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Expresidente de Argentina comparecerá ante juez por presunta violencia contra exesposa
El juez argentino que llamó a declarar al expresidente Alberto Fernández en un caso de violencia contra la ex primera dama consideró que había «elementos de convicción suficientes» para avanzar en el proceso y, en su citación judicial, recogió detalles de la acusación que apuntan a violencia física y psicológica durante ocho años, incluso mientras la víctima estuvo embarazada en 2021.
Según el documento al que accedió AP, dado a conocer el jueves, el exmandatario de Argentina (2019-2023) tendrá que comparecer ante el juez el próximo 11 de diciembre. La citación recoge que Fernández habría ejercido violencia física y psicológica sobre la ex primera dama Fabiola Yáñez mediante agarrones del cuello, zamarreos, bofetadas a mano abierta y golpes, de acuerdo con la investigación judicial.
El político, que enfrenta posibles cargos por violencia de género y coacción, habría además condicionado económicamente a la mujer tras la separación de la pareja este año mientras residían en Madrid.
Fernández ejerció «con habitualidad y de modo continuo, violencia psicológica contra Yáñez, bajo las formas de acoso, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad», recoge el oficio judicial.
La violencia física, según la acusación en el caso, habría «continuado y escalado» cuando Yáñez quedó embarazada a mediados de 2021, con «agarrones del cuello, zamarreos, bofetadas a mano abierta y golpes que provocaron lesiones en el cuerpo de la nombrada» durante la convivencia de la pareja en la residencia presidencial de Olivos.
Investigación en marcha
La información se desprende de la investigación liderada por el fiscal federal Ramiro González. El exmandatario deberá declarar ante el juez federal Julián Ercolini.
Al exmandatario le podrían caer hasta 18 años de prisión en caso de ser hallado culpable de los delitos de los que se le acusan, entre ellos «lesiones graves» que están «agravadas» por haberse cometido contra su entonces pareja y amenazas coactivas para que Yánez no denunciara los hechos.
El documento judicial menciona además que la violencia se sustentó en una «relación asimétrica de poder» y que se extendió por lo menos desde el año 2016 hasta el 6 de agosto del 2024.
Fernández, un peronista de 65 años que dejó el poder en diciembre de 2023, todavía no se pronunció sobre la citación judicial, pero previamente ha negado públicamente los hechos denunciados por Yáñez, de 43 años.
El expresidente puede negarse a declarar y, en su lugar, presentar un escrito.
Con los argumentos y la documentación de respaldo presentada por la fiscalía, el juez consideró «que existen elementos de convicción suficiente como para avanzar con la sujeción al proceso y convocar a Alberto Ángel Fernández a prestar declaración indagatoria», dispuso en su oficio.
Múltiples testigos han declarado
Varias personas han testificado en el marco de la causa, aportadas por las dos partes, entre ellas la madre de Yáñez, médicos y niñeras. Fueron analizadas llamadas telefónicas entre el entonces presidente y su pareja e informes psiquiátricos realizados a la denunciante.
Luego de dejar el poder en diciembre de 2023, Fernández, Yáñez y el pequeño hijo de ambos, Francisco, se radicaron en Madrid, España, y al poco tiempo la pareja se separó. Según la pesquisa judicial, el dirigente político habría condicionado a la denunciante económicamente «para manipular y continuar ejerciendo poder y control sobre aquella».
De acuerdo con lo recogido en la citación judicial, los ocho años de agresiones psicológicas y físicas a Yañez, «en forma continua y habitual en el marco de su relación de pareja», habrían dejado en la víctima «secuelas de daño psíquico, produciéndole un debilitamiento permanente de su salud».
Ésta no es la única causa judicial que enfrenta el expresidente argentino, quien también es investigado por irregularidades en la contratación de seguros para el Estado durante su mandato.
El viceministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Domínguez, informó que el país ha recibido nuevos apoyos para la estrategia gubernamental de ampliar la matriz productiva y garantizar la seguridad alimentaria de los salvadoreños.
A través de sus redes sociales, el funcionario anunció que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) y el Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés) endosaron su apoyo a esta iniciativa.
«Tras una gira de campo por nuestras principales zonas productoras, ambas instituciones internacionales confirmaron su apoyo y expresaron optimismo y satisfacción por los avances alcanzados en tan solo un año», subrayó el funcionario.
Sumó que, con esta suma de esfuerzos, «este año el país duplicará los resultados obtenidos el año pasado. El Salvador produce cada vez más de su propia comida, fortaleciendo nuestra seguridad alimentaria y el desarrollo del sector agropecuario».
En este contexto, explicó que representantes de estos organismos conocieron de primera mano los resultados del programa Aumento a la Producción obtenidos el 2025, y que este año sumaron apoyo de especialistas en diferentes áreas.
Al respecto, el representante de FAO en El Salvador, José Samaniego, resaltó el alza en la producción que han consolidado estos esfuerzos.
«Lo que miramos es muy gratificante, vemos que va a existir una altísima productividad y generación de empleo para productores», dijo.
En coincidencia, la directora de país de WFP, María Guimarães, resaltó la rapidez en que la estrategia agrícola del Gobierno de El Salvador ha consolidado estos beneficios, y opinó que el país podría capacitar a personas de otros países para implementar este método.
