se creó en 2006 para ayudar a desmantelar redes criminales influyentes en el país. Ayudó en cientos de condenas, expuso un escándalo de corrupción y se le atribuye haber ayudado a reducir la tasa de homicidios del país.
Desde la destitución de la CICIG, la corrupción se extendió por el sistema de justicia del país, dicen los expertos.
“Gran parte del sistema de justicia de Guatemala ha sido cooptado por una red de élites políticas, económicas y militares corruptas que buscan promover sus propios intereses y llevar a cabo prácticas corruptas con impunidad”, concluye un informe de 2022 de la Washington Office on Latin América Latina, Grupo de Trabajo de América Latina y Comisión de Derechos Humanos de Guatemala/EE.UU.
Los fiscales y jueces asociados con CIGIG han sido arrestados, investigados y muchos se han visto obligados a huir del país bajo el actual mandato del presidente Alejandro Giammattei.
Cuando la fiscal general del país, Consuelo Porras Argueta, fue reelegida en 2022 por el presidente, horas después fue sancionada por EE.UU. por “su participación en una corrupción significativa”, como indicó Antony Blinken, secretario de Estado de EE.UU.
La organización criminal transnacional conocida como el Tren de Aragua, originaria de Venezuela, ha logrado establecerse en al menos 16 estados de Estados Unidos mediante una combinación de alianzas con pandillas locales y tácticas de infiltración tecnológica, según informes de Fox News y otros medios estadounidenses.
Investigaciones revelan que el grupo opera en estados como Florida, Texas, Nueva York, Illinois y Colorado, y ha aprovechado comunidades migrantes para operar con menor visibilidad. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la presencia del Tren de Aragua representa un riesgo creciente para la seguridad interna.
Uno de los aspectos más alarmantes es su sofisticación tecnológica. Según Ali Hopper y Jarrod Sadulski, expertos en crimen organizado y miembros de GUARD Against Trafficking, la pandilla incorpora especialistas en tecnología de la información —algunos bajo coacción— para evadir la detección. Utilizan códigos visuales, secuencias de emojis e imágenes con símbolos ocultos para comunicarse sin ser detectados por los algoritmos de seguridad de plataformas digitales.
Además, el grupo ha establecido alianzas estratégicas con pandillas como los Bloods y los Crips, con las cuales comparte ingresos de actividades ilícitas como el tráfico de drogas, trata de personas y asesinatos por encargo. Esta colaboración les permite conocer rutas de patrullaje, zonas con menor vigilancia y políticas judiciales locales.
A nivel internacional, el Tren de Aragua ha sido identificado en países como Perú, Chile y Colombia. En marzo de 2025, el Congreso peruano lo declaró organización terrorista. En Chile y Colombia, se le vincula con delitos como secuestro, homicidio, extorsión y explotación sexual.
Frente a su avance, el sistema judicial de EE. UU. ha comenzado a responder. En mayo de 2025, una jueza federal en Pensilvania autorizó la deportación de presuntos integrantes del grupo bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. No obstante, tribunales en Texas y Colorado han bloqueado temporalmente estas medidas por presuntas violaciones al debido proceso.
De acuerdo con Insight Crime, el Tren de Aragua ha evolucionado desde su origen carcelario en Venezuela hasta convertirse en una red criminal transnacional, adaptando su estructura a cada país. Aunque la amenaza es real, analistas como los citados por The Guardian advierten que la falta de evidencia directa que vincule a sus miembros con la estructura central del grupo complica su persecución judicial en Estados Unidos.
La influencer mexicana Valeria Márquez, de 23 años, fue asesinada la tarde del martes dentro de su salón de belleza, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco, según confirmaron autoridades estatales.
La joven, conocida por compartir contenidos sobre belleza y estilo de vida en redes sociales, algunos con hasta 800,000 reproducciones, fue atacada a tiros alrededor de las 18:30 horas locales (00:30 GMT del miércoles) por un sujeto que ingresó al local y disparó directamente en su contra, informó la fiscalía estatal en un comunicado.
“La víctima es una persona con presencia activa e influencia en redes sociales”, destacó la institución, que añadió que el caso está siendo investigado bajo el protocolo de feminicidio.
Elementos de la policía municipal llegaron al establecimiento tras una llamada de emergencia y confirmaron el fallecimiento de Márquez en el lugar. Agentes del Ministerio Público permanecieron en la escena recabando pruebas y testimonios para esclarecer el crimen.
La violencia de género continúa siendo una grave preocupación en México. De acuerdo con ONU Mujeres, 7 de cada 10 mexicanas mayores de 15 años han sufrido algún tipo de agresión, y diariamente se registran en promedio 10 asesinatos de mujeres, sumando homicidios dolosos y feminicidios.
Las autoridades no han reportado hasta el momento detenidos por este hecho.
El asesinato de Luis Armando Córdova Díaz, exdiputado y exsecretario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Jalisco, se suma a una serie de ataques contra figuras políticas ocurridos recientemente en México, en medio del proceso electoral que culminará el 2 de junio.
Córdova, quien fue legislador entre 2012 y 2015, fue atacado en Zapopan, Jalisco, parte del área metropolitana de Guadalajara. Según informó la Fiscalía del Estado, ya se abrió una investigación para esclarecer el crimen. “Se revisan cámaras de videovigilancia, entrevistas y otros indicios para identificar a los agresores, quienes habrían huido a bordo de una motocicleta”, señaló la institución en un comunicado.
El PRI condenó el homicidio a través de la red social X, donde exigió justicia y alertó sobre la creciente inseguridad. “¡El pueblo no merece vivir con miedo!”, expresó el partido.
Jalisco, considerado bastión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos criminales más poderosos del país, es escenario frecuente de violencia, desapariciones y enfrentamientos armados. Zapopan, donde ocurrió el ataque, es además una de las sedes seleccionadas para el Mundial de Fútbol 2026 que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.
El homicidio de Córdova ocurre en un contexto de creciente violencia política en el país. El pasado lunes fue asesinado Esteban Alfonseca, exalcalde de Actopan, Veracruz. Un día antes, Yesenia Lara, candidata a la alcaldía de Texistepec por el partido oficialista Morena, resultó herida tras ser atacada a balazos mientras marchaba en caravana junto a simpatizantes.
Veracruz, donde se celebrarán elecciones locales el próximo 1 de junio para renovar 212 alcaldías, ha sido identificado como un territorio estratégico para el crimen organizado por su ubicación en la costa del Golfo de México.
De acuerdo con analistas, los asesinatos de candidatos y exfuncionarios suelen intensificarse en periodos electorales como una forma en que los grupos delictivos buscan controlar gobiernos locales y ejercer influencia sobre los procesos democráticos.
