Internacionales
Expresidente de Argentina comparecerá ante juez por presunta violencia contra exesposa
El juez argentino que llamó a declarar al expresidente Alberto Fernández en un caso de violencia contra la ex primera dama consideró que había «elementos de convicción suficientes» para avanzar en el proceso y, en su citación judicial, recogió detalles de la acusación que apuntan a violencia física y psicológica durante ocho años, incluso mientras la víctima estuvo embarazada en 2021.
Según el documento al que accedió AP, dado a conocer el jueves, el exmandatario de Argentina (2019-2023) tendrá que comparecer ante el juez el próximo 11 de diciembre. La citación recoge que Fernández habría ejercido violencia física y psicológica sobre la ex primera dama Fabiola Yáñez mediante agarrones del cuello, zamarreos, bofetadas a mano abierta y golpes, de acuerdo con la investigación judicial.
El político, que enfrenta posibles cargos por violencia de género y coacción, habría además condicionado económicamente a la mujer tras la separación de la pareja este año mientras residían en Madrid.
Fernández ejerció «con habitualidad y de modo continuo, violencia psicológica contra Yáñez, bajo las formas de acoso, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad», recoge el oficio judicial.
La violencia física, según la acusación en el caso, habría «continuado y escalado» cuando Yáñez quedó embarazada a mediados de 2021, con «agarrones del cuello, zamarreos, bofetadas a mano abierta y golpes que provocaron lesiones en el cuerpo de la nombrada» durante la convivencia de la pareja en la residencia presidencial de Olivos.
Investigación en marcha
La información se desprende de la investigación liderada por el fiscal federal Ramiro González. El exmandatario deberá declarar ante el juez federal Julián Ercolini.
Al exmandatario le podrían caer hasta 18 años de prisión en caso de ser hallado culpable de los delitos de los que se le acusan, entre ellos «lesiones graves» que están «agravadas» por haberse cometido contra su entonces pareja y amenazas coactivas para que Yánez no denunciara los hechos.
El documento judicial menciona además que la violencia se sustentó en una «relación asimétrica de poder» y que se extendió por lo menos desde el año 2016 hasta el 6 de agosto del 2024.
Fernández, un peronista de 65 años que dejó el poder en diciembre de 2023, todavía no se pronunció sobre la citación judicial, pero previamente ha negado públicamente los hechos denunciados por Yáñez, de 43 años.
El expresidente puede negarse a declarar y, en su lugar, presentar un escrito.
Con los argumentos y la documentación de respaldo presentada por la fiscalía, el juez consideró «que existen elementos de convicción suficiente como para avanzar con la sujeción al proceso y convocar a Alberto Ángel Fernández a prestar declaración indagatoria», dispuso en su oficio.
Múltiples testigos han declarado
Varias personas han testificado en el marco de la causa, aportadas por las dos partes, entre ellas la madre de Yáñez, médicos y niñeras. Fueron analizadas llamadas telefónicas entre el entonces presidente y su pareja e informes psiquiátricos realizados a la denunciante.
Luego de dejar el poder en diciembre de 2023, Fernández, Yáñez y el pequeño hijo de ambos, Francisco, se radicaron en Madrid, España, y al poco tiempo la pareja se separó. Según la pesquisa judicial, el dirigente político habría condicionado a la denunciante económicamente «para manipular y continuar ejerciendo poder y control sobre aquella».
De acuerdo con lo recogido en la citación judicial, los ocho años de agresiones psicológicas y físicas a Yañez, «en forma continua y habitual en el marco de su relación de pareja», habrían dejado en la víctima «secuelas de daño psíquico, produciéndole un debilitamiento permanente de su salud».
Ésta no es la única causa judicial que enfrenta el expresidente argentino, quien también es investigado por irregularidades en la contratación de seguros para el Estado durante su mandato.
Internacionales
Prohibición de redes para adolescentes en Australia: regulador investiga a plataformas
Australia prohibió en diciembre que menores de 16 años utilicen las principales plataformas, alegando la necesidad de protegerlos de «los algoritmos depredadores» y del ciberacoso.
«Aunque las plataformas de redes sociales han tomado algunas acciones iniciales, me preocupa, por nuestro monitoreo del cumplimiento, que algunos puedan no estar haciendo lo suficiente para cumplir con la ley australiana», dijo Julie Inman Grant, comisionada del regulador de seguridad en línea de Australia.
