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Expresidente de Argentina comparecerá ante juez por presunta violencia contra exesposa
El juez argentino que llamó a declarar al expresidente Alberto Fernández en un caso de violencia contra la ex primera dama consideró que había «elementos de convicción suficientes» para avanzar en el proceso y, en su citación judicial, recogió detalles de la acusación que apuntan a violencia física y psicológica durante ocho años, incluso mientras la víctima estuvo embarazada en 2021.
Según el documento al que accedió AP, dado a conocer el jueves, el exmandatario de Argentina (2019-2023) tendrá que comparecer ante el juez el próximo 11 de diciembre. La citación recoge que Fernández habría ejercido violencia física y psicológica sobre la ex primera dama Fabiola Yáñez mediante agarrones del cuello, zamarreos, bofetadas a mano abierta y golpes, de acuerdo con la investigación judicial.
El político, que enfrenta posibles cargos por violencia de género y coacción, habría además condicionado económicamente a la mujer tras la separación de la pareja este año mientras residían en Madrid.
Fernández ejerció «con habitualidad y de modo continuo, violencia psicológica contra Yáñez, bajo las formas de acoso, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad», recoge el oficio judicial.
La violencia física, según la acusación en el caso, habría «continuado y escalado» cuando Yáñez quedó embarazada a mediados de 2021, con «agarrones del cuello, zamarreos, bofetadas a mano abierta y golpes que provocaron lesiones en el cuerpo de la nombrada» durante la convivencia de la pareja en la residencia presidencial de Olivos.
Investigación en marcha
La información se desprende de la investigación liderada por el fiscal federal Ramiro González. El exmandatario deberá declarar ante el juez federal Julián Ercolini.
Al exmandatario le podrían caer hasta 18 años de prisión en caso de ser hallado culpable de los delitos de los que se le acusan, entre ellos «lesiones graves» que están «agravadas» por haberse cometido contra su entonces pareja y amenazas coactivas para que Yánez no denunciara los hechos.
El documento judicial menciona además que la violencia se sustentó en una «relación asimétrica de poder» y que se extendió por lo menos desde el año 2016 hasta el 6 de agosto del 2024.
Fernández, un peronista de 65 años que dejó el poder en diciembre de 2023, todavía no se pronunció sobre la citación judicial, pero previamente ha negado públicamente los hechos denunciados por Yáñez, de 43 años.
El expresidente puede negarse a declarar y, en su lugar, presentar un escrito.
Con los argumentos y la documentación de respaldo presentada por la fiscalía, el juez consideró «que existen elementos de convicción suficiente como para avanzar con la sujeción al proceso y convocar a Alberto Ángel Fernández a prestar declaración indagatoria», dispuso en su oficio.
Múltiples testigos han declarado
Varias personas han testificado en el marco de la causa, aportadas por las dos partes, entre ellas la madre de Yáñez, médicos y niñeras. Fueron analizadas llamadas telefónicas entre el entonces presidente y su pareja e informes psiquiátricos realizados a la denunciante.
Luego de dejar el poder en diciembre de 2023, Fernández, Yáñez y el pequeño hijo de ambos, Francisco, se radicaron en Madrid, España, y al poco tiempo la pareja se separó. Según la pesquisa judicial, el dirigente político habría condicionado a la denunciante económicamente «para manipular y continuar ejerciendo poder y control sobre aquella».
De acuerdo con lo recogido en la citación judicial, los ocho años de agresiones psicológicas y físicas a Yañez, «en forma continua y habitual en el marco de su relación de pareja», habrían dejado en la víctima «secuelas de daño psíquico, produciéndole un debilitamiento permanente de su salud».
Ésta no es la única causa judicial que enfrenta el expresidente argentino, quien también es investigado por irregularidades en la contratación de seguros para el Estado durante su mandato.
«Con más de 1,3 millones de muestras que representan miles de variedades de plantas cultivables, esenciales para la seguridad alimentaria de la humanidad, el jurado ha valorado la cooperación silenciosa de esta infraestructura crítica y estratégica como legado para las generaciones futuras», indicó el fallo.
La iniciativa noruega, inaugurada en 2008, fue creada «para salvaguardar la diversidad de cultivos en caso de pérdidas debidas a desastres naturales, conflictos humanos u otras circunstancias», resaltó el fallo leído por el presidente del jurado, el jurista y exministro de Defensa español Gustavo Suárez Pertierra.
