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Expresidente de Argentina comparecerá ante juez por presunta violencia contra exesposa
El juez argentino que llamó a declarar al expresidente Alberto Fernández en un caso de violencia contra la ex primera dama consideró que había «elementos de convicción suficientes» para avanzar en el proceso y, en su citación judicial, recogió detalles de la acusación que apuntan a violencia física y psicológica durante ocho años, incluso mientras la víctima estuvo embarazada en 2021.
Según el documento al que accedió AP, dado a conocer el jueves, el exmandatario de Argentina (2019-2023) tendrá que comparecer ante el juez el próximo 11 de diciembre. La citación recoge que Fernández habría ejercido violencia física y psicológica sobre la ex primera dama Fabiola Yáñez mediante agarrones del cuello, zamarreos, bofetadas a mano abierta y golpes, de acuerdo con la investigación judicial.
El político, que enfrenta posibles cargos por violencia de género y coacción, habría además condicionado económicamente a la mujer tras la separación de la pareja este año mientras residían en Madrid.
Fernández ejerció «con habitualidad y de modo continuo, violencia psicológica contra Yáñez, bajo las formas de acoso, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad», recoge el oficio judicial.
La violencia física, según la acusación en el caso, habría «continuado y escalado» cuando Yáñez quedó embarazada a mediados de 2021, con «agarrones del cuello, zamarreos, bofetadas a mano abierta y golpes que provocaron lesiones en el cuerpo de la nombrada» durante la convivencia de la pareja en la residencia presidencial de Olivos.
Investigación en marcha
La información se desprende de la investigación liderada por el fiscal federal Ramiro González. El exmandatario deberá declarar ante el juez federal Julián Ercolini.
Al exmandatario le podrían caer hasta 18 años de prisión en caso de ser hallado culpable de los delitos de los que se le acusan, entre ellos «lesiones graves» que están «agravadas» por haberse cometido contra su entonces pareja y amenazas coactivas para que Yánez no denunciara los hechos.
El documento judicial menciona además que la violencia se sustentó en una «relación asimétrica de poder» y que se extendió por lo menos desde el año 2016 hasta el 6 de agosto del 2024.
Fernández, un peronista de 65 años que dejó el poder en diciembre de 2023, todavía no se pronunció sobre la citación judicial, pero previamente ha negado públicamente los hechos denunciados por Yáñez, de 43 años.
El expresidente puede negarse a declarar y, en su lugar, presentar un escrito.
Con los argumentos y la documentación de respaldo presentada por la fiscalía, el juez consideró «que existen elementos de convicción suficiente como para avanzar con la sujeción al proceso y convocar a Alberto Ángel Fernández a prestar declaración indagatoria», dispuso en su oficio.
Múltiples testigos han declarado
Varias personas han testificado en el marco de la causa, aportadas por las dos partes, entre ellas la madre de Yáñez, médicos y niñeras. Fueron analizadas llamadas telefónicas entre el entonces presidente y su pareja e informes psiquiátricos realizados a la denunciante.
Luego de dejar el poder en diciembre de 2023, Fernández, Yáñez y el pequeño hijo de ambos, Francisco, se radicaron en Madrid, España, y al poco tiempo la pareja se separó. Según la pesquisa judicial, el dirigente político habría condicionado a la denunciante económicamente «para manipular y continuar ejerciendo poder y control sobre aquella».
De acuerdo con lo recogido en la citación judicial, los ocho años de agresiones psicológicas y físicas a Yañez, «en forma continua y habitual en el marco de su relación de pareja», habrían dejado en la víctima «secuelas de daño psíquico, produciéndole un debilitamiento permanente de su salud».
Ésta no es la única causa judicial que enfrenta el expresidente argentino, quien también es investigado por irregularidades en la contratación de seguros para el Estado durante su mandato.
Irán acusó a Estados Unidos de haber violado el frágil alto al fuego este martes, después de que los bombardeos nocturnos de Washington contra instalaciones iraníes de lanzamiento de misiles y embarcaciones pusieran en peligro los esfuerzos para poner fin a la guerra.
El alto el fuego acordado el 8 de abril entre Estados Unidos e Irán fue seguido de semanas de estancamiento y amenazas, hasta que en los últimos días ambas partes informaron de avances en las conversaciones.
Sin embargo, las esperanzas de paz se truncaron con el anuncio de Israel el lunes de que intensificará su ofensiva en Líbano y el ataque estadounidense a Irán.
Según el Mando Central de Estados Unidos (Centcom), el ataque del martes tuvo como objetivo instalaciones de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que intentaban colocar minas.
Pese a los ataques, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró durante una visita oficial a India que el acuerdo sigue siendo posible y evocó negociaciones «sobre el lenguaje específico en el documento, así que tomará unos días».
Según la agencia marítima británica UKMTO, una «explosión externa» dañó un petrolero frente a las costas de Omán, pero tanto la tripulación como el buque están a salvo.
Medios estatales iraníes reportaron explosiones nocturnas en Bandar Abás, una ciudad costera del sur cercana al estrecho de Ormuz, y los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron que sus fuerzas habían derribado un dron estadounidense que penetró en su espacio aéreo, y también que dispararon contra un avión de combate F-35.
«El ejército terrorista estadounidense, que continúa con sus acciones ilegales e injustificadas desde el alto el fuego […] ha cometido en las últimas 48 horas una grave violación del alto el fuego en la provincia de Hormozgan», afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní en un comunicado.
