Internacionales
Guatemala votará por un nuevo presidente
Los guatemaltecos acudirán a las urnas el 25 de junio para elegir un nuevo presidente, mientras los observadores regionales advierten sobre una espiral descendente de cleptocracia y un debilitamiento del Estado de derecho en la nación más poblada de Centroamérica.
La socialdemócrata Sandra Torres, la derechista Zury Ríos y el centroderechista Edmont Mulet encabezan el grupo de más de 20 aspirantes a presidente en las elecciones generales.
La postulación de otros candidatos fue bloqueada, incluida la líder indígena de izquierda Thelma Cabrera y, más recientemente, el excandidato principal Carlos Pineda, lo que generó acusaciones de intromisión política contra el tribunal electoral del país.
“Una cosa que podemos decir sobre Guatemala en este momento es que este Tribunal Supremo Electoral tiene un patrón muy sospechoso de sacar a cualquier candidato que apoye públicamente la lucha contra la corrupción”, le dijo a CNN Will Freeman, becario de estudios sobre América Latina en el Consejo de Relaciones Exteriores.
Elecciones generales en Guatemala 2023: ¿qué se vota y qué hay en juego?
Uno de los candidatos expulsados, el derechista Roberto Arzú, criticó abiertamente al presidente Alejandro Giammattei. La candidata sancionada, Cabrera, criticó abiertamente la corrupción en la política guatemalteca.
Pineda se postuló como un extraño en la estructura de poder arraigada de Guatemala, compartiendo con frecuencia su posición antisistema en TikTok. Tras su descalificación, concluyó en Twitter: “Ganó la corrupción, perdió Guatemala”.
La Corte Constitucional dijo en un comunicado a CNN que se adhiere a la ley y actúa con “debida diligencia, imparcialidad, objetividad e independencia”. CNN también se comunicó con el Tribunal Supremo Electoral para hacer comentarios.
No es la primera vez que el tribunal electoral de Guatemala descarta aspirantes a la presidencia, pero el ciclo de este año ocurrió en un espacio cívico que se reduce rápidamente.
“La razón por la que se siente muy importante este año es porque hemos visto una verdadera reacción en Guatemala en los últimos años contra un movimiento para combatir la corrupción”, dijo a CNN Caren Cissis, experta en Centroamérica y editora en jefe de Americas Society /Consejo de las Américas.
Grupos de derechos señalan que la corrupción y la impunidad se aceleraron en el país después de que el expresidente Jimmy Morales disolviera una comisión anticorrupción respaldada por las Naciones Unidas en 2019.
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se creó en 2006 para ayudar a desmantelar redes criminales influyentes en el país. Ayudó en cientos de condenas, expuso un escándalo de corrupción y se le atribuye haber ayudado a reducir la tasa de homicidios del país.
Desde la destitución de la CICIG, la corrupción se extendió por el sistema de justicia del país, dicen los expertos.
“Gran parte del sistema de justicia de Guatemala ha sido cooptado por una red de élites políticas, económicas y militares corruptas que buscan promover sus propios intereses y llevar a cabo prácticas corruptas con impunidad”, concluye un informe de 2022 de la Washington Office on Latin América Latina, Grupo de Trabajo de América Latina y Comisión de Derechos Humanos de Guatemala/EE.UU.
Los fiscales y jueces asociados con CIGIG han sido arrestados, investigados y muchos se han visto obligados a huir del país bajo el actual mandato del presidente Alejandro Giammattei.
Cuando la fiscal general del país, Consuelo Porras Argueta, fue reelegida en 2022 por el presidente, horas después fue sancionada por EE.UU. por “su participación en una corrupción significativa”, como indicó Antony Blinken, secretario de Estado de EE.UU.
Internacionales
Diputados aprueban tratado entre Costa Rica y El Salvador que permitirá a los condenados cumplir sus penas en el país de origen
Un total de 37 diputados de la Asamblea Legislativa costarricense aprobaron en segundo debate el Proyecto de Ley 24.857, que ratifica un tratado bilateral entre Costa Rica y El Salvador para el cumplimiento de condenas penales en el extranjero.
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La iniciativa establece el marco legal que permitirá a personas privadas de libertad de ambas nacionalidades cumplir el resto de su sentencia en su país de origen, siempre que se cumplan una serie de requisitos previamente definidos.
El tratado tiene como principal objetivo facilitar los procesos de reinserción social de las personas condenadas, al permitirles finalizar su pena en un entorno cultural, social y familiar más cercano.
Además, el acuerdo busca fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad y justicia penal, en un contexto en el que ambos países enfrentan retos importantes relacionados con el sistema penitenciario y el hacinamiento carcelario.
Según lo aprobado, el traslado solo será posible para personas con sentencia firme y con el consentimiento expreso del condenado. Asimismo, se establece como requisito que al momento del traslado resten al menos seis meses de condena por cumplir.
El tratado excluye a quienes hayan sido condenados por delitos políticos, militares o contra la seguridad del Estado, limitando su aplicación a delitos de carácter común.
El acuerdo fue ratificado por El Salvador en octubre de 2023, mientras que en Costa Rica fue aprobado por el Plenario Legislativo en febrero de 2026, tras completar su trámite legislativo ordinario.
¿Quiénes votaron por el proyecto 24,857?
Pese a que durante la votación hubo 15 diputados ausentes, el proyecto logró reunir los 37 votos necesarios para su aprobación definitiva. El respaldo provino de seis de las siete bancadas representadas en la Asamblea Legislativa, evidenciando un amplio apoyo político, con la única excepción del Frente Amplio.