Inman dijo que hay «preocupaciones significativas» de que Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok y YouTube puedan estar incumpliendo la prohibición.
Las posibles infracciones incluyen ofrecer «medidas insuficientes para prevenir la creación de nuevas cuentas de menores de 16 años».
«Como resultado, ahora adoptamos una postura para reforzar la aplicación de la ley», dijo.
«Esta reforma está deshaciendo 20 años de prácticas», afirmó Inman.
«Estas plataformas tienen la capacidad de cumplir hoy y ciertamente esperamos que las empresas que funcionan en Australia cumplan con nuestras leyes de seguridad», dijo.
«Pueden elegir hacerlo o enfrentarse a consecuencias cada vez más graves», agregó la comisionada.
Cada vez más estudios sugieren que el bienestar de los adolescentes se ve afectado por pasar demasiado tiempo en línea.
Malasia, Francia, Nueva Zelanda e Indonesia están entre los países que ahora evalúan medidas similares a la australiana.
Las empresas tienen toda la responsabilidad de verificar que los usuarios en Australia tengan 16 o más años.
Algunas han dicho que implementarán herramientas de inteligencia artificial para estimar la edad a partir de fotografías. Los usuarios jóvenes pueden demostrar su edad con un documento de identidad emitido por el gobierno.
Aunque la mayoría de compañías tecnológicas han aceptado cumplir con la ley australiana, también han advertido que la mano dura podría llevar a los adolescentes a rincones más oscuros y menos regulados de Internet.
Meta, matriz de Facebook e Instagram, aseguró en enero que los efectos iniciales de la norma «sugieren que no está cumpliendo con los objetivos de aumentar la seguridad y el bienestar de los jóvenes australianos».
La empresa aseveró que padres y expertos estaban preocupados por el riesgo de que la prohibición aislara a los jóvenes de las comunidades en línea.
El sitio de foros de discusión en línea Reddit presentó un recurso legal contra la prohibición, que calificó como «legalmente errónea».
La compañía estadounidense dijo tener serias preocupaciones en torno a la privacidad asociadas a la verificación de edad por parte de las plataformas, ya que la recolección de información personal creaba el riesgo de filtraciones o hackeos.
El recurso de Reddit está pendiente de ser estudiado por el Tribunal Supremo de Australia.
La periodista argentina Nazarena Lomagno destacó en la red social X que los costes de robo de carga en toda Europa ascienden a los 8,200 millones de euros (más de 9.3 millones de dólares), en el contexto del aumento de hechos de este tipo en el viejo continente, especialmente en el rubro de los alimentos.
Los datos, tienen a la base el artículo «The use of violence in cargo theft – a supply chain disruption case», publicado en el «Journal of Transportation Security» en «Springer Nature Link», en el cual se examinan los patrones de robos de carga con violencia en la región de Europa, Oriente Medio y África, considerando el valor de los bienes robados, la frecuencia de los incidentes, la ubicación en la cadena de transporte y la categoría del incidente.
Lomagno, detalla que Alemania es actualmente la nación más afectada por ladrones de carga. «Un camión es robado cada 20 minutos allí, lo que cuesta aproximadamente 2,200 millones de euros (2.5 millones de dólares) al año», de acuerdo a DHL, añade.
En un uno de los hechos más escandalosos, se dio a conocer este día el robo de más 12 toneladas de chocolates de la marca KikKat.
«Siempre hemos animado a la gente a disfrutar de un KitKat, pero parece que los ladrones se lo han tomado demasiado en serio y se han llevado más de 12 toneladas de nuestro chocolate. Si bien apreciamos el exquisito gusto de los delincuentes, lo cierto es que el robo de mercancías es un problema cada vez mayor para empresas de todos los tamaños», publicó la compañía en un comunicado en redes sociales.
De acuerdo a CNN, los dulces, fabricados por la empresa suiza Nestlé, fueron sustraídos mientras el vehículo distribuía las barras a lo largo de una ruta que iba desde una fábrica en el centro de Italia hasta Polonia, según informó KitKat en un comunicado.
