Internacionales
Expresidente de Argentina comparecerá ante juez por presunta violencia contra exesposa
El juez argentino que llamó a declarar al expresidente Alberto Fernández en un caso de violencia contra la ex primera dama consideró que había «elementos de convicción suficientes» para avanzar en el proceso y, en su citación judicial, recogió detalles de la acusación que apuntan a violencia física y psicológica durante ocho años, incluso mientras la víctima estuvo embarazada en 2021.
Según el documento al que accedió AP, dado a conocer el jueves, el exmandatario de Argentina (2019-2023) tendrá que comparecer ante el juez el próximo 11 de diciembre. La citación recoge que Fernández habría ejercido violencia física y psicológica sobre la ex primera dama Fabiola Yáñez mediante agarrones del cuello, zamarreos, bofetadas a mano abierta y golpes, de acuerdo con la investigación judicial.
El político, que enfrenta posibles cargos por violencia de género y coacción, habría además condicionado económicamente a la mujer tras la separación de la pareja este año mientras residían en Madrid.
Fernández ejerció «con habitualidad y de modo continuo, violencia psicológica contra Yáñez, bajo las formas de acoso, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad», recoge el oficio judicial.
La violencia física, según la acusación en el caso, habría «continuado y escalado» cuando Yáñez quedó embarazada a mediados de 2021, con «agarrones del cuello, zamarreos, bofetadas a mano abierta y golpes que provocaron lesiones en el cuerpo de la nombrada» durante la convivencia de la pareja en la residencia presidencial de Olivos.
Investigación en marcha
La información se desprende de la investigación liderada por el fiscal federal Ramiro González. El exmandatario deberá declarar ante el juez federal Julián Ercolini.
Al exmandatario le podrían caer hasta 18 años de prisión en caso de ser hallado culpable de los delitos de los que se le acusan, entre ellos «lesiones graves» que están «agravadas» por haberse cometido contra su entonces pareja y amenazas coactivas para que Yánez no denunciara los hechos.
El documento judicial menciona además que la violencia se sustentó en una «relación asimétrica de poder» y que se extendió por lo menos desde el año 2016 hasta el 6 de agosto del 2024.
Fernández, un peronista de 65 años que dejó el poder en diciembre de 2023, todavía no se pronunció sobre la citación judicial, pero previamente ha negado públicamente los hechos denunciados por Yáñez, de 43 años.
El expresidente puede negarse a declarar y, en su lugar, presentar un escrito.
Con los argumentos y la documentación de respaldo presentada por la fiscalía, el juez consideró «que existen elementos de convicción suficiente como para avanzar con la sujeción al proceso y convocar a Alberto Ángel Fernández a prestar declaración indagatoria», dispuso en su oficio.
Múltiples testigos han declarado
Varias personas han testificado en el marco de la causa, aportadas por las dos partes, entre ellas la madre de Yáñez, médicos y niñeras. Fueron analizadas llamadas telefónicas entre el entonces presidente y su pareja e informes psiquiátricos realizados a la denunciante.
Luego de dejar el poder en diciembre de 2023, Fernández, Yáñez y el pequeño hijo de ambos, Francisco, se radicaron en Madrid, España, y al poco tiempo la pareja se separó. Según la pesquisa judicial, el dirigente político habría condicionado a la denunciante económicamente «para manipular y continuar ejerciendo poder y control sobre aquella».
De acuerdo con lo recogido en la citación judicial, los ocho años de agresiones psicológicas y físicas a Yañez, «en forma continua y habitual en el marco de su relación de pareja», habrían dejado en la víctima «secuelas de daño psíquico, produciéndole un debilitamiento permanente de su salud».
Ésta no es la única causa judicial que enfrenta el expresidente argentino, quien también es investigado por irregularidades en la contratación de seguros para el Estado durante su mandato.
El Gobierno de China elevó este martes el grado de alerta por inundaciones del nivel IV al nivel III en la provincia nororiental de Jilin, luego de que fuertes lluvias provocaran graves inundaciones en la región.
Bajo el impacto del tifón Bavi, las persistentes lluvias torrenciales han afectado Jilin y provocado que el río Songhua, a su paso por la provincia, registre su primera crecida en lo que va del año. Además, el río Meihe, afluente del río Huifa, sufrió su mayor inundación desde el inicio de los registros hidrológicos.
Las previsiones indicaban que las fuertes lluvias continuarían durante el martes y se prolongarían este miércoles, con precipitaciones intensas o torrenciales en algunas zonas de las regiones central y oriental de la provincia.
Asimismo, es probable que todo el curso del río Huifa supere los niveles de alerta. Las autoridades mantienen la vigilancia ante los elevados riesgos de crecidas fluviales, torrentes de montaña, desastres geológicos, emergencias en embalses pequeños y medianos, así como anegamientos urbanos.
La situación del control de inundaciones continúa siendo grave y compleja.
La Oficina Estatal de Control de Inundaciones y Alivio de Sequía decidió elevar el nivel de respuesta de emergencia para Jilin a las 4:00 p.m. del martes, hora local. Un equipo de trabajo enviado previamente por la institución permanece en el terreno para orientar las operaciones de control de inundaciones y brindar apoyo ante posibles desastres.
