Internacionales
Expresidente de Argentina comparecerá ante juez por presunta violencia contra exesposa
El juez argentino que llamó a declarar al expresidente Alberto Fernández en un caso de violencia contra la ex primera dama consideró que había «elementos de convicción suficientes» para avanzar en el proceso y, en su citación judicial, recogió detalles de la acusación que apuntan a violencia física y psicológica durante ocho años, incluso mientras la víctima estuvo embarazada en 2021.
Según el documento al que accedió AP, dado a conocer el jueves, el exmandatario de Argentina (2019-2023) tendrá que comparecer ante el juez el próximo 11 de diciembre. La citación recoge que Fernández habría ejercido violencia física y psicológica sobre la ex primera dama Fabiola Yáñez mediante agarrones del cuello, zamarreos, bofetadas a mano abierta y golpes, de acuerdo con la investigación judicial.
El político, que enfrenta posibles cargos por violencia de género y coacción, habría además condicionado económicamente a la mujer tras la separación de la pareja este año mientras residían en Madrid.
Fernández ejerció «con habitualidad y de modo continuo, violencia psicológica contra Yáñez, bajo las formas de acoso, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad», recoge el oficio judicial.
La violencia física, según la acusación en el caso, habría «continuado y escalado» cuando Yáñez quedó embarazada a mediados de 2021, con «agarrones del cuello, zamarreos, bofetadas a mano abierta y golpes que provocaron lesiones en el cuerpo de la nombrada» durante la convivencia de la pareja en la residencia presidencial de Olivos.
Investigación en marcha
La información se desprende de la investigación liderada por el fiscal federal Ramiro González. El exmandatario deberá declarar ante el juez federal Julián Ercolini.
Al exmandatario le podrían caer hasta 18 años de prisión en caso de ser hallado culpable de los delitos de los que se le acusan, entre ellos «lesiones graves» que están «agravadas» por haberse cometido contra su entonces pareja y amenazas coactivas para que Yánez no denunciara los hechos.
El documento judicial menciona además que la violencia se sustentó en una «relación asimétrica de poder» y que se extendió por lo menos desde el año 2016 hasta el 6 de agosto del 2024.
Fernández, un peronista de 65 años que dejó el poder en diciembre de 2023, todavía no se pronunció sobre la citación judicial, pero previamente ha negado públicamente los hechos denunciados por Yáñez, de 43 años.
El expresidente puede negarse a declarar y, en su lugar, presentar un escrito.
Con los argumentos y la documentación de respaldo presentada por la fiscalía, el juez consideró «que existen elementos de convicción suficiente como para avanzar con la sujeción al proceso y convocar a Alberto Ángel Fernández a prestar declaración indagatoria», dispuso en su oficio.
Múltiples testigos han declarado
Varias personas han testificado en el marco de la causa, aportadas por las dos partes, entre ellas la madre de Yáñez, médicos y niñeras. Fueron analizadas llamadas telefónicas entre el entonces presidente y su pareja e informes psiquiátricos realizados a la denunciante.
Luego de dejar el poder en diciembre de 2023, Fernández, Yáñez y el pequeño hijo de ambos, Francisco, se radicaron en Madrid, España, y al poco tiempo la pareja se separó. Según la pesquisa judicial, el dirigente político habría condicionado a la denunciante económicamente «para manipular y continuar ejerciendo poder y control sobre aquella».
De acuerdo con lo recogido en la citación judicial, los ocho años de agresiones psicológicas y físicas a Yañez, «en forma continua y habitual en el marco de su relación de pareja», habrían dejado en la víctima «secuelas de daño psíquico, produciéndole un debilitamiento permanente de su salud».
Ésta no es la única causa judicial que enfrenta el expresidente argentino, quien también es investigado por irregularidades en la contratación de seguros para el Estado durante su mandato.
Internacionales
Intento de suprimir feriado del 1º de mayo enfurece a sindicatos e izquierda en Francia
Los sindicatos y los partidos de izquierda franceses cargaron este viernes contra la propuesta de autorizar a los empleados, especialmente del comercio de proximidad, a trabajar el 1º de mayo, día feriado y símbolo en Francia de la lucha sindical.
La legislación laboral establece que «el 1º de mayo es día festivo y no laborable», aunque prevé que un panadero o un florista puedan abrir ese día pero sin sus empleados, so pena de multas de hasta 1,500 euros ($1,750).
