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Expresidente de Argentina comparecerá ante juez por presunta violencia contra exesposa
El juez argentino que llamó a declarar al expresidente Alberto Fernández en un caso de violencia contra la ex primera dama consideró que había «elementos de convicción suficientes» para avanzar en el proceso y, en su citación judicial, recogió detalles de la acusación que apuntan a violencia física y psicológica durante ocho años, incluso mientras la víctima estuvo embarazada en 2021.
Según el documento al que accedió AP, dado a conocer el jueves, el exmandatario de Argentina (2019-2023) tendrá que comparecer ante el juez el próximo 11 de diciembre. La citación recoge que Fernández habría ejercido violencia física y psicológica sobre la ex primera dama Fabiola Yáñez mediante agarrones del cuello, zamarreos, bofetadas a mano abierta y golpes, de acuerdo con la investigación judicial.
El político, que enfrenta posibles cargos por violencia de género y coacción, habría además condicionado económicamente a la mujer tras la separación de la pareja este año mientras residían en Madrid.
Fernández ejerció «con habitualidad y de modo continuo, violencia psicológica contra Yáñez, bajo las formas de acoso, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad», recoge el oficio judicial.
La violencia física, según la acusación en el caso, habría «continuado y escalado» cuando Yáñez quedó embarazada a mediados de 2021, con «agarrones del cuello, zamarreos, bofetadas a mano abierta y golpes que provocaron lesiones en el cuerpo de la nombrada» durante la convivencia de la pareja en la residencia presidencial de Olivos.
Investigación en marcha
La información se desprende de la investigación liderada por el fiscal federal Ramiro González. El exmandatario deberá declarar ante el juez federal Julián Ercolini.
Al exmandatario le podrían caer hasta 18 años de prisión en caso de ser hallado culpable de los delitos de los que se le acusan, entre ellos «lesiones graves» que están «agravadas» por haberse cometido contra su entonces pareja y amenazas coactivas para que Yánez no denunciara los hechos.
El documento judicial menciona además que la violencia se sustentó en una «relación asimétrica de poder» y que se extendió por lo menos desde el año 2016 hasta el 6 de agosto del 2024.
Fernández, un peronista de 65 años que dejó el poder en diciembre de 2023, todavía no se pronunció sobre la citación judicial, pero previamente ha negado públicamente los hechos denunciados por Yáñez, de 43 años.
El expresidente puede negarse a declarar y, en su lugar, presentar un escrito.
Con los argumentos y la documentación de respaldo presentada por la fiscalía, el juez consideró «que existen elementos de convicción suficiente como para avanzar con la sujeción al proceso y convocar a Alberto Ángel Fernández a prestar declaración indagatoria», dispuso en su oficio.
Múltiples testigos han declarado
Varias personas han testificado en el marco de la causa, aportadas por las dos partes, entre ellas la madre de Yáñez, médicos y niñeras. Fueron analizadas llamadas telefónicas entre el entonces presidente y su pareja e informes psiquiátricos realizados a la denunciante.
Luego de dejar el poder en diciembre de 2023, Fernández, Yáñez y el pequeño hijo de ambos, Francisco, se radicaron en Madrid, España, y al poco tiempo la pareja se separó. Según la pesquisa judicial, el dirigente político habría condicionado a la denunciante económicamente «para manipular y continuar ejerciendo poder y control sobre aquella».
De acuerdo con lo recogido en la citación judicial, los ocho años de agresiones psicológicas y físicas a Yañez, «en forma continua y habitual en el marco de su relación de pareja», habrían dejado en la víctima «secuelas de daño psíquico, produciéndole un debilitamiento permanente de su salud».
Ésta no es la única causa judicial que enfrenta el expresidente argentino, quien también es investigado por irregularidades en la contratación de seguros para el Estado durante su mandato.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que durante este fin de semana se mantendrán altas concentraciones de polvo del Sahara sobre el territorio salvadoreño.
La institución advirtió que esta condición podría representar un riesgo para la salud, principalmente para niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias, cardíacas o alergias.
