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Expresidente de Argentina comparecerá ante juez por presunta violencia contra exesposa
El juez argentino que llamó a declarar al expresidente Alberto Fernández en un caso de violencia contra la ex primera dama consideró que había «elementos de convicción suficientes» para avanzar en el proceso y, en su citación judicial, recogió detalles de la acusación que apuntan a violencia física y psicológica durante ocho años, incluso mientras la víctima estuvo embarazada en 2021.
Según el documento al que accedió AP, dado a conocer el jueves, el exmandatario de Argentina (2019-2023) tendrá que comparecer ante el juez el próximo 11 de diciembre. La citación recoge que Fernández habría ejercido violencia física y psicológica sobre la ex primera dama Fabiola Yáñez mediante agarrones del cuello, zamarreos, bofetadas a mano abierta y golpes, de acuerdo con la investigación judicial.
El político, que enfrenta posibles cargos por violencia de género y coacción, habría además condicionado económicamente a la mujer tras la separación de la pareja este año mientras residían en Madrid.
Fernández ejerció «con habitualidad y de modo continuo, violencia psicológica contra Yáñez, bajo las formas de acoso, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad», recoge el oficio judicial.
La violencia física, según la acusación en el caso, habría «continuado y escalado» cuando Yáñez quedó embarazada a mediados de 2021, con «agarrones del cuello, zamarreos, bofetadas a mano abierta y golpes que provocaron lesiones en el cuerpo de la nombrada» durante la convivencia de la pareja en la residencia presidencial de Olivos.
Investigación en marcha
La información se desprende de la investigación liderada por el fiscal federal Ramiro González. El exmandatario deberá declarar ante el juez federal Julián Ercolini.
Al exmandatario le podrían caer hasta 18 años de prisión en caso de ser hallado culpable de los delitos de los que se le acusan, entre ellos «lesiones graves» que están «agravadas» por haberse cometido contra su entonces pareja y amenazas coactivas para que Yánez no denunciara los hechos.
El documento judicial menciona además que la violencia se sustentó en una «relación asimétrica de poder» y que se extendió por lo menos desde el año 2016 hasta el 6 de agosto del 2024.
Fernández, un peronista de 65 años que dejó el poder en diciembre de 2023, todavía no se pronunció sobre la citación judicial, pero previamente ha negado públicamente los hechos denunciados por Yáñez, de 43 años.
El expresidente puede negarse a declarar y, en su lugar, presentar un escrito.
Con los argumentos y la documentación de respaldo presentada por la fiscalía, el juez consideró «que existen elementos de convicción suficiente como para avanzar con la sujeción al proceso y convocar a Alberto Ángel Fernández a prestar declaración indagatoria», dispuso en su oficio.
Múltiples testigos han declarado
Varias personas han testificado en el marco de la causa, aportadas por las dos partes, entre ellas la madre de Yáñez, médicos y niñeras. Fueron analizadas llamadas telefónicas entre el entonces presidente y su pareja e informes psiquiátricos realizados a la denunciante.
Luego de dejar el poder en diciembre de 2023, Fernández, Yáñez y el pequeño hijo de ambos, Francisco, se radicaron en Madrid, España, y al poco tiempo la pareja se separó. Según la pesquisa judicial, el dirigente político habría condicionado a la denunciante económicamente «para manipular y continuar ejerciendo poder y control sobre aquella».
De acuerdo con lo recogido en la citación judicial, los ocho años de agresiones psicológicas y físicas a Yañez, «en forma continua y habitual en el marco de su relación de pareja», habrían dejado en la víctima «secuelas de daño psíquico, produciéndole un debilitamiento permanente de su salud».
Ésta no es la única causa judicial que enfrenta el expresidente argentino, quien también es investigado por irregularidades en la contratación de seguros para el Estado durante su mandato.
Las negociaciones para concretar un rescate gubernamental de $500 millones de dólares a favor de Spirit Airlines se han venido abajo, dejando a la aerolínea de bajo costo al borde del cierre, de acuerdo con un reporte publicado por The New York Times.
Según la información de medios internacionales, la compañía enfrenta una crítica falta de liquidez y se prepara para cerrar operaciones, tras no lograr asegurar el respaldo financiero que le permitiría continuar en funcionamiento.
El acuerdo, que contemplaba una inyección de capital respaldada por el gobierno de Estados Unidos, no consiguió el consenso necesario ni entre los tenedores de bonos de la empresa ni dentro de la administración del presidente Donald Trump, señala Infobae.
