Internacionales
Expresidente de Argentina comparecerá ante juez por presunta violencia contra exesposa
El juez argentino que llamó a declarar al expresidente Alberto Fernández en un caso de violencia contra la ex primera dama consideró que había «elementos de convicción suficientes» para avanzar en el proceso y, en su citación judicial, recogió detalles de la acusación que apuntan a violencia física y psicológica durante ocho años, incluso mientras la víctima estuvo embarazada en 2021.
Según el documento al que accedió AP, dado a conocer el jueves, el exmandatario de Argentina (2019-2023) tendrá que comparecer ante el juez el próximo 11 de diciembre. La citación recoge que Fernández habría ejercido violencia física y psicológica sobre la ex primera dama Fabiola Yáñez mediante agarrones del cuello, zamarreos, bofetadas a mano abierta y golpes, de acuerdo con la investigación judicial.
El político, que enfrenta posibles cargos por violencia de género y coacción, habría además condicionado económicamente a la mujer tras la separación de la pareja este año mientras residían en Madrid.
Fernández ejerció «con habitualidad y de modo continuo, violencia psicológica contra Yáñez, bajo las formas de acoso, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad», recoge el oficio judicial.
La violencia física, según la acusación en el caso, habría «continuado y escalado» cuando Yáñez quedó embarazada a mediados de 2021, con «agarrones del cuello, zamarreos, bofetadas a mano abierta y golpes que provocaron lesiones en el cuerpo de la nombrada» durante la convivencia de la pareja en la residencia presidencial de Olivos.
Investigación en marcha
La información se desprende de la investigación liderada por el fiscal federal Ramiro González. El exmandatario deberá declarar ante el juez federal Julián Ercolini.
Al exmandatario le podrían caer hasta 18 años de prisión en caso de ser hallado culpable de los delitos de los que se le acusan, entre ellos «lesiones graves» que están «agravadas» por haberse cometido contra su entonces pareja y amenazas coactivas para que Yánez no denunciara los hechos.
El documento judicial menciona además que la violencia se sustentó en una «relación asimétrica de poder» y que se extendió por lo menos desde el año 2016 hasta el 6 de agosto del 2024.
Fernández, un peronista de 65 años que dejó el poder en diciembre de 2023, todavía no se pronunció sobre la citación judicial, pero previamente ha negado públicamente los hechos denunciados por Yáñez, de 43 años.
El expresidente puede negarse a declarar y, en su lugar, presentar un escrito.
Con los argumentos y la documentación de respaldo presentada por la fiscalía, el juez consideró «que existen elementos de convicción suficiente como para avanzar con la sujeción al proceso y convocar a Alberto Ángel Fernández a prestar declaración indagatoria», dispuso en su oficio.
Múltiples testigos han declarado
Varias personas han testificado en el marco de la causa, aportadas por las dos partes, entre ellas la madre de Yáñez, médicos y niñeras. Fueron analizadas llamadas telefónicas entre el entonces presidente y su pareja e informes psiquiátricos realizados a la denunciante.
Luego de dejar el poder en diciembre de 2023, Fernández, Yáñez y el pequeño hijo de ambos, Francisco, se radicaron en Madrid, España, y al poco tiempo la pareja se separó. Según la pesquisa judicial, el dirigente político habría condicionado a la denunciante económicamente «para manipular y continuar ejerciendo poder y control sobre aquella».
De acuerdo con lo recogido en la citación judicial, los ocho años de agresiones psicológicas y físicas a Yañez, «en forma continua y habitual en el marco de su relación de pareja», habrían dejado en la víctima «secuelas de daño psíquico, produciéndole un debilitamiento permanente de su salud».
Ésta no es la única causa judicial que enfrenta el expresidente argentino, quien también es investigado por irregularidades en la contratación de seguros para el Estado durante su mandato.
Disponible en Google Play y en la App Store de Apple, la aplicación «Public Safety by Everbridge» requiere una dirección de correo electrónico para registrarse.
La palabra clave «World Cup NJ» permite suscribirse a alertas específicas, enviadas directamente en el idioma del teléfono.
«Es la forma más rápida para nosotros de llegar a los aficionados, a los visitantes, tanto internacionales como nacionales», explica David Sierotowicz, encargado de coordinar las fuerzas de seguridad de Nueva Jersey, donde se encuentra el estadio, y de la vecina Nueva York.
