Internacionales
Guatemala votará por un nuevo presidente
Los guatemaltecos acudirán a las urnas el 25 de junio para elegir un nuevo presidente, mientras los observadores regionales advierten sobre una espiral descendente de cleptocracia y un debilitamiento del Estado de derecho en la nación más poblada de Centroamérica.
La socialdemócrata Sandra Torres, la derechista Zury Ríos y el centroderechista Edmont Mulet encabezan el grupo de más de 20 aspirantes a presidente en las elecciones generales.
La postulación de otros candidatos fue bloqueada, incluida la líder indígena de izquierda Thelma Cabrera y, más recientemente, el excandidato principal Carlos Pineda, lo que generó acusaciones de intromisión política contra el tribunal electoral del país.
“Una cosa que podemos decir sobre Guatemala en este momento es que este Tribunal Supremo Electoral tiene un patrón muy sospechoso de sacar a cualquier candidato que apoye públicamente la lucha contra la corrupción”, le dijo a CNN Will Freeman, becario de estudios sobre América Latina en el Consejo de Relaciones Exteriores.
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Uno de los candidatos expulsados, el derechista Roberto Arzú, criticó abiertamente al presidente Alejandro Giammattei. La candidata sancionada, Cabrera, criticó abiertamente la corrupción en la política guatemalteca.
Pineda se postuló como un extraño en la estructura de poder arraigada de Guatemala, compartiendo con frecuencia su posición antisistema en TikTok. Tras su descalificación, concluyó en Twitter: “Ganó la corrupción, perdió Guatemala”.
La Corte Constitucional dijo en un comunicado a CNN que se adhiere a la ley y actúa con “debida diligencia, imparcialidad, objetividad e independencia”. CNN también se comunicó con el Tribunal Supremo Electoral para hacer comentarios.
No es la primera vez que el tribunal electoral de Guatemala descarta aspirantes a la presidencia, pero el ciclo de este año ocurrió en un espacio cívico que se reduce rápidamente.
“La razón por la que se siente muy importante este año es porque hemos visto una verdadera reacción en Guatemala en los últimos años contra un movimiento para combatir la corrupción”, dijo a CNN Caren Cissis, experta en Centroamérica y editora en jefe de Americas Society /Consejo de las Américas.
Grupos de derechos señalan que la corrupción y la impunidad se aceleraron en el país después de que el expresidente Jimmy Morales disolviera una comisión anticorrupción respaldada por las Naciones Unidas en 2019.
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se creó en 2006 para ayudar a desmantelar redes criminales influyentes en el país. Ayudó en cientos de condenas, expuso un escándalo de corrupción y se le atribuye haber ayudado a reducir la tasa de homicidios del país.
Desde la destitución de la CICIG, la corrupción se extendió por el sistema de justicia del país, dicen los expertos.
“Gran parte del sistema de justicia de Guatemala ha sido cooptado por una red de élites políticas, económicas y militares corruptas que buscan promover sus propios intereses y llevar a cabo prácticas corruptas con impunidad”, concluye un informe de 2022 de la Washington Office on Latin América Latina, Grupo de Trabajo de América Latina y Comisión de Derechos Humanos de Guatemala/EE.UU.
Los fiscales y jueces asociados con CIGIG han sido arrestados, investigados y muchos se han visto obligados a huir del país bajo el actual mandato del presidente Alejandro Giammattei.
Cuando la fiscal general del país, Consuelo Porras Argueta, fue reelegida en 2022 por el presidente, horas después fue sancionada por EE.UU. por “su participación en una corrupción significativa”, como indicó Antony Blinken, secretario de Estado de EE.UU.
Será Donald Trump quien decidirá qué petroleras tienen su bendición y protección para operar en Vene zuela, después de que las fuerzas armadas de Estados Unidos sacaron de la ecuación hace una semana al depuesto presidente Nicolás Maduro, quien ahora guarda prisión junto con su esposa, Cilia Flores, en Brooklyn, Nueva York.
Trump y su equipo se reunieron ayer en la Casa Blanca, ante la mirada y preguntas de la prensa, con una veintena de empresas multinacionales petroleras y del sector energía. Los poderosos empresarios acudieron al llamado del republicano, pero demostraron gran cautela a la hora de hacer compromisos de comenzar a invertir de inmediato en Venezuela, como es el deseo de Trump, sin seguridad jurídica, un marco comercial establecido y estabilidad política.
«Ustedes están negociando con nosotros directamente, no están negociando con Venezuela en absoluto, no queremos que negocien con Venezuela», advirtió el mandatario, que busca que los inversores pongan $100,000 millones para reactivar la anticuada infraestructura venezolana, ya sea plantas petroleras o eléctricas.