Fuentes citadas por medios internacionales señalan que al interior del gobierno surgieron diferencias sobre la conveniencia de autorizar el rescate y las condiciones bajo las cuales debía estructurarse, lo que terminó por frenar definitivamente las conversaciones.
El eventual cierre de Spirit Airlines marcaría un golpe significativo para el segmento de aerolíneas de bajo costo en Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el viernes que la próxima semana aumentará los aranceles sobre los automóviles y camiones procedentes de la Unión Europea, debido a que, aseguró, Bruselas no está cumpliendo sus compromisos comerciales.
El acuerdo, que se cerró a mitad del año pasado, había limitado el arancel estadounidense sobre los automóviles y las autopartes de la UE al 15%, inferior al gravamen del 25% que Trump impuso a muchos otros socios comerciales.
Estos impuestos sectoriales no se vieron afectados por un fallo del Tribunal Supremo a principios de año que anuló una serie de aranceles globales de Trump.
Pero el mandatario estadounidense dijo este viernes en su plataforma Truth Social: «Dado que la Unión Europea no está cumpliendo con el acuerdo comercial que acordamos plenamente, la próxima semana aumentará los aranceles que se aplican a la Unión Europea por los automóviles y camiones que entran en Estados Unidos».
«El arancel se incrementará al 25 %», anunció.
Trump no dio más razones para la subida prevista, pero el anuncio se produjo un día después de que retomara sus críticas al canciller alemán, Friedrich Merz.
Trump le dijo a Merz que se concentraría en poner fin a la guerra de Ucrania en lugar de «interferir» en Irán.
Es probable que Alemania se vea duramente afectada por esta subida del arancel a los automóviles y sus componentes, ya que gran parte de los vehículos que ingresan en Estados Unidos procedentes de la UE son fabricados allí.
A finales de marzo, los eurodiputados dieron luz verde al acuerdo arancelario del bloque con Trump, pero con condiciones.
Si bien muchos eurodiputados aceptaron reducir los aranceles de la UE a algunas importaciones estadounidenses, como primer paso hacia la aplicación del acuerdo de 2025, también reclamaron salvaguardias adicionales.
Aunque el Parlamento Europeo ha dado su aprobación condicional al pacto comercial entre la UE y Estados Unidos, aún debe negociarse con los Estados miembros antes de entrar en vigor.
Según una ficha informativa de 2025 de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, Estados Unidos es el segundo mayor mercado para las exportaciones de vehículos nuevos de la UE, después del Reino Unido.
Más de una quinta parte de las exportaciones de vehículos de la UE fueron a Estados Unidos.
Solo Alemania exportó alrededor de 450.000 vehículos a Estados Unidos en 2024, según el grupo sectorial VDA. Pero esa cifra ha disminuido desde entonces.
Un alto magistrado de Bolivia fue asesinado a balazos por sicarios en la ciudad oriental de Santa Cruz cuando se encontraba dentro de un taxi, informó este viernes la policía.
El crimen, cuyas razones se investigan, ocurrió la noche del jueves. La víctima fue identificada como Víctor Hugo Claure, juez del Tribunal Agroambiental, máxima instancia de justicia ambiental y agraria.
«Ayer se produjo un hecho lamentable, el asesinato de un magistrado», dijo en rueda de prensa David Gómez, comandante policial de Santa Cruz. Una moto con dos sujetos se acercó al vehículo donde estaba la autoridad judicial y uno de ellos disparó, precisó.
El funcionario judicial murió antes de llegar al hospital. Su cadáver presentaba cuatro heridas de bala, según el Ministerio Público.
Aunque los hechos se encuentran en investigación, el jefe policial Gómez señaló como hipótesis de la causa del crimen «un problema de tierras».
«Habría emitido algún tipo de resolución referente a la posesión o al aprovechamiento de algunas tierras (…) en el oriente boliviano», precisó.
Según la policía, altas autoridades judiciales de distintos departamentos, entre ellas Claure, se habían reunido el jueves en Santa Cruz.
«En este momento tenemos a 13 magistrados que están con seguridad» policial para sus traslados al aeropuerto y en los lugares en los que permanezcan, dijo Gómez.
Por su parte, el fiscal de esa ciudad Alberto Zeballos, declaró que ya se tienen imágenes de los hechos y las declaraciones de los testigos que se encontraban dentro del taxi.
El presidente Rodrigo Paz expresó su «solidaridad» con la familia del magistrado e instó a la población a no especular, en una declaración a la prensa.
En Bolivia, los magistrados de los máximos órganos de justicia, como el Tribunal Agroambiental, son elegidos por voto popular.