Varias otras ciudades estadounidenses sede del Mundial, que se inician en dos semanas, el 11 de junio, también recurren a esta aplicación.
Con ocho partidos en el MetLife Stadium, incluida la final, el 19 de julio, y más de un millón de visitantes esperados, la región se enfrenta a un desafío «sin precedentes», reconoce el teniente coronel de la Policía Estatal de Nueva Jersey, David Sierotowicz.
Al evento futbolístico se suman las celebraciones por los 250 años de independencia de Estados Unidos el fin de semana del 4 de julio.
«No tenemos margen de error y no vamos a cometer errores», aseguró el jueves Sierotowicz durante una visita al centro de coordinación de las fuerzas de seguridad, situado en Nueva Jersey.
Entre las principales preocupaciones destacaron la gestión de las multitudes y de los desplazamientos —los organizadores dan prioridad al transporte público—, los ataques con drones y la trata de personas, objeto de una importante campaña de sensibilización.
«Ninguna amenaza creíble» pesa, en cambio, «al día de hoy», sobre la región y el Mundial por la guerra en Oriente Medio, según él.
El secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, Markwayne Mullin, ha indicado en redes sociales que la policía de inmigración (ICE) estará implicada en operaciones contra la falsificación o la trata de personas.
Pero Sierotowicz precisó que sus agentes no estarán «específicamente» en el MetLife Stadium.
En Nueva York, en particular, los agentes policiales locales (NYPD) estarán «muy presentes sobre el terreno», informó el coordinador del departamento de policía de la ciudad, Robert Gault.
Internacionales
La Casa Blanca califica de «total invención» un proyecto de acuerdo anunciado en TV iraní
La Casa Blanca arremetió el miércoles contra un supuesto proyecto de acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio anunciado por la televisión estatal iraní, calificándolo de «total invención».
El informe iraní citaba un borrador de memorando de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) que, según afirmaba, incluía un compromiso de Estados Unidos de levantar el bloqueo naval contra Irán y retirar sus fuerzas de la región del Golfo.
«Este informe de medios controlados por Irán no es cierto y el MOU que ‘difundieron’ es una total invención. Nadie debería creer lo que está publicando la prensa estatal iraní. LOS HECHOS IMPORTAN», dijo la Casa Blanca a través de la red X.
Poco probable la reanudación de la guerra
Irán también estimó este miércoles poco probable la reanudación de las hostilidades con Estados Unidos, pese a los últimos ataques estadounidenses y mientras continúan los esfuerzos diplomáticos por poner fin a la contienda.
«La posibilidad de guerra es baja debido a la debilidad del enemigo; las fuerzas armadas están al acecho con los cargadores llenos», dijo Mohamad Akbarzadeh, subjefe político de la Marina del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, citado por la agencia de noticias Tasnim.
«No duden de que convertiremos la zona desde Chabahar hasta Mahshahr en un cementerio para los agresores», dijo, citando lugares en cada extremo de la extensa costa sur de Irán.
La declaración fue pronunciada un día después de que Irán acusara a Estados Unidos de violar el alto el fuego vigente desde abril y advirtiera que estaba listo para represalias tras los ataques más graves desde la entrada en vigor de la tregua.
La gobernadora del estado mexicano de Chihuahua (norte), la opositora María Eugenia Campos, denunció este miércoles una persecución por parte del oficialismo por el caso de agentes de la CIA que estuvieron en un operativo antidrogas en su jurisdicción.
La política del conservador Partido Acción Nacional (PAN) acudió a la sede de la fiscalía general mexicana en la capital para declarar sobre este suceso, que se conoció después de que dos agentes del servicio de inteligencia estadounidense murieran en un accidente de tránsito el 19 de abril pasado en Chihuahua.
La presidenta del país, Claudia Sheinbaum, recuerda que la lucha antidrogas compete exclusivamente al gobierno federal y que los agentes de la CIA no habían notificado su presencia como corresponde según los acuerdos de colaboración con Estados Unidos.
Campos dijo que, como opositora, «la persiguen con todo el peso del aparato del Estado», mientras que a políticos del oficialismo acusados por Estados Unidos de nexos con el crimen «les dan impunidad absoluta».
La justicia estadounidense pidió a finales de abril pasado la captura con fines de extradición de diez políticos del oficialismo, entre ellos Rubén Rocha Moya, gobernador del estado de Sinaloa, a quienes acusa de estar vinculados con la banda criminal de Joaquín «El Chapo» Guzmán.
