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Expresidente de Argentina comparecerá ante juez por presunta violencia contra exesposa
El juez argentino que llamó a declarar al expresidente Alberto Fernández en un caso de violencia contra la ex primera dama consideró que había «elementos de convicción suficientes» para avanzar en el proceso y, en su citación judicial, recogió detalles de la acusación que apuntan a violencia física y psicológica durante ocho años, incluso mientras la víctima estuvo embarazada en 2021.
Según el documento al que accedió AP, dado a conocer el jueves, el exmandatario de Argentina (2019-2023) tendrá que comparecer ante el juez el próximo 11 de diciembre. La citación recoge que Fernández habría ejercido violencia física y psicológica sobre la ex primera dama Fabiola Yáñez mediante agarrones del cuello, zamarreos, bofetadas a mano abierta y golpes, de acuerdo con la investigación judicial.
El político, que enfrenta posibles cargos por violencia de género y coacción, habría además condicionado económicamente a la mujer tras la separación de la pareja este año mientras residían en Madrid.
Fernández ejerció «con habitualidad y de modo continuo, violencia psicológica contra Yáñez, bajo las formas de acoso, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad», recoge el oficio judicial.
La violencia física, según la acusación en el caso, habría «continuado y escalado» cuando Yáñez quedó embarazada a mediados de 2021, con «agarrones del cuello, zamarreos, bofetadas a mano abierta y golpes que provocaron lesiones en el cuerpo de la nombrada» durante la convivencia de la pareja en la residencia presidencial de Olivos.
Investigación en marcha
La información se desprende de la investigación liderada por el fiscal federal Ramiro González. El exmandatario deberá declarar ante el juez federal Julián Ercolini.
Al exmandatario le podrían caer hasta 18 años de prisión en caso de ser hallado culpable de los delitos de los que se le acusan, entre ellos «lesiones graves» que están «agravadas» por haberse cometido contra su entonces pareja y amenazas coactivas para que Yánez no denunciara los hechos.
El documento judicial menciona además que la violencia se sustentó en una «relación asimétrica de poder» y que se extendió por lo menos desde el año 2016 hasta el 6 de agosto del 2024.
Fernández, un peronista de 65 años que dejó el poder en diciembre de 2023, todavía no se pronunció sobre la citación judicial, pero previamente ha negado públicamente los hechos denunciados por Yáñez, de 43 años.
El expresidente puede negarse a declarar y, en su lugar, presentar un escrito.
Con los argumentos y la documentación de respaldo presentada por la fiscalía, el juez consideró «que existen elementos de convicción suficiente como para avanzar con la sujeción al proceso y convocar a Alberto Ángel Fernández a prestar declaración indagatoria», dispuso en su oficio.
Múltiples testigos han declarado
Varias personas han testificado en el marco de la causa, aportadas por las dos partes, entre ellas la madre de Yáñez, médicos y niñeras. Fueron analizadas llamadas telefónicas entre el entonces presidente y su pareja e informes psiquiátricos realizados a la denunciante.
Luego de dejar el poder en diciembre de 2023, Fernández, Yáñez y el pequeño hijo de ambos, Francisco, se radicaron en Madrid, España, y al poco tiempo la pareja se separó. Según la pesquisa judicial, el dirigente político habría condicionado a la denunciante económicamente «para manipular y continuar ejerciendo poder y control sobre aquella».
De acuerdo con lo recogido en la citación judicial, los ocho años de agresiones psicológicas y físicas a Yañez, «en forma continua y habitual en el marco de su relación de pareja», habrían dejado en la víctima «secuelas de daño psíquico, produciéndole un debilitamiento permanente de su salud».
Ésta no es la única causa judicial que enfrenta el expresidente argentino, quien también es investigado por irregularidades en la contratación de seguros para el Estado durante su mandato.
El número de víctimas mortales del terremoto de magnitud 7.8 que sacudió el sur de Filipinas aumentó a 46, luego de que los equipos de rescate recuperaran este miércoles el cuerpo de una persona que permanecía atrapada entre los escombros de un supermercado derrumbado.
El sismo, registrado el lunes frente a la costa de la isla de Mindanao, provocó el colapso de estructuras, deslizamientos de tierra y la activación de alertas de tsunami en distintas zonas afectadas.