Los Premios Princesa de Asturias, instituidos en 1981 y considerados los más prestigiosos del mundo iberoamericano, están dotados con 50.000 euros (58.000 dólares) y una escultura creada por el fallecido artista catalán Joan Miró.
El banco subterráneo de semillas, situado en la isla de Spitsbergen del archipiélago de Svalbard, en el corazón del Ártico a unos 1.300 km del Polo Norte, fue seleccionada entre 32 candidaturas de 17 nacionalidades que optaban al galardón este año.
El Gobierno de Noruega es el responsable de la bóveda, junto a una organización internacional sin ánimo de lucro en la que participan varios países, «dedicada a conservar la diversidad de cultivos y hacer que esté disponible siempre para su uso en todo el mundo», explicó la Fundación Princesa de Asturias en un comunicado.
La colección ya mostró su utilidad, como cuando en 2015 los investigadores pudieron recuperar en Svalbard las semillas desaparecidas de la ciudad de Alepo, devastada por la guerra en Siria.
Asimismo, en 2025 la bóveda recibió 2.000 muestras de semillas del Banco Nacional de Germoplasma de Sudán, atacado durante la guerra civil en ese país.
Cuarto premio de 2026
El de Cooperación Internacional es el cuarto de los galardones concedidos en esta edición de los premios anuales que, a un ritmo de uno por semana, otorga la Fundación Princesa de Asturias, que toma el nombre de la heredera al trono de la Corona española.
El año pasado este premio recayó en Mario Draghi, ex primer ministro italiano y «salvador del euro» cuando era gobernador del Banco Central Europeo (BCE).
Entre los anteriores galardonados están Wikipedia, la Cruz Roja y la Media Luna Roja, la Fundación Bill y Melinda Gates, la Estación Espacial Internacional y la Organización Mundial de la Salud.
Este año, se anunció el Princesa de Asturias de las Artes, que recayó en la cantante estadounidense Patti Smith, y el de Comunicación y Humanidades, que distinguió a la célebre factoría de animación japonesa Studio Ghibli, cofundada por Hayao Miyazaki.
La semana pasada se falló el de Investigación Científica, que condecoró a los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y al biofísico francés Pascal Mayer por su trabajo en la secuenciación rápida de genomas.
Los galardones serán entregados por la Princesa de Asturias, Leonor, y los reyes Felipe VI y Letizia en octubre en una ceremonia en Oviedo, capital de Asturias, en el norte de España.
Una nueva tragedia violenta ha ocurrido en Honduras luego de que medios locales informaran sobre una masacre registrada en una finca de palma ubicada en el municipio de Trujillo, departamento de Colón.
De acuerdo con reportes preliminares, el ataque dejó más de 10 personas fallecidas y varias heridas, generando alarma entre los habitantes de la zona.
Según medios hondureños, hombres armados habrían llegado hasta la finca y abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraba en el lugar.
El motivo del hecho todavía está bajo investigación por parte de las autoridades.
Elementos policiales y equipos forenses se desplazaron hasta la escena para realizar el levantamiento de los cuerpos e iniciar las investigaciones correspondientes.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente el móvil del ataque ni la identidad de todas las víctimas.
Medios locales señalaron que este hecho se suma a otros de violencia registrados recientemente en distintas regiones del país.
Estados Unidos inculpó este miércoles al expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas en 1996, la primera vez que un alto cargo del régimen comunista es acusado ante la justicia de su país vecino y enemigo.
Castro está acusado de asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronave, por la muerte de cuatro personas.
Estos cargos suponen una nueva vuelta de tuerca en la gran presión que ejerce Washington sobre la isla comunista, sometida a un embargo desde 1962 y ahora devastada por una gravísima crisis económica.
Raúl Castro, de 94 años en la actualidad, era en 1996 ministro de Defensa.
«Se trata de una acción política, sin ningún basamento jurídico, que solo busca engrosar el expediente que fabrican para justificar el desatino de una agresión militar a Cuba», escribió en X el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.
Estados Unidos «no olvida a sus ciudadanos», proclamó el fiscal general, Todd Blanche. Washington espera que Castro acabe entre rejas, añadió.
El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, había ofrecido horas antes una «nueva relación» entre su país y Cuba, que «tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano», sostuvo.
«La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos, es porque quienes controlan su país, han saqueado miles de millones de dólares, pero nada ha sido utilizado para ayudar al pueblo», esgrimió Rubio.
EE. UU. ofrece $100 millones en alimentos y medicinas que deben ser distribuidos directamente a los cubanos por la Iglesia Católica u otra entidad apolítica.
