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Expresidente de Argentina comparecerá ante juez por presunta violencia contra exesposa
El juez argentino que llamó a declarar al expresidente Alberto Fernández en un caso de violencia contra la ex primera dama consideró que había «elementos de convicción suficientes» para avanzar en el proceso y, en su citación judicial, recogió detalles de la acusación que apuntan a violencia física y psicológica durante ocho años, incluso mientras la víctima estuvo embarazada en 2021.
Según el documento al que accedió AP, dado a conocer el jueves, el exmandatario de Argentina (2019-2023) tendrá que comparecer ante el juez el próximo 11 de diciembre. La citación recoge que Fernández habría ejercido violencia física y psicológica sobre la ex primera dama Fabiola Yáñez mediante agarrones del cuello, zamarreos, bofetadas a mano abierta y golpes, de acuerdo con la investigación judicial.
El político, que enfrenta posibles cargos por violencia de género y coacción, habría además condicionado económicamente a la mujer tras la separación de la pareja este año mientras residían en Madrid.
Fernández ejerció «con habitualidad y de modo continuo, violencia psicológica contra Yáñez, bajo las formas de acoso, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad», recoge el oficio judicial.
La violencia física, según la acusación en el caso, habría «continuado y escalado» cuando Yáñez quedó embarazada a mediados de 2021, con «agarrones del cuello, zamarreos, bofetadas a mano abierta y golpes que provocaron lesiones en el cuerpo de la nombrada» durante la convivencia de la pareja en la residencia presidencial de Olivos.
Investigación en marcha
La información se desprende de la investigación liderada por el fiscal federal Ramiro González. El exmandatario deberá declarar ante el juez federal Julián Ercolini.
Al exmandatario le podrían caer hasta 18 años de prisión en caso de ser hallado culpable de los delitos de los que se le acusan, entre ellos «lesiones graves» que están «agravadas» por haberse cometido contra su entonces pareja y amenazas coactivas para que Yánez no denunciara los hechos.
El documento judicial menciona además que la violencia se sustentó en una «relación asimétrica de poder» y que se extendió por lo menos desde el año 2016 hasta el 6 de agosto del 2024.
Fernández, un peronista de 65 años que dejó el poder en diciembre de 2023, todavía no se pronunció sobre la citación judicial, pero previamente ha negado públicamente los hechos denunciados por Yáñez, de 43 años.
El expresidente puede negarse a declarar y, en su lugar, presentar un escrito.
Con los argumentos y la documentación de respaldo presentada por la fiscalía, el juez consideró «que existen elementos de convicción suficiente como para avanzar con la sujeción al proceso y convocar a Alberto Ángel Fernández a prestar declaración indagatoria», dispuso en su oficio.
Múltiples testigos han declarado
Varias personas han testificado en el marco de la causa, aportadas por las dos partes, entre ellas la madre de Yáñez, médicos y niñeras. Fueron analizadas llamadas telefónicas entre el entonces presidente y su pareja e informes psiquiátricos realizados a la denunciante.
Luego de dejar el poder en diciembre de 2023, Fernández, Yáñez y el pequeño hijo de ambos, Francisco, se radicaron en Madrid, España, y al poco tiempo la pareja se separó. Según la pesquisa judicial, el dirigente político habría condicionado a la denunciante económicamente «para manipular y continuar ejerciendo poder y control sobre aquella».
De acuerdo con lo recogido en la citación judicial, los ocho años de agresiones psicológicas y físicas a Yañez, «en forma continua y habitual en el marco de su relación de pareja», habrían dejado en la víctima «secuelas de daño psíquico, produciéndole un debilitamiento permanente de su salud».
Ésta no es la única causa judicial que enfrenta el expresidente argentino, quien también es investigado por irregularidades en la contratación de seguros para el Estado durante su mandato.
La apertura de los mercados internacionales mostró un comportamiento negativo, reflejando la creciente incertidumbre por el conflicto en Medio Oriente y la falta de avances diplomáticos entre Estados Unidos e Irán.
En México, el principal indicador bursátil, el S&P/BMV IPC, registró una caída del 0.97%, ubicándose en 67,528 puntos, en medio de una menor disposición al riesgo por parte de los inversionistas.
El alza en los precios del petróleo, que nuevamente superó los $100 por barril, ha sido uno de los factores clave detrás de este comportamiento, ya que incrementa las preocupaciones sobre presiones inflacionarias a nivel global.
En el mercado cambiario, el peso mexicano mostró debilidad frente al dólar, cotizando entre 17.76 y 17.86 unidades, posicionándose entre las monedas emergentes con mayores pérdidas.
El índice DXY se ubicó cerca de los 99.93 puntos, alcanzando máximos de los últimos tres días.
Asimismo, los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos registraron incrementos en toda su curva, reflejando expectativas de una inflación más alta derivada del encarecimiento de la energía.
Por su parte, la OCDE advirtió que el actual contexto podría provocar un freno en el crecimiento económico global, acompañado de un repunte inflacionario, lo que añade presión a los mercados.
Tras recibir 95 solicitudes de compensación económica, la Iglesia rechazó 28, pero aún podría aprobar una decena más, precisó la Conferencia Episcopal Portuguesa en un comunicado.