En el caso del Partido Liberación Nacional (PLN), 14 diputados votaron a favor, uno lo hizo en contra y tres se ausentaron. El Partido Progreso Social Democrático (PPSD) aportó ocho votos afirmativos, con un legislador ausente. Por su parte, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) registró seis votos a favor y dos ausencias.
La bancada de Nueva República apoyó el proyecto con tres votos afirmativos, mientras que otros tres diputados estuvieron ausentes. En contraste, el Frente Amplio se manifestó en contra de la iniciativa, con tres votos negativos y tres ausencias. Finalmente, el Partido Liberal Progresista registró un voto a favor y una ausencia.
En cuanto a los diputados independientes, cinco votaron a favor del tratado, uno en contra y dos estuvieron ausentes. La distribución de los votos reflejó un consenso mayoritario en torno a la cooperación internacional en materia penitenciaria, aunque también dejó en evidencia diferencias ideológicas sobre el alcance y las implicaciones del acuerdo.
En Costa Rica, la entidad responsable de velar por el cumplimiento del tratado será la Dirección de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz. Esta institución tendrá a su cargo la coordinación de los traslados, la verificación de los requisitos legales y el seguimiento de las personas condenadas que sean repatriadas o enviadas al extranjero.
En el caso de El Salvador, la responsabilidad recaerá en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, específicamente en la Dirección General de Centros Penales. Para que el traslado de una persona condenada pueda concretarse, será indispensable el consentimiento de ambos Estados, así como el cumplimiento estricto de los procedimientos administrativos y de seguridad establecidos en el tratado.
Uno de los compromisos clave dentro del mecanismo de traslado de personas privadas de libertad es el intercambio oportuno y transparente de información entre las autoridades de ambos países. El trámite podrá ser solicitado tanto por los Estados como por los propios reos, sus familiares o representantes legales, aunque la decisión final siempre quedará en manos de las autoridades competentes.
El acuerdo también establece que los países definirán de manera conjunta los mecanismos de seguridad que se utilizarán durante los traslados.
Además, se garantiza que los condenados no podrán ser juzgados nuevamente por el mismo delito y que deberán respetarse los plazos y condiciones de la sentencia original. En los casos en que el reo padezca una enfermedad crónica o degenerativa, las autoridades deberán agilizar el análisis y resolución de las solicitudes de traslado.
Internacionales
La fiscalía francesa cita a declarar a Elon Musk en el marco de una investigación sobre X
La fiscalía de París indicó este martes que citó a declarar en abril al propietario de la plataforma X, Elon Musk, y a su ex directora general Linda Yaccarino, en el marco de una investigación sobre esta red social.
«Se han enviado citaciones para audiciones voluntarias el 20 de abril de 2026, en París, al señor Elon Musk y a la señora Linda Yaccarino», señaló el ministerio público en un comunicado.
La justicia francesa abrió una investigación en 2025 a raíz de denuncias de diputados sobre el presunto sesgo en los algoritmos de X, que podría haber alterado su funcionamiento.
Las pesquisas se ampliaron a otros delitos como complicidad en la difusión de imágenes de pornografía infantil, y al rol de Grok, su IA, en la difusión de contenidos negacionistas e imágenes falsas de carácter sexual.
Esta citación a declarar debe «permitirles exponer su posición sobre los hechos y, en su caso, las medidas para cumplir [con la legislación] previstas», apuntó la fiscal de París, Laure Beccuau.
La fiscalía también anunció el allanamiento este martes de los locales en Francia de la plataforma X y el llamado a declarar de sus trabajadores, en calidad de testigos, entre el 20 y el 24 de abril de 2026.
A diferencia de la investigación sobre la plataforma australiana Kick, la justicia optó por llamar a declarar voluntariamente a Musk y Yaccarino con un «enfoque constructivo», según el comunicado.
A finales de enero, la justicia emitió órdenes de detención contra tres gerentes de Kick, en el marco de la investigación por la muerte en directo del «streamer» Jean Pormanove, al no presentarse a las primeras citaciones.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó el domingo que su país ha exportado, por primera vez en su historia, un primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo (GLP).
A través de la aplicación Telegram, Rodríguez se manifestó orgullosa de compartir el momento en que zarpó desde Venezuela el buque Chrysopigi Lady, sin especificar el destino, con el primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo.
«Junto a la clase trabajadora marcamos este hito histórico al exportar la primera molécula de gas del país, un logro para el bienestar del pueblo venezolano», manifestó Rodríguez.
La histórica exportación forma parte de una serie de esfuerzos del Gobierno venezolano por incrementar su producción energética, en medio de restricciones internacionales.
El pasado 16 de enero y sin especificar detalles del negocio, la presidenta encargada anunció que Venezuela había firmado un contrato internacional de comercialización de GLP. Rodríguez integró ayer en su gabinete a la hija del poderoso ministro de Interior de Venezuela, en un nuevo cambio ministerial al cumplirse casi un mes de la captura de Nicolás Maduro.
Daniella Cabello -sancionada por Estados Unidos- fue designada ministra de Turismo. Es hija del ministro Diosdado Cabello, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de 25 millones de dólares por su captura.
Rodríguez asumió la presidencia tras el derrocamiento de Maduro en una incursión militar de Estados Unidos, que incluyó bombardeos a Caracas y varias regiones vecinas.
Al frente de la presidencia, ha cambiado varios ministros y a altos cargos militares.
Daniella Cabello asumirá la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional, publicó la presidenta interina en Telegram.
