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Expresidente de Argentina comparecerá ante juez por presunta violencia contra exesposa
El juez argentino que llamó a declarar al expresidente Alberto Fernández en un caso de violencia contra la ex primera dama consideró que había «elementos de convicción suficientes» para avanzar en el proceso y, en su citación judicial, recogió detalles de la acusación que apuntan a violencia física y psicológica durante ocho años, incluso mientras la víctima estuvo embarazada en 2021.
Según el documento al que accedió AP, dado a conocer el jueves, el exmandatario de Argentina (2019-2023) tendrá que comparecer ante el juez el próximo 11 de diciembre. La citación recoge que Fernández habría ejercido violencia física y psicológica sobre la ex primera dama Fabiola Yáñez mediante agarrones del cuello, zamarreos, bofetadas a mano abierta y golpes, de acuerdo con la investigación judicial.
El político, que enfrenta posibles cargos por violencia de género y coacción, habría además condicionado económicamente a la mujer tras la separación de la pareja este año mientras residían en Madrid.
Fernández ejerció «con habitualidad y de modo continuo, violencia psicológica contra Yáñez, bajo las formas de acoso, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad», recoge el oficio judicial.
La violencia física, según la acusación en el caso, habría «continuado y escalado» cuando Yáñez quedó embarazada a mediados de 2021, con «agarrones del cuello, zamarreos, bofetadas a mano abierta y golpes que provocaron lesiones en el cuerpo de la nombrada» durante la convivencia de la pareja en la residencia presidencial de Olivos.
Investigación en marcha
La información se desprende de la investigación liderada por el fiscal federal Ramiro González. El exmandatario deberá declarar ante el juez federal Julián Ercolini.
Al exmandatario le podrían caer hasta 18 años de prisión en caso de ser hallado culpable de los delitos de los que se le acusan, entre ellos «lesiones graves» que están «agravadas» por haberse cometido contra su entonces pareja y amenazas coactivas para que Yánez no denunciara los hechos.
El documento judicial menciona además que la violencia se sustentó en una «relación asimétrica de poder» y que se extendió por lo menos desde el año 2016 hasta el 6 de agosto del 2024.
Fernández, un peronista de 65 años que dejó el poder en diciembre de 2023, todavía no se pronunció sobre la citación judicial, pero previamente ha negado públicamente los hechos denunciados por Yáñez, de 43 años.
El expresidente puede negarse a declarar y, en su lugar, presentar un escrito.
Con los argumentos y la documentación de respaldo presentada por la fiscalía, el juez consideró «que existen elementos de convicción suficiente como para avanzar con la sujeción al proceso y convocar a Alberto Ángel Fernández a prestar declaración indagatoria», dispuso en su oficio.
Múltiples testigos han declarado
Varias personas han testificado en el marco de la causa, aportadas por las dos partes, entre ellas la madre de Yáñez, médicos y niñeras. Fueron analizadas llamadas telefónicas entre el entonces presidente y su pareja e informes psiquiátricos realizados a la denunciante.
Luego de dejar el poder en diciembre de 2023, Fernández, Yáñez y el pequeño hijo de ambos, Francisco, se radicaron en Madrid, España, y al poco tiempo la pareja se separó. Según la pesquisa judicial, el dirigente político habría condicionado a la denunciante económicamente «para manipular y continuar ejerciendo poder y control sobre aquella».
De acuerdo con lo recogido en la citación judicial, los ocho años de agresiones psicológicas y físicas a Yañez, «en forma continua y habitual en el marco de su relación de pareja», habrían dejado en la víctima «secuelas de daño psíquico, produciéndole un debilitamiento permanente de su salud».
Ésta no es la única causa judicial que enfrenta el expresidente argentino, quien también es investigado por irregularidades en la contratación de seguros para el Estado durante su mandato.
Las autoridades de Guatemala detuvieron este viernes por pedido de México a un ciudadano israelí miembro de la secta judía ortodoxa Lev Tahor, investigada por abuso de menores, informaron la Policía y la Fiscalía.