De acuerdo con el MARN, las concentraciones del fenómeno se mantuvieron altas este viernes, una condición que también se prevé para el sábado 8 y domingo 9 de agosto. Además, indicó que la visibilidad permanecerá brumosa y que el nivel de riesgo para la salud es alto.
Ante este escenario, el MARN recomendó a los grupos más vulnerables evitar la exposición al aire libre y utilizar mascarilla en caso de que necesiten salir de sus viviendas.
Asimismo, exhortó a la población en general a reducir los esfuerzos físicos intensos o prolongados en espacios abiertos.
«Hoy se mantiene presencia del Polvo del Sahara en concentraciones altas. Conoce los detalles y toma las precauciones necesarias», publicó la institución en la red social X.
El ministerio agregó que, pese a la presencia del polvo del Sahara, se esperan lluvias durante los próximos días, por lo que pidió a la población mantenerse atenta a la información oficial sobre las condiciones meteorológicas.
Las autoridades reiteraron el llamado a consultar los canales oficiales del MARN y adoptar las medidas de prevención necesarias para reducir los efectos de este fenómeno atmosférico, especialmente entre las personas con mayor riesgo de complicaciones de salud.
México y Perú restablecieron este viernes sus relaciones diplomáticas, luego de que permanecieran rotas desde noviembre por decisión de Lima, que denunció una supuesta injerencia del Gobierno de Claudia Sheinbaum.
Las cancillerías de ambos países comunicaron la decisión mediante un comunicado conjunto, en el que hicieron referencia a «los históricos lazos de hermandad, amistad y cooperación que unen a México y al Perú».
Uno de los principales puntos de tensión entre ambos gobiernos fue el asilo político concedido por México a Betssy Chávez, exjefa de gabinete del expresidente peruano Pedro Castillo, quien permanece detenido.
Poco después de conocerse el comunicado, Sheinbaum informó durante su conferencia diaria que Chávez había recibido el salvoconducto y estaba a punto de llegar a México. La entrega del documento constituía una condición de su Gobierno para avanzar en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas.
La relación entre ambos países comenzó a deteriorarse tras la caída y detención de Castillo por su intento de disolver el Congreso a finales de 2022. En ese momento, México concedió asilo a la esposa y los hijos del exmandatario.
Posteriormente, la justicia peruana condenó a Castillo en 2025 a más de 11 años de cárcel por esos actos, una sentencia que el Gobierno mexicano considera ilegal.
El comunicado emitido por las cancillerías no ofreció mayores detalles sobre el acuerdo para restablecer las relaciones diplomáticas.
Sheinbaum también indicó que Chávez viajó a México en un avión militar y calificó la entrega del salvoconducto como «una acción de buena voluntad» de la presidenta Keiko Fujimori.
Las autoridades mexicanas informaron el martes sobre el desmantelamiento de cuatro refinerías clandestinas, donde fueron incautados casi un millón de litros de derivados ilegales, como parte de las acciones contra el procesamiento ilícito de combustible.
De acuerdo con las autoridades, aunque grupos criminales han robado durante años combustible de los ductos de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), la operación de estos «centros de procesamiento ilícito de combustible» representa una modalidad reciente.
La fiscalía no reportó personas detenidas durante los operativos.
Las plantas clandestinas fueron localizadas en los estados de San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos, en el centro de México. Como parte de las intervenciones, las autoridades incautaron combustible, contenedores y maquinaria utilizada en estas instalaciones.
Asimismo, la fiscalía difundió fotografías en las que se observan grandes tanques industriales y un sistema de tuberías interconectadas dentro de las refinerías clandestinas.
Según el comunicado oficial, el constante movimiento de camiones cisterna escoltados por otros vehículos despertó las sospechas de las autoridades y permitió detectar las operaciones ilegales.
Las autoridades también señalaron que el robo de combustible provocó pérdidas cercanas a los 530 millones de dólares para Pemex al cierre del segundo trimestre, cifra que representa un incremento del 20 % en comparación con el mismo período de 2025.
Como antecedente, recordaron que una toma clandestina en un ducto de Pemex provocó una explosión en 2019, en el estado de Hidalgo, dejando un saldo de 137 personas fallecidas.