Hasta el momento, «el vehículo y su contenido siguen sin ser localizados, y las investigaciones continúan en estrecha colaboración con las autoridades locales y los socios de la cadena de suministro», añade el comunicado de la compañía.
El robo alcanza las 413,793 barras de KitKat, cada una de ellas es rastreable mediante los números de lote impresos en el envase, por lo que KitKat ha solicitado a cualquier persona que encuentre una coincidencia que alerte a la empresa.
La compañía también recordó que un informe conjunto de la Unión Internacional de Seguros Marítimos (IUMI) y la Asociación para la Protección de Activos Transportados (TAPA) EMEA concluyó que el robo de cargas y el fraude en el transporte de mercancías están en aumento y se están volviendo cada vez más sofisticados.
Le anteceden a este robo de golosinas en Europa, el de julio de 2023, cuando un británico fue condenado a 18 meses de prisión por robar 200,000 huevos de chocolate de Cadbury Creme Eggs.
El ladrón irrumpió en una nave industrial y huyó con el botín a bordo de un camión robado. Los huevos de chocolate con leche, rellenos de una «yema» de fondant amarillo y blanco, gozan de un estatus de culto en el Reino Unido y se comercializan durante el periodo de Pascua.
Estados Unidos y Venezuela anunciaron el 5 de marzo que iban a restablecer sus relaciones, pero hasta este lunes las operaciones diplomáticas se llevaban a cabo a distancia, desde la embajada en Bogotá.
«Reanudamos formalmente las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, marcando un nuevo capítulo en nuestra presencia diplomática en Venezuela», explicó un comunicado de prensa.
La representante diplomática estadounidense, Laura Dogu, llegó a Venezuela desde enero, y su equipo ha ido acondicionando la legación en Caracas.
Dogu posó ante la embajada en un mensaje en la red X, así como otros funcionarios.
«La reanudación de las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas es un hito clave en la implementación del plan de tres fases del Presidente [Trump] para Venezuela y fortalecerá nuestra capacidad de entablar un diálogo directo con el gobierno interino de Venezuela, la sociedad civil y el sector privado», añadió el comunicado.
Tras la captura en una intervención militar del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el gobierno de Donald Trump anunció que quería promover primero la estabilización económica, con la recuperación del sector petrolero, para luego alentar la entrada de inversiones extranjeras y finalmente una transición política.
El secretario de Estado, Marco Rubio, indicó ante el Congreso que esas etapas podían solaparse.
Foto: AFP
Esta nueva etapa diplomática aporta «el tipo de estabilidad que atrae los negocios de vuelta» a Venezuela, declaró este lunes Rubio a la cadena Al Jazeera.
«Queremos ver una transición completa porque, para que Venezuela pueda alcanzar su potencial económico, tiene que tener un gobierno estable y democrático», añadió.
Embajada venezolana en Washington
Al mismo tiempo, Venezuela también ha tomado posesión de nuevo de su embajada en Washington, según reportes en redes sociales.
El viceministro para América del Norte, Oliver Blanco, colgó un video en X la semana pasada en la sede de la legación, junto al encargado de negocios, en la que informaba de encuentros en el Departamento de Estado para «explorar oportunidades de fortalecimiento de la relación bilateral».
El Departamento del Tesoro estadounidense anunció la semana pasada que autorizaba las transacciones económicas para facilitar la reapertura de la legación venezolana.
Tras el derrocamiento de Maduro el 3 de enero y la toma de poder en Caracas de su sustituta, Delcy Rodríguez, Estados Unidos empezó rápidamente a levantar las sanciones para el sector petrolero venezolano.
Al mismo tiempo, Caracas promulgó una reforma legal del sector y empezó a liberar prisioneros políticos.
Delcy Rodríguez, muy elogiada en público por Trump, está remodelando el gobierno y el aparato de seguridad interno.
Washington mantiene los ingresos por la venta del crudo venezolano en una cuenta bancaria bajo su control.
Y en el Caribe mantiene también una flotilla encargada desde septiembre de destruir lo que califica de «narcolanchas», unas operaciones polémicas que han causado al menos 163 muertos.
Maduro y Flores comparecieron dos veces ante un juez en Nueva York, la última el pasado jueves.
Maduro está acusado de conspiración por «narcoterrorismo», conspiración para importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para la tenencia de esas armas.