Las cantidades concedidas a las 57 víctimas de abusos sexuales cometidos contra «menores o adultos vulnerables», cuyos expedientes ya fueron cerrados, oscilan entre 9.000 y 45.000 euros (entre unos 10.400 y 52.000 dólares).
«Sabemos que la concesión de una compensación económica no borra lo ocurrido ni elimina las consecuencias de los abusos en la vida de quienes los sufrieron», explicó la conferencia episcopal.
«Con este gesto concreto la Iglesia en Portugal quiere reconocer el sufrimiento y la dignidad de cada persona que fue víctima de tales abusos, buscando la posible reparación de los daños sufridos», añadió.
Un informe, solicitado por los obispos pero elaborado por una comisión independiente, concluyó en febrero de 2023 que al menos 4.815 menores habían sido víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia católica portuguesa desde 1950.
Luego de recopilar más de 500 testimonios en el plazo de un año, este grupo de expertos también determinó que estos abusos fueron encubiertos por la jerarquía eclesiástica de forma «sistémica».
Los obispos portugueses pidieron entonces perdón a las víctimas, y el papa Francisco se reunió con 13 de ellas durante su visita a Portugal en agosto de 2023, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa.
El derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, comparece este jueves ante un tribunal de Nueva York por segunda vez desde su captura el 3 de enero en una operación militar estadounidense en Caracas.
Maduro, de 63 años, y su esposa, Cilia Flores, de 69, están detenidos en una cárcel de Brooklyn desde hace casi tres meses. Sólo habían salido el 5 de enero para su primera audiencia, en la que Maduro se declaró «prisionero de guerra» y «no culpable» de los cargos de narcotráfico que pesan en su contra.
Un importante convoy policial abandonó el centro penitenciario a las 04H00 de la madrugada (08H00 GMT) rumbo al tribunal de Manhattan, comprobaron periodistas de la AFP.
Tanto seguidores como opositores de Maduro se concentraron desde temprano afuera de la sede judicial, donde la seguridad fue reforzada.
«Estamos desesperados por cualquier forma de justicia, por todo lo que hemos pasado», dice el educador venezolano Carlos Egana, de 30 años, sosteniendo un muñeco que representa al líder chavista con traje de presidiario y esposas.
Militantes de izquierda levantaron pancaras con mensajes como «Liberen a Maduro» y críticas a la política de Donald Trump: «¡De Venezuela a Irán, basta de sanciones y bombas!».
Maduro gobernó Venezuela desde marzo de 2013. Tras su caída, ganó la presidencia interina Delcy Rodríguez, quien era su vicepresidenta y ha dado un vuelco en la relación con Estados Unidos bajo la presión de Donald Trump.
Contra Maduro pesan cargos de conspiración por «narcoterrorismo», conspiración para importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para la tenencia de esas armas.
En la audiencia del jueves, prevista a las 11H00 locales (15H00 GMT), Maduro posiblemente presione para que se desestime su caso, mientras los abogados se disputan sobre quién pagará sus honorarios.
El gobierno de Venezuela intenta cubrir los gastos, pero debido a las sanciones estadounidenses, el abogado de Maduro, Barry Pollack, debe obtener antes una licencia de la administración que permita realizar la transacción.
En una presentación ante el tribunal, Pollack argumentó que el requisito de esa autorización viola el derecho constitucional de Maduro a tener la representación legal de su escogencia, y exigió que el caso sea desestimado por razones procesales.
«Están muy bien, muy fuertes»
Recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, una prisión federal conocida por sus condiciones extremas, Maduro está presuntamente aislado en una celda sin internet ni periódicos.
Según una fuente cercana al gobierno venezolano, Maduro lee la biblia y algunos de sus compañeros en la prisión le llaman «presidente».
Solo se le permite hablar por teléfono con su familia y con sus abogados por un máximo de 15 minutos, agregó la misma fuente.
«Están muy bien, fuertes, muy bien, con mucho ánimo, con mucha fuerza», aseguró el lunes Nicolás Maduro Guerra, hijo del depuesto mandatario.
Maduro y Flores fueron sacados a la fuerza por comandos estadounidenses en las primeras horas del 3 de enero, con apoyo de ataques aéreos contra la capital venezolana y un importante despliegue naval.
En el operativo murieron al menos 83 personas y más de 112 resultaron heridas, de acuerdo con funcionarios venezolanos. Ningún efectivo estadounidense murió.
Presión de Estados Unidos
En su primera audiencia ante una corte, Maduro adoptó un tono desafiante y se identificó como presidente de Venezuela.
Bajo la presión estadounidense, Rodríguez dirige un país que posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, pero con una economía en ruinas.
La mandataria interna impulsó una ley de amnistía para liberar a prisioneros políticos. También reformó la ley de hidrocarburos, todo en línea con las exigencias de Estados Unidos para acceder a la vasta riqueza de gas y petróleo venezolanos.
Este mes, Estados Unidos restableció lazos diplomáticos con Venezuela, en una señal de deshielo luego de siete años de ruptura.
Al frente del caso está el juez Alvin Hellerstein, de 92 años, reconocido por su larga trayectoria en el estrado.