Lev Tahor ha estado bajo investigación en los últimos años por casos de abuso sexual y maltrato a niños en varios países de la región, como Guatemala y Colombia.
El israelí Yoel Malka, de 37 años, fue arrestado en un operativo en el centro de Ciudad de Guatemala en el que particicipó la Interpol, dijo el vocero de la Policía.
Malka es reclamado en extradición por México acusado de «delincuencia organizada, trata de personas» y «matrimonio forzoso», agregó el funcionario.
Imágenes divulgadas por las fuerzas de seguridad y la Fiscalía mostraron al detenido vestido con una túnica gris oscuro, uno de los atuendos tradicionales utilizados por los hombres de la secta.
En diciembre de 2024, el gobierno guatemalteco y autoridades judiciales rescataron a 160 menores en una finca del grupo.
Además, varios de los líderes han sido capturados en este país acusados de trata, embarazo forzado y matrimonios arreglados entre menores.
A finales de 2025, Colombia expulsó a nueve miembros de la secta y rescató a 17 menores de varias nacionalidades que fueron enviados a Estados Unidos.
Lev Tahor se formó en la década de 1980 y sus miembros se establecieron en Guatemala en 2013. El grupo también ha tenido conflictos con autoridades de Canadá.
El siniestro ocurrió la tarde del jueves en una carretera de la localidad de Mocomoco, ubicada a unos 200 kilómetros al norte de La Paz, la sede de gobierno, a donde el autobús se dirigía según los medios locales.
«Hemos podido informar que hay siete personas fallecidas», dijo a la televisión Unitel el coronel Freddy Valda, de la policía rural y fronteriza.
El oficial mencionó que no han podido identificar a los fallecidos, pues los mismos campesinos de la zona «habrían retirado los cuerpos y los habrían llevado a sus comunidades».
Por otro lado, los heridos tampoco han sido cuantificados. Fueron evacuados a las ciudades de La Paz y El Alto antes de que la policía llegara a prestar auxilio, indicó Valda.
La policía aún no entregó un informe oficial que indique la hipótesis sobre la causa del accidente.
En las carreteras de Bolivia mueren unas 1.400 personas al año, principalmente por imprudencia del conductor y fallas mecánicas, según cifras del Ministerio de Gobierno.
Internacionales
Gobierno de Colombia confirma visita de alto nivel a Ecuador para normalizar relaciones bilaterales
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia confirmó este viernes que, por instrucción del presidente Gustavo Petro, una delegación de alto nivel visitará a Ecuador con el fin de normalizar las relaciones bilaterales, deterioradas tras la imposición de aranceles recíprocos.
«(La visita se realizará) en congruencia con la política de buena vecindad y el espíritu de cooperación e integración que rige la política exterior colombiana», subrayó la cartera de Relaciones Exteriores en un comunicado en el que detalló que la comitiva estará liderada por la canciller Rosa Villavicencio y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.
«Atendiendo las instrucciones de la Presidencia de la República, y tal como se ha reiterado públicamente, la delegación colombiana espera ratificar el ofrecimiento de apoyo de la República de Colombia a la República del Ecuador para un control más efectivo de los fenómenos derivados de la delincuencia organizada transnacional», explicó.
El texto indicó que la delegación colombiana asistirá a la reunión con total disposición al diálogo y a la búsqueda de solución concreta a las medidas unilaterales que afectan la relación histórica entre los países vecinos.
La tensión comercial entre Ecuador y Colombia se intensificó el 21 de enero pasado tras la decisión del presidente Daniel Noboa de imponer un arancel del 30 % a productos colombianos, alegando falta de cooperación antidrogas. Colombia respondió con medidas similares y la suspensión de exportaciones energéticas, mientras Ecuador encareció el transporte de crudo colombiano. Gremios empresariales de ambos países advierten que el conflicto perjudica a las dos economías y piden diálogo.