«Todo lo que se ha logrado en muy poco tiempo, menos de un año, es impresionante, yo creo que hay mucho para compartir también con los demás, hay otros países que pueden venir y aprender de los logros que tenemos acá», remarcó.
Para este año, el Gobierno a través del MAG ha fusionado dos iniciativas: Progresar Rural, financiada por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de las Naciones Unidas (FIDA); y el Programa Aumento a la Producción, liderado por el presidente Nayib Bukele, con una inversión total de $87.5 millones.
Los fondos que serán orientados a la reactivación de zonas productivas para suplir holgadamente la demanda nacional, al tiempo que se apostará por las exportaciones de varios productos, esto para mejorar la rentabilidad que obtienen los agricultores nacionales.
La apuesta contiene dos componentes: la rehabilitación de los cuatro distritos de riego (Zapotitán, Atiocoyo Norte, Atiocoyo Sur, y Lempa Acahuapa); y la transformación productiva y comercial sostenible e inclusiva, mediante elementos como la instalación de más infraestructuras protegidas como invernaderos y casas malla; así como la implementación de sistemas hidropónicos; mejora genética; capacitación y asistencia técnica para los agricultores; y acceso a insumos a bajo costo.
La NASA informó el jueves que realizó con éxito el ensayo general del lanzamiento de su enorme cohete SLS, que enviará astronautas alrededor de la Luna por primera vez en más de 50 años.
Esta es la segunda prueba realizada por la agencia espacial estadounidense para el despegue de su misión Artemis 2. La primera, a comienzos de febrero, tuvo que ser interrumpida por problemas técnicos.
La NASA informó que todo transcurrió según lo previsto. Ahora, se espera que fije este viernes una fecha definitiva para la misión.
Los imprevistos ocurridos a inicios de febrero incluían una fuga de hidrógeno líquido, que acabaron con las esperanzas de ver despegar la misión Artemis 2 ese mismo mes.
Durante el simulacro, realizado en condiciones reales en Cabo Cañaveral, en Florida, los ingenieros repiten las maniobras que deberán llevarse a cabo el día del lanzamiento.
El llenado de hidrógeno líquido se realizó el jueves sin contratiempos, indicó más temprano la NASA, que lo celebró como un «avance importante».
La misión Artemis 2 constituirá el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años. Participarán en ella tres estadounidenses y un canadiense.
«La seguridad sigue siendo nuestra máxima prioridad», dijo a comienzos de mes el director de la NASA, Jared Isaacman, en la red social X.
Andrés, que fue excluido de la monarquía a raíz de este escándalo, fue «puesto en libertad bajo investigación» el jueves por la noche.
El expríncipe pasó 11 horas en comisaría, a raíz de una sospechas de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público por sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein entre 2001 y 2011, cuando era representante especial del Reino Unido para el Comercio Internacional.
El mes pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó millones de archivos de su investigación sobre Epstein, incluyendo unos documentos que parecen indicar que el expríncipe transmitió informaciones confidenciales al financiero estadounidense.
Según un correo electrónico dirigido a Epstein, fechado el 24 de diciembre de 2010, el hermano del rey Carlos III remitió «un informe confidencial» sobre oportunidades de inversión en Afganistán.
El correo se sumaba a otros documentos que sugieren que en 2010 Andrés envió al financiero informes sobre viajes de trabajo realizados a China, Singapur y Vietnam.
Se trata de un caso distinto al de las acusaciones de agresión sexual formuladas contra Andrés por Virginia Giuffre, una estadounidense-australiana enviada por Epstein, que se suicidó en 2025.
Ese asunto se cerró con un acuerdo extrajudicial en 2022, por un monto que se mantiene confidencial pero que, según medios británicos, rondaría los 12 millones de dólares.
«Amenaza para la monarquía»
Este viernes, casi toda la prensa británica llevaba en portada este viernes la misma fotografía de Andrés, cuyo arresto coincidió con su 66º cumpleaños, saliendo de la comisaría en un vehículo, con aspecto demacrado y la mirada perdida.
«Podemos confirmar que nuestros registros en Norfolk terminaron», afirmó la policía local en la noche del jueves, tras haber allanado las fincas de Sandringham y la antigua residencia del expríncipe en la finca real de Windsor, al oeste de Londres.
Aunque todavía no se ha anunciado ningún cargo en su contra, la mala conducta en el ejercicio de un cargo público conlleva una pena máxima de cadena perpetua, según el Crown Prosecution Service (Fiscalía de la Corona).
El rey Carlos III no cambió su agenda del jueves y asistió a la inauguración de la Semana de la Moda de Londres. En un comunicado, marcó distancias con su hermano y señaló que «la justicia debe seguir su curso».
Ed Owens, un famoso historiador, comentarista de la monarquía británica y autor especializado en la familia real moderna, reconoció a la AFP la crisis que atraviesa la institución británica.
«Es un momento enormemente significativo para la monarquía británica», dijo Owens, quien no se atrevió a aventurar si Andrew Mountbatten-Windsor, como debe ser llamado tras ser despojado de todos sus títulos, será formalmente acusado.
«Son los elementos desconocidos en este caso particular los que creo que generan tanta preocupación y, posiblemente, representan una amenaza para la monarquía», añadió Owens.
Al menos nueve fuerzas policiales del Reino Unido han confirmado que están evaluando denuncias derivadas de los archivos de Epstein, muchas de ellas relacionadas con Andrés.