En la rueda de prensa participaron los altos ejecutivos de ExxonMobil, Cono coPhillips, Continental Resources, Valero, Marathon Petroleum, Raisa Energy, Hil corp Energy, Aspect Holdings, Tallgrass Energy, Halliburton y Chevron, la única que sobrevivió a la era de las expropiaciones de Hugo Chávez, todos de Estados Unidos. Del ámbito internacional acudie ron Repsol, Shell, Eni, y Vitol Americas.
El director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, fue tajante. Explicó que hoy por hoy no se puede invertir en Venezuela. «Si analizamos las estructuras y marcos legales y comerciales vigentes hoy en Venezuela, no se puede invertir, por lo que es necesario realizar cambios significativos en esos marcos comercia les y en el sistema legal. Debe haber protecciones duraderas para la inversión y debe haber una reforma en la legislación sobre hidrocarburos del país», expresó Woods, que también le recordó a Trump que la gigantesca petrolera perdió todos sus recursos dos veces a manos del chavismo.
Fue en 2007 que la empresa abandonó Venezuela, cuando Chávez nacionalizó a la industria y esta no se doblegó y terminó perdiendo sus activos.
El director ejecutivo de ConocoPhi llips, Ryan Lance, elogió a Trump, como todos en la mesa, pero tampoco hizo compromisos. Conoco, dijo Lance, perdió $12,000 millones ante Chávez. Una buena «amortización», le respondió a Trump.
«Todo va a salir muy bien y habrá mucho dinero de sobra y ese será para Estados Unidos», señaló Trump.
«Son las compañías más grandes del mundo. Saben los riesgos. Los vamos a ayudar y van a estar ahí [en Venezuela] por mucho tiempo. Estaremos ahí, juntos, por mucho tiempo. Estarán haciendo que bajen los precios del petróleo. Estados Unidos será un gran beneficiario por lo que hemos hecho», añadió. El dirigente también dijo que cree que las compañías petroleras utilizarían principalmente trabajadores venezolanos en el terreno, además de estadounidenses.
«Bueno, habrá estadounidenses. Supongo que van a utilizar a muchos estadounidenses, pero me imagino que van a utilizar a mucha gente de Venezuela y otros lugares. Pero creo que sobre todo utilizarán trabajadores venezolanos», acotó. Harold Hamm, fundador de Continental Resources y amigo de Trump, tampoco se mostró positivo, destacando que necesita estabilidad política y regulatoria para invertir.
Para Trump, el Gobierno interino de Delcy Rodríguez está cooperando con él de la forma adecuada. «Venezuela está liberando grandes cantidades de presos políticos como señal de que están “Buscando la Paz” […], por esta cooperación he cancelado la segunda Oleada de Ataques esperada», escribió también ayer el presidente en su plataforma Truth.
Estados Unidos y Venezuela anunciaron el viernes que estaban explorando la posibilidad de restablecer relaciones diplomáticas, mientras una delegación del gobierno de Trump visitaba la nación sudamericana.
La visita marca un paso importante hacia el deshielo de las relaciones entre los gobiernos, históricamente adversarios.
El acercamiento ocurre menos de una semana después de que fuerzas militares estadounidenses capturaron al expresidente Nicolás Maduro en Caracas y lo llevaron a Nueva York, para que enfrente cargos federales por tráfico de drogas.
El pequeño equipo de diplomáticos estadounidenses y un grupo de seguridad viajó a Venezuela para realizar una evaluación preliminar sobre la posible reapertura de la embajada de Estados Unidos en Caracas, según informó el Departamento de Estado en un comunicado.
El Gobierno de Venezuela anunció el viernes que tiene previsto enviar una delegación a Estados Unidos, pero no especificó cuándo.
Es probable que cualquier delegación que viaje a Estados Unidos requiera que el Departamento del Tesoro levante las sanciones.
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En un comunicado, el gobierno de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó el acercamiento, explicando que «ha decidido iniciar un proceso exploratorio de carácter diplomático con el Gobierno de los Estados Unidos de América, con el objetivo de restablecer las misiones diplomáticas en ambos países».
El presidente Donald Trump ha presionado a Rodríguez y a otros antiguos leales a Maduro que ahora están en el poder para que impulsen su visión del futuro de la nación, uno de cuyos aspectos principales sería revitalizar el papel de las empresas petroleras estadounidenses en un país que cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo crudo del mundo.
La diputada Gladys Aurora López, miembro de la bancada del Partido Nacional de Honduras, fue atacada con un explosivo mientras daba declaraciones en el edificio del parlamento.
La diputada se encontraba cerca de un elevador contestando preguntas de los periodistas en el parlamento de Honduras, cuando fue víctima del ataque.
Tras la explosión la diputada hondureña sufrió lesiones en la parte posterior de la cabeza y la espada, informaron medios de comunicación locales.
“No quiero pensar que sea realmente por temas políticos, pero realmente son cosas que no pueden suceder”, dijo el presidente electo de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, reaccionando al ataque.
Hasta el cierre de esta nota la policía hondureña no ha informado sobre la detención de sospechosos de cometer el atentado.