La víctima fue identificada como Joey Deluvio, de 39 años, uno de los dos empleados de un supermercado en la ciudad de General Santos donde se concentraron las labores de búsqueda y rescate. Según informó la rescatista Michelle Chua, los equipos detectaron inicialmente un pulso débil durante la operación; sin embargo, al llegar hasta el lugar donde se encontraba la persona ya no presentaba signos vitales.
De acuerdo con Chua, el cuerpo fue localizado atrapado entre dos vigas de la estructura colapsada.
La agencia nacional de desastres elevó este miércoles el balance oficial de fallecidos de 41 a 45 y aumentó el número de desaparecidos de cuatro a 17. No obstante, ese informe aún no incluía a Deluvio, según confirmó la oficina de defensa civil.
El funcionario de defensa civil Rafaelito Alejandro indicó que la mayoría de las nuevas víctimas mortales se registraron en la provincia de Davao Occidental, donde fallecieron a causa de deslizamientos de tierra y derrumbes de edificios.
El cofundador de Bill Gates negó este miércoles haber tenido conocimiento de conductas delictivas cometidas por Jeffrey Epstein y aseguró no haber victimizado a ninguna persona, durante su comparecencia ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
El nombre del empresario aparece en documentos divulgados por el Departamento de Justicia relacionados con Epstein, los cuales incluyen referencias a amistades, operaciones financieras y fotografías con diversas personalidades públicas.
En un testimonio preparado para una audiencia a puerta cerrada y publicado en su sitio web personal, Gates afirmó que nunca presenció ni tuvo indicios de actividades delictivas en curso por parte de Epstein. También aseguró que nunca visitó la isla, la hacienda o la residencia de Epstein en Florida.
Gates expresó además que espera que su declaración contribuya al trabajo del comité para lograr justicia para las víctimas. La comparecencia se produjo después de que la divulgación de documentos por parte del Departamento de Justicia generara nuevas interrogantes sobre los contactos entre ambos.
Un portavoz del empresario indicó a la AFP que Gates consideraba importante comparecer ante el Congreso y reiteró que nunca participó ni fue testigo de actividades ilegales relacionadas con Epstein.
Entre los archivos difundidos figura un borrador de correo electrónico atribuido a Epstein en 2013, en el que hacía referencias a la vida privada de Gates. En febrero, el cofundador de Microsoft manifestó ante miembros de la junta de su fundación que sus vínculos con Epstein habían sido un “enorme error”, aunque negó cualquier relación con víctimas del financiero.
Epstein fue hallado muerto en una celda de prisión en 2019 mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual que involucraban a menores de edad. Previamente, en 2008, había sido condenado por solicitar servicios de prostitución a una menor.
La Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) aprobó este miércoles en Viena una resolución que exige a Irán proporcionar información sobre sus reservas de uranio y sus instalaciones de producción nuclear.
La resolución, promovida por Reino Unido, Francia, Alemania y Estados Unidos, considera «esencial y urgente» que Irán entregue sin demora información completa sobre los inventarios de material nuclear y los detalles de diseño de sus instalaciones. Asimismo, solicita que permita al organismo internacional el acceso necesario para verificar dichos datos.
El texto fue aprobado con 21 votos a favor, tres en contra y diez abstenciones, mientras que uno de los 35 miembros del consejo no participó en la votación.
Según estimaciones del OIEA, Irán posee 440 kilogramos de uranio enriquecido al 60 %, aunque los inspectores del organismo no han tenido acceso al material desde el 10 de junio del año pasado. Tras los ataques lanzados por Israel contra instalaciones nucleares iraníes en ese periodo, la república islámica suspendió su cooperación con la agencia de supervisión nuclear.
Los países occidentales sostienen que el acceso a la información y a las instalaciones es clave para determinar si el uranio ha sido desviado de sus fines declarados.
Por su parte, el representante permanente de Irán ante la ONU en Viena, Reza Najafi, calificó la resolución como «contraproducente» y afirmó que podría complicar la situación actual, así como las negociaciones entre Irán y Estados Unidos relacionadas con el conflicto en Oriente Medio.