La Cancillería agregó que Irán «no dejará sin respuesta ningún acto hostil y no dudará en defenderse», sin dar más detalles.
Los precios del petróleo retomaron su tendencia alcista el martes, tras ataques estadounidenses en Irán y amenazas de Teherán que empañan los aparentes avances hacia un alto al fuego duradero en Oriente Medio.
Los precios del oro negro siguen siendo inferiores a los de finales de la semana pasada, pero las pérdidas del lunes se recortaron notablemente.
El barril de Brent del mar del Norte, para entrega en julio, rozó los $100 ($99.58, +3.58 % con respecto al cierre de la víspera).
Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, terminó en $93.89. Esto supone una baja frente al último cierre oficial del viernes, pero un alza con relación a las transacciones del lunes, feriado en EE. UU.
«El mercado asimila la idea de un acuerdo que está en negociación, en un contexto en el que la oferta se ha visto gravemente comprometida» en los últimos meses, aseguró Mark Malek, de Siebert Financial.
«Es poco probable que los precios bajen de los $95 el barril (en el caso del Brent) mientras las dos partes no lleguen a un acuerdo, debido a la inseguridad que reina en el estrecho» de Ormuz, anticipó Gregory Brew, de Eurasia Group.
Este paso crucial para las exportaciones de hidrocarburos del Golfo sigue prácticamente bloqueado.
En caso de reapertura, «los flujos deberían recuperar entre el 30 % y el 50 % de su volumen anterior a la guerra en el plazo de un mes», estimó Brew
Desde el devastador ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, Israel ha atacado sistemáticamente a los dirigentes del grupo, tanto en Gaza como en toda la región.
Odeh es el cuarto jefe de las Brigadas Ezedine al Qassam que Israel afirma haber eliminado desde el inicio de la guerra en Gaza.
En un comunicado conjunto, el ejército israelí y la agencia de seguridad interior Shin Bet anunciaron la muerte de Mohamed Odeh, señalando que había sido nombrado jefe de las brigadas tras el asesinato de Ezedine al Hadad el 15 de mayo.
El ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó que «el comandante del brazo armado de la organización terrorista Hamás en Gaza fue eliminado ayer [martes] y enviado a reunirse con sus compañeros en las profundidades del infierno».
Contactada por la AFP, una fuente de Hamás afirmó que la esposa de Odeh y sus dos hijos también murieron en el bombardeo aéreo, y que el cortejo fúnebre se realizaría el miércoles en Ciudad de Gaza.
El grupo nunca anunció ni confirmó oficialmente a Odeh como jefe de las brigadas, pero desde hacía mucho tiempo estaba al frente de su servicio de inteligencia y era una de las figuras de mayor rango del grupo que seguían con vida en la Franja de Gaza.
El martes en la noche, una fuente de seguridad en Gaza declaró a la AFP que hubo un intenso bombardeo israelí en el oeste de Ciudad de Gaza.
«Marcados para morir»
«Nos comprometimos a eliminar a todos los que lideraron la masacre del 7 de octubre, y eso es lo que haremos: todos están marcados para morir, dondequiera que se encuentren», añadió Katz en la red social X, en referencia a los ataques de Hamás de 2023 que desataron la guerra en Gaza.
El ministro de Defensa reiteró el objetivo de Israel de poner fin al gobierno de Hamás sobre el territorio palestino, y aludió a un plan para el desplazamiento de sus residentes.
«El plan para la migración voluntaria desde Gaza también se implementará: todo se hará en el momento adecuado y de la manera adecuada», dijo.
El desplazamiento de los gazatíes fue un proyecto respaldado inicialmente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y luego la descartó.
En febrero, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció planes «destinados a provocar un cambio demográfico permanente en Gaza».
Agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala, a través de la Oficina Central Nacional de Interpol, capturaron a Gladis Jeanette Castro García, de 40 años, quien se desempeñaba como vicecónsul de Guatemala en Los Ángeles.
La detención fue ejecutada el pasado 23 de mayo en instalaciones de la Fuerza Aérea Guatemalteca, en la zona 13 de Ciudad de Guatemala, luego de que la funcionaria arribara al país en un vuelo de retornados procedente de Estados Unidos.
Según las autoridades, Castro García tenía vigente una orden de captura emitida el 25 de septiembre de 2024 por el delito de parricidio. La investigación del Ministerio Público de Guatemala la vincula con la muerte de su hijo menor de edad, ocurrida en 2021.
Tras su arresto, la funcionaria fue trasladada bajo custodia hacia la Torre de Tribunales para comparecer ante el juzgado competente y enfrentar el proceso judicial correspondiente.
De acuerdo con la fiscalía, existen elementos de investigación, peritajes y otros indicios que sustentan la sospecha de una posible participación en los hechos investigados. Asimismo, las autoridades señalaron que la alerta internacional fue activada para evitar una eventual evasión de la justicia mientras la acusada permanecía fuera del país.
Por su parte, la defensa de Castro García sostiene que la funcionaria mantiene intacto su derecho a la presunción de inocencia y asegura que colaborará con las autoridades judiciales durante el proceso. Sus abogados han manifestado que presentarán pruebas y argumentos legales para solicitar que se desestimen los señalamientos en su contra.
El caso continúa en etapa judicial y será un tribunal el encargado de determinar responsabilidades conforme avance el proceso penal.