China cuenta con un sistema de respuesta de emergencia de cuatro niveles, siendo el nivel I el de mayor gravedad.
Por otra parte, China asignó 30 millones de yuanes, equivalentes a unos 4.4 millones de dólares, del presupuesto central para apoyar los esfuerzos de recuperación de emergencia en la provincia de Liaoning, en el noreste del país, recientemente afectada por fuertes tormentas e inundaciones, informó la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR).
De acuerdo con la CNDR, los fondos serán utilizados para la reconstrucción de infraestructura dañada y la reanudación de la producción local.
El Ejército de Colombia liberó a 39 personas que habían sido secuestradas por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en una zona remota del noroeste del país, informaron las autoridades. Dos soldados murieron durante el operativo.
Los rebeldes capturaron a las 39 personas, entre ellas dos menores de edad, en una carretera ubicada en una zona rural de la región de Chocó, donde el ELN mantiene una fuerte presencia y se financia mediante el narcotráfico y la minería ilegal.
Los civiles se desplazaban en dos autobuses cuando fueron abordados por los guerrilleros, quienes mantienen un bloqueo en la vía que conecta el departamento de Chocó, ubicado sobre el océano Pacífico y fronterizo con Panamá, con la ciudad de Medellín.
Las autoridades anunciaron la liberación de los civiles durante la tarde, tras un operativo militar que dejó dos soldados fallecidos. Otros cinco efectivos resultaron heridos luego de que los rebeldes activaran una carga explosiva, explicó el Ejército.
El grupo de personas liberadas fue trasladado en helicóptero hacia una base militar ubicada en la capital del departamento.
Imágenes difundidas por medios colombianos y señaladas como correspondientes al lugar del secuestro mostraron intensos tiroteos.
Chocó es uno de los enclaves históricos del ELN. En esa zona, el grupo ejerce un fuerte control sobre la población mediante extorsiones y frecuentes retenciones de civiles y miembros de la fuerza pública.
La gobernación local pidió a los ciudadanos abstenerse de transitar por la vía afectada, donde el ELN y el Ejército mantienen combates.
De origen guevarista y alzado en armas desde 1964, el ELN no participó en el histórico acuerdo de paz que hace diez años desarmó al grueso de la guerrilla de las FARC.
Internacionales
OPS advierte sobre riesgos sanitarios tras terremotos que dejaron 4,734 fallecidos en Venezuela
A casi tres semanas de los devastadores terremotos que azotaron Venezuela el pasado 24 de junio, la respuesta sanitaria entró en una fase crítica de recuperación temprana, centrada en restablecer los servicios esenciales de salud, fortalecer las redes de referencia y prevenir emergencias secundarias de salud pública, informó la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
De acuerdo con un balance oficial divulgado por las autoridades venezolanas, los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 en la escala de Richter, que afectaron principalmente la región norte-centro del país, han dejado 4,734 personas fallecidas y 16,740 heridas.
Además, 17,907 personas se quedaron sin vivienda y 20,903 damnificados se han instalado en 107 campamentos temporales. Asimismo, 856 edificios resultaron afectados y 190 colapsaron.
En este contexto, la OPS señaló a través de un boletín que, si bien la atención médica de emergencia y las evaluaciones rápidas permitieron salvar vidas durante los primeros momentos posteriores al desastre, la prioridad se centra actualmente en restablecer los servicios de salud, rehabilitar los establecimientos afectados y garantizar la continuidad de la atención esencial conforme avance la recuperación.
«A medida que la respuesta entra en esta nueva etapa, la OPS continúa apoyando al Ministerio del Poder Popular para la Salud mediante cooperación técnica y la coordinación del Clúster de Salud, que reúne a 110 organizaciones involucradas en la respuesta sanitaria y es codirigido por la OPS y el Comité Internacional de Rescate (IRC)», indicó la entidad panamericana.
Según la OPS, el Análisis de la Situación de Salud Pública identifica los principales riesgos sanitarios previstos para los próximos tres meses y orienta las prioridades en materia de vigilancia epidemiológica, vacunación e intervenciones relacionadas con agua, saneamiento e higiene.
La organización advirtió que el desplazamiento de personas, el hacinamiento y las interrupciones de los servicios esenciales incrementan el riesgo de enfermedades diarreicas y respiratorias, enfermedades transmitidas por vectores y padecimientos prevenibles mediante vacunación.
Estas condiciones también podrían agravar la desnutrición, las complicaciones relacionadas con la salud materna y las necesidades de atención en salud mental.
«A medida que la respuesta deja atrás la fase de emergencia inmediata, mantener el acceso a los servicios esenciales de salud seguirá siendo fundamental para proteger la salud de las comunidades afectadas», consideró la OPS.
La entidad regional subrayó que trabajará junto con el Ministerio del Poder Popular para la Salud y sus socios para fortalecer las capacidades nacionales y apoyar una recuperación que no solo permita restablecer los servicios sanitarios, sino también fortalecer la resiliencia del sistema de salud de cara al futuro.