Los legisladores de centro y derecha, con el apoyo del gobierno, buscan cambiar la ley para permitir trabajar ese día a los empleados de los comercios de proximidad y de salas culturales, si lo deciden de forma «voluntaria». Recibirían el doble de salario.
«No queremos tocar la conquista del 1º de mayo», sino «dar seguridad al marco existente», aseguró esta semana el ministro de Trabajo, Jean-Pierre Farandou, que anunció el objetivo de aplicar el cambio, si se aprueba, desde este año.
Según los sindicatos, esta ley permitiría que al menos 1,4 millones de empleados más trabajen el 1º de mayo. Sus opositores consideran además que no se respetará la cuestión del voluntariado, ya que los empleados se sentirán obligados a trabajar.
«El voluntariado no existe», criticó Natalie Huyghe, empleada de jardinería de 57 años y afiliada al sindicato CGT. «Si esto funciona, se va a extender a todos los sectores», abundó Hadjia Djebbar, de 62 años, durante una protesta cerca del Parlamento.
La proposición de ley ya fue adoptada una primera vez en el Senado y, este viernes, superó un nuevo trámite en la Asamblea Nacional (Cámara Baja), no sin polémica.
Ante la posibilidad de que no llegara a votarse por las 140 enmiendas presentadas, los partidarios del cambio decidieron de forma táctica rechazar su ley sin debate para así acelerar el trámite parlamentario de cara a su adopción antes de finales de mes.
«Es una puñalada en la espalda de millones de trabajadores y trabajadoras», denunció la líder del sindicato CGT, Sophie Binet.
Su par de la CFDT, Marylise Léon, criticó en la televisión TF1 la «cantinela de que los franceses trabajarían menos que los demás». «Eso no es verdad. En Francia hay 11 días festivos. En otros países de Europa, hay 14, 15», agregó.
Esta tradicional fiesta nació el 1º de mayo de 1886 con el llamado a la huelga de sindicatos estadounidenses para exigir una jornada laboral máxima de ocho horas diarias. Durante este movimiento murieron varios huelguistas y policías.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, prometió el miércoles un «incremento responsable» de salarios, carcomidos por años de inflación y una dramática retracción de la economía en la última década.
El salario mínimo en Venezuela equivale actualmente a 27 centavos de dólar frente a una inflación anual que supera el 600 %. Y aunque el ingreso puede llegar a 150 dólares con bonos estatales, sigue siendo insuficiente frente a los 645 dólares que, según estimaciones privadas, cuesta la canasta básica alimentaria familiar.
«Anuncio que el 1.° de mayo haremos un incremento y este incremento, como lo hemos señalado, será un incremento responsable», dijo Rodríguez durante una alocución transmitida por la televisión estatal.
En tanto «Venezuela goce de más recursos que permitan la sostenibilidad de la mejora salarial y del ingreso de los trabajadores, seguiremos avanzando por ese camino», prometió.
«Nuestro objetivo inmediato, mediano y a largo plazo es recuperar sostenida y paulatinamente el ingreso de los trabajadores mediante el crecimiento productivo tanto en el área de los hidrocarburos como de la minería, que generan ingresos inmediatos», indicó acompañada por miembros de su gabinete.
Este jueves más de 2,000 trabajadores y jubilados marcharon hacia el Palacio de Miraflores (sede presidencial) como rechazo a la promesa de aumento salarial hecha por Rodríguez.
Agentes policiales antimotines dispuestos en varios puntos de la ruta frenaban con escudos y reprimían con gases lacrimógenos a la multitud que avanzaba al grito de consignas.
«Basta ya del engaño, del aumento de los salarios. Quieren poner como salario un aumento de los bonos que da el gobierno. Eso es totalmente inaudito», dijo a la AFP Mauricio Ramos, un profesor universitario jubilado de 71 años.
Este miércoles, Honduras se mantuvo en vilo por el secuestro de un niño de 10 años a tempranas horas de la mañana cuando se dirigía a su escuela en Taulabé, Comayagua. El hecho quedó grabado por un sistema de vigilancia de circuito cerrado (CCTV).
En horas de la noche del mismo día la Policía Nacional liberó al menor de edad (identificado como Patrick Sammir Girón Chávez) y capturó a tres hombres acusados de secuestrarlo, quienes, según la autoridad, exigieron 5 millones de lempiras a los familiares del niño como rescate. El operativo se ejecutó en Siguatepeque, en el referido departamento hondureño.
El niño fue entregado posteriormente a sus familiares.
Trascendió que uno de los detenidos había trabajado para los parientes cercanos del menor de edad.
